Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.

🚨 Gobierno de #Campeche abusa del poder público y poder judicial excede sus funciones.

Expresamos nuestra preocupación por el cúmulo de procesos legales que enfrenta el periodista independiente Jorge Luis González Valdéz, y el periodico Tribuna:

🔗 https://t.co/uCsWAugMYP pic.twitter.com/iLpLaApSnZ

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 18, 2025

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.

Cumplidos los 30 días con la publicación del extracto de sentencia fijado en mi cuenta, procedo a removerla. https://t.co/xLVhvilcj2

— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 12, 2025

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

Karla María Estrella cuestionó en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.

La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó en junio que las expresiones que realizó Karla Estrella en su cuenta de X fueron “discriminatorias y generaron violencia política contra las mujeres por motivos de género”.

“Decidimos sancionar a Karla María Estrella Murrieta con una multa, así como ordenar su capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, para evitar que repita estas conductas en tu contra o de alguna otra”, agregaba.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la ciudadana dijo que al principio “tenía muchísimo miedo”, sin embargo, fue arropada por ciudadanos durante el cumplimiento del fallo, además consideró que “a veces las leyes se tuercen” en contra de los derechos.

Al principio tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer y cómo iba a llevar todo esto, pero con el tiempo vi que la situación no era algo, que yo tenía qué temer, la gente me arropó, me apoyó muchísimo y eso me ayudó para que estos 30 días pasaran ahora sí que pasaran más rápido de lo que pensé que sería

“Hay abuso de poder, muchas veces las leyes se tuercen en contra de nosotros, hay derechos que nosotros pensamos que tenemos seguros y por sentado pero no es así, tenemos que estar pendientes, de seguirlos teniendo, de conservarlos”.

“Para mi fue suficiente”, dice diputada

El pasado 20 de julio, la diputada Diana Karina Barreras pidió al TEPJF que reconsiderara el falló por el cual la ciudadana Karla María Estrella le ofreció disculpas públicas por 30 días, tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

“El poder se ejerce con humildad”

Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral y reiteró que el poder se debe ejercer con humildad, “particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación”. 

“Es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, afirmó la presidenta de México durante su conferencia matutina.

“El poder se ejerce con humildad, todos y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no se hipócrita la oposición, también, porque se rasgan las vestiduras y nadie justifica una y otra cosa, siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad”.

Hoy es señalado porque su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es buscado por liderar el grupo criminal La Barredora, involucrado en huachicol, trata, extorsión y tráfico de migrantes. Además, su hermano, Humberto Bermúdez, está bajo sospecha de lavado de dinero, y su sobrino, Gerardo Bermúdez, bajo arresto domiciliario en Paraguay.

NO ESTÁ SOLO CUAUHTÉMOC BLANCO

Hoy está acusado de tentativa de violación contra su media hermana, corrupción en contratos públicos, daño a las finanzas por más de 6 mil millones de pesos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantiene el fuero.

NO ESTÁ SOLO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

La Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades millonarias, incluyendo anomalías por más de 3 mil millones de pesos en gasto público. Sin embargo, la Presidenta defiende que es una persona honesta.

NO ESTÁ SOLO RUBÉN ROCHA MOYA

Tiene señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos y por una violencia fuera de control: 1,723 homicidios dolosos y 1,400 personas desaparecidas en un año tras la captura de El Mayo Zambada.

NO ESTÁ SOLO FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Ha sido acusado múltiples veces de violencia sexual, con casos documentados desde 1998. Aun así, sigue siendo respaldado políticamente y no pierde esperanzas de ser gobernador de Guerrero.

NO ESTÁ SOLO IGNACIO OVALLE

Encabezó Segalmex durante el saqueo de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo contratos con empresas fantasma y desvíos confirmados por la ASF. Dejó la administración federal sin mayor preocupación. Hasta cursos de finanzas públicas da.

NO ESTÁN SOLOS LOS HIJOS DE AMLO

José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán fueron señalados en la investigación El Clan por tráfico de influencias y corrupción. Coordinaban una red que favoreció con contratos millonarios a amigos y primos en obras como Tren Maya, Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.

NO ESTÁ SOLA LAYDA SANSORES

Usó su poder para censurar al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Incluso, una logró que una jueza les ordenara no publicar sobre ella sin revisión previa de un censor judicial.

NO ESTÁ SOLA DATO PROTEGIDO

Denunció a Karla Estrella por presunta violencia política de género. Resultado: disculpas públicas por 30 días, multa económica y su nombre inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta 2027.

NO ESTÁ SOLA ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ

La Auditoría estatal la denunció por no comprobar el uso de 898 millones de pesos de un fondo federal.

Además, la alcaldesa denunció al medio Acapulco Trends junto a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por violencia política de género. Resultado: multa de 22 mil pesos, disculpas públicas por 15 días y difusión obligada de la sentencia por 30 días.

NO ESTÁ SOLO ALEJANDRO ARMENTA

Impulsó en Puebla la llamada Ley Censura, que criminaliza insultos en redes como “ciberasedio”. Organizaciones como Artículo 19, la ONU, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que puede usarse para silenciar críticas y castigar la libertad de expresión.

NO ESTÁN SOLOS. PORQUE EN ESTE PAÍS, LA IMPUNIDAD CAMINA CON ELLOS.

Formalmente, los cargos imputados fueron violencia política de género, agresión física y verbal, calumnias, difamación, daño moral y robo.

Los políticos quejosos son la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanroman; el senador por el PT Gerardo Fernpandez Noroña; Tania Contreras López, magistrada electa de Tamaulipas; Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Diana Karina Barra Samaniego #DatoProtegido, diputada federal por el PT;  Abelina López Hernandez, alcaldesa de Acapulco; Mara Yamileth Chama Villa, excandidata del PVEM a diputada federal y a presidenta municipal de Teocelo, Veracruz.

Entre los comunicadores sancionados o bajo proceso de instrucción están los periodistas y personal o colaboradores de medios Jorge Luis González Valdez, Héctor de Mauleón, Rodrigo Carbajal,  Juan Omar Fierro, Laisha Wilkins, Ángel Camarillo, María Isabel Ortega, Alfredo Quezada Hernández, Jesús Riveros Hernández, Celia del Palacio Montiel, Gabriel Castañeda Arellano, Ysidro Yerves Cruz, Germán Gómez.

Los ciudadanos castigados son Carlos Velazquez de León Obregón, Virgilio Passoti, César Martínez, Karla María Estrella Murrieta.

Los medios de comunicación relacionados son Tribuna de Campeche, El Universal, Código Magenta, Aristegui Online, La Silla Rota – Veracruz, Al calor político, Gobernantes. com, Radio Teocelo 1490 de AM, UDGTV Canal 44 de la Universidad de Guadalajara; Acapulco Trends y El Ojo de Acapulco.

LOS EXPEDIENTES

Políticos quejosos: LAYDA SANSORES SANROMÁN, Gobernadora de Campeche 

MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ

Secretaria de Seguridad del estado de Campeche

WALTHER PATRÓN BACAB

Vocero del gobierno del estado de Campeche

Queja: Violencia política de género, incitación al odio, calumnias, difamación, daño moral.

Voces sancionadas: 

Jorge Luis González Valdez

Isidro Yerves Cruz

“Responsable de redes digitales de Tribuna de Campeche.

Medio o plataforma relacionados: Tribuna de Campeche

Fecha: 16 de julio de 2025

Juez o autoridad ejecutora: 

Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, jueza IV de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza III de Control, 1er. Dtto. de Campeche.

Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, jueza 2a. de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

Hechos reclamados: La primera demanda fue presentada contra Jorge Luis González Valdez, periodista de 72 años jubilado en 2017, exdirector del diario Tribuna de Campeche y conductor del programa Expediente en Imagen Radio hasta junio de 2025, por el vocero del gobierno de Layda Sansores en Campeche, Walther Patrón Bacab, y por el sobrino de la mandataria, Gerardo Sánchez Sansores, por publicaciones del diario en cuestión, que los vinculaban a hechos de corrupción.

En diciembre de 2023 Layda Sansores emprendió acciones legales contra Jorge Luis González,  y contra la empresa editorial por publicaciones ofensivas; atribuyó las publicaciones a González Valdés, aunque principalmente se alude a la columna sin firma “En las tripas del jaguar”. La gobernadora presentó una denuncia adicional por violencia política de género contra el comunicador ante el Instituto Electoral de Campeche, que fue ratificada por el Tribunal Electoral, el cual le concedió como medida cautelar la prohibición de mencionar a la gobernadora y la secretaria de Seguridad del gobierno estatal.

El 9 de abril de 2025, González fue detenido por fuerzas estatales de Campeche,  esposado, golpeado hasta sangrar, y retenido 36 horas.

Sanciones:

13 de junio de 2025. La jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada sentenció a Jorge Luis González a la prohibición de ejercer el periodismo por dos años; determinó el cierre de la plataforma digital de Tribuna por el mismo periodo, y el pago de 2 millones de pesos como indemnización al vocero del gobierno estatal, Walther Patrón, so pena de embargo. El 9 de julio de 2025, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, suspendió las medidas cautelares, que consideró anticonstitucionales.

15 de julio de 2025. La jueza Ana Maribel de Atocha Huitza May impuso nuevas medidas cautelares al periodista y al medio de comunicación: a Jorge González, prohibición estricta de referirse a Layda Sansores en cualquier medio, incluyendo opiniones e imágenes. La designación de Interventores del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para revisar y autorizar todo contenido de Tribuna, la designación de un censor oficial para supervisar a Jorge González en conferencias programas y entrevistas.

28 de julio de 2025. La jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez rechazó los recursos interpuestos por Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna, confirmó la sentencia del 15 de julio, y ordenó a Tribuna proporcionar en un plazo de 48 horas el nombre y datos de la persona encargada de redes sociales para que se someta al censor judicial.

Senador plurinominal (PT) y presidente del Senado al momento de los hechos

Queja: Agresión física, verbal y robo.

Voz censurada: Carlos Velázquez de León Obregón

Fecha: 19 de mayo de 2025

Hechos reclamados: El 20 de septiembre de 2024, en el Salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el abogado regiomontano Carlos Velázquez de León increpó a Gerardo Fernández Noroña, según este, con frases como “mandaron al país a la mierda”, en referencia a la conducción del país por parte del grupo político obradorista; que Velázquez lo agredió físicamente cuando le arrebató su celular y su negativa a devolverlo en medio de la discusión constituyó el intento de robo.

Tras el altercado, Fernández Noroña, que en ese momento presidía la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó una demanda contra el abogado ante el Ministerio Público federal. Algunas notas de prensa señalan que la demanda se presentó con la personalidad jurídica del Senado.

Juez o autoridad ejecutora: Acuerdo extrajudicial con intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGR)

Sanciones: Como resultado del acuerdo extrajudicial y con el fin de eludir sanciones mayores, Carlos Velazquez acordó presentar a Noroña una disculpa pública. Para definir los detalles del protocolo del acto de disculpa pública se verificaron varias reuniones virtuales. Originalmente el acto se efectuaría en la Sala VIP del AICM, espacio de American Express, donde ocurrió el desencuentro, pero la firma crediticia rechazó participar en el evento de desagravio. Se dispuso por ello efectuar la ceremonia en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva del Senado, con Noroña al centro, como correspondía a su cargo.

El abogado Velazquez fue custodiado en todo momento por policías judiciales de la FGR que operaron el acuerdo, y leyó el mensaje:

“Me dirijo a usted con el respeto que me merecen su investidura y persona para ofrecer una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos (…). Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y como presidente de la Mesa Directiva del Senado, merece todos mis respetos. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han forjado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. (…)  Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación, que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo en cualquier circunstancia. Desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia a usted o ningún representante del Estado mexicano”.

Noroña aceptó las disculpas, pero siguió lidiando en redes con críticos por la humillación al abogado que se consideró un abuso de poder.

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Calumnias y violencia política de género

Voz sancionada: Héctor de Mauleón

Medio o plataforma relacionados: El Universal

Fecha: 15 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas

Hechos reclamados: El periodista Héctor de Mauleón publicó el 1° de mayo de 2025 en su columna de El Universal el texto Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, en el que reseñó un oficio del exsecretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el que solicitaba al Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal investigar una red de traficantes de combustible, presuntamente manejada por del director de Operación Aduanera, Juan Carlos Maero Larios, cuñado de Tania Contreras López, exdirectora jurídica del gobernador Américo Villarreal y entonces candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas. Contreras López demandó a De Mauleón y a El Universal por calumnias y por VPG. 

Sanciones: El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó a los denunciados bajar la columna de las plataforma web del diario capitalino, lo cual no ha ocurrido a pesar de la insistencia de la instancia tamaulipeca. Ahora, El Universal ha denunciado que Héctor de Mauleón es acosado en su domicilio por drones.

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Violencia política de género

Voz sancionada: Rodrigo Carbajal

Medio o plataforma relacionados: Código Magenta

Fecha: 2 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Hechos reclamados: El 29 y 30 de abril de 2025, el periodista Rogelio Carbajal, director de Código Magenta, publicó una investigación periodística en la que se describen vínculos de parentesco de Tania Contreras. La abogada denunció al medio y al periodista por calumnias y violencia política de género. 

Carbajal, que además es director editorial del medio, explicó en respuesta: “Código Magenta exhibió que hay redes familiares de Tania Contreras López vinculadas al crimen organizado: su primo hermano, Juan José Contreras Castillo, defendió a la Columna Armada Pedro J. Méndez desde la alcaldía de Hidalgo, Tamaulipas. Y el cuñado de Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de una red de corrupción y contrabando de combustible en la Agencia Nacional de Aduanas”.

Sanaciones: El 2 de mayo, el Tribunal ordenó retirar la publicación. El 20 de junio se impuso multa de 18,855 pesos al periodista y de 9,427 pesos a Código Magenta. Además, Rogelio Cabajal fue inscrito en el  Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Política quejosa: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 1

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Calumnia y violencia política de género

Voces censuradas:

Germán Gómez

Juan Omar Fierro

Virgilio Pasotti

César Martínez

Medio o plataforma relacionada: Aristegui Noticias y redes digitales

Fecha: 18 de mayo de 2022

Hechos reclamados: La publicación, republicación, así como los comentarios vertidos al respecto por los imputados en sus cuentas de las plataformas socio digitales de Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, del reportaje publicado en Aristegui Noticias: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks, que reseña el resultado negativo para Martínez Valero, quien había solicitado al INE medidas cautelares para eliminar 15 textos y videos sobre de esa investigación periodística efectuada con base en una filtración masiva de datos internos de Televisa Univisión.

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: El proceso se halla aún en instrucción.

Política denunciante: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 2

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Laisha Wilkins

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 20 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 19 de mayo de 2025, en su cuenta de X (antes Twitter), la comunicadora, editorialista y actriz Laisha Wilkins comentó “Jaja Dora la censuradora Jaja”, en un post de @AristeguiOnline que enlazaba a una investigación de la plataforma: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. 

Dora Alicia Martínez Valero, entonces candidata a ministra que usó en campaña el sobrenombre de “Dora la transformadora”, presentó una denuncia contra Laisha Wilkins por haber publicado el comentario. El 20 de junio el TEPJF notificó a Wilkins del inicio de una investigación sobre su comentario en X, le pidió explicar el propósito del mismo, aclarar si alguien le solicitó efectuar el comentario, declarar cuáles son sus vínculos con partidos políticos o candidatos en el proceso electoral 2024-2025, y proporcionar su domicilio para recibir notificaciones.  

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: La resolución en instrucción. De hecho, Laisha Wilkins denunció irregularidades del procedimiento, comenzado por el hecho de que no ha tenido acceso al expediente completo a pesar de ser la parte imputada. 

Política quejosa: DIANA KARINA BARRERA SAMANIEGO

Diputada federal por Sonora (PT)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Karla María Estrella Murrieta

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 24 de de junio de 2025

Hechos reclamados: El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta retuiteó en su perfil de X (@KarlaMaEstrella) la publicación de “José Ochoa” al que agregó un comentario en el que sugería que Sergio Gutiérrez Luna (Morena), actual presidente de la Cámara de diputados y esposo de la entonces candidata Diana Karina Barrera, había intervenido para que ésta obtuviera la nominación, hechos citados en el proceso en los siguientes términos:

“Así estaría el berrinche de DATO PROTEGIDO para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Sanciones: Multa de 1 mil 805 pesos con 70 centavos para la ciudadana, la publicación de la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados en materia de Violencia Política en Razón de Género, y en el registro Nacional de Personas Sancionadas por un año y seis meses; la publicación de un estracto de la sentencia en sus cuenta de X, y de una disculpa pública, diariamente, del 10 de julio al 12 de agosto de 2025, redactada por la misma Sala Especializada del TEPJF, en los siguientes términos: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediatica y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto el 17 de julio: “Es un exceso (…). El poder es humildad, no soberbia. No está bien esta sentencia de que por 30 días te disculpes”.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 1

Excandidata (PVEM) a diputada federal plurinominal en 2024 y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, en 2021

Queja: Violencia política de género

Voces censuradas: 

Ángel Camarillo

María Isabel Ortega

Alfredo Quezada Hernández

Jesús Riveros Hernández

Medio o plataforma relacionados: 

Al calor político

La silla rota – Veracruz

Gobernantes. com

Radio Teocelo 1490 de AM.

Fecha: 29 de abril de 2024

Juez o autoridad ejecutora: Sala Superior del TEPJF

Hechos reclamados: De acuerdo con la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña sobre el expediente  “SUP-REP-116/2025 y acumulados”, aprobada por el órgano en cuestión, “una publicación de facebook” efectuada durante el proceso electoral 2024 reprodujo cuatro contenidos periodísticos publicados durante las campañas de 2021 en las que refieren que es hija del entonces alcalde en de Teocelo, Mario Chama Díaz:  

― “Minimonarquías”: las familias que perdieron las elecciones en Veracruz, publicada por Ángel Camarillo el 7 de junio de 2021 en el sitio web de noticias Al calor político.

― Cacicazgos se quedan sin el poder en Veracruz, publicada por María Isabel Ortega el 9 de junio de 2021 en el sitio web de noticias La Silla Rota Veracruz. 

― Mara Chama hereda la alcaldía, publicada por Alfredo Quezada Hernández en el sitio web de noticias Gobernantes.com.

― Y la transcripción, publicada en el blog La Caja de Cristal, de un promocional en el que una voz de niña pide a su padre que le compre candidaturas a una alcaldía y a una diputación, dramatización cómica que e 29 y 30 de mayo transmitió Jesús Riveros Hernández en su programa Luna llena que se transmite por Radio Teocelo 1490 de AM.

Sanciones: La Sala Superior resolvió multas de 10,857 pesos en cada caso, el retiro de las publicaciones, disculpa pública en los sitios donde se publicó la información, cursos en materia de violencia política de género, e inscripción de los periodistas en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procesos Especiales Sancionadores.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 2

Excandidata (PVEM) a diputada federal (2024) y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz (2021)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Celia del Palacio Montiel

Medio o plataforma relacionada: UDGTV Canal 44

Fecha: 6 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 26 de mayo de 2025,  UDGTV Canal 44, emisora del Sistema de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Guadalajara, publicó una nota informativa con base en la cápsula de la académica, doctora en historia y coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la misma casa de estudios, en la que se menciona que Mara Yamileth Chama Villa es hija del exalcalde Mara Chama Díaz, en cuya gestión fungió como presidenta honoraria del DIF. 

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal electoral de Veracruz, OPLE Veracruz

Sanciones: El organismo ordenó eliminar  la publicación del 26 de mayo.

Política quejosa: ABELINA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Presidenta municipal de Acapulco (2021-).

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Gabriel Castañeda Arellano

Medio o plataforma relacionada: Acapulco Trends y El ojo de Acapulco, cuentas de Facebook

Fecha: 20 de agosto de 2024

Hechos reclamados: La versión pública de la sentencia excluyó el contenido de las publicaciones. No obstante, Gabriel Castañeda dijo a EMEEQUIS que la queja de la alcaldesa morenista fue interpuesta después de una serie de publicaciones sobre deficiencias de desempeño del gobierno municipal antes, durante y después del paso del huracán Otis, así como irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero en el manejo de 898 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Sanciones: Determinó que el periodista publicara el extracto de la sentencia por 30 días y una disculpa pública dirigida a la alcaldesa durante 15, en las cuentas de Facebook señaladas, una multa de 5,428 pesos con 50 centavos, cursos en materia de violencia política de género, y la inscripción de su nombre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.

La nueva medida cautelar fue impuesta este martes, por la jueza de control del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May. Su argumento es que así se evitaría revictimizar a la denunciante, Layda Sansores San Román.  

En la opinión del periodista, Jorge González, quién está vinculado junto con el medio “Tribuna” por el presunto delito de odio contra la gobernadora, Layda Sansores; la determinación de la jueza imposibilita que se cumpla la suspensión de las medidas cautelares que ordenaron los jueces del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito 

“En mi caso personal me dice que no puedo dar ninguna entrevista, no puedo hacer ningún comentario, no puedo estar en ninguna conferencia, si no solicitó primero la autorización de un supervisor de mis opiniones; esto riñe abiertamente con la Constitución y es indebido”, declaró en entrevista para Proceso, el periodista, Jorge González. 

Otra de las repercusiones al trabajo del periodista, es que deberá cancelar el programa que realiza a través de redes sociales. Explicó que para poder grabarlo tendría que dar aviso y tener autorización previa del contenido de una persona que designe el propio Estado. 

De la situación del medio digital “Tribuna”, del que Jorge fue director hasta el 2017, cuando se jubiló, su contenido también tendría que ser autorizado.  

“A la plataforma le indica que tendrá que someter a consideración de una persona que se encargaría de supervisar si las notas son ofensivas a la gobernadora y queda claro que también decidirán sobre el contenido”, advirtió. 

Cabe recordar que el 9 de julio del presente, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendió las medidas cautelares, que le prohibían a Jorge ejercer el periodismo por dos años y que pedían bajar el contenido del sitio web de “Tribuna”. 

En la edición del “Martes del Jaguar” de esta semana, la gobernadora Layda Sansores reiteró que el periodista Jorge González es un misógino. Declaró:  

“A mí como me vale que me saque diario, tres turnos, vespertino, nocturno, puede hacerlo a la hora que quiera, a mí no me va a cambiar mi seguridades, pero lo que hace son ataques misóginos, que sí tienen un impacto en la una sociedad porque se normaliza, entonces, pues si ofenden ofenden todos los días a la gobernadora ¿por qué no voy a ofender a mi mujercita en la casa? Y eso se va haciendo un contagio, destruye no solo a la persona a la que lo dirige, sino termina de destruir a una sociedad, por eso la misoginia es tan delicada”, declaró.  

Jorge advirtió que impugnarán estas nuevas medidas cautelares.

También se han emitido sanciones contra otros 22 medios y una académica que emitieron opinión crítica sobre la sentencia. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)emitió la sanción más severa al resolver que cinco periodistas de diversos medios cometieron violencia política de género contra la excandidata a la presidencia municipal de Teocelo, Mara Yamileth Chama Villa, basándose en contenidos publicados desde 2021.

Aunque algunas publicaciones sólo mencionaban el parentesco con su padre –entonces alcalde de Teocelo–, todos fueron sancionados por igual, sin distinguir contexto ni tono.

En mayo de 2024 Chama Villa era candidata plurinominal a la diputación federal por el PVEM y presentó una queja para señalar que desde su participación en el proceso electoral ordinario 2020-2021 –en que fue candidata a la presidenta municipal– hasta el pasado proceso electoral federal 2023-2024 sufrió violencia política en razón de género por la publicación de notas periodísticas. 

La Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que los periodistas incurrieron en violencia política contra las mujeres al publicar contenidos que reforzaron estereotipos de género y minimizaron la trayectoria política de la denunciante.

La resolución dice que las notas, columnas, blogs y un spot radiofónico supeditaban su candidatura a la figura de su padre, entonces alcalde de Teocelo, lo que invisibilizaba sus propios méritos. “Se identificaron expresiones como ‘cumplirle el caprichito’, ‘heredarle el cargo’ o ‘la niña verde’, consideradas por el tribunal como formas de violencia simbólica, mediática, verbal, digital, psicológica, análoga e interpósita persona”.

Sobre la sentencia, el periodista Élfego Riveros, de Radio Teocelo, considera que la sanción impuesta al medio comunitario por el uso de la figura de violencia política representa un hecho inédito en sus más de 60 años de existencia.

La sanción se basa en un spot satírico de un minuto, transmitido en 2021 durante el proceso electoral, en el que –según Riveros– se critican malas prácticas como el nepotismo, el chapulineo y las candidaturas heredadas.

“Pasamos ese spot tres veces y de ahí viene toda esta acometida que nos tiene ahora cumpliendo medidas de reparación: multa, disculpa pública y todo lo que está en la legislación”, explica.

“Estamos en este cumplimiento bajo protesta porque no estamos de acuerdo. En el fondo limita nuestra libertad de expresión y el derecho a la información de nuestras audiencias”, dice Riveros.

También explica que el medio ha recibido al menos ocho requerimientos entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), incluso por publicaciones de personas solidarias en redes sociales.

“Estamos prácticamente sin poder hablar, sin poder decir nada. Nos siguen castigando incluso por lo que dicen otros”.

Considera que la sanción responde a una intención de castigar políticamente al medio por su papel crítico en la vida pública local: “Es como un tipo de venganza política contra un medio que les ha quitado la máscara. ¿Por qué les estorba una pequeña radio? Porque somos el único medio que informa quiénes son y qué han hecho cuando han gobernado”.

Manipulación del término “violencia de género”

Tras esa sentencia, el caso escaló. Mara Yamileth, que también fue candidata a la presidencia municipal de Teolcelo por la alianza PVEM-Morena en la pasada elección del 1 de junio, interpuso nuevas quejas por violencia de género.       

El seis de junio denunció violencia de género por comentarios de la académica Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. 

Después, el 28 de junio último, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó a 22 medios y perfiles en redes sociales eliminar notas que informaban sobre su intención de llegar a la presidencia local, pero el tribunal fue más allá: también sancionó publicaciones sobre críticas por considerar injusta la resolución del TEPJF contra cinco periodistas. 

La académica Celia del Palacio fue sancionada por emitir una cápsula editorial –retirada de Canal 44 por orden del OPLE–, donde comentó el caso de sanción contra periodistas por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género. Nunca se refirió directamente a la denunciante ni utilizó lenguaje ofensivo.

En entrevista para Proceso, la académica cuestiona que nunca fue notificada personalmente sobre la decisión: “Me parece muy grave esto que ocurre. Me dicen ‘Notifíquese por estrados’, quiere decir que yo me tengo que dar por enterada, ¿quién sabe cómo?”. 

Del Palacio advierte el uso excesivo de la legislación que se promulgó con el propósito de proteger a las mujeres de la violencia política: 

La académica señala que el caso forma parte de una tendencia nacional preocupante, en la que personas no favorecidas en los comicios utilizan estas figuras para sancionar a voces críticas.

También alerta que el uso indebido de la norma “desprestigia la figura” y la debilita, cuando realmente se necesita en casos graves de violencia política real.

Criminalización de la crítica

Luis Ramírez, secretario ejecutivo de la Comisión de periodistas de Veracruz, también considera que la figura de violencia política en razón de género se está utilizando para inhibir la crítica periodística en procesos electorales y pidió al Congreso revisar el marco legal. 

Ramírez confirmó que al menos nueve periodistas han sido procesados bajo esta figura. “La sentencia obliga a pagar una multa… algunos compañeros no pudieron acercarse a la comisión, pero a quienes lo hicieron se les brindó asesoría jurídica y acompañamiento hasta la Suprema Corte”.

Desde la CEAPP defendió el papel de la prensa como contrapeso en democracia y se cuestionó la permisividad con la que los tribunales han admitido denuncias sin criterios estrictos: “¿Qué tanto debe la autoridad aceptar el cuestionamiento de la prensa? Mientras no falsee información, no hay mayor problema. Si detrás de ti estuvo tu padre, tu madre, tu tío… es lógico que cualquiera pregunte si eso no constituye una forma de cacicazgo”.

Ramírez adelantó que buscarán un encuentro con la diputada Bertha Ahued, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el Congreso de Veracruz para exponer la situación y proponer ajustes legales.

En Veracruz, más de 40 periodistas y organizaciones se pronunciaron contra estas resoluciones en una carta abierta, en la que calificaron las sanciones como una medida que vulnera la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante contra el ejercicio periodístico.

La excandidata responsabilizó a medios de comunicación y otros actores de haber difundido ataques que, según ella, fueron reconocidos judicialmente como violencia política por la Sala Regional Especializada del TEPJF, en el expediente SRE-PSC-8/2025.

Chama Villa aseguró que las condiciones en las que se desarrolló la elección “anulan su validez democrática y constituyen un precedente peligroso”.

Del “jaja” a “¿se imaginan en caso de que sea ministra?”

Derivado de esa queja presentada por Dora Martínez, el INE ha informado que también existen quejas en contra de la actriz e influencer en X, Laisha Wilkins, al articulista y escritor César Martínez, al activista Virgilio Pasotti, del periodista Juan Omar Fierro y de Germán Gómez por publicar, compartir y comentar la nota de “Dora La Censuradora”.

Debido a que las autoridades electorales no han logrado notificar a todas las partes involucradas en sus domicilios particulares, han tratado de hacerlo a través de los estrados electrónicos del INE, donde ayer aparecieron requerimientos para cuatro personas físicas y en los que se les ordena responder a un cuestionario del INE en tres días hábiles.

A la actriz Laisha Wilkins le exigen aclarar un “jaja la censuradora jaaja” que puso a un post de Aristegui Noticias para difundir la nota de “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”.

Y al periodista Juan Omar Fierro se le denuncia por postear un hilo sobre el intento fallido de censurar la investigación Televisa Leaks, recordando que Dora Martínez solo es mencionada en un reportaje, pero pidió eliminar las primeras 15 partes de la investigación periodística que abarca 27 reportajes:

“Ahorita @dmartinezvalero solo es candidata. ¿Se imaginan el retroceso para la libertad de expresión en caso de que sea ministra?“, señala su post.

Autoincriminación y censura

Los cuestionarios a todos los “requeridos” por el INE solicitan aclarar si son los administradores de sus cuentas en redes sociales, si reconocen como propias las publicaciones denunciadas, el propósito de dichas publicaciones, revelar si fueron solicitadas o pagadas por alguna persona física o moral y si tienen vínculos con partidos políticos o candidaturas del proceso extraordinario que se llevó a cabo de la elección judicial.

Los requerimientos están firmados por Hugo Patlán Matehuala, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE.

La abogada Mónica Calles Miramontes, titular de la organización Defensa Electoral, advirtió que los requerimientos del INE en este caso y otros similares “están violando sus derechos humanos porque busca una autoincriminación (de los afectados). Eso está prohibido por la Constitución”.

Además, considera que estos casos tienen “una gran importancia en la defensa de la libertad de expresión y en el grave contexto en el que está México”.

“Los procedimientos sancionadores del INE se están usando para perseguir a ciudadanos y eso no era así. Por ignorancia se tuvieron esas malas prácticas en el IFE, pero habían sido erradicadas”, concluyó

En un post cuando se dio a conocer la queja contra Laisha Wilkins, Dora Alicia Martínez intentó deslindarse de la persecución a la actriz, pero reconoció que todo se originó por su denuncia política en razón de género que presentó contra Aristegui Noticias  y Germán Gómez, sin que se haya notificado de un desistimiento al INE.