Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora de Gu’wa Kuma, explicó en entrevista que en lo que va de 2025, la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los salarios del personal correspondientes a los primeros cuatro meses que fueron pagados en junio pasado, dejando sin cobertura los siguientes siete meses. 

“Hay muchas carpetas de investigación y algunos juicios de alimentos que se dejó de darle seguimiento por falta de recursos, justamente porque no dan recursos para el seguimiento a las usuarias, y se dejó de dar acompañamiento a las víctimas, porque no tenemos recursos para ayudarles un poco”, apuntó.  

Prisciliano Fernández es hija de Inés Fernández Ortega, mujer mep’haá que enfrenó al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por haber sido víctima de tortura sexual por parte de miembros del Ejército en 2002, lo que derivó en una sentencia en 2010 en la que se incluyó como parte de la reparación del daño, la creación de un centro comunitario para atender a mujeres indígenas violentadas y a infancias y adolescencias indígenas que se desplazaran de sus comunidades para estudiar en Ayutla.  

Noemí contó que a pesar de que es obligación del Estado mexicano la manutención de la Casa de los Saberes como parte de la sentencia, “el gobierno federal no ha querido asumir esa responsabilidad ni el compromiso que tiene con el centro comunitario. Todo deja a la mano del gobierno estatal, y el gobierno estatal argumenta que no cuenta con recursos para sostener este centro”.  

Desde Ayutla, Prisciliano Fernández destacó que precisamente como parte de la sentencia, su madre Inés, quien es prácticamente monolingüe, consideró necesario el establecimiento de un centro comunitario como el de Gu’wa Kumá en donde las mujeres víctimas de violencia fueran atendidas por mujeres profesionistas que hablaran su lengua materna, para evitar que además sufrieran la violencia institucional como le ocurrió a ella cuando denunció a militares que la violentaron,  

Abogada de profesión, Noemí apuntó que al menos 15 carpetas de investigación por violencia familiar y siete juicios contra deudores alimenticios a los que la Casa de los Saberes les da seguimiento se encuentran en suspenso debido a la imposibilidad de las profesionistas para atenderlos. 

“A las víctimas les pedimos su comprensión, qué más quisiéramos que darle seguimiento a sus casos, pero debido a que nosotros no contamos con recursos propios para movernos, no podemos continuar laborando hasta que las autoridades nos paguen a las profesionistas, a las embajadoras (representantes de las comunidades indígenas) y al chófer.  

“Es para nosotros muy preocupante porque damos acompañamiento a personas de escasos recursos, pues ahora sí que quedan desprotegidas, no cuentan con apoyo legal ni todo lo que conlleva un proceso legal”, apuntó.  

Noemí Prisciliano recordó que en julio pasado representantes de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Casa de los Saberes para recabar las denuncias por la falta de pago al personal y por la falta de fondos para dar mantenimiento al espacio destinado para las mujeres y al albergue para atender a unos 45 adolescentes de las comunidades alejadas de la Montaña que quieren continuar sus estudios de nivel básico, medio superior y superior.  

“El 29 de julio justamente tuvimos una reunión aquí (en Ayutla) con la Secretaría de la Mujer estatal, también estuvieron de la Secretaría de las Mujeres federal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos federal, tuvimos una mesa de trabajo y se comprometieron que a más tardar 15 días después de esa reunión nos iban a cubrir nuestro salario, pero hasta la fecha no se ha visto reflejado nada”, apuntó Noemí Prisciliano. 

Sobre papel membretado de la Secretaría de Gobernación federal y con la proclama de “2025 Año de la mujer indígena”, la minuta se titula “Visita al Centro Comunitario Gúwa Kúma (sic) ‘La Casa de los Saberes’. Sentencia Inés Fernández Ortega y otros vs México”, reunión en la que se trataron cuatro temas centrales relacionados con los “pagos a personas profesionistas y embajadoras; infraestructura del Centro Comunitario; pendientes en materia de salud y operatividad de la Casa de la Niñez”,  

En el documento, al que tuvo acceso Proceso, se consignó la inconformidad de Inés Fernández por el tiempo en el que ha mantenido su “lucha para que se haga justicia”, y que a pesar de que se han llevado a cabo varias reuniones “no se ha logrado generar compromisos claros” de ahí que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está cumplida”. 

Al exigir que “el Centro Comunitario cuente con un recurso propio”, Inés Fernández pidió que se realizaran reuniones de supervisión “cada tres o seis meses” para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos. 

Después de hacer una relatoría de las principales necesidades de mantenimiento, de suministros médicos y de financiamiento del centro comunitario, pero ante todo la urgencia de solventar los salarios de las profesionistas en lenguas indígenas, la representante de la Secretaría de las Mujeres federal reconoció que persistía una “dilación” en la entrega de recursos a sus similares estatales, derivado de que la dependencia federal era de reciente creación.  

Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de crear una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 denominada “Cumplimiento a la Sentencia Fernández Ortega y Otros vs México” para la operación del centro comunitario; realizar reuniones virtuales cada tres meses y visitas a la Casa de los Saberes semestralmente; terminar en septiembre de 2025 con las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de la Mujer estatal. 

Se consideró que, a partir de un diagnóstico de la Casa de la Niñez, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) valoraría la extensión de apoyos para atender a estudiantes los fines de semana; cursos de capacitación de la Secretaría de Salud  estatal sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, según la NOM 045 SSA2-2025, así como envío de una unidad móvil para dar cursos de salud sexual y reproductiva a los 45 niñas, niños y adolescentes que se encuentran de la Casa de la Niñez Indígena, en tanto que la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar “compartirán los enlaces del personal asignado para la atención inmediata de los casos que lleguen al Centro Comunitario”.  

“De esa minuta, nada se ha cumplido”, insistió Noemí Prisciliano, al recordar que desde hace dos años, en una audiencia privada, los jueces de la Co IDH han sido notificados de la falta de cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández, tanto en materia de la manutención de Gu´wa Kumá como en la atención médica de la familia Prisciliano Fernández.  

“En la audiencia con la jueza de la Corte Interamericana, le volvimos a exponer que el gobierno mexicano no ha cumplido completamente, no ha garantizado un fondo permanente para el funcionamiento del centro comunitario, y justamente en esa audiencia privada estuvieron las secretarias de la Mujer, federal  y estatal”, apuntó Noemí.  

Noemí Prisciliano lamentó que a pesar de los discursos oficiales de priorizar a las mujeres indígenas, en los hechos  no hay respaldo ni para las profesionistas que trabajan dentro del gobierno, como ocurre con las trabajadoras de Tlapa, ni mucho menos para aquellas que laboran dentro de la sociedad civil, como es el caso de las profesionistas y las embajadoras de Gu’wa Kumá.  

“A los tres niveles de gobierno realmente no le interesa proteger ni apoyar a las mujeres de la Montaña”, sostuvo Noemí Prisciliano al contar que no ha habido acercamiento de ningún representante gubernamental desde que iniciaron el paro de labores.

Apoyo total a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, continúa la inseguridad en las comunidades indígenas #CSIM

APOYO TOTAL A LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA: CONTINÚA LA INSEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 18 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

La comunidad p’urhépecha de Santa Fe de la Laguna, ancestralmente llamada Ueámuo, es una comunidad que históricamente se ha caracterizado por defender su territorio, desde hace muchos años han dado ejemplo de organización, resistencia y lucha, trabajando para proteger sus tierras comunales y movilizándose para obtener su autogobierno.

En este contexto, el día de ayer en el aniversario número 46 de la defensa de las tierras comunales, a las 12:10 horas, un comando armado agredió la manifestación pacífica de la comunidad, donde resultó asesinada la C. Roxana Valentín Cárdenas de 24 años de edad, originaria de la comunidad hermana de San Andrés Tziróndaro, quien resultó con heridas de bala, pero no tuvo la debida atención en el Hospital General de Pátzcuaro, lugar donde la tuvieron aproximadamente una hora esperando, para posteriormente ser trasladada a Morelia, falleciendo en el camino ¡Justicia para Roxana Valentín Cárdenas! ¡No más inocentes muertos!

Debido a la gravedad de la agresión, la inseguridad e impunidad que prevalecen, la comunidad por decisión de su máxima autoridad, que es la Asamblea General, ha consensado tomar de manera indefinida la carretera Morelia-Zacapu a la altura de Santa Fe de la Laguna y la suspensión de todas sus actividades escolares.

Aunado a lo anterior, recordamos que previamente, el 30 de mayo del 2024, un comando armado ingresó a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, realizando disparos al aire en la Plaza Principal, desarmando y agrediendo a los integrantes de la Ronda Comunal, amenazándolos de muerte y resultando gravemente herido un guardia comunal.

Por ello, exigimos enérgicamente al Gobierno de México y al Gobierno de Michoacán, que cumplan con su obligación constitucional y otorguen seguridad en la comunidad y en la región, estableciéndose una Base de Operaciones Interinstitucionales, compromiso que ha incumplido con la comunidad de Santa Fe de la Laguna desde mayo de 2025, emplazándolos a que de no atender y solucionar la problemática, nos movilizaremos mediante la toma de carreteras en todo el estado. Demandamos el diálogo resolutivo y de primer nivel para Santa Fe de la Laguna.

Finalmente, hacemos un llamado atento y respetuoso a las comunidades originarias, para que estén atentas de lo que pasa en Santa Fe de la Laguna y brindemos todo el apoyo y solidaridad a esta comunidad hermana.

¿De qué sirve el Plan Michoacán si continúa la inseguridad galopante?

¡La comunidad de Santa Fe de la Laguna no está sola!

🦅 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM🔥

Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores 

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

Comunicado urgente:

Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.

Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.

En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.

No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.

Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.

Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.

Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.

ATENTAMENTE

NOVIEMBRE DE 2025

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Río Metates Copala es una comunidad que pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región triqui de Oaxaca.

Ante este hecho, el MULT exigió justicia para su compañero y lamentó el aumento de la violencia en la región y contra sus integrantes.

El pasado 25 de mayo, fue asesinado Cutberto Hernández García, entrenador triqui e integrante del MULT. Él se desempeñaba como entrenador del equipo de basquetbol Los Niños Descalzos de la Montaña.

El MULT señaló que, desde el inicio de la administración del gobernador morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022 y hasta la fecha, han sido asesinados 38 militantes, hechos que continúan en la impunidad.

El desplazamiento comenzó desde el 16 de junio hasta este fin de semana, de acuerdo con las víctimas que ya denunciaron ante las autoridades. 

Los testimonios de habitantes y de quienes trabajan en minas de la región explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero arribaron decenas camionetas y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.

En esa zona de Urique y Moris el grupo predominante que mantenía el control de la región era La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres de Sonora, de acuerdo con un análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, contra el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz.

En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y liberado recientemente.

Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique, que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncias de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que, según un folio fechado el 26 de junio último, el grupo del destacamento de Moris informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:

“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”.

Sin embargo, el informe no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.

El reporte de la fiscalía continúa:

Además, residentes de las comunidades warijó y Pimas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interponer diferentes denuncias en instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 19 y 20 de junio últimos porque, aseguran, en la ciudad de Chihuahua no recibieron apoyo. Ellos piden que los ayuden a regresar a sus hogares.  Entre los voceros de los afectados se encuentra Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.

Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región han salido miles de personas del territorio.

Otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua dijeron a Proceso que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo, y cultivos. Huyeron de sus casas sólo con lo que traían puesto.

Asimismo personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región dieron a conocer que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas.

Una vez que el caso se hizo público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y la violencia se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:

“Estimado gobierno,  nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

“En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

“Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.

“Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la minería, ganadería y pesca”.

Largo historial de impunidad

Durante la audiencia para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.

Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.

El exfuncionario dijo que tiene conocimiento de que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. La organización criminal tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Prieta, Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.

“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael Mayo Zambada”, agregó Torres Borunda.

De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.

Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.

Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.

“Yo estaba con mi amigo, los dos en el celular, tomando una caguama, cuando de repente se escuchó el disparo”, relató Diego como parte de su declaración. Al escuchar la detonación, Diego se tiró al suelo por miedo.

Pese a que no vio al atacante, en la declaración que presentaron los ministeriales, adscritos a la Fiscalía en Huayacocotla, Veracruz, quedó asentada una descripción detallada del presunto agresor: cómo iba vestido, el color de su ropa y sus zapatos. Esa versión fue utilizada por la Fiscalía para incriminar a un policía llamado Silverio Reyes, hermano de Adán. Por esas fechas iban a darle a Silverio su nombramiento como segundo comandante de Texcatepec.

Cuando los elementos de la Policía Ministerial llevaron a Diego a la Fiscalía en Huayacocotla para que declarara no tuvo traducción, a pesar de que su idioma materno es el ñuhú y de español habla casi nada.

Antes de declarar, Diego fue torturado por los agentes, quienes lo obligaron a firmar una hoja en blanco. 

Después, en presencia de un intérprete oficial, Diego relató lo ocurrido, pero tanto el fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que él no comprendió.

“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”, afirma el abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

Diego insiste en que nunca vio al agresor: “Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿Cómo voy a decir si no sé?”.

“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, dice el abogado Romero. La defensa de Diego denuncia que nunca se le entrevistó por la tortura ni a la esposa de la víctima de homicidio, quién escuchó los gritos de Diego cuando era interrogado.

“Lo que vemos es que están encubriendo a los policías ministeriales”, señala Romero.

El caso de Diego no es aislado, Veracruz es el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero no solo eso, Veracruz es la entidad con más víctimas registradas a nivel nacional por tortura, con 4 mil 061 personas afectadas.

Además, los grupos más vulnerables, de acuerdo con las cifras, son personas con discapacidad, con 993 casos, y personas indígenas, con 667 casos. Mientras que las instituciones más señaladas son las que deberían proteger a la población, no torturarla, como la Policía Ministerial, con mil 352 casos, y luego las Secretarías de Seguridad Pública estatales.

Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que Veracruz es el estado con más víctimas del delito de tortura y el segundo con más carpeta de investigación porque en una carpeta de investigación puede haber varias personas víctimas, “no significa que porque haya una carpeta abierta solo sea una víctima, entonces a pesar de que Veracruz tiene un poco menos de carpetas que la Ciudad de México en estos cinco años tienen más víctimas que la Ciudad de México”. 

“Y eso nos habla de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada. Otro dato importante es que la autoridad más señalada en el caso de Veracruz es la policía ministerial, lo que concuerda con el caso de Diego, donde están señalados policías ministeriales de cometer estos actos”, dice en entrevista. 

Por su parte, José de Jesús Segovia Villeda, también abogado del Centro Prodh, comenta que el caso de Diego también es muestra de las barreras que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para acceder a la justicia. 

De hecho, el caso de Diego está siendo documentado en un informe de El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) sobre estas barreras, la más común es que no cuenten con una traducción a la hora de hacer su declaración. 

“Este sistema hace que las personas indígenas todavía estén en mayor vulnerabilidad”, comenta Jesús Segovia.

Mientras tanto, la vida de Diego y de su comunidad se vieron totalmente impactadas. Diego sufrió una afectación psicológica con base en su cosmovisión otomí, según la cual perdió su sombra, sufrió un espanto, lo que afectó también su contexto comunitario, cuentan Jesús e Isaac.

Al perder la sombra o el alma, Diego perdió el apetito, tuvo episodios de estrés, enfrentó miedo a salir de su comunidad y se aisló de su familia.

“Él un año se la pasó viviendo con su mamá o sea no dormía en su casa, entonces toda la comunidad estuvo al pendiente de él, entonces en la comunidad todos lo arroparon o la gran parte, la mayoría lo arropó”, dice Isaac.

Para recuperar su sombra, curanderos tuvieron que hacerle tres curaciones. “Fue un proceso muy grande que se hizo en la comunidad”, añade.

Ahora, la comunidad El Pericón también exige justicia para Diego y que se castigue a los policías que lo torturaron.

“No me pueden dejar así, porque si cierran la carpeta quiere decir que no hacen justicia. Quiero que hagan justicia, que me respeten, que me vean, porque lo que me hicieron la fiscalía, los policías, no me gustó: me enrollaron con la cobija, me tiraron al suelo. Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, dice Diego en un mensaje que envió a Animal Político, que fue traducido por las personas que lo acompañan.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

El Movimiento exigió una investigación pronta y expedita para el esclarecimiento y detención de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.

“Ante esta emergencia de inseguridad en el municipio y por la falta de compromiso por parte de la policía municipal y estatal, exigimos la intervención del gobierno del estado y hacer una limpia de servidores públicos (policía estatal y municipal) coludidos con la delincuencia”, señaló en un comunicado.

El segundo entrenador asesinado en 6 meses

Cutberto Hernández es el segundo entrenador asesinado en seis meses.

En noviembre de 2024, Rigoberto Martínez, entrenador de basquetbol de niños triquis, fue asesinado frente a la escuela normal Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Putla de Guerrero, Oaxaca.

Desde el inicio de la administración estatal, encabezada por el morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022, han sido asesinados 37 militantes de esa organización y los crímenes continúan en la impunidad, de acuerdo con el Mult.

“La impunidad y la colusión entre los diferentes órganos encargados de la seguridad es evidente. La irresponsabilidad por parte de la fiscalía del estado es condenable, que solo da largas a los familiares que piden justicia por sus asesinados. Esta fiscalía hace oídos sordos a los señalamientos”, destacó.

Finalmente, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui exigió justicia por Cutberto, alto a la violencia contra luchadores sociales y seguridad para el municipio Putla Villa de Guerrero.