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Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital

Tras una inversión de 43 millones de pesos, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx, inauguró el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, que concentrará esfuerzos institucionales y apoyo a familias.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes la inauguración del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la capital, el cual reúne a personal de distintas dependencias para fortalecer la atención y coordinación en casos de desaparición.

La apertura del centro forma parte del plan de búsqueda de personas con reporte de desaparición, anunciado por la Administración capitalina en abril, con el propósito de agilizar los procesos institucionales y brindar acompañamiento a las familias.

Durante el recorrido por las instalaciones, Brugada estuvo acompañada por el titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, donde explicó que el objetivo del nuevo espacio es evitar que las familias recorran diversas oficinas para obtener información sobre sus casos.
"El día de hoy, damos un paso esencial en esa dirección, con la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. [...] Se tiene salas privadas para entrevistas. También áreas de descanso, para personas localizadas. Salas de trabajo interdisciplinario y espacios diseñados para acompañamiento emocional. El objetivo es entonces, que las familias ya no sigan recorriendo oficinas", indicó.
La mandataria capitalina enfatizó que no puede haber neutralidad ante la desaparición de una persona, al considerarla una emergencia humana que requiere coordinación, sensibilidad y acción inmediata entre autoridades y sociedad.

Ante la presencia de familiares y colectivos de búsqueda, Brugada destacó que los avances logrados en la materia han sido resultado de la organización constante de madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que se han negado a aceptar la indiferencia institucional.

De acuerdo con la funcionaria, el CAIBP contará con la participación de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, del Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección Biopsicosocial para la Atención Pericial a Víctimas y de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

Por su parte, la Fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se invirtieron 43 millones de pesos en la rehabilitación del inmueble, que anteriormente funcionaba como sede del Semefo, con reforzamiento estructural y adecuaciones en todos los niveles del edificio.


Alcalde Lujan explicó que el propósito de este espacio es ofrecer una respuesta institucional en un mismo lugar, facilitar el acceso de las familias a los servicios de denuncia y fortalecer la coordinación entre dependencias encargadas de la búsqueda.

Además, señaló que el sótano del inmueble fue habilitado con equipos especializados de búsqueda y que la Unidad de Identificación Humana y Búsqueda de Familias de la Fiscalía ha logrado localizar a más de 300 familias que desconocían el fallecimiento de sus seres queridos.

Hasta el momento, informó que se ha realizado la entrega digna de 196 cuerpos identificados, en colaboración con familiares y colectivos, bajo protocolos humanitarios y con respeto a la memoria de las víctimas.

Clara Brugada reafirmó que el Gobierno de la Ciudad de México continuará reforzando las acciones de búsqueda con mayor presupuesto, recursos humanos y coordinación interinstitucional, con el propósito de garantizar justicia y acompañamiento a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

El pasado miércoles 5 de noviembre la comunidad estudiantil tomó la decisión de suspender las clases presenciales en protesta por la agresión cometida por un integrante de seguridad en contra de su compañera y su madre.

Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre y que se nombrará a un nuevo jefe de vigilancia, luego de la agresión que sufrió una alumna con muletas y  su madre  el pasado 4 de noviembre por parte de dos guardias de seguridad de la institución.
"La Universidad, la Dirección General del CCH y la dirección de este plantel estarán al tanto del resultado de las investigaciones y reiteran su compromiso de que no exista impunidad [...] Les informamos que las actividades académico-administrativas se retomarán de forma presencial el próximo lunes 10 de noviembre. Agradecemos se mantengan informados por nuestros canales oficiales", indicó la casa de estudios en un comunicado.
Respecto a la agresión la institución expresó que ha tenido acercamiento con la familia afectada a quienes se les ha brindado el apoyo oficial mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad, Atención de Violencia de Género, así como de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.
A la par, manifestó que el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes de los presuntos agresores se realiza de acuerdo con el marco normativo de la legislación universitaria vigente para coadyuvar con los requerimientos solicitados por la Fiscalía de Investigación Territorial de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM-3).

ANTECEDENTE

Guardias de seguridad agreden a alumna en muletas

El pasado 4 de noviembre dos guardias de seguridad agredieron a una de las alumnas del plantel, que llevaba muletas, y a su madre, supuestamente por estacionarse en doble fila en uno de los accesos al plantel.

En un video que registró el suceso puede verse el momento en que los vigilantes, que se encontraban en uno de los accesos al colegio, arremeten contra la estudiante y su madre.
El incidente provocó indignación entre los alumnos. En redes sociales y grupos de CCH Vallejo circuló un cartel donde se denunciaba este caso como un hecho que no es aislado por parte de la seguridad del plantel de la UNAM.

"El 4 de noviembre fue la gota que derramó el vaso, en nuestro CCH Vallejo, la agresión a una alumna menor de edad, indefensa y en muletas, por parte del personal de vigilancia no es un hecho aislado, es la prueba irrefutable de la complicidad y la negligencia criminal de las autoridades, cada queja ignorada, cada denuncia archivada por el personal de seguridad ante las agresiones a compañeros, se ha convertido en una bofetada para la comunidad, acabemos con el tiempo de las mesas de diálogo vacías y las ‘soluciones’ que sólo buscan silenciarnos, la paciencia ya se agotó y con ella la vía pacífica", afirmó uno de los mensajes compartidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Devorados por el Ajusco: “Las víctimas no tenemos derechos humanos”

La incesante búsqueda de Olín Hernando Vargas permite asomarse al hoyo negro en que se ha convertido el Ajusco, lugar que solía ser de convivencia familiar. “Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, dice su padre. Sin embargo, nunca regresó.

El 26 de noviembre de 2024, Olin Hernando Vargas Ojeda salió rumbo al Ajusco con la promesa de reencontrarse con una amiga del CCH. Nunca volvió. Casi un año después, su padre, Fernando Vargas, sigue buscando respuestas. Para él ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía han hecho su trabajo.

“No ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

La familia de Olin denuncia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México perdió evidencia clave, retrasó detenciones y desatendió líneas de investigación que pudieron salvar la vida de su hijo.

“Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, sin embargo, nunca regresó.  “A la una de la mañana vimos un mensaje con un reloj en mi teléfono: decían que lo tenían secuestrado y pedían seis millones de pesos”, recuerda Fernando en entrevista con EMEEQUIS.

La camioneta de Olin fue hallada horas después, chocada, con las puertas abiertas y rastros de sangre en el tablero. En el asiento, su padre encontró un pedazo de su playera. “A partir de ahí no tocamos nada, fuimos por ayuda judicial”. Llamaron al 911 y dejaron que las autoridades se hicieran cargo de la escena. Fernando menciona que había rastros de que su hijo se defendió y que se había tratado de un acto coordinado en el que por lo menos participaron dos vehículos más.

Un día después, ya estando en su casa, “llegó la policía y estaba ahí mi sobrina. Luego supimos que ella y su esposo habían sido cómplices”, relata. Ambos permanecen en prisión preventiva, pero podrían salir libres si no se acredita su responsabilidad.

El día que la policía visitó su hogar, explica que apartaron a Laura, su sobrina, para ese momento ya sabían que ella había hecho una recarga telefónica al número desde el cual les habían solicitado el rescate de  6 millones de pesos. 

Fernando acusa que la Fiscalía tuvo evidencia desde el segundo día  y tardó mes y medio en realizar las detenciones. “Si ya tenían evidencia, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se hizo nada para garantizar la vida de mi hijo?”, cuestiona.

Asegura que el pedazo de playera que él mismo entregó desapareció bajo custodia ministerial, lo que impidió obtener huellas o muestras de ADN. “Nos dijeron que se había perdido. Esa negligencia es imperdonable.”


“LAS BÚSQUEDAS RESULTARON INÚTILES”

Las búsquedas oficiales, dice, han sido tardías e ineficaces. La primera en campo ocurrió cuatro meses después de la desaparición, en el mismo punto donde fue hallada la camioneta. “Buscar cuatro meses después es absurdo. Ya no hay rastros, todo está alterado”, reclama.

Fernando critica la actuación de las comisiones de búsqueda: “Son inútiles, no deberían existir. Lo que se necesita es una Fiscalía que investigue, no oficinas que repartan culpas. A nosotros nos mandan a buscar al Ajusco sin indicios, mientras no hay una sola búsqueda en vida de mi hijo”.

La familia de Olin se ha unido con otras dos familias: las de Ana Amelí y Luis Óscar, desaparecidos también en la zona, para realizar sus propias jornadas de difusión. Pegan lonas, carteles y mantas con recompensas y números de contacto, muchas veces sin apoyo institucional.

“Nosotros somos personas mayores. No tenemos fuerza ni conocimientos para hacer búsquedas, pero lo hacemos porque nadie más lo hace. A las familias nos engañan. Las leyes de víctimas son letra muerta”, lamenta.

SER ESCUCHADO CUESTA UNA HUELGA DE HAMBRE

Ante la inacción, Fernando y su esposa realizaron una huelga de hambre de dos días frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 23 de octubre. La protesta derivó en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda y la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

“Ese viernes firmamos una minuta de acuerdos: se comprometieron a investigar por qué no se detuvo a los responsables a tiempo, por qué se perdió la playera de mi hijo y a reactivar la investigación”, explica Fernando. Con esos compromisos levantaron la huelga.

A casi un año de la desaparición, sólo hay dos personas detenidas y ninguna pista clara del paradero de Olin. “Mientras más tiempo pasa, menos probabilidad hay. Las víctimas no tenemos derechos humanos”, sentencia.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Olin no es aislado. En los últimos años, el Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones, con operativos tardíos y líneas de investigación fragmentadas entre la CDMX, Morelos y el Estado de México.

Fernando resume su desesperanza en una frase: “No ocupamos fotoboletines, ocupamos resultados, no ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

Su lucha, dice, no busca compasión, sino eficacia: que el aparato de justicia funcione antes de que otra familia tenga que pegar mantas en los cerros del Ajusco.



El Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones forzadas y misteriosas, con al menos 300 casos reportados desde 2017 y más de 340 en la demarcación hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta área de 920 hectáreas, popular entre senderistas y excursionistas por sus senderos y vistas panorámicas, es también un territorio inhóspito marcado por la impunidad del crimen organizado, la falta de vigilancia, alumbrado deficiente y conectividad limitada que obstaculiza el monitoreo de cámaras del C5. 

Casos emblemáticos como el de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 durante un festival; Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años vista por última vez en julio de 2025 en el Pico del Águila; María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, extraviada en septiembre del mismo año; y Luis Óscar Ayala, un odontólogo de 48 años perdido en una caminata, ilustran un patrón alarmante de víctimas, mujeres, hombres y menores, que salen por placer o rutina y no regresan. Colectivos de madres buscadoras, como “Una Luz en el Camino”, realizan jornadas exhaustivas con apoyo de voluntarios, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, desenterrando restos óseos en lo que llaman “fosas clandestinas”, mientras denuncian la omisión institucional y exigen protocolos más ágiles para combatir esta sombra de violencia en el corazón de la capital.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO.

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los policías de la CdMx que participaron en la detención de un joven que posteriormente perdió la vida.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.
La víctima habría sido detenida por policías de la CdMx en la calle Soledad, de la colonia Zona Centro, el martes 4 de noviembre.

Como resultado del análisis de videos captados por cámaras de vigilancia, autoridades lograron identificar a los tres agentes involucrados en el arresto del sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales tras su detención.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vinculan a proceso a sujeto que mató a su pareja en la colonia Mártires de Tacubaya

Samuel "N" está sujeto a prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Un juez de control vinculó a proceso a Samuel “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el pasado 30 de octubre en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón. 

Lo anterior lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado en el que precisó que el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida con signos de asfixia por estrangulamiento y heridas punzocortantes, luego de que vecinos solicitaran auxilio a través del número de emergencias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en el lugar a Samuel “N”, quien presentaba lesiones en el cuello, aparentemente autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. 

Una vez que fue dado de alta, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra el 2 de noviembre.  

En la audiencia inicial, el juez determinó su vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

El incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público de la CdMx se definió considerando el alza en el precio de los combustibles y la inflación, explicó la Semovi.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CdMx) reveló este domingo cuáles fueron las condiciones a las que accedieron los choferes de transporte público para que se aprobara el incremento de 1.50 pesos en la tarifa.

El titular de dependencia, Héctor Ulises García, reconoció que el aumento en el precio del pasaje del transporte concesionado puede significar un sacrificio para algunas personas, ya que en promedio esta medida representa un gasto extra de entre 30 y 45 pesos al mes.

De acuerdo con el funcionario, para determinar de cuánto sería el incremento en la tarifa del transporte público en la capital, se tomaron en cuenta distintos factores, como el aumento en el precio de los combustibles y la inflación.
"Este ajuste se hizo con estricta responsabilidad y sensibilidad social, procurando afectar lo menos posible la economía de las familias", afirmó el Secretario de Movilidad capitalino.


¿Qué condiciones aceptaron los choferes para aumentar la tarifa del transporte en la CdMx?

En una conferencia de prensa, el titular de la Semovi dio a conocer que los choferes de transporte público concesionado accedieron a cumplir con una serie de condiciones que tienen el propósito de mejorar la calidad del servicio, a cambio de que el Gobierno de la CdMx aprobara el aumento de 1.50 pesos al pasaje.

Las reglas que deberán cumplir los conductores son las siguientes:
  • Sólo pueden brindar el servicio en los recorridos autorizados por la Semovi de la CdMx.
  • Respetar carriles exclusivos y corredores, por lo que tendrán prohibido circular en el carril exclusivo para el Metrobús y Trolebús.
  • Respetar los límites de velocidad en todo momento.
  • La nueva tarifa oficial debe ser publicada en cada una de las unidades.
  • Queda estrictamente prohibido que los operadores consuman bebidas alcohólicas o estupefacientes antes y durante su horario laboral.
  • Los conductores tienen prohibido el uso de celular al conducir, incluyendo el manos libres.
  • Los choferes deben portar el uniforme completo: pantalón oscuro y camisa blanca, manteniendo siempre altos estándares en su higiene personal y limpieza de la unidad.
  • No podrán escuchar música con volumen muy alto, que pueda llegar a molestar a las y los pasajeros.
  • Cumplir con las paradas establecidas de ascenso y descenso de pasajeros.
  • Queda prohibido hacer base en lugares no designados.
  • Los choferes deben conducir de forma segura y respetuosa, evitando agredir a otros conductores u operadores de rutas distintas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a una mujer en la Álvaro Obregón; es el tercer feminicidio en 10 días en la CDMX

Autoridades hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40.

Una mujer fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde fue encontrada con heridas en el cuello y las manos.  

Se trata del tercer feminicidio, que reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un periodo de 10 días en la capital mexicana.

La dependencia informó en un comunicado, el viernes 31 de octubre, que el presunto feminicida, un hombre de 42 años, fue detenido por uniformados tras intentar herirse con un cuchillo cuando ingresaron al inmueble. 

También relató que los operadores del C2 Poniente recibieron una llamada de auxilio por un posible caso de violencia familiar en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos. Una vecina reportó haber escuchado gritos, por lo que policías y bomberos ingresaron al domicilio.  

En una de las habitaciones hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40. 

Tercer feminicidio en 10 días

El caso se da apenas cuatro días después del feminicidio de Amanda Castro Rossab, de 22 años, asesinada en plena vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.  

El 27 de octubre, la joven fue atacada por un hombre que vestía una túnica negra, en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre, después de haber sido reportada como desaparecida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, el 23 de octubre. 

El 20 de octubre, otra mujer fue asesinada a tiros en la colonia Tlalpan Centro, frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo. Testigos reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego. 

En menos de dos semanas, tres mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de la Ciudad de México: Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Los crímenes ocurrieron en espacios públicos y domésticos, con armas blancas y de fuego. 

Lo anterior contrasta con la presentación del informe mensual de seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el pasado 16 de octubre afirmó que los feminicidios en la capital habían disminuido 35%, y destacó que la Ciudad de México “se consolida como una de las urbes más seguras para las mujeres”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Adolescente destapa violencia sexual en albergue «Casa de las Mercedes»en CDMX

Una joven adolescente quien pertenecía a Casa de las Mercedes en CDMX fue quien logró evidenciar la violencia sexual que vivió por parte de un familiar relacionado con la casa hogar «Casas de las Mercedes» ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y desde entonces las autoridades capitalinas intervinieron para recuperar a las 80 niñas y niños que ahí habitaban para investigar otros casos de violencia sexual y trata de personas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que esta institución aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Aquiles “N” por su probable participación en el delito de violación agravada en agravio de esta adolescente de 17 años cuando estuvo bajo el resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes.

Se sabe que el imputado ya fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal general precisó que se inició una investigación adicional por el delito de trata de personas contra quien resulte responsable, ante la posible comisión de actos relacionados con explotación laboral de menores de edad.

Asimismo, explicó que, de acuerdo con la investigación, en marzo de 2025, la adolescente fue trasladada desde el albergue hasta el domicilio de la madre de Aquiles “N”, donde la víctima habría sido obligada a realizar labores domésticas y sufrió la agresión sexual.

En los meses siguientes, la adolescente fue objeto de amenazas, acoso e intimidación presuntamente de parte del personal de la Fundación, quienes le habrían advertido que podría perder la patria potestad de su hijo si denunciaba los hechos.

Pese a ello, la joven consideró oportuno denunciar los hecho y redactó una carta dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) que, al conocer su contenido, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía CDMX, lo que permitió iniciar la investigación y coordinar el rescate de 80 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación, quienes ya fueron reubicados en centros de asistencia social.

Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía CDMX, en coordinación con el DIF-CDMX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), llevó a cabo las diligencias correspondientes para garantizar la protección y atención integral de las y los niños, quienes actualmente reciben atención médica, psicológica, social y alimentaria.

Frente al suceso, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se pronunció en contra de los hechos perpetrados, señalando que este caso es una clara evidencia de la vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México, cuando sus vidas se cosifican ante la falta de garantía para vivir una vida libre de violencia.

REDIM subrayó que previamente ha llamado la atención a las autoridades para crear políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez, ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias que viven en esquemas subrogados, pues en estos casos, la violencia, el encierro, la falta de adecuada supervisión y de condiciones y protocolos que garanticen un abordaje con enfoque de derechos, generan entornos propicios para la vulneración de sus derechos. 

En consecuencia y de forma reiterativa, la REDIM hizo un llamado a todas las instancias federales, locales y a la sociedad en su conjunto para que se investigue lo ocurrido en dicho caso y se procure una ruta de restitución de derechos para las víctimas.

Asimismo, exigieron una investigación pronta, expedita y efectiva, así como una sentencia condenatoria contra quienes resulten responsables. Además, llamaron a las autoridades a establecer un paradigma, en esta nueva administración, para observar y resolver las fallas estructurales y analizar el caso como un hecho que no es aislado

No es un hecho aislado

Tal y como lo señala la ONG, la “Casa de las Mercedes” no es un suceso de violencia excepcional hacia las infancias. Durante el pasado mes de julio, mediante un pronunciamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes (SE SIPINNA), se dio a conocer el cierre de los albergues infantiles en los municipios de Texcoco y Chicoloapan, operados por la organización “Ayudante al Niño, Transformando Niños en México”, en donde se ha documentado una serie de denuncias por abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia contra la infancia.

Asimismo, se señaló que se organizó un operativo conjunto entre diferentes instituciones públicas, con el propósito de garantizar la seguridad de las niñas y niños para proceder al cierre de los albergues implicados. Este operativo incluyó la intervención de autoridades federales y estatales.

Situación que, señalaron, constituye una seria violación a los principios y derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), especialmente en lo que respecta al derecho de vivir libres de violencia y recibir protección y cuidados adecuados en entornos seguros.

Ante ello, se hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de establecer medidas efectivas y permanentes de vigilancia, verificación y control en estos espacios. Es indispensable garantizar que los centros de asistencia social operen con personal capacitado, bajo protocolos claros de atención, en condiciones dignas, seguras y libres de cualquier tipo de riesgo para niñas, niños y adolescentes.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.