En coordinación con personal de logística e inteligencial de Petróleos Mexicanos (Pemex), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), localizaron dos túneles a 6 metros de profundidad donde se presume una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto.

Como medida preventiva, se realizó el acordonamiento de la zona, pero desde los primeros momentos se informó que no existe riesgo para la población.

Asimismo, se indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado las indagatorias.

El documento fue presentado por el diputado Paulo García y, al igual que el discurso de la dirigente capitalina, argumentó que existieron convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas y atacar instalaciones federales.  

El legislador atribuyó estas acciones a grupos vinculados a sectores conservadores que supuestamente tuvieron el objetivo de generar imágenes que muestren una respuesta represiva por parte del Gobierno capitalino. 

Aunque las autoridades ya informaron sobre la apertura de carpetas de investigación contra los manifestantes detenidos, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar indagatorias sobre los agresores materiales y sobre posibles operadores políticos o financieros detrás de los grupos de choque.  

El punto de acuerdo también solicita investigar presuntas presiones hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para asistir a la marcha. Ambas demarcaciones son encabezadas por los opositores Mauricia Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente.  

Los diputados morenistas apuntaron que en redes sociales se difundieron denuncias sobre posibles actos de coacción para incrementar artificialmente la participación. 

Como parte de la propuesta, la bancada guinda planteó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) conforme una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre los hechos y sobre sus presuntos operadores políticos.  

Además, llamó a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a condenar públicamente la violencia registrada y a deslindarse de cualquier vínculo con los grupos que participaron en las agresiones.  

Una vez más, como lo dijo la jefa de Gobierno, el punto de acuerdo señaló que la ausencia de un posicionamiento claro podría interpretarse como falta de distancia con respecto a los hechos.

En la última etapa de este largo proceso, cuando la fosa común quedó a su cargo en el año 2005, se han utilizado entre 70 y 80 fosas, de dos por tres metros de diámetro y casi cuatro metros de profundidad, dónde se han enterrado en cada una entre 130 y 150 cuerpos no reclamados, enviados allí por fiscalías, institutos forenses y escuelas de medicina.

“Cuando inicié aquí en el área, después que el compañero anterior se jubiló, mi pensamiento fue: como el compañero no llevaba un registro, yo sí lo voy a llevar”, contó don Israel, en entrevista con Desinformémonos.

Su registro fue sencillo, pero es hoy la única herramienta con que cuenta la autoridad para hacer frente a la dolorosa tarea de exhumar esos cuerpos, entre los cuales puede haber un sinnúmero de personas que, en todo el país, estén siendo buscadas como desaparecidas.

“Tomé número de expedientes y número de placas en el cuerpo. Apunté el número de fosa donde se deposita el cuerpo y el nivel, cada fosa tienen niveles según el momento en que llega el cuerpo y se inhuma. Llenándose la fosa, se cierra y se inicia otra”, explicó el experto. Por cada fosa, don Israel tiene un fólder, donde registra cada cuerpo.

Su convicción y su responsabilidad colectiva son una herramienta imprescindible para que hoy se tenga acceso a los cuerpos que llevan años en custodia estatal: “el día que vengan a solicitar una exhumación, tengo que saber exactamente dónde está el cuerpo que andan buscando”, reflexionó.

Irresponsabilidad institucional

La crisis de personas desaparecidas en México, que ha alcanzado las 133 mil 591 personas desaparecidas al momento de publicar esta nota, tiene mucho que ver con una pobre labor forense y una nula capacidad e interés de parte de las fiscalías para ubicar a las familias de las personas que llegan fallecidas, sin identificar, a su custodia.

Así, hay casos como el de Braulio Basilio Caballero, un adolescente que pasó casi seis años desaparecido tras haber sido enviado a la fosa común de Dolores sin que su familia fuese notificada de su muerte, que ha cambiado la percepción sobre la responsabilidad estatal en esta crisis.

Al cumplirse tres años de su restitución a su familia, en agosto de este año, la Comisión local de Derechos Humanos catalogó su caso como una “desaparición institucional”, el primero en reconocerse así, la cual fue causada por una pobre labor forense que lo registró como un hombre de 21 años, cuando el niño tenía 13 al morir, horas después de ser arrollado por un camión de transporte colectivo en el paradero de Pantitlán.

“Estoy contenta porque en la Comisión de Derechos Humanos analizaron bien la carpeta de mi hijo y encontraron omisiones, gracias a las cuales se va a proceder contra la Fiscalía (de la Ciudad de México) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), que fue donde vino el registro erróneo de la edad que se le puso a mi hijo”, expresó a Desinformémonos Fernanda Caballero, madre de Braulio, tras el primer acto de disculpa pública a cargo de la Comisión.

Sin embargo, la familia Basilio Caballero está aún a la espera de la colocación de dos placas conmemorativas en los edificios de la Fiscalía y el Incifo que, junto a un retrato del adolescente, den cuenta del caso, como una forma de reparar el daño que causó a su familia la mala gestión institucional. “Es una placa que permita recordarles a los que trabajan allí que tengan en cuenta que no deben cometer los errores y violaciones que nos hicieron a nosotros”, puntualizó.

“Sabemos que todavía falta por caminar y por luchar, pero debe haber un castigo a las autoridades, porque ellos cometieron el error. Fue una desaparición institucional, ellos mismos lo desaparecieron al darle un registro de edad que no correspondía. Incluso, cuando nosotros acudimos al Incifo, se nos dijo que allí no había noticias de él. Después de casi seis años, se nos dijo que hubo una carpeta extraviada, que era la de mi hijo”, insistió su madre.

La primera exhumación

Braulio fue el primer desaparecido que logró ser exhumado de la fosa común de Dolores, tras pasar cinco años sin ser localizado, gracias a la lucha y perseverancia de su familia, que nunca se dio por vencida, incluso, contra la insistencia estatal de que abandonaran su búsqueda. “Tengo sentimientos encontrados porque hace tres años se nos entregó el cuerpo de mi hijo, y le dimos santa sepultura. Siento que esto marca una fecha muy importante, no nada más para mi Braulio, sino para toda la sociedad y los demás compañeros que están en búsqueda”, agregó.

La señora Fernanda dice que esa fecha nunca se le va a olvidar, cuando acudieron a Dolores para la exhumación el 15 de mayo de 2022. “Fuimos al Incifo, de allí nos llevaron al Panteón María Dolores. Nos subieron a la camioneta para hacer un tramo bastante largo, y supuestamente nosotros, como familia, íbamos a ver la exhumación, cómo lo iban a sacar. Pero cierto reglamento se rompió, porque nunca la vimos. Nos pusieron una trabe con camionetas que nos impedía ver qué sucedía. Para ese entonces, me acuerdo que la Fiscalía llevó una carpa, nos llevó mucha comida, como si fuéramos a un día de campo, sin saber del dolor que estaban causando, porque nosotros queríamos ver dónde estaba nuestro hijo”, recordó en diálogo con este medio.

Esa falta de participación en la exhumación fue una espina que quedó clavada en la familia y que aumentó la distancia con las autoridades, que ya era mucha. “Al momento de que sacan a mi hijo, lo ingresaron en la camioneta del Incifo y no nos avisaron. Yo le dije a mi esposo que le dijera al de la Fiscalía que yo quería ir a ver a dónde lo iban a dejar, por eso hicimos el recorrido de regreso al Incifo de Niños Héroes, y por un pequeño momento lo alcancé a ver, cuando lo bajaron de la camioneta y luego luego lo ingresaron a las instalaciones”, narró.

Luego, la familia tuvo que esperar casi un año hasta que se hiciera un nuevo peritaje forense multidisciplinario, que fue único en su tipo, ya que reunió a los cinco expertos que mandatan los protocolos para que, juntos, analizaran nuevamente el cuerpo y confirmaran revisando las marcas individualizantes ante mortem que se trataba de Braulio, y brindarle así la certeza que la familia requería. Este trabajo fue monitoreado por la antropóloga Albertina Ortega, quien fungió como perito independiente y observadora para su familia.

“A la antropóloga Albertina la buscamos, nos la recomendó otra familia porque nosotros ya no creíamos en las instituciones. ¿Qué tal si nos daban un dato mal, o si no era mi hijo? Gracias a ella y a los estudios que fiscalizó, confirmamos que sí era mi hijo. Ella es quien se dio cuenta de que era un menor de edad porque los huesos no estaban totalmente desarrollados, y todavía tenía dos dientes de leche que no se le caían. Ella nos regresó la confianza en que sí era mi hijo”, apuntó Caballero.

A tres años de ese suceso, la familia de Braulio sabe con certeza que su caso fue un parteaguas para la comprensión de la desaparición en la Ciudad de México, y que abrió la puerta a las exhumaciones que esta semana comenzaron con una única fosa del sistema común, en Dolores. “Es algo que no queremos que se vuelva a repetir con los demás jóvenes allá afuera. A mi niño le violaron sus derechos y no queremos que esto quede inconcluso, que se sepa que Braulio va a velar por ellos también”, sentenció su madre.

Identificación pendiente

Consultado al respecto por este medio, el comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez, quien ha fungido públicamente como el promotor institucional y vocero del proceso de exhumación, dijo que durante una semana, desde el 18 hasta el 22 de noviembre, se realizará “un proceso de recuperaciones controladas” de una fosa, en la cual se espera recuperar 27 cuerpos inhumados allí hace una década.

“Hemos identificado a partir de la documentación existente que hay personas que pudieron fallecer en su momento y que tendrían características que son similares a personas que estamos buscando. De manera que vamos a ir hacia atrás para poder recuperar a estas personas del Panteón Civil de Dolores, que hoy están en calidad de desconocidas, y poder verificar su identidad y, en su caso, entregarlas a sus familiares”, afirmó.

Explicó que, aunque la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México fungió como responsable de la planeación de la exhumación, así como de permitirles la entrada a las familias en búsqueda interesadas —y también a la prensa, para su registro—, “la intervención como tal corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México y al Instituto de Ciencias Forenses, que son los peritos que están encargados y tienen la responsabilidad de llevar a cabo una diligencia como esa. La intervención propiamente de la recuperación va a ser por parte de ellos”.

A partir de la exhumación se abre un nuevo proceso que —según se informó a las familias de personas desaparecidas— puede llevar hasta tres meses a partir de la recuperación de los cuerpos, que es la importante tarea de la identificación de estas personas: “la intención es que, más allá del procesamiento forense de los elementos humanos que se puedan recuperar del Panteón, pueda llevarse a cabo una identificación. Por eso razón, esto es parte de las tareas de búsqueda”, anunció el Comisionado.

Contrario a lo sucedido hace más de una década, ahora las autoridades aseguran que harán marcaje personal a todos los proyectos autorizados a fin de que no se aprovechen de los permisos y factibilidades de construcción que les otorgarán las diferentes dependencias del gobierno local.

Sin embargo, vecinos que desde hace 15 años han luchado en contra de la corrupción inmobiliaria señalaron que reactivar este ordenamiento no es viable para evitar la gentrificación y especulación de los precios de la vivienda.

“(El Gobierno capitalino) también es responsable de la especulación porque ¿quién va a comprar un departamento de 45 metros cuadrados por 2 millones de pesos?, cuestionó María Teresa Ruiz, integrante de las asociaciones SUMA Urbana y La Voz de Polanco.

Incluso, alertaron, se trata de una maniobra para redensificar la ciudad, un plan que se tenía previsto desde hace tiempo y que se prevé consumar con la aprobación del Plan General de Desarrollo de la CDMX que de momento se encuentra en el limbo.

“No es un programa de vivienda popular, es la redensificación en zonas ya saturadas (…) y el Plan General de Desarrollo tiene un camino pavimentado para dar lugar a negocios previamente pactados”, acusó Josefina Mac Gregor, directora general de SUMA Urbana.

Y aunque desde 2021, en el gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, la norma fue reactivada, en este 2025, con el gobierno de Clara Brugada, se pusieron las reglas y mecanismos claros que se deben seguir para que constructores privados puedan hacer uso de este ordenamiento.

Permiso para construir más niveles

En entrevista, Carlos Mackilay, director de Servimet, explicó que una vez que reciben la propuesta de predios en los que los privados buscan construir se da paso a un análisis sobre la ubicación y servicios que tiene la zona ante de otorgar el cambio de uso de suelo para que puedan construir más niveles de los permitidos en la normatividad.

¿Pero qué gana el gobierno capitalino con esto? El 2.8 % de la venta de cada vivienda, dinero que entrará a la Tesorería local para que se destine a proyectos que incentiven la construcción de vivienda sustentable, pues a través de Servimet el gobierno se convierte en socio de los desarrolladores.

Además, para evitar que incumplan los acuerdos y saquen ventaja de la Norma 26 como sucedió años atrás, Servimet organiza equipos de trabajo e inspección, los cuales acuden a los predios en donde se trabaja para validar que las cosas se están haciendo bajo la norma.

Incluso, reveló el funcionario, ellos mismos llaman para pedir informes de los departamentos, agendar visitas y verificar que no estén vendiendo más caro de lo estipulado ni que condicionen acabados u otras amenidades a un pago adicional.

Por separado, Josefina Mac Gregor recordó que con el trabajo de los vecinos y gracias a información obtenida vía transparencia pudieron confirmar, después de la suspensión de la norma, que había más de 4 mil edificios en la CDMX que se habían construido bajo el amparo de la Norma 26 y que finalmente fueron residenciales de lujo.

La Norma 26 es un instrumento normativo que promueve y facilita la producción de vivienda asequible y sustentable (también llamada de interés social o popular) en zonas céntricas de la capital del país evitando con ello que ante fenómenos como la gentrificación las personas deban mudarse a la periferia.

“(Se busca) incrementar las opciones de vivienda como mecanismo de regulación del costo de la misma en zonas donde el precio comercial es significativamente elevado para que las personas puedan adquirir una vivienda en la zona donde crecieron, donde tienen arraigo y están sus familias, evitando que tengan que migrar a las periferias y así evitar la gentrificación”, explica Servimet en su portal de internet.

“Además de contribuir a que las personas vivan y se desarrollen en zonas cercanas a sus centros de trabajo, de estudio, recreativos, culturales, de salud, y que cuenten con servicios públicos de equipamiento y servicios esenciales”, agregó.

Construían departamentos de interés social, pero vendían propiedades de lujo

En 2013 y luego de confirmar los abusos de las empresas constructoras que amparados a este ordenamiento solicitaron permisos de construcción informando a la autoridad que harían vivienda de interés social y que terminaron vendiendo departamentos de lujos de más de 2 millones de pesos, el Gobierno capitalino decidió suspender la aplicación de la Norma 26.

En agosto de 2013 Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la Norma 26 estaría suspendida hasta diciembre de ese mismo año. Durante ese tiempo, detalló, se analizaría, reformaría o en su caso sería abrogada.

La suspensión continuó hasta septiembre de 2021, pero su mala reputación, las denuncias del llamado Cártel Inmobiliario y la pandemia hicieron que los desarrolladores no se interesaran en ella, hasta este año.

¿Cómo son las viviendas que se construyen con la Norma 26?

Los precios de estas viviendas están previamente acordados y no es posible aplicar aumentos injustificados, de lo contrario serán vetados y sancionados por las autoridades.

Deben ser ofertadas de 10 mil 800 hasta 17 mil 314 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, no podrán costar menos de 1 millón 221 mil pesos ni más de 1 millón 986 mil pesos.

Son departamentos que como mínimo deben contar con 1 recámara, baño, cocina, sala y áreas comunes, y su venta no puede estar condicionada a la adquisición extra de terrazas, loft, acabados adicionales o estacionamientos.

“Tenemos un control sobre el proceso de desarrollo y vamos a hacer obligatoriamente cinco visitas en el proceso de construcción, más las visitas que hacemos estilo mystery chopper”, subrayó Mackinlay.

Revisarán si los interesados tienen otras propiedades

A la fecha, de acuerdo con lo que informó el director general de Servimet, hay 400 viviendas disponibles para comprar y no es requisito que los interesados cuenten con créditos Fovissste o Infonavit, pues ellos los ayudarán a que se conviertan en sujetos de crédito.

Con el objetivo de confirmar que quienes deseen adquirir la vivienda sí la necesitan y no poseen más propiedades, Servimet también hará una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad.

Además, deben comprometerse a no vender la propiedad en un plazo de 5 años y queda estrictamente prohibido ocupar el departamento como alojamiento de aplicación.

En la página de Servimet —https://servimet.cdmx.gob.mx/proyectos/vivienda-norma-26— los interesados podrán encontrar el catálogo de proyectos listos y disponibles para comprar.