Además, explicó que esta decisión refleja su compromiso con la responsabilidad social, ambiental y empresarial, pero también con el desarrollo económico sostenible de la isla de Cozumel y el estado de Quintana Roo.

José Urbina, buzo profesional de cuevas en la entidad, dijo en entrevista para Animal Político que el comunicado de la empresa es en realidad sólo una pausa con pretensiones de continuar con la construcción de este proyecto.

“No es una victoria ambientalista. Una victoria ambientalista sería que esta gente entendiera qué es lo que está mal y qué es lo que se protege pero no lo entienden. No lo quieren entender y no les importa, esto es un aliciente para la comunidad de Cozumel que protege el arrecife porque sabemos que, finalmente, los políticos tuvieron capital entre la población que está decidida a proteger su hogar y están escuchando”, añadió.

Urbina resaltó que, espera que esta pausa represente la cancelación del cuarto muelle o cualquier otro proyecto similar en la Península de Yucatán y todo México.

Cuarto muelle continúa en revisión

Animal Político consultó al área de comunicación social de la Semarnat sobre el comunicado que emitió la empresa Muelles del Caribe S. A. de C.V. con la suspensión temporal de la obra.

La secretaría señaló que el proyecto del cuarto muelle de Cozumel continúa en revisión de la resolución dictada en materia de impacto ambiental, emitida el 7 de diciembre de 2021, luego de una impugnación recibida por parte de habitantes de la isla.

La admisión del recurso de revisión se dio el pasado 13 de junio, cuando la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión en el que habitantes de la isla cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21, mediante el cual se autorizó dicho proyecto.

La autorización, según señala el resolutivo de 2021, se da en materia de Impacto Ambiental del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero” emitido en referencia a los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del proyecto, así como del impacto ambiental derivado del cambio de uso de suelo en una superficie de 1.1 ha de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, con pretendida ubicación en el municipio de Cozumel, Quintana Roo.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, bajo el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto es “ambientalmente viable”, por lo que resolvió “Autorizarlo de manera Condicionada”.

Dicha autorización del proyecto, en su momento, dictó una vigencia de 30 meses para llevar a cabo las obras y actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto. De la misma manera, este tendría una vigencia de 30 años, tiempo destinado para su operación y mantenimiento.

Sin embargo, la vigencia estará condicionada a la construcción del proyecto. El primer plazo comenzará a partir del día siguiente de que sea recibida la presente resolución; mientras que el tiempo de operación y mantenimiento iniciará al término del primero.

Sobre la revisión que hará la Semarnat a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Cuarto Muelle, Pepe Urbina dijo que desde la sociedad civil esperan que la dependencia retome un camino en el que se le dé prioridad absoluta al medio ambiente.

“Esperemos que vean que esta manifestación fue erróneamente autorizada, que no respetaba la realidad del arrecife en la zona y que se tiene que revocar y proteger (…) No se trata de defender solo el Arrecife de Villa Blanca, todo está conectado y lo que sucede en [él] tiene impacto en otras zonas del arrecife del Parque Nacional, lo que sucede dentro del manglar. Todo está conectado”, reiteró.

Muelles en Cozumel no traen derrama económica

La organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC A.C.) fue quien interpuso el recurso de revisión en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”.

Guadalupe Martín, presidenta de la asociación civil CIMAC en Cozumel cuenta con 20 años de trabajo, es bióloga y descendiente de los fundadores de la isla, habló de los proyectos que amenazan a la isla como es el Cuarto Muelle, un club de playa, entre otros.

Advirtió que estas estructuras rompen con la fisionomía natural y generan un impacto ecológico y social. Además, resaltó que, como isla, no tienen la facilidad de moverse al depender del cruce de un ferry que abre a las 7:00 de la mañana y cierra a las 10:00 de la noche.

En entrevista para Animal Político, Guadalupe Martín explicó que en Cozumel tienen tres muelles que, desde su construcción, han golpeado a los arrecifes en la isla. Dos de ellos se encuentran al sur, cerca de lo que hoy es Parque Marino y para su existencia se destruyó parte del arrecife paraíso que colindaba con la unión de una conexión directa con el arrecife Villa Blanca.

“El arrecife Villa Blanca era uno pero por el llamado ‘desarrollo’ mataron a un arrecife. Lo que queda del arrecife es un pequeño espacio que dejaron que hoy llamamos ‘Paraíso’ y todo lo demás lo mataron por construir esos muelles internacionales que no traen la derrama económica para el cozumeleño como se dice que traen”, denunció.

Martín señala que la ocupación de los muelles existentes no llega ni al 50 % pese a contar con tres de ellos. Ante esto, denuncia que el “Cuarto Muelle” no debió existir bajo ninguna justificación.

Aunque la empresa, Muelles del Caribe S.A. de C.V. justificó en su comunicado que pausar la construcción del Cuarto Muelle representa una oportunidad para reforzar las medidas ambientales y atender las preocupaciones de algunos sectores de la comunidad cozumeleña, con el fin de que este proyecto cumpla plenamente su objetivo de generar beneficios sostenibles y de largo plazo para el crecimiento regional.

Martín señaló que este proyecto no trae ninguna derrama económica para los habitantes de la isla de Cozumel.

“Para qué buscar otro espacio cuando no hay necesidad porque hay espacios de muelle para poner los barcos que quieran traer. Esto no es por necesidad, no es por derrama económica para el cozumeleño, esto, seguramente, es por un beneficio económico para ellos”, resaltó.

Como lo manifestamos en conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en nuestro territorio marítimo o “maritorio”, presentamos un juicio de amparo indirecto  en los Juzgados de Distrito  ubicados en Coatzacoalcos contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y se llamó a juicio a terceros interesados.

En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto. 

También solicitamos a través de este amparo la medida cautelar de mantener el estado en el que se encuentran las cosas, esto es, que no se active la distribución de gas por el ducto, hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos; y se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental,  lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas, y que estas afectaciones no provocarán una disminución en la disponibilidad de nuestras fuentes de alimentación, así como que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes. 

El pasado viernes 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas.

Ante esta decisión del Juzgado, presentamos un recurso de Queja el 7 de julio para que un Tribunal Colegiado revise y califique esta decisión.

¡No a los gasoductos en nuestros territorios!

¡Por un México sin fósiles!

¡NUESTRA LUCHA SEGUIRÁ: ES POR LA VIDA!

Ejerciendo su derecho a exigir a las autoridades el acceso a un medio ambiente sano solicitaron ser incluidos en la consulta pública por el impacto que el proyecto de infraestructura fósil tendrá para la comunidad, pero no fueron tomados en cuenta.

La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V. corresponde a la modalidad regional para el proyecto denominado “El Salto I”, que se localizará en Camino a La Capilla No. 70, colonia El Conique, El Salto. El predio contempla una superficie de 107,873 metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 10.79 hectáreas.

La comunidad de El Salto pidió a la Semarnat ser incluídos en el proceso de consulta pública, pero el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, dio respuesta negativa a su solicitud.

La secretaría argumentó que dado que la ubicación del proyecto que presentó la empresa se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la comunidad de El Salto no podría ser considerada como afectada por este proyecto.

En conferencia de prensa, integrantes de las organizaciones Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro A.C. denunciaron que la respuesta de la secretaría carece de sentido y fundamento ya que, la contaminación no se limita a demarcaciones municipales.

Ambas organizaciones señalaron que este tipo de proyectos son evaluados a nivel regional, pero impactan de igual manera en ecosistemas y sistemas ambientales que son habitados por las comunidades solicitantes de la consulta. 

Nora Cabrera, abogada enfocada en justicia climática y directora de Nuestro Futuro A.C. enfatizó que la esencia de una consulta pública no sólo se trata de cumplir con un requisito, sino que, realmente exista una participación ciudadana porque este proceso, en términos medioambientales, es un tema de supervivencia.

“El colectivo está defendiendo el derecho de todas y todos en esa región para que no se siga contaminando, no siga habiendo emisiones y se pueda sanear el río Santiago, para que pueda haber un impacto general en el medio ambiente del que todos se benefician. (…) El derecho a un medio ambiente sano establece el derecho a la participación ciudadana y una de esas garantías es poder acceder a la consulta”, indicó Cabrera.

La empresa invisibiliza a El Salto como zona impactada

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., el proyecto “El Salto I” se localizará en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en la información proporcionada por el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA).

Sin embargo, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Jalisco y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del municipio de “El Salto” indican que la ubicación del presente proyecto corresponde a dicha comunidad.

De acuerdo con Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro A.C. y el colectivo Un Salto de Vida en Jalisco, el polígono del proyecto se ubica sobre la carretera a La Capilla, a tan solo 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto, y a 6 kilómetros del municipio de Juanacatlán.

Aunque la empresa no señala a El Salto como una comunidad impactada sí menciona cómo será impactado el territorio, según lo declarado en la MIA regional hecha por la consultora V&A Derecho-Ambiente-Comunidad. En ella argumentan que la ubicación del proyecto se debe a que observaron una tendencia de cambio hacia un uso de suelo agrícola y urbano.

En la MIA, la consultora señaló haber identificado siete tipos de uso de suelo en el territorio donde se pretende instalar la obra. En él predomina la agricultura de riego anual y temporal anual; además de asentamientos humanos, un cuerpo de agua, pastizal inducido, vegetación halófila hidrófila y vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia.

La ciudadanía de El Saldo debe ser consultada

Para que la comunidad de El Salto sea tomada en cuenta en la apertura de la consulta pública sobre el proyecto ‘El Salto I’, el colectivo Un Salto de Vida iniciará un juicio de amparo indirecto que se estará presentando en estos días donde se dirá por qué sí tienen que ser consultados, dijo la abogada Nora Cabrera.

De esta manera, un juez de distrito deberá establecer que no puede continuar con un proceso de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental en tanto no sean consultadas las personas afectadas por el proyecto.

“Presumen esfuerzos de remediación del Río Santiago, al mismo tiempo que se impide la consulta pública sobre un proyecto privado que degradará aún más la calidad de vida de la zona y violaría el derecho a la salud y al medio ambiente sano”, denuncian colectivos.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.