PREOCUPA USO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO COMO MECANISMO DE CENSURA Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA MEDIOS COMUNITARIOS E INDÍGENAS

Las organizaciones y medios de comunicación firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido de mecanismos electorales diseñados originalmente para frenar abusos de poder de los partidos políticos, como es la figura de violencia política en razón de género, para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación indígena, comunitaria y afrodescendiente en nuestro ejercicio de la libre expresión.

Nos preocupa profundamente que esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas y medios comunitarios. Este uso distorsionado de la figura no solo banaliza una lucha legítima contra las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la política, sino que además se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada.

De esta manera, los órganos electorales, en lugar de garantizar el debate democrático, lo inhiben a través de procesos de sanción en contra de medios que desempeñan una función social fundamental: la de garantizar el derecho a la información desde los territorios, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos. Solamente en el Estado de Veracruz somos más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas que estamos atravesando un proceso especial sancionador impuesto por el Tribunal Electoral de Veracruz, siendo criminalizadas en el ejercicio de nuestra labor de informar y en detrimento de nuestra libertad de  expresión.

México es el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Recordamos a las autoridades que en muchos territorios del país persisten graves situaciones de violencia, hostigamiento y amenazas contra mujeres, comunidades y medios que defienden sus derechos y su palabra. En este contexto, la intervención de partidos políticos en el asedio comunicativo y en las denuncias arbitrarias agrava aún más el riesgo para quienes sostienen, desde la colectividad y la autonomía, el ejercicio del derecho a comunicar.

Por ello, hacemos un llamado al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades pertinentes a:

Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio. 

“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.

Otros actos de censura en Campeche

Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Sansores.

A mediados de septiembre, un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la mandataria.

Otro caso es el de Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, quienes ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

Peor aún, esta información podría terminar en manos de otras agencias. “La información que puede obrar en manos de las autoridades fiscales después puede ser usada por otras autoridades, por ejemplo, de seguridad, por autoridades militares”.

El “Garrote” del Bloqueo y la Censura Indirecta

La reforma establece el bloqueo temporal del servicio para quienes no cumplan con otorgar el acceso a las autoridades fiscales. Flores Sosa describe esta medida como “el garrote, el castigo”, una amenaza que podría usarse para silenciar voces y constituir una forma de censura indirecta.

El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora.

La Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora de Tribuna señaló que la resolución amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto al medio como al periodista durante un periodo adicional de tres meses.

La audiencia en la que se tomó esta decisión se celebró el lunes 15 de septiembre y se prolongó por cuatro horas.

El juzgado ordenó que todas las notas relacionadas con Layda Sansores sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial y la obligación se impuso también directamente al periodista Jorge González Valdez.

Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.

🚨 Gobierno de #Campeche abusa del poder público y poder judicial excede sus funciones.

Expresamos nuestra preocupación por el cúmulo de procesos legales que enfrenta el periodista independiente Jorge Luis González Valdéz, y el periodico Tribuna:

🔗 https://t.co/uCsWAugMYP pic.twitter.com/iLpLaApSnZ

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 18, 2025

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.

Cumplidos los 30 días con la publicación del extracto de sentencia fijado en mi cuenta, procedo a removerla. https://t.co/xLVhvilcj2

— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 12, 2025

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

Karla María Estrella cuestionó en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.

La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó en junio que las expresiones que realizó Karla Estrella en su cuenta de X fueron “discriminatorias y generaron violencia política contra las mujeres por motivos de género”.

“Decidimos sancionar a Karla María Estrella Murrieta con una multa, así como ordenar su capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, para evitar que repita estas conductas en tu contra o de alguna otra”, agregaba.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la ciudadana dijo que al principio “tenía muchísimo miedo”, sin embargo, fue arropada por ciudadanos durante el cumplimiento del fallo, además consideró que “a veces las leyes se tuercen” en contra de los derechos.

Al principio tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer y cómo iba a llevar todo esto, pero con el tiempo vi que la situación no era algo, que yo tenía qué temer, la gente me arropó, me apoyó muchísimo y eso me ayudó para que estos 30 días pasaran ahora sí que pasaran más rápido de lo que pensé que sería

“Hay abuso de poder, muchas veces las leyes se tuercen en contra de nosotros, hay derechos que nosotros pensamos que tenemos seguros y por sentado pero no es así, tenemos que estar pendientes, de seguirlos teniendo, de conservarlos”.

“Para mi fue suficiente”, dice diputada

El pasado 20 de julio, la diputada Diana Karina Barreras pidió al TEPJF que reconsiderara el falló por el cual la ciudadana Karla María Estrella le ofreció disculpas públicas por 30 días, tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

“El poder se ejerce con humildad”

Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral y reiteró que el poder se debe ejercer con humildad, “particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación”. 

“Es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, afirmó la presidenta de México durante su conferencia matutina.

“El poder se ejerce con humildad, todos y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no se hipócrita la oposición, también, porque se rasgan las vestiduras y nadie justifica una y otra cosa, siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad”.

Hoy es señalado porque su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es buscado por liderar el grupo criminal La Barredora, involucrado en huachicol, trata, extorsión y tráfico de migrantes. Además, su hermano, Humberto Bermúdez, está bajo sospecha de lavado de dinero, y su sobrino, Gerardo Bermúdez, bajo arresto domiciliario en Paraguay.

NO ESTÁ SOLO CUAUHTÉMOC BLANCO

Hoy está acusado de tentativa de violación contra su media hermana, corrupción en contratos públicos, daño a las finanzas por más de 6 mil millones de pesos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantiene el fuero.

NO ESTÁ SOLO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

La Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades millonarias, incluyendo anomalías por más de 3 mil millones de pesos en gasto público. Sin embargo, la Presidenta defiende que es una persona honesta.

NO ESTÁ SOLO RUBÉN ROCHA MOYA

Tiene señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos y por una violencia fuera de control: 1,723 homicidios dolosos y 1,400 personas desaparecidas en un año tras la captura de El Mayo Zambada.

NO ESTÁ SOLO FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Ha sido acusado múltiples veces de violencia sexual, con casos documentados desde 1998. Aun así, sigue siendo respaldado políticamente y no pierde esperanzas de ser gobernador de Guerrero.

NO ESTÁ SOLO IGNACIO OVALLE

Encabezó Segalmex durante el saqueo de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo contratos con empresas fantasma y desvíos confirmados por la ASF. Dejó la administración federal sin mayor preocupación. Hasta cursos de finanzas públicas da.

NO ESTÁN SOLOS LOS HIJOS DE AMLO

José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán fueron señalados en la investigación El Clan por tráfico de influencias y corrupción. Coordinaban una red que favoreció con contratos millonarios a amigos y primos en obras como Tren Maya, Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.

NO ESTÁ SOLA LAYDA SANSORES

Usó su poder para censurar al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Incluso, una logró que una jueza les ordenara no publicar sobre ella sin revisión previa de un censor judicial.

NO ESTÁ SOLA DATO PROTEGIDO

Denunció a Karla Estrella por presunta violencia política de género. Resultado: disculpas públicas por 30 días, multa económica y su nombre inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta 2027.

NO ESTÁ SOLA ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ

La Auditoría estatal la denunció por no comprobar el uso de 898 millones de pesos de un fondo federal.

Además, la alcaldesa denunció al medio Acapulco Trends junto a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por violencia política de género. Resultado: multa de 22 mil pesos, disculpas públicas por 15 días y difusión obligada de la sentencia por 30 días.

NO ESTÁ SOLO ALEJANDRO ARMENTA

Impulsó en Puebla la llamada Ley Censura, que criminaliza insultos en redes como “ciberasedio”. Organizaciones como Artículo 19, la ONU, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que puede usarse para silenciar críticas y castigar la libertad de expresión.

NO ESTÁN SOLOS. PORQUE EN ESTE PAÍS, LA IMPUNIDAD CAMINA CON ELLOS.

Formalmente, los cargos imputados fueron violencia política de género, agresión física y verbal, calumnias, difamación, daño moral y robo.

Los políticos quejosos son la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanroman; el senador por el PT Gerardo Fernpandez Noroña; Tania Contreras López, magistrada electa de Tamaulipas; Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Diana Karina Barra Samaniego #DatoProtegido, diputada federal por el PT;  Abelina López Hernandez, alcaldesa de Acapulco; Mara Yamileth Chama Villa, excandidata del PVEM a diputada federal y a presidenta municipal de Teocelo, Veracruz.

Entre los comunicadores sancionados o bajo proceso de instrucción están los periodistas y personal o colaboradores de medios Jorge Luis González Valdez, Héctor de Mauleón, Rodrigo Carbajal,  Juan Omar Fierro, Laisha Wilkins, Ángel Camarillo, María Isabel Ortega, Alfredo Quezada Hernández, Jesús Riveros Hernández, Celia del Palacio Montiel, Gabriel Castañeda Arellano, Ysidro Yerves Cruz, Germán Gómez.

Los ciudadanos castigados son Carlos Velazquez de León Obregón, Virgilio Passoti, César Martínez, Karla María Estrella Murrieta.

Los medios de comunicación relacionados son Tribuna de Campeche, El Universal, Código Magenta, Aristegui Online, La Silla Rota – Veracruz, Al calor político, Gobernantes. com, Radio Teocelo 1490 de AM, UDGTV Canal 44 de la Universidad de Guadalajara; Acapulco Trends y El Ojo de Acapulco.

LOS EXPEDIENTES

Políticos quejosos: LAYDA SANSORES SANROMÁN, Gobernadora de Campeche 

MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ

Secretaria de Seguridad del estado de Campeche

WALTHER PATRÓN BACAB

Vocero del gobierno del estado de Campeche

Queja: Violencia política de género, incitación al odio, calumnias, difamación, daño moral.

Voces sancionadas: 

Jorge Luis González Valdez

Isidro Yerves Cruz

“Responsable de redes digitales de Tribuna de Campeche.

Medio o plataforma relacionados: Tribuna de Campeche

Fecha: 16 de julio de 2025

Juez o autoridad ejecutora: 

Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, jueza IV de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza III de Control, 1er. Dtto. de Campeche.

Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, jueza 2a. de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

Hechos reclamados: La primera demanda fue presentada contra Jorge Luis González Valdez, periodista de 72 años jubilado en 2017, exdirector del diario Tribuna de Campeche y conductor del programa Expediente en Imagen Radio hasta junio de 2025, por el vocero del gobierno de Layda Sansores en Campeche, Walther Patrón Bacab, y por el sobrino de la mandataria, Gerardo Sánchez Sansores, por publicaciones del diario en cuestión, que los vinculaban a hechos de corrupción.

En diciembre de 2023 Layda Sansores emprendió acciones legales contra Jorge Luis González,  y contra la empresa editorial por publicaciones ofensivas; atribuyó las publicaciones a González Valdés, aunque principalmente se alude a la columna sin firma “En las tripas del jaguar”. La gobernadora presentó una denuncia adicional por violencia política de género contra el comunicador ante el Instituto Electoral de Campeche, que fue ratificada por el Tribunal Electoral, el cual le concedió como medida cautelar la prohibición de mencionar a la gobernadora y la secretaria de Seguridad del gobierno estatal.

El 9 de abril de 2025, González fue detenido por fuerzas estatales de Campeche,  esposado, golpeado hasta sangrar, y retenido 36 horas.

Sanciones:

13 de junio de 2025. La jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada sentenció a Jorge Luis González a la prohibición de ejercer el periodismo por dos años; determinó el cierre de la plataforma digital de Tribuna por el mismo periodo, y el pago de 2 millones de pesos como indemnización al vocero del gobierno estatal, Walther Patrón, so pena de embargo. El 9 de julio de 2025, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, suspendió las medidas cautelares, que consideró anticonstitucionales.

15 de julio de 2025. La jueza Ana Maribel de Atocha Huitza May impuso nuevas medidas cautelares al periodista y al medio de comunicación: a Jorge González, prohibición estricta de referirse a Layda Sansores en cualquier medio, incluyendo opiniones e imágenes. La designación de Interventores del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para revisar y autorizar todo contenido de Tribuna, la designación de un censor oficial para supervisar a Jorge González en conferencias programas y entrevistas.

28 de julio de 2025. La jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez rechazó los recursos interpuestos por Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna, confirmó la sentencia del 15 de julio, y ordenó a Tribuna proporcionar en un plazo de 48 horas el nombre y datos de la persona encargada de redes sociales para que se someta al censor judicial.

Senador plurinominal (PT) y presidente del Senado al momento de los hechos

Queja: Agresión física, verbal y robo.

Voz censurada: Carlos Velázquez de León Obregón

Fecha: 19 de mayo de 2025

Hechos reclamados: El 20 de septiembre de 2024, en el Salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el abogado regiomontano Carlos Velázquez de León increpó a Gerardo Fernández Noroña, según este, con frases como “mandaron al país a la mierda”, en referencia a la conducción del país por parte del grupo político obradorista; que Velázquez lo agredió físicamente cuando le arrebató su celular y su negativa a devolverlo en medio de la discusión constituyó el intento de robo.

Tras el altercado, Fernández Noroña, que en ese momento presidía la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó una demanda contra el abogado ante el Ministerio Público federal. Algunas notas de prensa señalan que la demanda se presentó con la personalidad jurídica del Senado.

Juez o autoridad ejecutora: Acuerdo extrajudicial con intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGR)

Sanciones: Como resultado del acuerdo extrajudicial y con el fin de eludir sanciones mayores, Carlos Velazquez acordó presentar a Noroña una disculpa pública. Para definir los detalles del protocolo del acto de disculpa pública se verificaron varias reuniones virtuales. Originalmente el acto se efectuaría en la Sala VIP del AICM, espacio de American Express, donde ocurrió el desencuentro, pero la firma crediticia rechazó participar en el evento de desagravio. Se dispuso por ello efectuar la ceremonia en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva del Senado, con Noroña al centro, como correspondía a su cargo.

El abogado Velazquez fue custodiado en todo momento por policías judiciales de la FGR que operaron el acuerdo, y leyó el mensaje:

“Me dirijo a usted con el respeto que me merecen su investidura y persona para ofrecer una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos (…). Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y como presidente de la Mesa Directiva del Senado, merece todos mis respetos. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han forjado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. (…)  Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación, que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo en cualquier circunstancia. Desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia a usted o ningún representante del Estado mexicano”.

Noroña aceptó las disculpas, pero siguió lidiando en redes con críticos por la humillación al abogado que se consideró un abuso de poder.

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Calumnias y violencia política de género

Voz sancionada: Héctor de Mauleón

Medio o plataforma relacionados: El Universal

Fecha: 15 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas

Hechos reclamados: El periodista Héctor de Mauleón publicó el 1° de mayo de 2025 en su columna de El Universal el texto Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, en el que reseñó un oficio del exsecretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el que solicitaba al Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal investigar una red de traficantes de combustible, presuntamente manejada por del director de Operación Aduanera, Juan Carlos Maero Larios, cuñado de Tania Contreras López, exdirectora jurídica del gobernador Américo Villarreal y entonces candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas. Contreras López demandó a De Mauleón y a El Universal por calumnias y por VPG. 

Sanciones: El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó a los denunciados bajar la columna de las plataforma web del diario capitalino, lo cual no ha ocurrido a pesar de la insistencia de la instancia tamaulipeca. Ahora, El Universal ha denunciado que Héctor de Mauleón es acosado en su domicilio por drones.

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Violencia política de género

Voz sancionada: Rodrigo Carbajal

Medio o plataforma relacionados: Código Magenta

Fecha: 2 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Hechos reclamados: El 29 y 30 de abril de 2025, el periodista Rogelio Carbajal, director de Código Magenta, publicó una investigación periodística en la que se describen vínculos de parentesco de Tania Contreras. La abogada denunció al medio y al periodista por calumnias y violencia política de género. 

Carbajal, que además es director editorial del medio, explicó en respuesta: “Código Magenta exhibió que hay redes familiares de Tania Contreras López vinculadas al crimen organizado: su primo hermano, Juan José Contreras Castillo, defendió a la Columna Armada Pedro J. Méndez desde la alcaldía de Hidalgo, Tamaulipas. Y el cuñado de Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de una red de corrupción y contrabando de combustible en la Agencia Nacional de Aduanas”.

Sanaciones: El 2 de mayo, el Tribunal ordenó retirar la publicación. El 20 de junio se impuso multa de 18,855 pesos al periodista y de 9,427 pesos a Código Magenta. Además, Rogelio Cabajal fue inscrito en el  Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Política quejosa: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 1

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Calumnia y violencia política de género

Voces censuradas:

Germán Gómez

Juan Omar Fierro

Virgilio Pasotti

César Martínez

Medio o plataforma relacionada: Aristegui Noticias y redes digitales

Fecha: 18 de mayo de 2022

Hechos reclamados: La publicación, republicación, así como los comentarios vertidos al respecto por los imputados en sus cuentas de las plataformas socio digitales de Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, del reportaje publicado en Aristegui Noticias: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks, que reseña el resultado negativo para Martínez Valero, quien había solicitado al INE medidas cautelares para eliminar 15 textos y videos sobre de esa investigación periodística efectuada con base en una filtración masiva de datos internos de Televisa Univisión.

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: El proceso se halla aún en instrucción.

Política denunciante: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 2

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Laisha Wilkins

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 20 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 19 de mayo de 2025, en su cuenta de X (antes Twitter), la comunicadora, editorialista y actriz Laisha Wilkins comentó “Jaja Dora la censuradora Jaja”, en un post de @AristeguiOnline que enlazaba a una investigación de la plataforma: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. 

Dora Alicia Martínez Valero, entonces candidata a ministra que usó en campaña el sobrenombre de “Dora la transformadora”, presentó una denuncia contra Laisha Wilkins por haber publicado el comentario. El 20 de junio el TEPJF notificó a Wilkins del inicio de una investigación sobre su comentario en X, le pidió explicar el propósito del mismo, aclarar si alguien le solicitó efectuar el comentario, declarar cuáles son sus vínculos con partidos políticos o candidatos en el proceso electoral 2024-2025, y proporcionar su domicilio para recibir notificaciones.  

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: La resolución en instrucción. De hecho, Laisha Wilkins denunció irregularidades del procedimiento, comenzado por el hecho de que no ha tenido acceso al expediente completo a pesar de ser la parte imputada. 

Política quejosa: DIANA KARINA BARRERA SAMANIEGO

Diputada federal por Sonora (PT)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Karla María Estrella Murrieta

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 24 de de junio de 2025

Hechos reclamados: El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta retuiteó en su perfil de X (@KarlaMaEstrella) la publicación de “José Ochoa” al que agregó un comentario en el que sugería que Sergio Gutiérrez Luna (Morena), actual presidente de la Cámara de diputados y esposo de la entonces candidata Diana Karina Barrera, había intervenido para que ésta obtuviera la nominación, hechos citados en el proceso en los siguientes términos:

“Así estaría el berrinche de DATO PROTEGIDO para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Sanciones: Multa de 1 mil 805 pesos con 70 centavos para la ciudadana, la publicación de la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados en materia de Violencia Política en Razón de Género, y en el registro Nacional de Personas Sancionadas por un año y seis meses; la publicación de un estracto de la sentencia en sus cuenta de X, y de una disculpa pública, diariamente, del 10 de julio al 12 de agosto de 2025, redactada por la misma Sala Especializada del TEPJF, en los siguientes términos: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediatica y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto el 17 de julio: “Es un exceso (…). El poder es humildad, no soberbia. No está bien esta sentencia de que por 30 días te disculpes”.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 1

Excandidata (PVEM) a diputada federal plurinominal en 2024 y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, en 2021

Queja: Violencia política de género

Voces censuradas: 

Ángel Camarillo

María Isabel Ortega

Alfredo Quezada Hernández

Jesús Riveros Hernández

Medio o plataforma relacionados: 

Al calor político

La silla rota – Veracruz

Gobernantes. com

Radio Teocelo 1490 de AM.

Fecha: 29 de abril de 2024

Juez o autoridad ejecutora: Sala Superior del TEPJF

Hechos reclamados: De acuerdo con la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña sobre el expediente  “SUP-REP-116/2025 y acumulados”, aprobada por el órgano en cuestión, “una publicación de facebook” efectuada durante el proceso electoral 2024 reprodujo cuatro contenidos periodísticos publicados durante las campañas de 2021 en las que refieren que es hija del entonces alcalde en de Teocelo, Mario Chama Díaz:  

― “Minimonarquías”: las familias que perdieron las elecciones en Veracruz, publicada por Ángel Camarillo el 7 de junio de 2021 en el sitio web de noticias Al calor político.

― Cacicazgos se quedan sin el poder en Veracruz, publicada por María Isabel Ortega el 9 de junio de 2021 en el sitio web de noticias La Silla Rota Veracruz. 

― Mara Chama hereda la alcaldía, publicada por Alfredo Quezada Hernández en el sitio web de noticias Gobernantes.com.

― Y la transcripción, publicada en el blog La Caja de Cristal, de un promocional en el que una voz de niña pide a su padre que le compre candidaturas a una alcaldía y a una diputación, dramatización cómica que e 29 y 30 de mayo transmitió Jesús Riveros Hernández en su programa Luna llena que se transmite por Radio Teocelo 1490 de AM.

Sanciones: La Sala Superior resolvió multas de 10,857 pesos en cada caso, el retiro de las publicaciones, disculpa pública en los sitios donde se publicó la información, cursos en materia de violencia política de género, e inscripción de los periodistas en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procesos Especiales Sancionadores.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 2

Excandidata (PVEM) a diputada federal (2024) y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz (2021)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Celia del Palacio Montiel

Medio o plataforma relacionada: UDGTV Canal 44

Fecha: 6 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 26 de mayo de 2025,  UDGTV Canal 44, emisora del Sistema de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Guadalajara, publicó una nota informativa con base en la cápsula de la académica, doctora en historia y coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la misma casa de estudios, en la que se menciona que Mara Yamileth Chama Villa es hija del exalcalde Mara Chama Díaz, en cuya gestión fungió como presidenta honoraria del DIF. 

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal electoral de Veracruz, OPLE Veracruz

Sanciones: El organismo ordenó eliminar  la publicación del 26 de mayo.

Política quejosa: ABELINA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Presidenta municipal de Acapulco (2021-).

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Gabriel Castañeda Arellano

Medio o plataforma relacionada: Acapulco Trends y El ojo de Acapulco, cuentas de Facebook

Fecha: 20 de agosto de 2024

Hechos reclamados: La versión pública de la sentencia excluyó el contenido de las publicaciones. No obstante, Gabriel Castañeda dijo a EMEEQUIS que la queja de la alcaldesa morenista fue interpuesta después de una serie de publicaciones sobre deficiencias de desempeño del gobierno municipal antes, durante y después del paso del huracán Otis, así como irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero en el manejo de 898 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Sanciones: Determinó que el periodista publicara el extracto de la sentencia por 30 días y una disculpa pública dirigida a la alcaldesa durante 15, en las cuentas de Facebook señaladas, una multa de 5,428 pesos con 50 centavos, cursos en materia de violencia política de género, y la inscripción de su nombre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.