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Washington intensifica presión: entregas masivas de capos y sanciones contra cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro ha sancionado recientemente a los líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras en Michoacán; a operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación implicados en fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta; y a mandos del Cártel del Noreste

En siete meses del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha recibido de México a más de 50 líderes criminales de alto perfil y ha impuesto sanciones contra integrantes y redes financieras de al menos cuatro organizaciones criminales. La ofensiva combina la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la oferta de recompensas millonarias y la inmovilización de activos.

El gobierno de Donald Trump ha puesto en el centro de su estrategia un énfasis creciente en extradiciones o entregas exprés de capos y medidas económicas que buscan cortar fuentes de financiamiento, desde el narcotráfico hasta el fraude a turistas estadounidenses. Todo eso mientras mantiene las presiones arancelarias y comerciales sobre México.

En este contexto, en un hecho inédito, en febrero pasado, el gobierno de México entregó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero. Pero el pasado 12 de agosto, en un hecho similar, otros 26 narcos fueron enviados, incluido Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.

En paralelo, el Departamento del Tesoro ha sancionado recientemente a los líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras en Michoacán; a operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación implicados en fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta; y a mandos del Cártel del Noreste, activo en la frontera de Tamaulipas.

Entregas de capos de alto perfil a EU

El pasado 12 de agosto, México entregó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, entre los nombres de las personas entregadas al Departamento de Justicia de EU, destacan Abigael González Valencia, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis”; Servando Gómez, “La Tuta”, los exlíder de “Los Caballeros Templarios”; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

Información oficial dicta que las 26 personas enfrentan diversos cargos penales federales y estatales en Estados Unidos, entre los que se encuentran cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano entrega presuntos criminales para que sean juzgados en Estados Unidos, pues en febrero de este año, otros 29 fueron enviados, entre ellos Rafael Caro Quintero. Actualmente, todos enfrentan cargos federales en EU, que van de narcotráfico a homicidio de agentes.

De acuerdo a especialistas en seguridad pública, como David Saucedo, esta entrega masiva, se dio como una especie de intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25% a México, por parte del presidente de país fronterizo, Donald Trump.

Apoyo aéreo estadounidense contra la extorsión

El 13 de agosto, un dron estadounidense sobrevoló el municipio de Tejupilco, Estado de México, para apoyar investigaciones de autoridades locales contra grupos de extorsionadores. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el vuelo fue solicitado y que no se trató de una operación militar como se había especulado.

Estos drones “vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano (…) específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, dijo Harfuch al ser cuestionado sobre el avistamiento.

La noticia de esta nave no tripulada, se da una semana después de que medios estadounidenses dieran a conocer que el presidente Donald Trump ordenó al ejército a combatir cárteles latinos de narcotráfico, de los cuales algunos habían sido clasificados como terroristas desde febrero.

Va EU vs. Cárteles Unidos y Los Viagras

Este 14 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a siete integrantes de Cárteles Unidos y Los Viagras, organizaciones señaladas por tráfico ilegal de drogas, extorsión al sector agrícola mexicano y por provocar violencia en el país.

Entre los detenidos, se encuentra Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos, señalado por La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, se anunciaron medidas contra Enrique Barragán Chávez, “Wicho”, líder regional presuntamente involucrado en extorsiones relacionadas con el comercio de aguacate.

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, fue acusado de presuntamente reclutar a exmilitares y policías de Colombia para Cárteles Unidos y a Edgar Valeriano Orozco, “El Kamoni”, a quien se identificó como socio cercano de “El Abuelo” y líder de sicarios.

CJNG y los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta

El pasado miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cuatro personas y 13 empresas vinculadas a un esquema de defraudación a ciudadanos estadounidenses, las cuales mantienen presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dichos fraudes se reportaron con pérdidas de más de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, de acuerdo a información del FBI. Además, se dio a conocer que las operaciones, con base en Puerto Vallarta, usaban empresas inmobiliarias, turísticas y de servicios automotrices, además de “call centers” para engañar a propietarios de inmuebles vacacionales.

“A partir de 2012, el CJNG tomó el control de los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores. Estas complejas estafas suelen dirigirse a estadounidenses de edad avanzada que pueden perder los ahorros de toda su vida”, aseguró el Departamento del Tesoro.

Sanciones contra el Cártel del Noreste

El pasado 6 de agosto, el gobierno estadounidense anunció sanciones en contra de tres presuntos líderes del Cártel del Noreste, antes Los Zetas, y un integrante conocido como El Makiabelico.

Entre los sancionados se encuentra Abdón Federico Rodríguez García, alias “Cucho”, por narcoterrorismo, lavado de dinero, extorsión y robo de combustible. Este Cártel forma parte de los ocho grupos criminales designados por Washington como organizaciones “terroristas globales”, y según el comunicado publicado por el gobierno estadounidense, el Cártel del Noreste  mantiene operaciones en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León

Las acusaciones de los otros integrantes van de tráfico de fentanilo, armas y personas, secuestros a homicidios. Además, se dio a conocer que todos los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses, quedarán bloqueados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rocha reconoce casos de menores reclutado por el crimen organizado en Sinaloa

El mandatario lamentó el asesinato de un joven de 15 años en Culiacán y aseguró que su gobierno trabaja para prevenir que más adolescentes sean atrapados por la violencia.

Tras el asesinato de un adolescente de 15 años en la comunidad de Juntas del Humaya, Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que sí existen casos de menores reclutados por grupos criminales en Sinaloa, aunque —dijo— no de forma generalizada.
“Sí, definitivamente no. Es definitivo… lamentablemente son los criminales los que actúan. En Pánuco (Concordia) había chamacos equipados (armados), y esto de que los reclutan para la confrontación es muy lamentable. Sí está ocurriendo, no muy generalizado, pero sí hay casos”, declaró el mandatario estatal.
Rocha señaló que su administración trabaja en acciones para evitar que adolescentes sean cooptados por organizaciones delictivas, asegurando que uno de los ejes es atender la pobreza y la falta de oportunidades.
“Ya ven ustedes que están saliendo de la pobreza 13.6 millones de personas, parte de esos son de Sinaloa. Somos gobiernos que estamos dando trabajo para que salgan de la pobreza… necesitan tener trabajo y asistencia de todo tipo. Nuestro slogan es: por el bien de todos, primero los jóvenes”, expresó.
El caso que originó estas declaraciones ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando sujetos armados ingresaron por el patio a una vivienda en Juntas del Humaya y dispararon contra un joven de 15 años, quien murió en el lugar. De acuerdo con autoridades de seguridad, la víctima presentaba impactos de arma de fuego en cabeza y tórax.

Se trataba de Pavel N, de 15 años de edad y de quien, de acuerdo a testimonios de familiares, se dijo que el joven presentaba autismo.

Menores son reclutados por el narco

La Secretaría de Seguridad Públicas del Estado (SSPE) confirmó que desde septiembre de 2024 hasta el pasado 31 de julio, fecha en la que se recrudeció la violencia en Sinaloa derivado de una guerra internar entre dos facciones del Cartel de Sinaloa, al menos 52 menores de edad habían sido detenidos y recluidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

El llamado tutelar de menores, ubicado en Aguaruto junto al penal de Culiacán, ha visto un incremento en su población como reflejo del deterioro social que arrastra el estado. El fenómeno coincide con la ola de violencia entre grupos del crimen organizado, que ha intensificado su presencia en comunidades urbanas y rurales, reclutando a menores de edad para diversas tareas delictivas.

El asesinato de Pavel ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de menores en Sinaloa y la necesidad de reforzar estrategias preventivas que no solo atiendan la seguridad, sino también las condiciones sociales que alimentan este fenómeno.

FUENTE: REVISTA ESPEJO.
AUTOR: SCARLETT NORDAHL.

Más de 40 empresas de seguridad, heredadas por Cuauhtémoc Blanco, operaban sin permisos en Morelos

La gobernadora Margarita González Saravia instruyó a la SSPC supervisar y regularizar a las empresas de seguridad privada en Morelos, tras lo cual, algunas empresas fueron sancionadas por incurrir en irregularidades.

Más de 40 empresas de seguridad privada, que formaban parte del padrón heredado por el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, operaban en Morelos sin los permisos correspondientes, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

“La administración anterior entregó un padrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 empresas no contaban con el permiso vigente para operar en Morelos”, detalló el secretario.

De enero a julio de 2025, la dependencia realizó 93 visitas en sitio para verificar que las empresas cumplieran con los requisitos y obligaciones para obtener autorización o revalidación. Urrutia Lozano agregó:  

“Se han multado a 25 empresas mediante un procedimiento administrativo sancionador por no haber exhibido su póliza de fianza para el cumplimiento de sus obligaciones durante uno o dos años, o por haberla presentado de forma extemporánea. Asimismo, iniciamos dos procedimientos administrativos por irregularidades, donde se ordenó la suspensión temporal de actividades”. 

El titular de la SSPC señaló que algunas empresas mostraron falta de cooperación con las autoridades: “Hemos tenido, o teníamos, una falta de cooperación de muchas empresas de seguridad privada que bloqueaban las instalaciones de centros comerciales, no proporcionaban información de presuntos asaltos, de presuntos vehículos al interior de los estacionamientos y no aportaban información en tiempo real”. 

Ante esta situación, la gobernadora Margarita González Saravia instruyó que, a inicios de agosto, se iniciaran acciones de supervisión para localizar a empresas que prestaban servicios sin autorización estatal, a pesar de contar con permisos federales. Como resultado, diez empresas fueron sancionadas con amonestación pública, multa y retiro de personal, y seis de ellas iniciaron su proceso de autorización. 

Al cierre de agosto, la SSPC reportó que 134 empresas cuentan con autorización vigente o se encuentran en proceso de revalidación, consolidando un padrón confiable que garantiza que los servicios de seguridad privada operen dentro del marco legal en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Sheinbaum y Arévalo reforzarán seguridad en la frontera México-Guatemala

Los mandatarios informaron que colaborarán en temas como la seguridad, la infraestructura ferroviaria –por medio del Tren Maya–, energía, migración y conservación ambiental y cultural, así como en cooperación para el desarrollo.

México y Guatemala admiten la necesidad de reforzar la respuesta contra el crimen organizado en la frontera, la repatriación directa de migrantes, así como la conexión con el Tren Maya entre ambos países e incluir a Belice. 

En un mensaje conjunto la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Bernardo Arévalo abordaron los temas que van a colaborar.

Sheinbaum Pardo indicó que, además de acudir con su gabinete, “también vengo como una hermana de causa, convencida de que nuestras naciones caminan por sendas paralelas, gobiernos cercanos al pueblo, decididos a erradicar la corrupción, a proteger los derechos humanos y a defender la dignidad de quienes más lo necesitan”. 

En su visita al país vecino reafirmaron los compromisos: “En seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar”. 

Otro aspecto es la infraestructura ferroviaria, para conectar economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. 

“En energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos, desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos, que son fuente de vida para nuestras comunidades”, dijo la mandataria mexicana. 

Arévalo expuso que, en materia de seguridad, “debemos reiterar que ambos gobiernos colaboran intensamente desde hace décadas en el combate de la amenaza común del crimen organizado trasnacional”. 

“México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el gobierno de Guatemala, esta protección es un objetivo de máxima prioridad”, indicó. 

El mandatario guatemalteco dijo que “ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un Programa de Trabajo Temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna”. 

Adelantó que la Iniciativa Gran Selva Maya, que abordarán esta tarde junto con el primer ministro de Belice, John Briceño, en Calakmul, es un modelo de conservación de la riqueza natural y el patrimonio cultural que genera bienestar y desarrollo para sus habitantes”. 

“Esta Iniciativa es una muestra del trabajo que debemos hacer para conservar el patrimonio natural, atendiendo a las problemáticas ambientales que, mucho más que regionales, son mundiales”, dijo. 

En cuanto al Tren Maya, expuso que conectar con Guatemala y, eventualmente, con Belice “es una visión que compartimos, y para lo cual, acordamos promover el inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

El detenido Carlos Treviño, de director de Pemex a rostro del huachicol con Peña Nieto

Vinculado al caso Odebrecht y al exdiputado del Verde Luis Alberto Martínez Bravo, conocido como "Lord Huachicol", en la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Pemex se disparó el robo de combustible: en sólo dos años este delito ascendió a 62 mil 384 millones de pesos.

Durante la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum), el huachicol alcanzó niveles que no se habían visto en años previos, así los confirman reportes enviados  entre 2017 y 2018 por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“En los últimos años hemos experimentado un incremento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, reconoce Pemex en el documento de 2018.

Los datos muestran que, en los dos años bajo el mando de Treviño, el robo de combustibles no solamente creció, e incluso se empezó a contabilizar la pérdida en barriles. 

En 2018 el promedio diario fue de 55.9 mil barriles, muy por encima de los 32 mil barriles registrados en 2017. 

Las pérdidas no operativas derivadas del robo de combustible ascendieron a 22 mil 945.4 millones de pesos en 2017 y 39 mil 439.1 millones de pesos en 2018.

El huachicol también se reflejó en las tomas clandestinas. Antes de su gestión, el máximo histórico era de alrededor de seis mil casos anuales; en 2016 se detectaron y sellaron seis mil 873.

Un año después, ya con Treviño al frente, la cifra se disparó a 10 mil 316, y en 2018 alcanzó las 14 mil 910. 

“Lo que representa un aumento de 50.1%”, documentó la petrolera.

Pemex atribuyó el repunte tanto al aumento de la vigilancia como al incremento de los intentos criminales por desviar combustibles.

Sin embargo, fuentes cercanas a Proceso señalaron que, en esos años, uno de los hombres cercanos a Treviño, era Luis Alberto Martínez Bravo, exdiputado federal del Partido Verde, conocido como Lord Huachicol, quien se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Estrategia

Ante el incremento de robos en Pemex, se implementó una estrategia que incluyó medidas internas. 

En 2017 la empresa del Estado canceló contratos de franquicia a siete gasolineras en Puebla, bajo sospecha de irregularidades en la comercialización y con inconsistencias fiscales. 

Un año después las sanciones llegaron a ocho empleados de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Logística en Chihuahua, con la acusación de operar dispositivos tecnológicos para alterar las mediciones de llenado en autotanques y desviarse de las rutas establecidas.

“Tres de estos empleados fueron despedidos e inhabilitados por un año para ocupar cargos en el sector público, y cinco fueron suspendidos. Tres de los ocho presentaron recursos para impugnar las resoluciones; una fue declarada nula, y los fallos definitivos sobre las otras dos impugnaciones estaban pendientes”, reconoció la empresa.

El dedo de Emilio Lozoya

Carlos Treviño fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una etapa marcada por la implementación de la reforma energética. 

Su nombre reapareció tras ser señalado por su antecesor en la petrolera, Emilio Lozoya Austin, en una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su declaración, Lozoya acusó a más de una docena de exfuncionarios y legisladores de recibir sobornos para aprobar la reforma energética y favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. 

Entre los señalados figuraron el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los exsenadores panistas y gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés; y el propio expresidente Peña Nieto.

Treviño no fue el único que quedó vinculado a las acusaciones por corrupción y por el crecimiento del llamado huachicol durante el sexenio peñista.

También fue implicado Eduardo León Trauwitz, general responsable de combatir este delito desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. 

León Trauwitz, hoy radicado en Canadá y bajo proceso legal para su extradición, presentó durante su gestión documentos internos que buscaban posicionar a la petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. 

Incluso, en el libro blanco sobre la “Estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina a su cargo sostuvo que el incremento del huachicol entre 2016 y 2017 “estaba proyectado” y que posteriormente comenzaría a disminuir.

Carrera marcada por la alta administración

Treviño encabezó Pemex de 2017 a 2018, tras ocupar en 2016 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la empresa, donde tuvo bajo su mando la gestión de bienes, áreas técnicas, supervisión y manejo de recursos humanos. 

Antes de su regreso a la petrolera, fue director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2014 y 2016, y director general de Financiera Rural de 2012 a 2014.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como subsecretario de Egresos en 2012 y, anteriormente, como director general de Programación y Presupuesto de 2006 a 2010. 

Su paso por la administración pública también incluyó la Oficialía Mayor en la Secretaría de Economía (2005-2006) y en la Secretaría de Energía (2005), así como cargos en la Presidencia de la República, donde coordinó proyectos de planeación estratégica y competitividad en el sexenio de Vicente Fox.

En el sector privado trabajó en Estrategia Consulting Group (2003-2004) y en el sector académico colaboró durante siete años con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como profesor investigador y coordinador de proyectos.

Opacidad patrimonial

En su declaración patrimonial como servidor público, Treviño se negó a hacer públicos sus datos de bienes y posibles conflictos de interés. 

No obstante, el Registro Público de Comercio muestra que en 2002 constituyó en Nuevo León la empresa Visión y Lectura Digital, dedicada a servicios de asistencia técnica, ingeniería, supervisión, consultoría y desarrollo.

En 2019, ya fuera de Pemex, creó en Naucalpan la sociedad anónima de capital variable Capellia, cuyo objeto social es amplio, desde la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos, hasta la adquisición de patentes, marcas y derechos de propiedad industrial; la participación en otras empresas, la emisión y suscripción de títulos de crédito, y la posesión y explotación de bienes muebles e inmuebles.

La compañía también está facultada para otorgar avales, obligarse solidariamente por cuenta propia o de terceros, y celebrar todo tipo de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Eloxochitlán denuncia más de 200 órdenes de aprehensión contra su comunidad

La Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón y Mujeres Mazatecas por la Libertad exigieron a las autoridades de Oaxaca la prescripción de los delitos «confeccionados» en las más de 200 órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad. Señalaron que estas órdenes se basan en delitos que ya fueron prescritos o que han sido fabricados, y que forman parte de una persecución política que lleva más de una década.

Recordaron que las órdenes fueron activadas después de que la comunidad logró la liberación de sus presos políticos. También acusaron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca de ignorar antecedentes jurídicos al reasignar un expediente previamente resuelto por la Tercera Sala Penal a la Segunda Sala.

La comunidad responsabilizó al juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago Agustín, por desestimar siete resoluciones de instancias superiores en el caso de la profesora Olga Maribel. Además, criticaron al gobierno estatal por mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien identifican como parte de la estructura que sostiene la criminalización en su contra.

Exigieron a la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca que garantice la actuación conforme a derecho en el expediente 16/2016 y al gobernador Salomón Jara que ponga fin a la criminalización de la comunidad y deje de respaldar con recursos públicos a Elisa Zepeda, señalada como una de las responsables de la persecución política contra los defensores de Eloxochitlán.

COMUNICADO:

#COMUNICADODEPRENSA

🔥DESDE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.

🔥Lucha por la libertad de personas perseguidas con más de 200 órdenes de aprehensión.

‼️En Oaxaca no hay Estado de derecho, es la realidad que envuelve al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el reto que enfrentará el abogado mixteco #HugoAguilarOrtiz

‼️Más de 200 nuevas órdenes de aprehensión contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón fundadas en delitos prescritos y fabricados, y reactivadas después de ocho años, precisamente cuando la comunidad logró liberar a todos los presos políticos, evidencian la persecución política sostenida por más de una década contra personas defensoras de la autonomía, el territorio y el río Xanga Ndá Ge.

❓¿Qué nombre puede recibir la conducta de magistrados (as) del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca? Cuando violaron la norma de competencia por antecedentes y, en lugar de asignar el caso de las 200 órdenes a la Tercera Sala Penal -quien ya había resuelto un asunto del mismo expediente- lo asignaron a la Segunda Sala, con tal de “ignorar” los antecedentes vertidos en el expediente 81/2017 de la Tercera Sala, donde se declaró inexistente el delito de daño por incendio, se reclasificó a daño

con fuego, y se declaró prescrito.

❓¿Cómo se nombra la conducta que tuvo el juez de Huautla de Jiménez #ConstantinoSantiagoAgustín el pasado once de julio de 2025 al resolver el asunto de la profesora Olga Maribel e insistir en que los delitos están comprobados? Ignoró siete resoluciones judiciales de instancias superiores (amparos y apelaciones) además

de cuatro autos de libertad dictados en el mismo Juzgado local, los cuales, todos establecen la reclasificación del delito y la prescripción.

❗️Apartándose de juzgar con perspectiva intercultural, la cual le obliga a considerar el contexto y los antecedentes del asunto cuando se trata de una persona y comunidad originaria.

Tanto la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como el Juez de Huautla de Jiménez han actuado bajo consigna, corrupción y resolviendo de forma dogmática, es decir, con simples afirmaciones (dogmas) sin razonarlas ni

contrastarlas científica ni jurídicamente, con lo cual se prueba el uso abusivo y arbitrario del poder judicial en perjuicio de personas indígenas, entre ellas ocho mujeres, precisamente, en este año de la Mujer Indígena.

❗️El gobierno morenista de Salomón Jara Cruz permite el uso del Poder Judicial para criminalizar a la comunidad, provee recursos públicos a los caciques victimarios de la comunidad mazateca, lo hace al mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien le asigna los proyectos de “justicia indígena” en el Congreso. Cruel y absurda conducta del gobierno estatal, que se ha tardado más de diez años para poner fin a una criminalización que jamás debió darse. Lo cual refleja que es el propio Estado el persecutor y saqueador.

✅No obstante, con el derecho que todas las leyes mexicanas y oaxaqueñas le reconocen a la comunidad perseguida de Eloxochitlán, con la razón que múltiples sentencias, amparos y resoluciones de libertad han dado a las personas ex presas y perseguidas, con la dignidad que durante más de diez años se ha mostrado hasta

haber arrancado la última liberación sin aceptar las falsas acusaciones… es que se sigue y seguirá exigiendo a las y los funcionarios responsables de poner FIN a la persecución que cumplan.

🔎Su conducta debe ser objeto de observación y de responsabilidad nacional e internacional cada vez que incumplen con el bloque de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, es decir, cada vez que omiten juzgar a la luz de todos los derechos reconocidos en leyes nacionales e instrumentos internacionales.

Por lo anterior, exigimos:

A la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca: Garantice la conducta conforme a derecho de su juez local cuya consecuencia es el estudio y establecimiento de la prescripción de los delitos en el expediente 16/2016.

Al Juez de Huautla de Jiménez: Que dé la libertad y declare la prescripción de los delitos en los casos de #Adán, #Antonio y #Gaspar, los tres mazatecos que se presentarán en el Juzgado el 18 de agosto derivado de las 5 órdenes de aprehensión que pesan sobre cada uno dentro del expediente penal 16/2016.

Al Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla: reconozca desde la Fiscalía que los delitos están confeccionados, lo cual se advierte de un estudio de las pruebas testimoniales y periciales, así como de los documentos que obran en el expediente, y además están prescritos, en consecuencia, deje de sostener una falsa acusación contra las y los defensores mazatecos.

Al gobernador Salomón Jara Cruz: Le exigimos que deje de financiar a la victimaria Elisa Zepeda Lagunas con el recurso público del Estado de Oaxaca, a quien designó como diputada plurinominal (después de haberla designado

Secretaria de la Mujer de su Gabinete) y, desde sus obligaciones constitucionales, ponga FIN a la criminalización de más de una década contra Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Atentamente

Asamblea comunitaria en lucha por la libertad de Eloxochitlán de Flores Magón

Mujeres Mazatecas por la Libertad

📣📣¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini!

📸 @Paolina Orta @paolunaorta

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mario Delgado gastó 17 mdp en inmuebles en 2 años y omitió declarar ‘depa’ en Reforma: Latinus

Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, del 5 de noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2024, además de ex diputado federal y senador, compró un lujoso departamento ubicado en la avenida Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, mismo que omitió en su primera declaración patrimonial como funcionario federal.

“En ese mismo edificio, muy exclusivo por cierto, ya tenía otra propiedad a la que también le bajó el precio en su declaración patrimonial. En tiempo récord, el morenista ha comprado una serie de propiedades que no cuadran con sus ingresos en los distintos cargos que ha tenido”, comentó el periodista Claudio Ochoa Huerta, en su noticiero matutino, transmitido en el medio digital Latinus.

“¿Cómo lo ha hecho? Este reportaje que les vamos a presentar cuadra perfecto con lo que piden ahora en Morena. Si tienen, escóndanlo, dijo apenas Luisa María Alcalde [Luján], la líder nacional. Hay que hacer fifís de closet. Una vez más queda claro que los llamados de la presidenta a la austeridad y justicia medianía le entran por un oído y no salen por el otro. Este es un trabajo junto a mi compañero Alberto Valiente”, agregó el citado reportero.

“Mario Delgado ocultó una propiedad millonaria en su primera declaración patrimonial como funcionario del nuevo gobierno de México. De acuerdo con el registro público de la propiedad, Mario Delgado cuenta con al menos dos departamentos en el lujoso condominio Magno Reforma 222, en el mismo piso y casi de forma contigua. El más grande de ellos cuenta con 165.81 metros cuadrados y, según los registros, le costó 15 millones de pesos apenas en agosto pasado, es decir, a dos meses de asumir su nuevo cargo”, indicó, por su parte, Valiente.

“Sin embargo, en su declaración patrimonial, el secretario de Educación Pública sólo reportó la compra de un inmueble en el mismo periodo por un monto de 1.5 millones de pesos. Es decir, oculta el coste real de su nuevo departamento. Una búsqueda rápida sobre el valor promedio de este residencial arrojó que ningún inmueble con las mismas características tiene un precio menor a los 11 millones de pesos, lo que también coloca a su segunda propiedad con una alta plusvalía a un número de distancia”, destacó el reportero.

“Delgado Carrillo ya contaba con un departamento que, de acuerdo con el registro público, compró en 2015 por 4.8 millones de pesos, monto que también fue modificado en su declaración patrimonial al reportar un coste de cuatro punto tres millones de pesos”, reveló Valiente.

“Este departamento es más chico, cuenta con 119 metros cuadrados y comparte terraza con su otro inmueble. En el Registro Público [de la Propiedad] también consta que durante 2024, ese mismo agosto, Mario Delgado Carrillo adquirió una hipoteca por el departamento que compró en 2015 por un total de cuatro millones de pesos a un plazo de 15 años”, abundó el reportero.

“No obstante, el nuevo secretario de Educación Pública, apenas un mes después, es decir, en septiembre del año pasado, liquidó el total de su deuda. Y acuerdo con expertos consultados por Latinus Diario, este tipo de movimientos bancarios son sospechosos de ser operaciones utilizadas para lavado de dinero”, dijo Valiente.

“Mario Delgado, de acuerdo con su declaración patrimonial, cuenta con dos propiedades más compradas en 2023 y 2024 que en conjunto suman 4 millones de pesos. Además de haber sido funcionario del Gobierno capitalino, fue senador y más tarde diputado federal, para finalmente ostentar durante cuatro años la presidencia de su partido Morena”, precisó el reportero.

“De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí recibió un sueldo de 91 mil 38 pesos mensuales, es decir, un ingreso anual de 1 millón 92 mil, se traduce en que en los últimos 4 años, solo de salario, recibió casi cuatro millones y medio de pesos, que en conjunto con los 61 mil 600 mensuales que reporta por concepto de arrendamiento, no explica qué en solo 2 años gastó 17 millones de pesos en inmuebles”, finalizó Valiente.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que hubo un intento de soborno a funcionarios de Pemex para obtener contratos, pero no se llevaron a cabo. Por el caso se abrió una investigación en Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un caso que se investiga en Estados Unidos.
"Hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos", expresó Sheinbaum.
En conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal recodó que uno de los personajes señalados por la justicia estadounidense fue militante del Partido Acción Nacional (PAN).
"La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres", recalcó.


Esta semana se dio a conocer el caso de dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos (EU) de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

Lizárraga se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Campeche.


Además, las autoridades estadounidenses vincularon a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Carlos Treviño Medina, el último director de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto (EPN), fue detenido en Estados Unidos (EU) y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción, informó el pasado jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Treviño Medina fue director general de Petróleos Mexicanos de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Antes, se desempeñó como director corporativo de Administración de Pemex, entre febrero de 2016 y diciembre de 2017, y como director de Finanzas de Pemex de febrero de 2010 a enero de 2012.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"No hay desabasto de combustibles", aclara Sheinbaum; Pemex atiende afectaciones

Pemex anunció que implementó acciones como incorporar unidades de transporte adicionales ante los reportes de problemas de abasto de combustibles en la Ciudad de México y otras entidades del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes que haya desabasto de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, luego de que entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas reportaran algunos problemas de abasto de gasolina.
"No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustibles. Hay combustible, es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo", explicó la mandataria.
Desde su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se está resolviendo.

"Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos, entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo", explicó.
Ayer, Petróleos Mexicanos informó que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conturbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro.
"Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", explicó la petrolera.
Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.
El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer entonces por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU revoca visa a otra morenista: la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

Norma Alicia Bustamante y su esposo se suman a la lista de los funcionarios morenistas a los que el Gobierno de Estados Unidos les ha revocado la visa, lo que les impide entrar a la Unión Americana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) ha revocado la visa de la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado.

De acuerdo con información obtenida por el Semanario ZETA, el pasado viernes 8 de agosto, el esposo de la Edil, médico de profesión y actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), fue retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, y enviado a segunda revisión.

Ahora, la orden del Departamento de Estado para revocar la visa al doctor Guerrero Delgado se ha hecho extensiva para su esposa, la Alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, afirma el Semanario. Sin embargo, el retiro del documento a la funcionario morenista no ha podido concretarse porque ella no ha intentado cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

El medio recordó que el pasado 15 de mayo de 2025, la Presidenta Municipal bromeo con la polémica por el retiro de visas al afirmar que años atrás fue enviada a segunda revisión debido a que fue sorprendida comiéndose un tomate justo cuando entraba en el rango de inspección de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Apenas el pasado 5 de agosto, Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales en Sonora, también informó que su visa había sido cancelada por el Gobierno estadounidense.

Estamos en proceso de recuperar la visa: Marina del Pilar

Otra de las afectadas por el retiro de visas es la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien el pasado 10 de mayo confirmó que el Departamento de Estado de EU le había revocado el documento a ella y a su esposo, Carlos Torres Torre, calificando el asunto como un "asunto administrativo". Aunque el hecho generó controversia, la mandataria dejó claro que no necesitaba de visa para gobernar su estado.

Al respecto, ayer la Gobernadora afirmó que está en proceso de recuperar su visa y que mantiene comunicación y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, ante la alerta de viaje que ese país emitió para que sus ciudadanos no visiten el estado por la violencia que registra.

"Estamos en ese proceso, tratando de recuperarla", respondió la mandataria a pregunta expresa de medios de comunicación al salir del informe del Senador Gerardo Fernández Noroña; y agregó que continuará trabajando "siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ramírez Cuellar y Patricia Armendáriz critican excesos y abusos de Andy, Layda, Dato Protegido, Noroña…

Alfonso Ramírez Cuéllar y Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputados federales del grupo parlamentario de Morena, criticaron el 14 de agosto de 2025, lo que denominaron excesos. abusos de poder y presunción de corrupción de Andrés Manuel López Beltrán -de 38 años de edad, uno de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido-, de Layda Elena Sansores San Román -gobernadora de Campeche-, de Diana Karina Barreras Samaniego y de su esposo, Sergio Carlos Gutiérrez Luna -actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, de Alejandro Armenta Mier -gobernador de Puebla-, y, del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

“Eso del ‘dato protegido’, la ciudadana -Karla María Estrella Murrieta, usuaria de la red social X- que fue víctima de este atropello promovido por dos diputados federales desde la coalición de Morena. Totalmente vergonzoso lo que hicieron y todavía la complicidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF], pues es como un círculo perverso que es inaceptable porque estos son los elementos que nos indican que en cualquier momento la democracia y la libertad de expresión se pone en peligro”, dijo, en una entrevista, Ramírez Cuellar, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro.

“Y todos los que hemos sufrido la represión por ampliar las libertades tenemos que criticarlos aunque sean gente nuestra. Me parece una actitud totalmente abusiva. Son ciudadanos que tienen el derecho y además la obligación de criticar al poder. Nosotros llegamos a gobernar en una crítica muy fuerte hacia los arbitrarios, hacia los poderosos. El ciudadano no solamente tiene el derecho sino también la obligación de establecer mayor control sobre los que son electos. Tiene el derecho y la obligación”, insistió el diputado federal de Morena, quien también mencionó, de forma breve, los casos de Campeche y Puebla.

“Mira, yo creo que en Morena, el partido de Morena, hay del chile dulce y de manteca, o sea, habemos empresarios que estamos terminando nuestro ciclo de vida ya para servir al país a donde nuestro ingreso en realidad es deficitario como funcionarios públicos. En mi caso, por ejemplo, yo de lo que me dan, todavía tengo que meter más de lo que me pide el partido, por ejemplo, para ir a hacer trabajo de territorio. Y es el caso de muchas personas, eh, no sobresalgo yo nada más, donde estamos ya como que en el ciclo de vida final volviendo a dar servicio público. Y ese es mi caso”, indicó, por su parte, Armendáriz Guerra.

“O sea, en mi caso, yo me monté a la cuarta transformación, básicamente porque siempre he pensado que la distribución del ingreso en México es pésima y la oferta de Morena de mejorar la distribución del ingreso de primero los pobres, a mí me pareció una manera de dejar un legado, pues metiéndome a dedicar mi tiempo, mi talento, mi preparación a ello. Eso no quiere decir que todos los de Morena, porque estamos con los pobres, tengamos que vivir como pobres”, abundó la diputada federal.

“Tenemos dos ejemplos de muy pues muy fregados porque los dos presidentes que hemos tenido de Morena realmente son juaristas. Es decir, no vas a ver a Claudia Sheinbaum con una cartera de Dior, ni vas a ver a Claudia jamás viviendo en un Polanco, o sea, para nada, ¿no? Pero entonces a mí, que yo sí vivo en un lugar especial, que me gusta vivir bien, que tengo mis metas de confort para en esta época, lo que a mí me fascina es atender a mis nietos”, agregó la también empresaria.

“Es que no me alcanza. Si quisiera yo irme a un viaje con mis nietos para que se empapen un poco de cultura de México o se empapen un poco de cultura europea o etcétera que, ahorita, son mi pasión, mi modo, mi misión de vida, ahorita son mis nietos, ¿no? Entonces yo les doy, soy la Disneylandia, soy la abuela Disneylandia, entonces los llevo aquí, los llevo allá, los llevo acá, siempre con cierta manera, culturizarlos. Pero bueno, no me alcanzaría”, enfatizó Armendáriz Guerra.

“No, porque soy empresaria, todo lo sabe y está declarado en mis impuestos. Digo, está mi declaración anual, es muy transparente, ahí está todo mi patrimonio, ahí están mis ingresos anuales. A mí no me pueden venir a decir, ‘Oye, Patricia, ¿de dónde sacaste ese viaje con tus nietos?’, expresó la diputada federal.

“Lo que es criticable, sí, adelante, es personas que han tenido nada más ingresos de servicio público toda su vida y se dan lujos que ni siquiera yo me los doy como empresaria ya con un patrimonio, ¿me explico? Es criticable la corrupción y además más allá de dónde venga el dinero, es muy incongruente, ¿no? Porque también yo podía ser incongruente, ¿me explico? Decir, yo sigo con mis objetivos de aculturizar a mis nietos y si me tocó llevarlos a París, pues me fui a París y que no me siento mal de que lo estoy haciendo porque mi dinero es bien habido”, insistió la empresaria.

“Y sí, efectivamente, no estoy siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta que efectivamente pues jamás va a pensar en irse a llevar a París a sus nietos. O sea, la presidenta piensa llevarlos a Tenochtitlán, a ver la gran Tenochtitlán, a sus nietos y todos caben en el mismo movimiento”, reconoció Armendáriz Guerra.

“A mí no me ven mal, al contrario, porque ven cómo hago servicio social a la gente. O sea, tú me has visto, me viste en Shark Tank, que yo siempre voy hacia los más necesitados, a los más necesitados. Entonces, por ejemplo, la próxima semana me van a condecorar en el Senado por mi servicio público, ¿no? A pesar de que soy empresaria y voy con zapatos X, Y, Z. No me ven mal. Al que a quien nosotros veríamos mal y la verdad yo estoy muy decepcionada con esto que está pasando, es gente que no tiene razón para tener un patrimonio y que se va, perdón, el hijo del presidente, no tiene manera de comprobar esos ingresos”, precisó la diputada federal.

“No me alcanza […] Entonces, tomando como base esa justificación, pues por eso todas estas personas, ¿eh?, ¿de dónde sacan el dinero para que sí les alcance? Ese es el problema que le acabo de llamar corrupción, señor […] Si no les alcanza, ¿para qué se meten al servicio público? El gran problema de donde venimos, de donde venimos y que justamente por eso es que tan respetado le ha cobrado tanta fuerza el movimiento de Morena es que la gente entraba a la política para hacer dinero […] Para enriquecerse, y ese tipo de cosas que estamos viendo ahorita dentro del movimiento es total”, comentó la empresaria.

“Sí, eso es, eso es un punto, dependiendo del perfil. Es lo que yo decía, el secretario de Estado, a quien yo entrevistaba, que insisto, no voy a decir su nombre, todo el mundo también sabía que era un empresario exitosísimo y que toda la vida lo había sido y que había aceptado por X razones porque le pareció un reto interesante tomar las riendas de esa dependencia. Incluso en el movimiento que tiene como bandera la austeridad. Lo mismo que usted. Lo que no se vale es precisamente cuando a todas luces hay algo que no cuadra. Hay algo. Si tú me estás diciendo que toda la vida has sido servidor público, pues entonces no te alcanza para ese viaje. ¿Quién pompó?”, cuestionó Armendáriz Guerra.

“Exactamente. Además, te puedo decir, okay, listo, estoy de acuerdo con, por ejemplo, Noroña, ¿no? Pues uno ya tiene un salario igual al mío, ¿no? Mejor que el mío porque los senadores ganan más y estoy segura de que con ese dinerito Noroña puede tener una American Express, entrar a una VIP, este, vive solo, tiene una pareja, ya sus hijos no están y se puede ir a Roma, etcétera. ¿Me explico?”, detalló la empresaria.

“Sí, sí entiendo, pero una persona joven de como los que hemos visto que se va, y justamente al contrario, o sea, se van a despilfarrar, vamos, yo no gasto en un hotel de tantos miles diarios ahora. Y esto también cabe en todos los gobiernos y en todos los sexenios. Ha sido la crítica siempre, no importa de qué partido seas ni de qué partido ha llegado al poder […] Porque nosotros estamos diciendo que nosotros no somos así, que somos diferentes […] Ese es el gran problema. Lo hablemos claro”, finalizó la diputada federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Magistrado del TEPJF propone declarar nulidad de elección de ministros, por “acordeones”

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarar la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el uso sistemático de “acordeones”, considerado como propaganda prohibida

En un proyecto dado a conocer la noche del jueves 14 de agosto de 2025, el magistrado, señaló que quedó acreditado el uso sistemático y generalizado de “acordeones”, los cuales, según él, beneficiaron indebidamente ciertas candidaturas.

En el documento que debería ser discutido y votado por el Pleno de la Sala Superior del TEPJF, Rodríguez Mondragón indicó que lo anterior actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que regían la materia electoral.

“Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación [“acordeones”] que constituyeron propaganda electoral prohibida, lo cual benefició indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante en los resultados electorales”, planteó el magistrado.

Según el proyecto de Rodríguez Mondragón, el uso de “acordeones” estaba permitido, siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto, ante la complejidad de la elección judicial. Sin embargo, explicó que estaba prohibida la difusión y exposición de estos materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía.

El magistrado sostuvo en su propuesta que los “acordeones” existieron en el marco de la elección judicial y pruebas de ello eran la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para su distribución a nivel nacional, la cual fue revisada por la Sala Superior del TEPJF.

“Esto ya implica un acto de autoridad que reconoció, a partir de un análisis preliminar, que estos documentos se estaban circulando y distribuyendo”, advirtió Rodríguez Mondragón, quien agregó que también se registraron diversos procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización, en los que se investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones, aunque las candidaturas que aparecían en estos se deslindaron de su autorí, e hicieron referencia a otros para desmarcarse.

Además, según abundó el magistrado en el proyecto, se promovieron 156 medios de impugnación donde se hizo referencia de la existencia, circulación o distribución de estos documentos, en 23 entidades de la República.

Rodríguez Mondragón detalló que se contaron con pruebas físicas consistentes en 3 mil 188 acordeones impresos y 374 imágenes, videos, audios y enlaces a internet que condujeron a materia visual, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas.

Aunado a ello, según sostuvo el magistrado, existió una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales y las que ganaron u obtuvieron mayores votos, lo cual, expresó, también generó un indicio fuerte respecto a su grado de influencia.

“Esa situación ya acredita que hubo una estrategia organizada de distribución de acordeones que constituyeron propaganda electoral prohibida y, por lo tanto, implicó la existencia de un esquema de financiamiento prohibido que benefició a las candidaturas, quienes eran las únicas que podían emitir y pagar limitadamente por su propia propaganda, pues el propio diseño de la elección judicial prohíbe la injerencia de agentes políticos, públicos y sociales con la capacidad estructural de influir en la elección”, subrayó Rodríguez Mondragón.

Además de declarar la nulidad de la elección de ministros, el proyecto planteó revocar el acuerdo del Consejo General del INE y ordenarle al Senado de la República que convocara a la celebración de una elección extraordinaria de integrantes de la SCJN, así como a resolver la forma en la que debería integrarse y funcionar el máximo tribunal constitucional, en tanto se celebraban los nuevos comicios.

La propuesta del Rodríguez Mondragón, que vinculó al Congreso de la Unión y al INE, declaró también la existencia de una omisión legislativa en materia de regulación de la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, por lo que solicitó la expedición de la normativa que estimara pertinente, para garantizar que la elección extraordinaria de ministros, así como los subsecuentes procesos para la elección de personas juzgadoras cumplieran con los estándares democráticos y con los principios de certeza, legalidad e independencia.

El 13 de agosto de 2025, el bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitió, una vez más, impugnaciones presentadas por candidatos a las elecciones judiciales del pasado 1 de junio del mismo año, quienes denunciaron condiciones de inequidad, debido a que sus rivales fueron promovidos en los llamados “acordeones”.

Los tres magistrados del bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltaron en unos casos que los denunciantes no aportaron pruebas suficientes para anular los resultados de la elección, y se negaron a dar vista al INE para que realizara una investigación respecto a los “acordeones”.

La Sala Superior del TEPJF se dividió en torno a seis casos derivados de la elección judicial, en los cuales el bloque mayoritario evitó la anulación de algunas elecciones debido al reparto de “acordeones”. Los dos magistrados disidentes consideraron, por su parte, que existían las condiciones para al menos solicitar una investigación al INE.

“No hay elementos para determinar, como se propone en algunos casos, la nulidad de la elección”, refrendó Soto Fregoso, quien aseveró que “este Tribunal no es la autoridad investigadora y en este sentido no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados.”

En el mismo tono, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera sostuvo que “el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, y aseveró que los temas partieron de una “supuesta distribución masiva de acordeones”, pero, según él, no demostraron “la existencia de los hechos demostrados”.

Por su parte, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis consideró que resultaría difícil para un candidato investigar el origen de los acordeones y demostrar la incidencia que tuvieron en los resultados de la elección, por lo que planteó dar vista al Instituto Nacional Electoral, para investigar “una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de gastos de campaña, para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”.

“Hay muchos casos en los que las pruebas no traen ni meros indicios o algunos que ni siquiera por sí mismos generan convicción respecto a lo que se pretende probar, y ahí es cuando no estaríamos ni dando vista al INE ni nada, son indicios que realmente no son ni siquiera mínimos para generar una investigación que vaya más allá, porque no nos están aportando ninguna prueba”, dijo la presidenta del TEPJF.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

México está anunciando que violará los derechos de Treviño si es deportado: Abogado

Establece la defensa que una solicitud de asilo haría a Treviño "indeportable" y si se hace, EU estaría "traicionando" su estado de derecho, leyes y Constitución.

Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), detenido en Estados Unidos, aseveró que, de concretarse su deportación, “México está anunciando que violará” sus derechos, al no seguir el debido proceso, que sería solicitar la extradición.

Según explicó su representante legal en México, la deportación del exfuncionario sería ilegal, ya que, si el gobierno mexicano quiere traerlo al país, “tendría que hacerlos por los medios constitucionales y establecidos”: basándose en el Tratado de Extradición.
Estamos en una situación en la que, si se quisieran respetar sus derechos, se solicitaría una extradición con las reglas que esto conlleva.
En tanto, añade Zamudio que se trata de una retención más que de una detención, ya que es relacionada a un tema migratorio, con el ICE (Servicio de Control de Inmigración de Aduanas), siendo el ente encargado de su resguardo.

En este sentido, agregó que pese a estar retenido, “no hay situación migratoria irregular” en el caso de Treviño, quien luego de irse a Estados Unidos para evitar la “persecución ilegal de la que es parte” en México, solicitó formalmente asilo.
Vimos (que) iban a violar sus garantías individuales.
“Está legalmente allá […] nunca se ha escondido”, afirmó su abogado, quien agregó que su cliente ha estado “siempre” en comunicación con el gobierno estadounidense para atender el tema de su solicitud.

Partiendo de lo anterior, establece la defensa que la solicitud de asilo haría a Treviño “indeportable” y si se hace, EU estaría “traicionando” su estado de derecho, leyes y Constitución.

“Lo que dice México entre líneas (al buscar la deportación y no pedir extradición) es que espera que Estados Unidos le haga el trabajo sucio a México de traer a una personas sin las garantías suficientes”. 

No nos da miedo que sea procesado en México

El litigante continuó negando que exista miedo de parte de Treviño o su defensa, ante la posibilidad de que sea procesado, recordando que la ficha roja de Interpol que se había emitido a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) fue cancelada en 2023.

De la misma manera, recordó que en su momento la orden de aprehensión por asociación delictuosa en su contra fue negada y, aunque se pidió otra después, por uso de recursos de procedencia ilícita, el Tratado de Extradición exige que se respete esta circunstancia y únicamente podría ser procesado por este segundo cargo, y ningún otro.

Lo anterior es especialmente relevante ya que, según la información compartida ayer tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum y la FGR en torno a la detención y deportación, destaca que sería enjuiciado por ambos cargos relacionados al caso de Odebrecht y Emilio Lozoya Austin , también exdirector de Pemex.

“Quien crea que Lozoya le dio dinero lleva dormido 5 años […] su denuncia es falsa, él anunció que no tiene validez porque la rindió sin un defensor”.
Él fue coaccionado y él mismo lo ha dicho
Explicó además Zamudio que, el defensor de Lozoya en ese momento, manifestó que como no se habían cumplido “el mal llamado criterio de oportunidad, esa denuncia es inutilizable”.

No obstante, confirmó que la orden de aprehensión en contra de su cliente por la recepción de recursos ilícitos sigue vigente pese a los amparos y recursos legales que han presentado.

“Se ha tardado de manera inexplicable en resolverlo, sigue ahí, incluso celebrada la audiencia institucional (donde) se declaró incompetente”.
No se ha resuelto.
Nada es casualidad

Al ser preguntado por la periodista Carmen Aristegui sobre si considera que la intención de deportar a su cliente tiene relación con los 26 presos enviados a Estados Unidos, en una especie de “intercambio” como algunos sugieren, Zamudio respondió:
Puede ser, nada es casualidad (pero) no lo vuelve legal […] no existe un sustento, son dichos.
Con esto, no ahondó en detalles, pero igualmente descartó que se pueda utilizar un criterio de “seguridad nacional” para no seguir los procesos de extradición y aún así enviar a las personas, como se manejó para la entrega de los 26 presos.

“Carlos Treviño no representa un riesgo para la seguridad nacional”, aseveró, al tiempo que destacó que, “si se normaliza” este tipo de estrategia, “eso si es un riesgo para la seguridad nacional”.

ENTREVISTA:


Ayer, el bufete Zamudio Abogados detalló en un comunicado que es falso que detuvieran a Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas por una orden de aprehensión.

COMUNICADO:

Tenemos conocimiento de que el señor Treviño está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio pues él se encuentra legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es inextraditable.

Es preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición, porque una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional y otra que, México solicite la remisión de ciudadanos a quienes se les presume inocentes.

Debe recordarse que respecto de Carlos Treviño no hay ficha roja porque en Estados Unidos se consideró que toda la investigación en México es una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y el debido proceso. Es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia.

Como defensa, condenamos las relaciones transaccionales de seres humanos como moneda de cambio en una relación bilateral, haciendo a un lado los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Si en México requieren a Carlos Treviño por los dichos falsos de Emilio Lozoya, deben solicitar su extradición, pero estamos seguros que esta sería negada porque esa denuncia falsa no podría resistir la mínima revisión de un Juez de Estados Unidos.

La presidenta ha recibido información imprecisa e incompleta, en mi opinión. Al grado que la confusión que llevó a la actual retención de Carlos no fue ayer, sino antier.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 70 mil elementos de seguridad pública sin certificar en todo el país

En México, más de 70 mil policías carecen de la certificación obligatoria para desempeñar sus funciones, lo que pone en duda su preparación y genera desconfianza ciudadana. El problema se concentra en la CDMX y el Estado de México, y se agrava por bajos salarios, falta de capacitación e incluso casos de infiltración del crimen organizado, lo que debilita la capacidad de respuesta y la seguridad pública en varias regiones del país.

¿La policía en México es confiable? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del mes de junio, en México laboran 415 mil 943 personas en la procuración de justicia, entre elementos de la policía estatal municipal, fiscalías estatales, guardia nacional y la fiscalía general de la república.

Sin embargo, 70 mil 106 carecen de la certificación Única Policial, lo que representa un 17 por ciento de todos los elementos con los que cuenta la sociedad mexicana para la procuración de justicia, según una revisión realizada por EMEEQUIS.

El mayor número de elementos que carecen con esta certificación son 31 mil 101 elementos de la Guardia Nacional, seguidos de los 23 mil 447 elementos municipales distribuidos en todo el país.

A nivel de entidad, el mayor número de elementos sin certificar se encuentran laborando en la Ciudad de México, seguido del Estado de México.

LOS POCO CONFIABLES POLICÍAS DE MÉXICO

México ha tenido, durante años, problemas con la integración de elementos de la policía al crimen organizado, lo que ha generado acciones drásticas en gobiernos federales y locales para depurar los mandos de seguridad. Sin embargo, desde la declaración de la Guerra contra el Narco del presidente Felipe Calderón, a la implementación de la Guardia Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el problema ha persistido.

El 26 de marzo de 2019 se oficializó la creación de la Guardia Nacional, para realizar labores de seguridad ante la desconfianza del gobierno hacia los policías locales. En septiembre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador habló de la falta de confianza hacia las fuerzas locales: “Desgraciadamente, también las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las policías municipales y estatales”.

Sin embargo, después de un sexenio, y con varios grupos del crimen organizado matanzas en estados como Sinaloa y Guanajuato, la desconfianza continúa. Por ejemplo, en Celaya, el gobierno local despidió en 2024 a 340 de sus más de 600 policías. El problema de este municipio ha sido la integración de los policías a la nómina del narco, como así lo señaló un reciente reportaje de Los Ángeles Times.

No es el único caso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido dados de baja cerca de 400 elementos en dos administraciones municipales. En Tlalnepantla también han ocurrido estas purgas, con 50 policías dados de baja durante 2025. En Ecatepec la historia no es diferente, con 415 policías dados de baja, según informó el municipio mexiquense en julio de 2025.

Los problemas no sólo recaen en la confianza que los uniformados tienen para ejercer sus labores de seguridad, sino también para la protección de la fauna y el medio ambiente. Un estudio de Frontiers in Conservation Science revela que las policías, primera línea contra el tráfico de vida silvestre, carecen de capacitación, conocimiento científico y coordinación para enfrentar este delito.

Parte del problema son los sueldos de los policías. El propio Secretariado señala que el 96.5% de los policías se encuentran en la escala salarial más baja, que es la que corresponde a la estructura jerárquica básica, y sólo el 3.5% tiene acceso a los sueldos más altos asociados a la escala de mandos medios y superiores.

El sueldo promedio de un policía es de 10 mil 434 pesos, y el de comisario, uno de los rangos más altos, alcanza los 49 mil 964 pesos. En la región sureste del país los sueldos pueden llegar a los 7 mil 938 pesos en promedio.

LOS POLICÍAS EN ALIANZA CON EL NARCO

En los últimos años, México ha enfrentado casos impactantes de policías aliados con cárteles del narcotráfico, aprovechando su posición para facilitar actividades ilícitas.

Uno de los ejemplos más notorios es el de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, inicialmente un alto mando en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en 2019 fue arrestado en Estados Unidos acusado de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Su juicio en 2023 reveló que recibió pagos para proteger cargamentos de cocaína y compartir información estratégica con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico y conspiración, evidenciando la profundidad de la corrupción en las instituciones mexicanas.

Otro caso relevante es el de Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal y mano derecha de García Luna. Desde 2010, su nombre ha estado vinculado al narcotráfico, aunque su detención en 2021 se dio inicialmente por cargos de tortura relacionados con un caso de secuestro. La periodista Anabel Hernández lo señaló como parte de una red de “narcopolicías” que colaboraban con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

En un caso más reciente, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, fue sentenciado en 2024 a 10 años de prisión por extorsión, un delito vinculado a su colaboración con La Familia Michoacana.

Detenido durante la Operación “Enjambre” en 2024, Cruz Solano usó su posición para extorsionar a comerciantes locales, demostrando cómo incluso funcionarios policiales de nivel municipal pueden convertirse en operadores de grupos criminales. Este caso, reportado en agosto de 2025, resalta la continuidad de la colusión entre policías y cárteles en contextos locales.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.