Hace 54 años, el 10 de junio de 1971, el país vivió uno de los episodios más cruentos de represión: la Masacre del Jueves de Corpus o “El Halconazo”. Hoy, el crimen, cuyas víctimas tiene un estimado mínimo de 100 personas, se mantiene impune.
Durante estas más de cinco décadas, el Estado mexicano no sólo fue responsable de aquel episodio de violencia perpetrado contra estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. También ha sido omiso en atender los reclamos de justicia que, del antiguo régimen priista, pasaron por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.
Los procesos judiciales siguen activos, de acuerdo con Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del Comité 68, colectivo que además de la masacre estudiantil de Tlatelolco, reivindica la necesidad de justicia en los hechos de 1971.
En 2021, al cumplirse 50 años desde los hechos en la zona aledaña al Metro Normal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa de Estado. El principal compromiso, dijo, era la no repetición y aunque en su gobierno creó una instancia para investigar violaciones graves de derechos humanos en el pasado, el avance fue exiguo.
En la vía judicial, en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando fue creada la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el “Jueves de Corpus” llegó a manos de la magistrada Herlinda Velasco. El propósito era procesar a Luis Echeverría por genocidio. Pero la juzgadora consideró que no se acreditaba el carácter nacional del grupo agraviado y desechó el asunto.
El asunto pasó entonces a un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte, que lo regresó al tribunal donde finalmente se le dio carpetazo.
Con lo anterior, el Comité 68 y varios sobrevivientes de la matanza acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para 2022, un año después de la disculpa de Estado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de la CIDH que había pedido información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard.
La cancillería respondió que no tenía relación con el tema y, una vez que la CIDH persistió en el requerimiento, el Estado Mexicano expuso que los quejosos no habían agotado todas las instancias. Así que debieron regresar a gestionar amparos.
Es una de muchas contradicciones, explica Hernández Gamundi.
Documentales censuradas
La movilización de estudiantes del Jueves de Corpus fue la primera marcha después de la del 2 de octubre de 1968. Algunos jóvenes, presos políticos del 68, habían sido amnistiados y, uno de ellos, como Pablo Gómez Álvarez, decidieron participar sólo para vivir de nuevo la represión.
Los nombres de los políticos y mandos de seguridad de la época, la mayoría procedente del Ejército Mexicano, aparecieron desde entonces y hasta ahora como responsables: Luis Echeverría, Mario Moya, el general Manuel Díaz Escobar, Alfonso Martínez Dominguez. Hoy, ellos y otros implicados ya fallecieron.
Sin embargo, la demanda de verdad y justicia se ha mantenido y las esperanzas de un avance significativo en conseguirlo, se cifraba en la incorporación de actores políticos (como el mencionado Pablo Gómez) al gobierno, así como de veteranos de la izquierda como Alejandro Encinas, quien arribó a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación en 2018.
Como se recordará, al iniciar su gobierno, López Obrador ofreció la desclasificación de todos los expedientes de las policías políticas, luego se metió freno a la decisión y, finalmente, el asunto quedó en revelaciones parciales.
El proceso volvió a topar con la fuerza del Ejército y los cuerpos de seguridad.
Al respecto, Hernández Gamundi sostiene que el mayor avance ha sido la entrega de expedientes militares al Archivo General de la Nación. Pero fue una entrega parcial y además censurada.
“Nosotros insistimos en que eso no es suficiente”, dijo.
Lo deseable, dice, sería que los expedientes oficiales fueran entregados a una autoridad ministerial o judicial, porque tendría una connotación diferente. Por ahora, lo que hay, es un índice con expedientes en los que la mayoría de las páginas están tachada, borradas.
“Nosotros hemos insistido mucho que es información que debe entregarse oficialmente a una autoridad ministerial o judicial eso no ha ocurrido”.
Las comisiones
El mismo 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.
En enero de 2020 se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, cuya meta es recopilar información a fin de que las víctimas directas e indirectas tengan acceso al derecho a la verdad. Resultado de ello se emitieron la Recomendación General 46/2022 y la Recomendación por Violaciones Graves 98/2023.
En ambas recomendaciones se señaló que las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto para profundizar en las causas y orígenes de estas prácticas represivas, constantes en la historia de México contra un grupo de personas en específico.
Con lo anterior y la respuesta dada a la CIDH, se reactivaron las carpetas de investigación y se crearon mesas de trabajo.
Apenas el año pasado, los trabajos de esas mesas comenzaron a avanzar, dice Hernández Gamundi. Se trata de una mesa con la subsecretaría de Derechos Humanos, en Gobernación, y otra con la Fiscalía General de la República con agentes especializados que están revisando el “Halconazo” y lo ocurrido durante la llamada “guerra sucia”.
La semana pasada hubo sesión de la mesa con Gobernación. Hernández Gamundi planteó ahí que, en el informe del Mecanismo de Historia, hay recomendaciones muy atendibles.
“Entre esas recomendaciones, la comisión da una ruta para que se reabran los procesos, se proceda a juzgar a los responsables y se garantice la reparación del daño de las víctimas. Es lo que está en la mesa de trabajo, es lo que está en el tapete de las discusiones”.
“Ya es tiempo”
Para muchos, el Halconazo marcó el inicio del proceso represivo que se conocería como la “guerra sucia”, que se radicalizó con la aparición de nuevos movimientos y, en particular, de movimientos armados. Los crímenes cometidos en el periodo permanecen mayoritariamente impunes.
“Yo sostengo que ya es tiempo de que estos temas se resuelvan porque son casos de una impunidad atroz, que además de ser víctima de un delito de lesa humanidad, es decir, que ofende la naturaleza del ser humano, hay una impunidad que pavimenta el camino para nuevas impunidades y agravios”, dice el veterano luchador social.
Para Hernández Gamundi, en la impunidad de lo ocurrido en ese tiempo está la clave de lo que sucede hoy:
“Esta realidad que no se corrige, de corrupción en la vida nacional, es consecuencia de un estado de impunidad al que no se le ve fin. Yo digo: es tiempo ya de que estos casos se resuelvan para comenzar a ponerle freno a la impunidad y que podamos verdaderamente estar en una condición de vida diferente”.
Y concluye:
“No se puede hablar de democracia y libertad donde los aparatos de justicia no hacen su trabajo y vivimos en zozobra. Esto depende de la voluntad oficial y el nivel de organización que logremos los ciudadanos”.
