Entre consignas como “fuera Sheinbaum” y “revocación”, los manifestantes exigieron detener la construcción del acueducto, al considerar que afectará el abasto de agua en la región sur de Guanajuato.

El rechazo, que inició con los productores agrícolas de Acámbaro, se ha extendido a municipios como Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra, Villagrán y Cortazar, también beneficiarios del riego proveniente de la presa Solís.

Habitantes del sureste de Guanajuato reclamaron que las autoridades estatales y federales mantienen en el olvido a esta región del estado, mientras impulsan proyectos que, afirman, ponen en riesgo su acceso al agua.

“Se acuerdan de esta zona de Guanajuato sólo para querer saquear; qué desgracia", afirmó Amadeo Hernández, líder nacional de la Central Campesina Independiente, durante la protesta realizada el domingo 9 de noviembre en Acámbaro.

A la manifestación acudieron alrededor de 3 mil personas, quienes recorrieron las principales calles del municipio con pancartas que incluían mensajes como: “El agua no tiene partido, tiene dueño: el pueblo", “No somos políticos, somos pueblo, y el pueblo manda”,“Claudia, escucha, estamos en la lucha”.

Los participantes advirtieron que Acámbaro y los municipios vecinos están unidos para defender el agua de la presa Solís, ante la intención del gobierno federal de construir el acueducto Solís–León para abastecer a los municipios del corredor industrial.

Productores del suroeste del estado acusaron que el convenio de tecnificación del campo iniciará por las hectáreas agrícolas de Irapuato, y no de Acámbaro, pese a que de este último saldría el agua destinada al corredor industrial.

También señalaron que, según los planes oficiales, el acueducto estaría terminado en 2028, mientras que la tecnificación concluiría hasta 2029, es decir, el agua empezaría a enviarse antes de concluir el sistema de riego por goteo, lo que consideran un riesgo para la producción agrícola local.

Voz de la Iglesia

Además del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien pidió detener las obras e instalar mesas de trabajo con participación efectiva de las comunidades, otro sacerdote generó controversia: Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas.

Durante una misa en Chucándiro, Michoacán, el 2 de noviembre, el sacerdote expresó su rechazo al proyecto y lanzó fuertes críticas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sus palabras fueron condenadas por la mandataria, aunque anunció que no presentará denuncia.

"Con la presa de Solís le damos de tragar a todo pinche México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insisten nos levantamos. Yo le voy a partir su madre a ella porque es la culpable de matarnos de hambre a todos", afirmó el llamado Padre Pistolas.

En un segundo video difundido posteriormente, Gallegos insistió en que el acueducto no es viable y advirtió que, si el proyecto avanza, podría proliferar la extracción ilegal de agua, comparándola con el “huachicol” de combustibles.

“León y Celaya tienen mucha industria; resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros. Si quieren, denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas”, afirmó.

En su comunicado, el obispo Raúl Vera pidió frenar las obras y abrir espacios de deliberación real con las comunidades:

“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”.

El obispo señaló que un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin una consulta popular que garantice la participación directa de los habitantes afectados.

Origen del proyecto

El agua para abastecer León ha sido un tema desde hace más de 20 años, ante los problemas hídricos que enfrenta el municipio que concentra más del 30% de la población total del estado.

Luego de dos décadas en que los gobiernos panistas del estado habían reclamado a la Federación soluciones a los problemas de abasto de agua, la inclusión de Guanajuato en el Plan Nacional Hídrico del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue celebrada por la gobernadora García Muñoz Ledo.

Desde 2005, con la construcción de la presa El Zapotillo, se había prometido llevar agua a León, pero las obras se suspendieron en 2014 tras la defensa del territorio encabezada por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se alcanzó un acuerdo que excluyó a León del beneficio del proyecto.

Con el inicio del nuevo gobierno federal y una renovada relación con el estado, se anunciaron inversiones multimillonarias que impactarán directamente a los productores agrícolas del sur de Guanajuato.

Los proyectos hídricos contemplan una inversión de 21 mil 400 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se destinarán a la construcción del acueducto Solís-León y 6 mil 400 millones a la tecnificación del campo. La Federación aportará 12 mil 500 millones (7 mil 500 millones para el acueducto y 5 mil millones para la tecnificación), mientras que el resto correrá a cargo del gobierno del estado y los municipios beneficiados.

Durante su visita a Irapuato el 1 de marzo pasado, Sheinbaum destacó los avances de Guanajuato en materia de modernización agrícola:

“La verdad, en Guanajuato ha sido ejemplar el trabajo que se ha venido haciendo para tecnificar el riego agrícola y llevar el agua a los distintos municipios donde hace falta”, dijo la presidenta, al presentar los proyectos del acueducto Solís-León y del tren de pasajeros que pasará por varios municipios del estado.

La gobernadora insistió en que el agua proveniente de la presa Solís no se destinará a la industria, sino exclusivamente al abasto doméstico de los municipios del corredor industrial.

Con la tecnificación del campo se podrían generar ahorros de hasta 300 millones de metros cúbicos, y sólo 120 millones están comprometidos para estos cinco municipios, dijo García Muñoz Ledo en su programa semanal Conectado con la gente, que dedicó a hablar de los alcances del proyecto.

“A todas esas personas que hoy dicen no al acueducto, es necesario que sepan, que conozcan el proyecto y resuelvan sus dudas”, añadió.

La intervención se realizó tras denuncias anónimas sobre obras que invadían parte del embalse. Inspectores de la Profepa confirmaron que alrededor de 585 metros cuadrados habían sido modificados, utilizando material extraído del lecho de la laguna para construir un terraplén o relleno.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, cualquier obra dentro de cuerpos de agua de competencia federal requiere autorización o exención por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al no contar con el permiso correspondiente, la Profepa aplicó la clausura total temporal, que impide realizar cualquier actividad distinta a la conservación y protección del hábitat.

La Laguna de Tecocomulco, designada en 2003 como sitio Ramsar número 1322, es el último remanente del antiguo sistema lacustre de los lagos de Anáhuac. Con 1,769 hectáreas de extensión, ubicada entre los municipios de Cuautepec, Tepeapulco y Apan, cumple funciones clave como vaso regulador, zona de recarga de acuíferos y refugio de una amplia diversidad biológica.

La Profepa reiteró que mantendrá la vigilancia en la zona para proteger estos ecosistemas de alto valor ambiental y asegurar que todas las actividades cumplan con la normatividad vigente en México.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.

La Oficina de Representación se ubica en la calle Victoria No. 360, colonia Centro, en el municipio de Colima, Colima, es decir a 55 kilómetros del municipio de Armería al centro de la ciudad, aproximadamente, lo que equivale a dos horas de traslado por auto de un punto a otro.

La Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) estuvo a disposición de la población en la Oficina de Representación de la Semarnat Colima del 10 de septiembre al 8 de octubre, según lo que informó la dependencia en la Gaceta Ecológica.

Ante las irregularidades observadas en el proceso de Consulta Pública, comunidades, colectivos y organizaciones denunciaron públicamente que el procedimiento excluyó a miles de personas que, de aprobarse este proyecto, serán directamente afectadas, como pescadores, salineros, agricultores y habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán.

Comunidades y colectivos señalan preocupación por el Nuevo Puerto

“Denunciamos que dicha consulta ha sido excluyente, irregular y carente de transparencia, configurando una simulación de participación ciudadana que vulnera los derechos ambientales y sociales de la población de Manzanillo y de las comunidades aledañas a la laguna de Cuyutlán”, dijeron en su comunicado.

Cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en el municipio de Armería, Colima, habitan 27 mil 626 personas, según datos del 2020.

De acuerdo con la plataforma Data México del Gobierno de México, en el municipio de Armería, Colima, 32.2 % de las viviendas tiene acceso a internet. Para hacer uso de este servicio de conectividad sólo el 19.7 % de las viviendas tiene una computadora, mientras que el 87 % cuenta con un celular.

Poca conectividad y fallas en la plataforma

Organizaciones, colectivos y especialistas denunciaron que el proceso de consulta pública fue discriminatorio, irregular y excluyente al llevarse a cabo, únicamente, en línea en la plataforma digital de la Semarnat.

Las comunidades denuncian que el formato impidió la participación de una gran parte de la población que será directamente afectada. Grupos sociales, como personas adultas mayores, pescadores, salineros y agricultores de la región no cuentan, mayoritariamente, con acceso a internet, equipo de cómputo, ni conocimientos técnicos suficientes para registrarse y subir sus comentarios, dejándolos fuera del proceso.

Evidenciaron que en múltiples ocasiones no se les permitió subir comentarios ni registrar observaciones, arrojando mensajes de error que impiden concluir el procedimiento o perdiendo el avance y se debe comenzar de nuevo.

Además, la plataforma limitó el tamaño de los archivos por lo que no fue posible adjuntar todo lo que se requiere, teniendo que comprimir documentos y dificultando más la participación de las personas.

“Esto vulnera el principio básico de una consulta pública efectiva, pues los mecanismos técnicos fallidos imposibilitan la participación ciudadana y la transparencia del proceso.

Aunado a ello, las reuniones de trabajo de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial que se realizan en el estado, como el del municipio de Manzanillo, se han llevado a cabo de manera atropellada y descoordinada; además, realizándose con poca transparencia y traslapándose fechas y sedes e impidiendo que la ciudadanía y las organizaciones puedan asistir o participar de forma informada”, denunció la colectividad de Salvemos Cuyutlán.

Tradición salinera en riesgo por Nuevo Puerto

Animal Político señaló en esta nota que en la MIA del proyecto de ampliación al Puerto Manzanillo se identificaron impactos de magnitud alta, como modificación del fondo lagunar, pérdida de cobertura vegetal y transformación del paisaje.

Ante las irregularidades, comunidades y organizaciones denunciaron que ninguna autoridad ha brindado información clara ni se ha hecho responsable de explicar a la sociedad los impactos acumulativos y las consecuencias de esta nueva ampliación del puerto.

“Recordamos que tras la primera expansión portuaria, Manzanillo y sus alrededores enfrentan una crisis ambiental y social severa que no ha sido atendida. Persisten la falta de agua, la carencia de servicios médicos y saneamiento, la contaminación atmosférica y marina, la deficiente gestión de aguas negras y residuos, el colapso vial causado por el tráfico de tráileres, el despojo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad y la prohibición de acceso a pescadores a la laguna de San Pedrito, entre otras. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidades ni ha implementado las medidas de mitigación prometidas en la primera fase de expansión”, manifestaron.

Comunidades denuncian irregularidades

Comunidades, activistas y organizaciones señalaron cuáles son las graves irregularidades que este puerto presenta, y que deben ser revisadas antes de cualquier autorización.

Una de ellas es que, las obras de dragado comenzaron de forma irregular en enero del presente 2025 y que fue anunciado en la página oficial del Gobierno de México el 22 de enero del mismo año.

“Este hecho demuestra que se iniciaron trabajos sin que existiera una autorización en materia de impacto ambiental y mucho menos una consulta pública, lo cual contraviene la legislación vigente. Hasta el momento no hay intervenciones por parte de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente])”, señalaron.

Otra de las anomalías que encontraron es la fragmentación artificial del proyecto, es decir, la ASIPONA está tramitando distintas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) como si se tratara de obras independientes.

Un ejemplo es el proyecto que recientemente se aprobó respecto al muro perimetral del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, que tiene su propia MIA, a pesar de que forma parte integral de la expansión portuaria.

“Esta estrategia busca disfrazar la magnitud real del impacto ambiental acumulado y evadir la evaluación integral del conjunto de obras relacionadas con el puerto. En la reunión pública informativa, los técnicos argumentaron que este manifiesto de impacto ambiental sólo incluía la construcción del puerto, no su operación, dejando fuera la mayoría de los impactos”, advirtieron.

Ante estos y otros señalamientos que hacen activistas y comunidades de Salvemos Cuyutlán, exigen el cese inmediato del proceso de expansión del Puerto de Manzanillo hasta que la sociedad civil cuente con información completa, accesible y verificada, y pueda participar en un proceso de consulta pública presencial, incluyente y transparente.

“Exigimos NO APROBAR este proyecto hasta que no se solucionen los problemas socioambientales del puerto ya existente, hasta que se cuente con la infraestructura y servicios para poder recibir la expansión, hasta que se modifique su diseño a modo que sea realmente sustentable y seguro”, suscribieron.

Finalmente, las comunidades que resultarán afectadas exigen a la Semarnat hacer público el contenido de todas las observaciones y propuestas recibidas a través de su portal como resultado de esta consulta pública.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

En la conferencia matutina del 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informaron que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.

Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice, advirtieron que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, repitiendo el modelo de hace poco más de dos décadas, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto.

Terra Vida advirtió que el anuncio del secretario de Marina implica poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles, como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente el arrecife La Gallega.

También se verían afectados ecosistemas terrestres, manglares y en general la biodiversidad marina; asimismo, preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.

La Semar y el Gobierno de México planean ampliar seis puertos para contar con un Sistema Portuario Nacional al término de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inversión pública será de 55 mil 179 millones de pesos y la privada de 241 mil 51 mdp. El puerto de Veracruz tendrá una inversión pública de 10 mil 202 millones de pesos y privada de 10 mil 443 millones de pesos para 13 construcciones diferentes contempladas en el proyecto.

Dos décadas después de un juicio de amparo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proviene de la demanda que interpusieron ciudadanas veracruzanas al promover un juicio de amparo, argumentando contar con un interés legítimo colectivo. Reclamaron que se vulneró su derecho humano a un medio ambiente sano.

La violación a ese derecho ocurrió cuando las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz conforme a la mejor información científica disponible, ni verificaron si lo dicho por la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz en diversas manifestaciones de impacto ambiental era suficiente, veraz y completo.

Cuando las autoridades responsables omiten aplicar el estándar más alto de protección del derecho humano al que se refieren, incumplen con su obligación de conservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de la organización Territorios Diversos para la Vida y defensor de la naturaleza y los derechos humanos, señaló que la ampliación del puerto de Veracruz es una batalla muy antigua.

“Empezamos un litigio en contra de la ampliación en 2016. Ese litigio se presentó por dos razones que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. La primera violación a este derecho fundamental es porque el proyecto fue dividido en varios pedazos que presentaron a la autoridad ambiental”, recordó en entrevista con Animal Político.

Cada parte fue presentada como un proyecto a la autoridad ambiental, mismo que así evaluaron. De esta manera, se obtuvieron, aproximadamente, entre 14 y 16 diseños diferentes, como un libramiento ferroviario, un libramiento vehicular, la zona logística, entre otros planes que la autoridad paraestatal fue presentando desde 2014.

“Hay autorizaciones de 2004 a 2016 que estuvieron haciendo esta labor de fragmentación. Eso es una violación artera al derecho humano a un medio ambiente sano porque una de las formas en que se garantiza ese derecho es vía la Evaluación de Impacto Ambiental. [Esto] hace que puedas medir el riesgo y que la autoridad ambiental pueda tomar una mejor decisión de si el proyecto es viable o no, pero para eso necesita tener todas las partes”, añadió el defensor.

Martínez Esponda también enfatizó en que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, debe tener todas las partes de un megaproyecto para saber cómo interactúa con otros proyectos y obras que haya en lo que denomina el Sistema Ambiental Regional.

“No es cualquier cosa y es una práctica en el mundo de la Evaluación de Impacto Ambiental, el fragmentar los proyectos. Desde que soy abogado, esto pasa”, enfatizó.

La segunda razón por la que desde Territorios para la Vida iniciaron este litigio se debe a que para evaluar los impactos que traerá un megaproyecto se debe hacer uso de la mejor ciencia disponible y hacer un trabajo serio y profundo.

“Eso, los promoventes de los proyectos saben que es riesgoso porque poner toda la información hace que se invisibilicen los proyectos y sean evaluados como debe de ser y por tanto, tengan mayores razones para no ser aprobados”, explicó.

“Omiten” la presencia de un arrecife sumergido

En el caso del puerto de Veracruz, abogados y especialistas en biodiversidad y vida marina pudieron probar que en la Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” omitieron incluir un arrecife sumergido que está en la boca del nuevo puerto, a 18 metros de profundidad.

“Lo bautizamos como La Loma. Y justo se levantaba una pregunta importante que es: ¿Si el estudio ambiental fue hecho con seriedad y a conciencia, cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde, además, van a pasar los barcos? Entonces, eso no era creíble. Ese litigio terminó en 2022 en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos dieron la razón”, agregó el abogado.

La Corte determinó en su momento que eran inconstitucionales las autorizaciones que la Semarnat había otorgado, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y de su delegación federal en Veracruz, para ejecutar el proyecto de ampliación portuario.

La resolución se debe a que las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.

En consecuencia, señaló Terra Vida, la Corte ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.

La organización resaltó que la fragmentación de la evaluación ambiental es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano ya que impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.

La falta de información y, por tanto, de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Ante dichas omisiones defensores y defensoras en Veracruz, junto con Terra Vida, llaman a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y a la Semar a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Corte.

“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”, subrayan.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.