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En busca de oro, el narco bombardea con drones para desplazar a indígenas tarahumaras

Indígenas de los pueblos warijó y pima de los municipios Moris y Uruachi piden auxilio a diversas autoridades federales en la Ciudad de México. Los desplazados señalan al grupo criminal Los Salazar, aliado del Cártel de Sinaloa, como autor de los ataques.

Una decena de comunidades indígenas de los pueblos warijó y algunas más del pueblo pima, en los municipios de Moris y Uruachi de la Sierra Tarahumara, huyeron de su tierra para salvar la vida ante el homicidio de indígenas y el embate de drones cargados con explosivos que han detonado contra las viviendas.

De acuerdo con testimonios de los desplazados, al iniciar junio comenzaron a ser bombardeados con drones por el grupo delictivo conocido como Los Salazar o Los Salazares, aliados del Cártel de Sinaloa, que buscan apropiarse principalmente del oro de la región. Pequeñas compañías mineras también comenzaron a retirarse.

El desplazamiento comenzó desde el 16 de junio hasta este fin de semana, de acuerdo con las víctimas que ya denunciaron ante las autoridades. 

Los testimonios de habitantes y de quienes trabajan en minas de la región explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero arribaron decenas camionetas y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.

En esa zona de Urique y Moris el grupo predominante que mantenía el control de la región era La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres de Sonora, de acuerdo con un análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, contra el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz.

En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y liberado recientemente.

Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique, que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncias de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que, según un folio fechado el 26 de junio último, el grupo del destacamento de Moris informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:

“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”.

Sin embargo, el informe no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.

El reporte de la fiscalía continúa:
Nos comunicamos de inmediato con el director de Seguridad Pública de Moris, quien nos informa que, por el momento, no hay novedad relevante al respecto. Asimismo señala que personal del operativo (Sedena, SSPE y Guardia Nacional) se encuentra realizando recorridos en la cabecera municipal de Moris, así como en rancherías y brechas aledañas.
Además, residentes de las comunidades warijó y Pimas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interponer diferentes denuncias en instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 19 y 20 de junio últimos porque, aseguran, en la ciudad de Chihuahua no recibieron apoyo. Ellos piden que los ayuden a regresar a sus hogares.  Entre los voceros de los afectados se encuentra Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.

Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región han salido miles de personas del territorio.

Otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua dijeron a Proceso que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo, y cultivos. Huyeron de sus casas sólo con lo que traían puesto.

Asimismo personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región dieron a conocer que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas.

Una vez que el caso se hizo público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y la violencia se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:

“Estimado gobierno,  nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

“En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

“Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.

“Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la minería, ganadería y pesca”.

Largo historial de impunidad

Durante la audiencia para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.

Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.

El exfuncionario dijo que tiene conocimiento de que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. La organización criminal tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Prieta, Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.

“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael Mayo Zambada”, agregó Torres Borunda.

De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.

Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.

Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Diego fue torturado para incriminar a una persona por homicidio; Fiscalía de Veracruz cerró su caso sin investigación

Pese a que fue torturado por policías ministeriales para que firmara una declaración en español que no hizo ni entendió, la Fiscalía de Veracruz cerró el caso de Diego, indígena ñuhú, sin realizar una investigación.

Hace dos años la vida de Diego cambió cuando fue torturado por tres policías ministeriales en Veracruz, el estado con más víctimas por tortura del país. Desde entonces, Diego no ha dejado de luchar por justicia.

Diego Fernando Bonilla es una persona indígena ñuhú de 45 años, originario de la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec, en la sierra norte de Veracruz. El 29 de mayo de 2023, visitó a su amigo Adán Reyes y mientras ambos platicaban y bebían cerveza, le dispararon a su amigo.

Eran casi las 9 de la noche. En los alrededores de la vivienda donde ocurrió el crimen, en los límites de la comunidad, no hay alumbrado público y con apenas una tenue luz de un foco en la terraza, Diego no pudo ver al agresor.

“Yo estaba con mi amigo, los dos en el celular, tomando una caguama, cuando de repente se escuchó el disparo”, relató Diego como parte de su declaración. Al escuchar la detonación, Diego se tiró al suelo por miedo.


Pese a que no vio al atacante, en la declaración que presentaron los ministeriales, adscritos a la Fiscalía en Huayacocotla, Veracruz, quedó asentada una descripción detallada del presunto agresor: cómo iba vestido, el color de su ropa y sus zapatos. Esa versión fue utilizada por la Fiscalía para incriminar a un policía llamado Silverio Reyes, hermano de Adán. Por esas fechas iban a darle a Silverio su nombramiento como segundo comandante de Texcatepec.

Cuando los elementos de la Policía Ministerial llevaron a Diego a la Fiscalía en Huayacocotla para que declarara no tuvo traducción, a pesar de que su idioma materno es el ñuhú y de español habla casi nada.

Antes de declarar, Diego fue torturado por los agentes, quienes lo obligaron a firmar una hoja en blanco. 

Después, en presencia de un intérprete oficial, Diego relató lo ocurrido, pero tanto el fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que él no comprendió.

“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”, afirma el abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

Diego insiste en que nunca vio al agresor: “Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿Cómo voy a decir si no sé?”.


Diego exige justicia. No solo porque policías ministeriales lo torturaron sino también porque fabricaron su declaración para que incriminara a un hombre por el homicidio de su amigo. El caso de Diego ejemplifica lo que las cifras confirman: en Veracruz la tortura es utilizada como un método de investigación criminal. 

El 30 de junio de 2023, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia por tortura. Pero el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura les notificó su decisión de no ejercer acción penal y turnó el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. A finales de mayo de este año, el caso de tortura fue cerrado sin ninguna investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Pero todavía quedan recursos por agotar, este 12 de junio un juzgado en Xalapa resolverá la impugnación que presentó la defensa de Diego contra el cierre de la investigación.

“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, dice el abogado Romero. La defensa de Diego denuncia que nunca se le entrevistó por la tortura ni a la esposa de la víctima de homicidio, quién escuchó los gritos de Diego cuando era interrogado.

“Lo que vemos es que están encubriendo a los policías ministeriales”, señala Romero.

El caso de Diego no es aislado, Veracruz es el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero no solo eso, Veracruz es la entidad con más víctimas registradas a nivel nacional por tortura, con 4 mil 061 personas afectadas.

Además, los grupos más vulnerables, de acuerdo con las cifras, son personas con discapacidad, con 993 casos, y personas indígenas, con 667 casos. Mientras que las instituciones más señaladas son las que deberían proteger a la población, no torturarla, como la Policía Ministerial, con mil 352 casos, y luego las Secretarías de Seguridad Pública estatales.

Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que Veracruz es el estado con más víctimas del delito de tortura y el segundo con más carpeta de investigación porque en una carpeta de investigación puede haber varias personas víctimas, “no significa que porque haya una carpeta abierta solo sea una víctima, entonces a pesar de que Veracruz tiene un poco menos de carpetas que la Ciudad de México en estos cinco años tienen más víctimas que la Ciudad de México”. 

“Y eso nos habla de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada. Otro dato importante es que la autoridad más señalada en el caso de Veracruz es la policía ministerial, lo que concuerda con el caso de Diego, donde están señalados policías ministeriales de cometer estos actos”, dice en entrevista. 

Por su parte, José de Jesús Segovia Villeda, también abogado del Centro Prodh, comenta que el caso de Diego también es muestra de las barreras que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para acceder a la justicia. 

De hecho, el caso de Diego está siendo documentado en un informe de El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) sobre estas barreras, la más común es que no cuenten con una traducción a la hora de hacer su declaración. 

“Este sistema hace que las personas indígenas todavía estén en mayor vulnerabilidad”, comenta Jesús Segovia.

Mientras tanto, la vida de Diego y de su comunidad se vieron totalmente impactadas. Diego sufrió una afectación psicológica con base en su cosmovisión otomí, según la cual perdió su sombra, sufrió un espanto, lo que afectó también su contexto comunitario, cuentan Jesús e Isaac.

Al perder la sombra o el alma, Diego perdió el apetito, tuvo episodios de estrés, enfrentó miedo a salir de su comunidad y se aisló de su familia.

“Él un año se la pasó viviendo con su mamá o sea no dormía en su casa, entonces toda la comunidad estuvo al pendiente de él, entonces en la comunidad todos lo arroparon o la gran parte, la mayoría lo arropó”, dice Isaac.

Para recuperar su sombra, curanderos tuvieron que hacerle tres curaciones. “Fue un proceso muy grande que se hizo en la comunidad”, añade.

Ahora, la comunidad El Pericón también exige justicia para Diego y que se castigue a los policías que lo torturaron.

“No me pueden dejar así, porque si cierran la carpeta quiere decir que no hacen justicia. Quiero que hagan justicia, que me respeten, que me vean, porque lo que me hicieron la fiscalía, los policías, no me gustó: me enrollaron con la cobija, me tiraron al suelo. Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, dice Diego en un mensaje que envió a Animal Político, que fue traducido por las personas que lo acompañan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN, GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.

Denuncian ataque armado contra Las Abejas de Acteal en Tzajalch’en

La organización pacífica de Las Abejas de Acteal denunció las agresiones que sujetos armados perpetraron contra sus integrantes y habitantes de la comunidad de Tzajalch’en, en Chiapas, el pasado 8 de junio, así como la intimidación y criminalización de los defensores comunitarios por parte de las autoridades, quienes «cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres».

«Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas, están bajo riesgo por la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad», acusaron Las Abejas en un comunicado.

El ataque inició la tarde del pasado 8 de junio, cuando se registraron detonaciones de armas de fuego desde un monte a alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. De acuerdo con Las Abejas, las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol, en donde se encontraban reunidas autoridades comunitarias.

«Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado», precisó la organización.

Minutos después de las detonaciones, un grupo de personas armadas llegó a la comunidad de Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos, ante lo cual la población notificó a las autoridades municipales y tiempo después llegaron elementos de la Guardia Nacional y el ejército. Mientras, alrededor de las 20 horas, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en y talaron árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

La violencia continuó el 9 de junio, cuando la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron a la comunidad Tzajalch’en, «según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio». Los funcionarios pidieron a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañaran a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección, a lo que también asistió un integrante de Las Abejas.

«Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, a bordo de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro. El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en, que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos», denunciaron Las Abejas.

Explicaron que la retención de la señora se debía a que se descubrió que se dedicaba a vender distintos tipos de droga en la comunidad, por lo que estaba en proceso de investigación comunitaria conforme a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

«La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres», acusaron.

Las Abejas condenaron que las autoridades municipales y estatales intimidaran a quienes intenta buscar «la paz y la justicia verdadera» en las comunidades en lugar de proteger a la población, por lo que exigieron a los gobiernos que «hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona» y cesen el hostigamiento y criminalización contra la población indígena.

COMUNICADO:

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a Cutberto Hernández, entrenador de basquetbol de niños triquis en Oaxaca; es el segundo asesinado en 6 meses

El Movimiento Unificador de Lucha Triqui exigió justicia por Cutberto Hernández, alto a la violencia contra luchadores sociales y seguridad para el municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Cutberto Hernández García, entrenador de baloncesto de niños triquis, fue asesinado la tarde del 19 de mayo, en el centro del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dio a conocer el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult).

Además de ser entrenador del equipo “Los niños descalzos de la montaña”, Hernández García era maestro en educación primaria indígena en San Miguel Copala, la comunidad de donde era originario.

De acuerdo con el Mult, el entrenador fue atacado por sujetos desconocidos alrededor de las 14:44 horas en Putla Villa de Guerrero.

El Movimiento exigió una investigación pronta y expedita para el esclarecimiento y detención de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.

“Ante esta emergencia de inseguridad en el municipio y por la falta de compromiso por parte de la policía municipal y estatal, exigimos la intervención del gobierno del estado y hacer una limpia de servidores públicos (policía estatal y municipal) coludidos con la delincuencia”, señaló en un comunicado.

El segundo entrenador asesinado en 6 meses

Cutberto Hernández es el segundo entrenador asesinado en seis meses.

En noviembre de 2024, Rigoberto Martínez, entrenador de basquetbol de niños triquis, fue asesinado frente a la escuela normal Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Putla de Guerrero, Oaxaca.

Desde el inicio de la administración estatal, encabezada por el morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022, han sido asesinados 37 militantes de esa organización y los crímenes continúan en la impunidad, de acuerdo con el Mult.

“La impunidad y la colusión entre los diferentes órganos encargados de la seguridad es evidente. La irresponsabilidad por parte de la fiscalía del estado es condenable, que solo da largas a los familiares que piden justicia por sus asesinados. Esta fiscalía hace oídos sordos a los señalamientos”, destacó.

Finalmente, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui exigió justicia por Cutberto, alto a la violencia contra luchadores sociales y seguridad para el municipio Putla Villa de Guerrero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian amenazas de muerte y difamación contra portavoz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció los actos de intimidación, amenazas de muerte y hostigamientos contra su portavoz Pavel Ulíánov Guzmán, «con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias».

Se trata de la tercera ocasión en la que Ulíánov es amenazado por trabajar con las comunidades de Michoacán, luego de que en 2016 recibió una amenaza de desaparición por apoyar los autogobiernos indígenas y en 2023 fue amedrentado por respaldar los procesos de autonomía en la entidad, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República.

Además de las últimas amenazas de muerte, el CSIM señaló que desde finales de abril inició en redes sociales una «operación financiada» para impulsar «una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones» en contra del Consejo y en particular contra Ulíánov Guzmán, con el objetivo de «quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, presupuesto directo, autogobierno y autonomía».

Las autoridades tradicionales de las 70 comunidades que integran el CSIM responsabilizaron de las agresiones a los partidos políticos y ayuntamientos «que ven amenazados sus intereses ante el auge de 45 autogobiernos que ya existen en Michoacán».

El Consejo exigió que se garantice la seguridad e integridad física y psicológica del historiador Pavel Uliánov Guzmán, de su familia y de quienes integran el CSIM, así como llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre las difamaciones y amenazas en su contra.

Las comunidades también demandaron el cese a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, así como de todos los defensores de derechos humanos en México.

COMUNICADO:

A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de #Michoacán a 16 de mayo de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades, exponemos lo siguiente:

Desde finales del mes pasado, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta operación financiada, tiene como objetivo quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, presupuesto directo, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a los partidos políticos y a los ayuntamientos quienes ven amenazados sus intereses ante el auge de 45 autogobiernos que ya existen en Michoacán, sin embargo, la autonomía llegó para quedarse.

Paralelamente, se han incrementado las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz el compañero Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, así mismo, recientemente sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo actos de intimidación, amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, es preciso recordar que entre los años de 1974 y 1976 la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro portavoz Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, en espera del Informe de Fondo. Por lo anteriormente expuesto exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del historiador Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre las difamaciones y amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

3.- Velar porqué se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se agudiza violencia en comunidades mixes de Oaxaca

Ucizoni alerta de grupos armados en San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) alertó de la presencia de grupos armados y dos ataques en la región istmeña de Oaxaca realizados este fin de semana.

En el primero se realizaron disparos de armas de fuego mientras se desarrollaba la fiesta patronal en Loma de Santa Cruz, y en el segundo hubo un ataque a una camioneta de transporte público en San Antonio del Valle, disparos contra una camioneta ganadera y el incendio provocado de una moto.

Ucizoni afirmó que la violencia no se ha detenido, sino que se ha incrementado, pese al discurso del gobernador morenista, Salomón Jara, de brindar atención y seguridad a las demandas de las comunidades de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán.

El 1 de mayo vecinos de El Platanillo Petapa, reportaron la presencia de 3 camionetas con personas armadas quienes circulaban en la zona y realizaron disparos, principalmente en las comunidades mixes de Loma de Santa Cruz Mazatlán y San Antonio del Valle, lo que generó pánico en la población.

Ucizoni denunció que 250 familias mixes de Los Valles, Loma Santa Cruz y Rancho Juárez están sin energía eléctrica ni profesores por el conflicto agrario y social.

Parte del conflicto es identificado por la construcción de un camino que comunicaría a la cabecera municipal de San Juan Mazatlán con Matías Romero, pero el proyecto es rechazado por gente de Santo Domingo Petapa, que ha incendiado maquinaria de construcción.

La organización comunitaria aseguró que no hay acuerdos sobre seguridad con el gobierno estatal, ni tampoco avances en las investigaciones del delegado de Ucizoni, Wilfrido Atanasio Cristobal y de Victoriano y Abraham Cirino, vecinos de El Platanillo Petapa, emboscados el pasado 13 de febrero.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía pretende cerrar caso de Diego Bonilla, indígena ñuhú torturado por la policía en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) notificó el posible cierre de la investigación de la tortura que policías ministeriales cometieron contra el indígena ñuhú Diego Bonilla, “a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, denunciaron organizaciones y centros de derechos humanos.

Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la FGEV, donde policías ministeriales “lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente” para que incriminara a otra persona por el crimen, explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones.

De acuerdo con la denuncia, el testimonio de Bonilla “fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real”, para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Fernando nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en ñuhú cómo fue torturado por la policía, pero “tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse”, precisaron.

Con el acompañamiento de las organizaciones, el 30 de junio de 2023 Bonilla presentó una denuncia formal por tortura y la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación, pero durante más de cuatro meses “no se realizó ninguna diligencia sustancial”, por lo que se interpuso un amparo. La demanda fue admitida en marzo de 2024 y a partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia y la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), así como se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

“A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, señalaron las organizaciones.

Frente a la pretensión de la Fiscalía de Veracruz, las organizaciones y centros de derechos humanos exigieron que las autoridades no cierren la investigación sin agotar todas las diligencias, que respeten el derecho de Bonilla a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción.

“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

ONGs repudian sentencia de más de 100 años contra dos indígenas tseltales por desaparición forzada

Organizaciones, colectivos y firmantes individuales, aseguraron que el arresto de los hombres, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales".

Decenas de organizaciones y colectivos de derechos humanos de 14 países y más de 200 personas en lo individual rechazaron la condena de más de 110 años contra Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, dos indígenas tseltales, por la desaparición forzada, en julio de 2021, de 19 personas del municipio de Pantelhó, en el contexto de violencia entre el grupo de autodefensa El Machete y el grupo armado Los Herrera.

A 110 años de cárcel, la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha, sentenció el pasado 4 de marzo a Cortés, catequista y candidato al diaconado permanente de la Diócesis de San Cristóbal, y a Mendoza, evangélico y carpintero

En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.