Es tan grande, tan evidente, tan polémico, tan contundente y tan grave el problema de Morena que nadie en el partido o en el Gobierno quiere hablar de él. Pretenden ignorarlo, voltear hacia otro lado, minimizarlo con el fin de invisibilizarlo, no atenderlo ni enfrentarlo con la intención de que se olvide. Se trata de la corrupción, esa que prometieron combatir, pero a la que se sumaron sin contemplación, empoderados en cualquier nivel de gobierno o parentesco oficial.
Lo de Morena es de una incongruencia tal que lastima la inteligencia de la ciudadanía aunque le apuestan al olvido, a que la ya desfasada frase de “no somos iguales” siga permeando entre sus seguidores aunque eso es cada vez más difícil ante la evidencia física, gráfica y social de sus actos corruptos.
A siete años de tomar el poder desde la Presidencia de la República y de ahí a Estados, Municipios, Poder Legislativo y, a la fuerza, el Poder Judicial, ha quedado expuesto que en Morena el cambio, o la transformación como ellos la llaman, se concreta para servir sus intereses y nada más. No se trata pues de medidas tomadas en beneficio de los gobernados, o de la democracia, sino para oficializar la concentración de poder y, con ello, el acceso a las redes del sistema que utilizan para corromperlas.
Ni siquiera otras administraciones encabezadas por otros partidos, y que fueron utilizadas por Morena y su líder para ganar la presidencia de la República, tomándolas como ejemplo de lo que la corrupción era, tuvieron tantos casos y tantas sospechas como ahora, apenas a siete años dentro del poder, los contabiliza el partido oficial en México.
Efectivamente, si de alguien se aprovechó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer campaña y prometer un cambio, fue de los dos políticos que le antecedieron en la presidencia. Cuando él estaba en campaña los golpes eran casi por igual, tanto a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente emanado del PAN que gobernó el país entre 2006 y 2012, como a Enrique Peña Nieto, el priísta que llevó las riendas de México de 2012 a 2018.
Del primero acusaba, acusó y acusa, la “guerra contra el narco” que encabezó, y que para marcar más distancia aun, López Obrador contrastó con su -también fallida- política pública de “abrazos no balazos”. Pero a quien más han utilizado para regodearse de la corrupción en aquel sexenio panista es al encarcelado por narcotráfico, entre otros delitos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad en el gabinete calderonista.
A pesar de todas las acusaciones, sornas, directas y “aniquiladoras” que López Obrador vertía sobre García Luna como paradigma de la corrupción en el sexenio de Calderón, no fue una autoridad mexicana la que detuvo, procesó y sentenció al exsecretario, sino el Gobierno de los Estados Unidos.
Del segundo, de Enrique Peña Nieto, el ahora expresidente y líder moral de Morena, solía decir que se trataba del gobierno más corrupto de la historia de México, aunque se centraba en básicamente tres hechos: la oscura red en el caso Odebrecht, un entramado de sobornos internacionales de la compañía brasileña que en el país tuvo su epicentro en Petróleos Mexicanos cuando esa paraestatal era titulada por Emilio Lozoya Austin; el caso detallado por los periodistas de Carmen Aristegui, de la adquisición de la que se conoce como la “Casa Blanca”, utilizada como residencia de la familia de Peña Nieto y habiendo realizado la transacción con la compañía constructora Grupo Higa, la favorita de Peña tanto en el Estado de México como en la República Mexicana, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al final, Emilio Lozoya, fue beneficiado por el sistema lopezobradorista. A cambio de delatar a otros políticos, antagónicos por supuesto al movimiento del expresidente morenista, ha recibido varios beneficios, entre ellos, la prisión domiciliaria. De la Casa Blanca se supo, en el mismo sexenio peñista, que la adquisición la hizo la exprimera dama y exesposa del priísta, la actriz Angélica Rivera, quien también la puso a la venta, y el caso no tuvo, en el sexenio de López Obrador, mayor consecuencia ni investigación, como tampoco sucedió con el caso Ayotzinapa, una afrenta aún pendiente a pesar de la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam en el año 2022.
Ahora en el segundo sexenio morenista, son más los casos de sospechas y acusaciones de corrupción, que los utilizados por el exmandatario nacional tabasqueño. Para empezar, una red de más de cien personas, incluidos Vicealmirantes, de miembros de la Marina de México, partícipes del delito de huachicol y de huachicol fiscal, es decir no sólo defraudan a Petróleos Mexicanos, también a las arcas del país. El tema principal es que López Obrador dijo hasta el cansancio que él había combatido el huachicol y lo había eliminado, cuando la realidad, que ahora consta en carpetas de investigación en la FGR, es que ese delito estaba más vigente que nunca y dentro del gabinete del expresidente. Y considerando la frase que él mismo dijo, de que “de todo se entera el Presidente de la República”, es difícil no pensar que estaba al tanto, o por lo menos el almirante Rafael Ojeda, a quien han intentado deslindar con toda clase de retórica inválida, quien fue el promotor de las meteóricas carreras y ascensos en la jerarquía de la Armada de México, no sólo de sus sobrinos los Lagunas Farías, quienes encabezan la red del huachicol en la Marina, sino de otros elementos que fueron ascendiendo hasta llegar a posiciones en las que pudiera colaborar, a cambio de sobornos, en esta red criminal que generó millones de pesos ilícitos para beneficio de cientos de elementos de la Marina.
Y luego está el caso de Adán Augusto López Hernández, el otrora secretario de gobernación de López Obrador, que para tomar ese cargo dejó el Gobierno de Tabasco, donde había hecho su colaborador a un amigo cercano, en calidad de secretario de seguridad, y que hoy día está detenido por su participación no con, sino en, el crimen organizado, dado que es acusado de encabezar un cartelito o célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como La Barredora.
O los múltiples señalamientos de tráfico de influencias que pesan sobre los hijos del expresidente de México, el primero de la izquierda. O las decenas de casas que coleccionan sus principales colaboradores como Manuel Bartlett o Rocío Nahle, o el enriquecimiento repentino de notorios morenistas como el expresidente de la Cámara de Diputados y su esposa también legisladora, cubiertos de joyas, ropas, zapatos y accesorios de diseñadores de alta gama.
De hecho la mayoría de los morenistas que lejos de seguir las máximas de López Obrador, de vivir “en la justa medianía” con austeridad franciscana, se mueven en la opulencia, como el diputado Gerardo Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos en Morelos, y quien abiertamente refirió que él no estaba obligado, en lo personal, a ser austero: “yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras”, dejando claro que la opulencia es para la clase gobernante, ahora de Morena, y la austeridad para los gobernados.
El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden ignorarlo para dejarlo pasar. Es, vaya, el elefante en la sala de Morena del que nadie quiere hablar. La pregunta es cómo no atender algo de tales dimensiones, que ahí está, a la vista ya de todos.
