¿Censura como política de Estado? Claudia Sheinbaum se desmarca, pero las comisiones del Senado aprobaron el dictamen sin modificar una coma. Y si la presidenta no corrige a su mayoría, ¿entonces quién gobierna?
Pero lo que aprobaron en comisiones del Senado esta semana no es una ley de telecomunicaciones. Es una ley censura.
Una iniciativa que entierra al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), concentra el poder en una oficina bajo control presidencial, y legaliza el bloqueo de contenidos, plataformas y medios. Todo sin juez, sin aviso, sin contrapesos.
El IFT ya estaba muerto por una reforma constitucional. Esta ley le pone la lápida. Y el micrófono nacional termina con un solo dueño: la presidencia.
EXCUSA PERFECTA
El pretexto fue perfecto: los anuncios antiinmigrantes de Donald Trump que aparecieron en televisión mexicana. La narrativa oficial habló de “defender la soberanía”.
Pero como lo dijo Ricardo Anaya desde la tribuna del Senado: “Si el problema eran los spots, ya no están al aire. No necesitaban 283 artículos para eso. Tres bastaban.”
La iniciativa usa el miedo para avanzar una agenda vieja: control. Control de contenidos, de tiempos, de plataformas.
Y no lo dice solo la oposición. Lo dicen expertos como Luis Fernando García, expresidente de R3D: “Se somete a censura previa todo contenido pagado por una persona extranjera. Así, hasta una serie de la BBC necesitaría aprobación del gobierno mexicano.”
La narrativa es nacionalista. La intención, centralista. Y la ejecución, autoritaria.
CENSURA LEGALIZADA
La nueva ley crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo línea directa del Ejecutivo.
Esta “súper agencia” podrá:
- Otorgar o quitar concesiones de radio, TV y telecomunicaciones.
- Supervisar contenidos para garantizar contenido “veraz”.
- Bloquear plataformas digitales (como X, TikTok, YouTube) sin orden judicial.
- Crear registros de usuarios de telefonía, sin aclarar procesos ni salvaguardas.
La ATDT podrá decidir qué se ve, qué se dice y quién lo dice. En medios, en redes, en internet. Como en los regímenes que la 4T dice combatir.
Y todo sin consulta previa a los concesionarios. Ni a los pueblos indígenas. Ni a los medios independientes.
REDES A.C., organización que representa radios comunitarias de Oaxaca, Puebla y Michoacán, lo denunció con claridad: “No fuimos convocados. No tenemos voz. Esta ley excluye a quienes más dependen de la comunicación libre para sobrevivir.”
Ni siquiera se tomó en cuenta lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El Poder Legislativo decidió legislar sin escuchar. Y eso, en términos de la ley, es inconstitucional. Sin embargo, difícilmente el nuevo Poder Judicial dirá algo al respecto.
LAVADO DE MANOS
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó desmarcarse. Dijo que no hay intención de censura. Que es solo “un error de redacción”. Que habrá cambios.
Pero las comisiones del Senado aprobaron el dictamen sin modificar una sola coma. Y si la presidenta no corrige a su mayoría, ¿entonces quién gobierna?
Ricardo Monreal también se deslindó. Reconoció “observaciones” a la ley y dijo que confía en que se harán cambios. Pero no dio detalles, aunque le preguntaron varias veces.
ADIÓS COMPETENCIA
Los grandes sobrevivirán. Carlos Slim no tiene de qué preocuparse.
Pero las radios comunitarias, las organizaciones indígenas, los medios locales que no viven de contratos oficiales… esos sí quedarán expuestos.
El IDET lo advirtió: “Esta ley viola el T-MEC, permite monopolios estatales y establece censura previa nunca antes vista en México.”
También señala que las multas previstas harán inviable operar para muchos medios y plataformas. La paradoja es brutal: se vendió como una modernización digital. Pero lo que instala es un sistema de silencios selectivos, con castigo para quien no se alinee.
VIEJO GUIÓN
Viktor Orbán en Hungría. Daniel Ortega en Nicaragua. Putin en Rusia.
Todos eso presidentes usaron el mismo libreto: identificar un enemigo, inventar una urgencia, aprobar leyes para callar.
Ahora, México suma su propia versión. Con un pretexto creíble, una ley ambigua, y una agencia con poderes absolutos.
No se trata de una nueva regulación. Se trata de un diseño institucional para controlar la narrativa.
- No regula.
- No protege.
- No consulta.
- No equilibra.
- Solo concentra poder.
Si no hay cambios profundos en el pleno del Senado o en la Cámara de Diputados, el obradorismo tendrá su ley censura. No habrá órganos autónomos o una Corte libre que se interponga. Bastará un tuit, una radio o una app incómoda.
La censura ya no será un acto aislado. Será política de Estado.
FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: JUAN ORTIZ.
