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Nepotismo estilo PAN: los Guzmán Avilés buscan consolidar cacicazgo de 30 años en Tantoyuca, Veracruz

Desde 1997, tres hermanos se han turnado la presidencia municipal de Tantoyuca, Veracruz; el próximo 1 de junio, el mayor de ellos, Joaquín Guzmán Avilés, buscará ser electo edil por cuarta vez.

El PAN busca consolidar un cacicazgo familiar de casi tres décadas, apenas interrumpido durante un trienio, en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, donde el próximo domingo 1 de junio volverá a votarse para “renovar” el ayuntamiento.

El candidato del PAN en este municipio del norte veracruzano es Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien ha ocupado el cargo en tres periodos anteriores (1997-2000, 2004-2007 y 2010-2013), siempre bajo las siglas de Acción Nacional.

Su cuarto periodo gubernamental -en caso de ganar las elecciones– no sería un caso único en México, a no ser porque en los últimos 28 años se ha intercalado la presidencia municipal con dos de sus hermanos, fincando un largo periodo gubernamental apenas interrumpido en el periodo 2007-2010, cuando el priista Trinidad San Román les ganó las elecciones.

El candidato, de 64 años, es un polémico político que también ha sido tres veces diputado local y secretario estatal de Desarrollo Agropecuario en el gabinete del exgobernador Miguel Ángel Yunes.

Sus hermanos, Jesús Guzmán y Amado Guzmán, también han ocupado la presidencia municipal; su hermana, Rosario Guzmán, ha sido senadora y diputada federal por el PAN, y su otro hermano, Omar Enrique Guzmán, también fue funcionario municipal y diputado.

La familia entera ha ocupado cargos municipales y legislativos en Veracruz, pero entre ellos destaca Joaquín Guzmán, quien llegó a ser presidente estatal del PAN de 2017 a 2021, año en el que intentó reelegirse -sin éxito- en un polémico proceso que fue resuelto en el Tribunal Electoral.

En la actual campaña para renovar los 212 ayuntamientos de Veracruz, Joaquín Guzmán volvió a acaparar los reflectores, cuando el pasado 22 de mayo denunció una agresión por parte de hombres armados en contra de su equipo de campaña y un candidato a regidor.

Historia de un cacicazgo familiar

Todo comenzó en 1997, cuando Joaquín Guzmán Avilés abandonó el PRI, que le cerró las puertas para ser su candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca. Curiosamente, quien operó para ello fue el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien a la larga terminaría haciendo una amistad de décadas.

Al perder la postulación priista, Guzmán buscó a la dirigencia estatal del PAN, que lo hizo su candidato y consiguió la victoria en el ayuntamiento en una apretada contienda que se definió por menos de cien votos.

En 2000, el PAN volvió a ganar Tantoyuca, esta vez con Héctor Lara Argüelles, quien había sido director de Obras Públicas de Joaquín Guzmán y fue obligado a colocar a Omar Enrique Guzmán como tesorero municipal y a Jesús Guzmán como síndico. En ese año, Joaquín Guzmán fue electo diputado local.

Cuatro años después, en las elecciones de 2004, Joaquín regresó como candidato y ganó con un margen amplio, para iniciar meses después un segundo periodo como presidente municipal.

En 2007, su hermano Jesús fue el candidato panista en Tantoyuca, pero perdió las elecciones frente al priista Trinidad San Román, quien interrumpió -tan sólo por tres años- la dinastía de los Guzmán Avilés.

Actualmente, el candidato de Morena que disputa la presidencia municipal y busca terminar con este cacicazgo es el diputado Roberto Francisco San Román, hijo de aquel priista que gobernó entre 2007 y 2010.

Ese año, el PAN decidió postular al expriista Miguel Ángel Yunes a la gubernatura de Veracruz, pero perdió frente a Javier Duarte.

Quien no perdió en los comicios veracruzanos de 2010 fue Joaquín Guzmán, quien fue electo por tercera vez presidente municipal de Tantoyuca, dando inicio a un periodo de 15 años ininterrumpidos de gobiernos encabezados por los tres hermanos.

En un caso inédito de nepotismo municipal, en 2014 Jesús Guzmán recibió el poder de su hermano Joaquín; en 2018, Amado Guzmán sucedió a su hermano Jesús, quien a su vez volvió a ser electo en 2021 para tomar protesta l 1º de enero de 2022.

En febrero pasado, el PAN registró como su candidato a la presidencia municipal a Joaquín Guzmán, quien de ganar las elecciones del próximo domingo sustituiría a su hermano Jesús a partir del 1º de enero de 2026, y se quedaría en el poder hasta 2029.


El “camino de la constancia”

El municipio de Tantoyuca se ubica en el norte de Veracruz, cerca del estado de Hidalgo y en la región de la Huasteca, que corre desde San Luis Potosí hasta el norte veracruzano y el sur de Tamaulipas.

Con más de 100 mil habitantes, de los cuales 70 mil tienen credencial para votar, Tantoyuca es la cabecera del distrito 02 local y tiene una población indígena importante. Enfrenta problemas de marginación, pobreza y carencia de servicios básicos, atención a la salud y empleo.

Entre sus propuestas está la de mantener la seguridad en el municipio y avanzar en el rubro de la salud y, al explicar por qué quiere ocupar el cargo público al que se postula, no oculta su linaje familiar.

“Creo que Tantoyuca va por un camino de constancia, creo que Tantoyuca merece seguir siendo uno de los municipios en la zona norte del estado de Veracruz donde se respira seguridad, tranquilidad y paz social; creo en los gobiernos anteriores y seguiré en la escuela que han forjado”, dice, en clara referencia a las administraciones que él y sus hermanos han encabezado en Tantoyuca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN.

Asesinan a exlíder comunal vinculado al Cártel del Despojo en Oaxaca

Anastasio “N”. mejor conocido como “Tacho Canasta”, estaba acusado de los delitos de despojo, robo específico, daños y privación ilegal de la libertad.

El expresidente de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Anastasio “N”, alias “Tacho Canasta”, fue asesinado en un terreno de labranza en conflicto ubicado en la Sexta Sección de esa comunidad perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El atentado contra del exlíder comunal “Tacho Canasta” se registró este día en un predio cercano al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en Santo Domingo Tehuantepec, el cual se encuentra en disputa por la presunta invasión de este personaje y su hermano Sergio Gutiérrez, quienes han sido acusados de encabezar un grupo armado y de contar con la protección de gobiernos priistas y ahora morenistas.

De acuerdo a la Fiscalía General de Oaxaca, “Tacho Canasta” salió de su domicilio rumbo a la calle que lleva su nombre de la Sexta Sección de Tehuantepec y más tarde fue hallado sin vida y diversas lesiones por disparo de arma de fuego.

Cabe recordar que, en septiembre de 2022, el entonces, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, denunció que el "Cártel del Despojo" en Oaxaca ha recurrido a la violencia física, extorsión y asesinatos.

Hizo hincapié que grupos criminales, gestores o líderes forman parte de esta operación para despojar inmuebles, quienes, en colusión con servidores públicos, realizan delitos como violencia física, extorsión, amenazas e incluso han cometido asesinatos como la de un magistrado, una candidata del PAN y un operador financiero electoral.

El jueves 15 de septiembre, durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe de la forma en que se opera el despojo de inmuebles en Oaxaca.

Por esta razón, dijo, la Fiscalía General de Oaxaca ha integrado un total de mil 467 Carpetas de Investigación en el periodo que comprende de marzo de 2021 a julio de 2022, de las cuales 213 Carpetas de Despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.

Incluso, agregó, algunos homicidios como los casos de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño; el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco Martínez y el médico Carlos Eduardo López Martínez, quien fuera operador del gobernador electo, Salomón Jara Cruz y ejecutado en Juchitán de Zaragoza, “tienen indicios de despojos de bienes”.

En esa fecha, exhibió al supuesto líder Anastasio Gutiérrez García al sostener que hay diferentes carpetas de investigación iniciadas en su contra como posibles responsables de despojo en Oaxaca, particularmente en Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec.

Anastasio “N”. mejor conocido como “Tacho Canasta” es acusado de los delitos de despojo, robo específico, daños y privación ilegal de la libertad.

Mencionó que, como miembro del FUCO, cuyo líder es Antonino Morales (a) Nino, junto con su hermano Sergio G. G., saben de la importancia de estos terrenos localizados entorno al desarrollo por los proyectos federales de inversión que se están llevando a cabo en la región, principalmente el corredor interoceánico.

También Salvador "N", tiene abiertas en la fiscalía de Oaxaca tres carpetas de investigación iniciadas en 2021 por el delito de despojo, en Tagolaba, Tehuantepec.

Mencionó que los hermanos Sergio y Anastasio también están acusados del delito de privación ilegal de la libertad por el caso cometido el 28 de junio de 2022 a las 09:30 horas cuando un grupo de 50 personas, algunos portando machetes se presentaron al inmueble del ISSSTE donde trabajadores de la empresa Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales S. A. de C.V., laboraban. En esa ocasión privaron de la libertad al supervisor Luis Alberto N., quien fue llevado a la casa ejidal del Barrio de Santa Cruz Tagolaba, en donde lo obligaron a firmar un acta y lo mantuvieron contra su voluntad.

Mejía Berdeja detalló en los casos de despojo, el delito inicia cuando se ubica un lugar que resulte atractivo por la plusvalía, ubicación o no contar con un propietario “visible”, por lo que se llevan a cabo investigaciones en el registro público, sobre todo en las dependencias como Catastro y Registro Civil.

En esta operación, se ven coludidos notarios públicos, quienes simulan actos jurídicos para despojar a propietarios de estos inmuebles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

El “acordeón” de José Ramón López Beltrán: ¿por quiénes votará en la elección judicial?

El hijo de AMLO da a conocer su apoyo a diversos aspirantes días después de que diversas organizaciones civiles denunciaran la circulación de listas atribuidas a Morena para incitar al voto por determinadas candidaturas.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó su apoyo a diversos candidatos al Poder Judicial de la Federación (PJF) simpatizantes de la Cuarta Transformación por quienes afirmó que votaría en la próxima elección judicial.

A través de su cuenta de X dijo que su voto iría con las ministras 4T –Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel– para continuar en la Corte; Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia de López Obrador; la magistrada Anticorrupción, Natalia Téllez, identificada como allegada al exmandatario federal y Selene Cruz Alcalá, magistrada representante del gobierno federal en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Asimismo, incluyó en esa lista a Fabiana Estrada, magistrada allegada al ministro en retiro, Arturo Zaldívar; Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR); y Arely Reyes Terán, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla.

Aunque es candidata a juez de Distrito en el estado de Veracruz, el hijo de López Obrador también anunció que votaría a favor de Daniela Suárez.

“Grandes trayectorias, capacidades y convicciones. México necesita ministras y ministros íntegros, honestos, con vocación de servicio”, escribió.
Entre los hombres recomendados por López Beltrán están César Gutiérrez, hijo del exgeneral Jesús Gutiérrez Rebollo, militar sentenciado por tener vínculos con el narcotráfico; Hugo Aguilar Ortiz, coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Carlos Odriozola, abogado que desafió la condecoración del yerno de Donald Trump, entre otros perfiles que también han mostrado su simpatía por el oficialismo.

El post de López Beltrán se da días después de que diversas organizaciones civiles denunciaran la circulación en redes sociales de supuestos "acordeones", atribuidos al partido político Morena, con el presunto objetivo de incitar a la ciudadanía para votar por ciertos candidatos afines y apenas a un par de días de que inicie la veda electoral.

En la próxima elección del 1 de junio estarán en disputa 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, entre ellos los nueve puestos de ministros en la SCJN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

García Harfuch descarta represión al CNTE y garantiza seguridad en elección judicial

“No vamos a caer en ninguna provocación”, dijo el secretario de Seguridad ante las amenazas de boicot contra los comicios del próximo domingo. El funcionario federal compareció ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió este lunes con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Al término del encuentro, en conferencia de prensa, el funcionario federal descartó que vaya a haber represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y garantizó la seguridad durante la elección judicial del próximo domingo.

Durante su comparecencia, García Harfuch resaltó que, pese a que siguen operando grupos criminales, la estrategia de seguridad ha tenido grandes resultados.

En la conferencia en San Lázaro después de la reunión, el secretario de Seguridad destacó que todos los grupos criminales que operan en el país han tenido detenciones y aseguramientos relevantes.

“Ha habido grandes resultados, ha habido repito acciones heroicas por parte del Ejército, Marina, Policías Estatales, la propia Secretaría de Seguridad. Todas esas estructuras que usted menciona, no hay una sola que no haya habido detenciones o aseguramientos relevantes.

“En todas estas organizaciones criminales ha habido detenciones, como usted lo mencionó, van siete meses. Es una estrategia clara, es una estrategia que está dando resultados, que, si nosotros comparamos en estos siete meses, tenemos 25% menos homicidios que al inicio de la administración”, explicó.

Omar García Harfuch resaltó los resultados que ha tenido la estrategia de seguridad como la incautación de 11 mil armas de fuego; la inhabilitación de más de 915 laboratorios o áreas de concentración para la elaboración de drogas y el aseguramiento en altamar por parte de la Marina.

Garantiza seguridad en elección judicial

El secretario de Seguridad afirmó que está en coordinación con la Guardia Nacional y diversas entidades federativas para garantizar las elecciones del Poder Judicial del 1º de junio.

García Harfuch también afirmó que, pese a la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear la elección judicial, no habrá represión y no caerán en ninguna provocación.

“Hay un gran despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo una coordinación, que es el cuarto eje que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum desde la campaña, la coordinación con las entidades federativas.

“Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3 mil 500 elementos de Guardia Nacional y en Durango 2 mil 500, se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz.
“También es un gobierno, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros prevenimos, no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión. Por supuesto vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera, verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos garantizando”, explicó.

Par finalizar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que los votantes tendrán garantizada su seguridad durante la elección judicial el 1º de junio.

Reforma de seguridad

Omar García Harfuch también afirmó que en las reformas de las leyes generales de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia en materia de los datos personales, el Ministerio Público (MC) será quien lleve la conducción en caso de investigación de una persona.

Además, el titular de la SSPC afirmó que tendrán mesas de trabajo con las diversas fuerzas parlamentarias para que se realice la reforma en consenso.

“Acordamos que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en la Secretaría de Seguridad todas las bases de datos que a los que podamos tener acceso las investigaciones que se llevan a cabo se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público.

“Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado Ricardo Monreal”, explicó García Harfuch.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Gobierno de BC: Mansión de San Diego es de un amigo de Marina del Pilar

En el comunicado se asegura que la casa pertenece a Fernando Salgado Chávez, amigo de la mandataria y su familia, y que está en venta desde marzo pasado, antes de que surgiera la polémica de las visas.

El gobierno de Baja California, a través de un comunicado a medios, aseguró que Marina del Pilar Ávila Olmeda no posee la casa en San Diego que está a la venta  por 4.5 millones de dólares y cuyas imágenes coinciden con un mensaje de Instagram de la propia mandataria. 

“La propiedad mencionada no pertenece ni ha pertenecido en ningún momento a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. No existe ningún vínculo legal, financiero, ni patrimonial entre la mandataria y el inmueble al que se hace referencia”. 

En el comunicado se asegura que la casa pertenece a Fernando Salgado Chávez, amigo de la mandataria y su familia, y que está en venta desde marzo pasado, antes de que surgiera la polémica de las visas revocadas a la gobernadora y su esposo Carlos Torres.

“En cuanto a la presencia de la mandataria en dicha residencia, se aclara que la gobernadora la ha visitado en algunas ocasiones. Como miles de bajacalifornianos que viven en una región fronteriza, mantiene vínculos personales y familiares en California, y ocasionalmente visitan hogares de amistades cercanas. En este caso, la casa es propiedad del señor Fernando Salgado Chávez, a quien se le respeta su vida privada”.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, Salgado Chávez Salgado es un empresario del ramo inmobiliario que ha construido desarrollos en Baja California, entre ellos, Cosmopolitan By The Sea, en la costa de Ensenada.

En el comunicado se agrega que Marina y su esposo: “No tienen, ni han tenido, propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos, ni en ningún otro país. Se exhorta a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y verificadas, y a no dar espacio a rumores o noticias falsas que atentan contra el derecho colectivo a la verdad”.

La gobernadora, envuelta en una polémica en semanas recientes por la cancelación de su visa, lo que le impide viajar a Estados Unidos, no ha hecho declaraciones al respecto. 

Los elementos que este fin de semana levantaron sospechas sobre la mansión de San Diego y su relación con la gobernadora son: una foto de Instagram compartida por la propia Marina del Pilar el 28 de agosto de 2024 en la que está acompañada de sus padres e hijos, festejando el Día del Abuelo.

La foto es real y se puede cotejar en la cuenta de Instagram de la mandataria. Mientras que el sitio inmobiliario Realtor, donde está en venta la propiedad, también publica una foto de la sala con detalles que lucen idénticos, como el sillón, la colcha encima del mismo, una mesa de centro y las cortinas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch descarta vínculo entre asesinato de funcionarios de Brugada y su atentado

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal aseguró, el 26 de mayo de 2025, que el asesinato ocurrido, el día 20 del mismo mes y año, de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Marina Brugada Molina -militante del partido Morena y titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desde el 5 de octubre de 2024-, tuvieran alguna relación con el atentado que él sufrió el 26 de junio de 2020 y el ocurrido contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre de 2022.

Durante una conferencia de prensa, luego de reunirse a puerta cerrada durante tres horas, con integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el funcionario federal dijo que hasta el momento no existían indicios que vincularan los tres casos.

“En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí, en lo personal, no me gustaría especular. No hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a esto, son casos distintos, al momento ni hay nada que los vincule”, afirmó García Harfuch.

Asimismo, el funcionario federal enfatizó que los homicidios de Guzmán Cuevas y de Muñoz Vega, no quedarían impunes, porque, según él, las investigaciones eran firmes y la SSPC del Gobierno Federal apoyaría a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en lo que fuera necesario.

“Lo que sí quiero que la ciudadanía sepa es que son casos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México, no importa el tiempo que tarden las investigaciones, son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJ-CDMX], en todo lo que sea necesario”, adelantó García Harfuch.

Alrededor a las 06:38 horas del 26 de junio del 2020, el entonces titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en su contra, tras salir de su domicilio particular, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, mismo en el cual murieron tres personas y cinco más resultaron lesionadas, atacados con cinco fusiles Barret calibre 50, un lanzagranadas, siete granadas de fragmentación, 24 armas largas y ocho armas cortas.

Gómez Leyva denunció, a las 23:33 horas del 15 de diciembre de 2022, que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo cuando se dirigía a su domicilio particular, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de su cuenta de la red social Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas del 15 de diciembre de 2022, a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías, en las cuales se observaba cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“No nos vamos a callar”: alumnas acusan que no es la primera vez que la universidad UPAEP ignora acoso sexual; temen represalias

Estudiantes de la UPAEP, cuyo exjefe de educación física y deportes está vinculado a proceso por abuso sexual, aseguran que la universidad poblana está tratando de desarticular las manifestaciones solidarias con la denunciante.

Las estudiantes de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) que se han organizado tras la detención y vinculación a proceso del exjefe de educación física y deportes de la institución por una denuncia de abuso sexual, aseguran que no es la primera vez que la universidad desatiende quejas, e incluso temen represalias si continúan sus protestas.

Entrevistadas bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad y por tratarse en dos casos de menores de edad, tres de ellas relataron que su única y principal exigencia es que la actuación de la universidad sea honesta y apegada a sus propios valores y marcos éticos.

Describieron que luego de que se realizara una primera protesta el 16 de mayo al exterior de las instalaciones de la UPAEP, en la que se colocaron carteles con mensajes que reclamaban la indolencia de la universidad, al organizar una segunda –que coincidió con la inauguración de un nuevo plantel de bachillerato a la que asistieron las autoridades sin percatarse–, la mayoría decidieron no participar de último momento, por miedo a la presión u hostigamiento de los propios directivos.

Además, coincidieron en que la institución no actuó de inmediato en el caso, contrario a lo que aseguró en el único comunicado público que emitió el pasado 12 de mayo. Esto fue corroborado por Animal Político mediante la información pública disponible relativa a un amparo que se promovió contra las omisiones e inacción de las autoridades universitarias, que, como única medida de “protección” para la estudiante agredida, determinaron la salida de ella de las residencias escolares, así como la limitación de los beneficios de su beca deportiva.

Consultada al respecto, la institución informó a través de su área de prensa que en este momento está impedida de emitir declaración o comentario alguno debido a los procesos civiles y penales en curso, tanto las denuncias contra el docente como el amparo por la actuación de las autoridades. Refirieron al medio a su comunicado público del 12 de mayo y a un enlace con los reportes ante el comité de integridad de otoño 2023 y otoño 2024.

Mientras que el primero no conduce a un documento de reporte sino al código de ética de la universidad, el segundo —otoño 2024– presenta porcentajes del tipo de quejas recibidas, sin precisar el total en números absolutos. De esta manera, solo puede conocerse que un 12% correspondió a acoso sexual y un 7% a hostigamiento sexual. Los mayores porcentajes son los relativos a acoso escolar y “otras conductas contrarias al código de ética”, que no se describen. La principal amonestación considerando el total de todos los tipos de denuncia fue la baja de la institución (30%), pero no se desglosa en relación con el tipo de agresión. 

“Nuestra compañera fue silenciada”, sostienen alumnas de UPAEP

“Nuestra compañera fue silenciada. Ella ya había dado su denuncia (interna) desde muchos meses atrás, a la cual UPAEP no le hizo caso y siguió como si nada hasta que ella ya hizo una denuncia legalmente. Fue cuando UPAEP la trató de silenciar, la mandó a clases en línea y dejó de vivir en las residencias, lo cual se nos hizo tan injusto, que ella que es la víctima se haya tenido que ir, y él estuvo tantos meses ahí; UPAEP sabía lo que pasaba, y no hizo nada”, comentó una de ellas.

Fue entonces cuando sus compañeras decidieron hablar por ella, en un momento en que la alumna menor de edad no podía hacerlo porque tuvo que regresar a su entidad de origen a seguir con sus clases a distancia. La única intención de las estudiantes al organizarse y protestar ha sido que se visibilice que UPAEP no está haciendo nada.

“Más que nada ponernos un poquito en su lugar e intentar ayudarla por medio de algo que ella no puede hacer, que es volverlo visible, y que tanto la comunidad UPAEP y la sociedad de afuera lo puedan saber, y que vean que no nos vamos a quedar calladas y que si pasa algo, va a salir todo hasta que se haga justicia o den una respuesta clara”, agrega otra de las estudiantes.


Para ellas, justicia y respuestas claras implicarían, en principio, que la institución reconociera los hechos tal como ocurrieron. El texto del comunicado no describe toda la verdad, y las porciones que sí están apegadas a esta le restan gravedad, acusan. Además, a partir de su organización, han recibido varios mensajes que señalan que no es la primera vez que un profesor o directivo acosa a alguna alumna y se normaliza.

“Lo normalizan tanto que toman represalias con las mismas trabajadoras de UPAEP, y luego las terminan despidiendo; sólo les dan una carta de recomendación”, dice una de las estudiantes. La entrenadora del equipo de baloncesto femenil de bachillerato, Ana Rentería, anunció precisamente su renuncia el pasado fin de semana tras la difusión pública del caso, bajo el argumento de que a partir de que trató de apoyar a la víctima, se le hostigó y aisló laboralmente.

“Lamentablemente a otras niñas que les ha pasado, la víctima de ahorita no es la única, pero por manipulaciones, amenazas y así se tuvieron que ver obligadas a no decir nada por miedo a las represalias”, asegura otra alumna de UPAEP.

Vacíos en la postura de UPAEP frente al abuso sexual

Además de que el comunicado llegó tarde, las estudiantes critican que tuviera varios vacíos en los detalles del caso, pues a su juicio, las personas o instituciones suelen creer que lo importante son sólo las medidas a futuro, pero no el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos.

Aunado a ello, la comunidad escolar cuestiona que la baja del profesor no es clara, ni puede interpretarse como definitiva, pues el comunicado afirma que se le separó de su cargo mientras transcurre la investigación de la denuncia penal, pero no se han exhibido pruebas de que él esté impedido de volver a colaborar con la institución en el futuro.

“A final de cuentas, uno de sus valores (de la universidad) siempre ha sido salvaguardar a los estudiantes, lo cual en muchas de las ocasiones no ha pasado. Digo, esta no es la primera noticia que tienen de este caso. Entonces en este tema, la UPAEP no va muy de acuerdo con lo que promueve o promulga”, asegura una de las alumnas que se organizaron para manifestarse.

Las jóvenes también recordaron que la denuncia se hizo inicialmente en el buzón de integridad de la UPAEP en marzo, luego transcurrió todo abril y no se hizo nada al respecto. Animal Político publicó que el amparo ante el poder judicial en el que se denuncian las omisiones de la institución fue concedido el 9 de abril mientras que para el 14, el jefe de educación física seguía en su cargo, y aún así, el 12 de mayo la universidad afirmó que su actuación había sido inmediata.

Las alumnas están seguras de que al final sólo emitieron una comunicación porque la denuncia se conoció públicamente, pero de no haber sido así, hubieran permanecido en el mismo silencio que habían elegido desde el principio.

“Justificándose de que chance no tenían ningún conocimiento, o haciendo alguna justificación errónea de algo que tuvo que salir a la luz de manera legal y con apoyo por fuera, porque la institución hizo caso omiso de lo que se presentó en el buzón de integridad”, enfatizó una de las estudiantes.

Sobre el protocolo que tiene la universidad para la atención a a casos de hostigamiento y abuso sexual, este apenas se les hizo de conocimiento al principio de este semestre, aunque tienen claro que si ocurre alguna agresión, la vía es decírselo primero al tutor, para que luego escale de una autoridad a otra hasta los directivos.

El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UPAEP, de 10 páginas, prevé como posibles sanciones para conductas graves de hostigamiento y acoso –previa evaluación del Comité– la terminación de la relación laboral con colaboradores de la universidad.

Como muy fuertes se describen conductas como presiones físicas y psíquicas para tener contactos íntimos, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral o escolar si no se aceptan invitaciones o propuestas sexuales, imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales, ejercer presión con ese fin, encerrar dentro de las instalaciones universitarias a la víctima, o ejercer sexting, acoso cibernético o porno venganza.


Sin embargo, en este caso, aún cuando las autoridades universitarias han determinado separar al maestro de su cargo para que se dé seguimiento a la denuncia penal que existe ante la fiscalía estatal, la preocupación de las alumnas que se han organizado para apoyar a la denunciante es que en la institución no respete el derecho que tienen a manifestarse.

“Nosotras empezamos a anunciar lo que se iba a hacer el día de hoy (martes 20) desde el viernes. Pero al llegar nada más éramos tres; muchas niñas nos empezaron a decir que no iban a ir porque ya se estaba tornando algo peligroso, porque les habían amenazado con que no fueran, diferentes cosas; para mí se me hace de verdad muy feo y muy alertante que al nosotras manifestarnos de una manera tranquila y pacífica, ni eso podamos hacer”, lamenta una de ellas.

Actualmente, confiesan, no se sienten seguras o en confianza con sus propios profesores, sobre todo porque no se trata del primer caso. Lo que debe suceder, sostienen, es que la UPAEP reconozca los casos y los atienda de una manera diferente, tomando cartas en el asunto desde que se presentan denuncias, y medidas necesarias para apoyar verdaderamente a las víctimas en lugar de afectarlas en sus estudios, lo que hablaría de congruencia con los valores de la institución.

“No queremos ningún problema; simplemente lo que queremos es que den la cara, que se hagan responsables, que no culpen a la víctima por todo lo que le pasó; estamos buscando la manera más asertiva y más pacífica posible de hacer todo esto, pero la autoridades a veces no se prestan”, reclama una de las estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

“No nos meta en el mismo costal”: CNTE rechaza acusación de Sheinbaum de actuar como la derecha; anuncia más paros

Integrantes de la CNTE aseguraron que no están asociados a ningún partido político, mucho menos a la derecha; aún no tienen una acción definida para el 1 de junio, día de la elección judicial, pero adelantaron que continuarán sus protestas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que mantendrán los plantones y movilizaciones en CDMX debido a que no hay respuestas a sus demandas, una de las principales, la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007, por lo que analizarán su plan de acción para los próximos días.

En conferencia de prensa frente a Televisa Chapultepec, donde realizan un bloqueo, confirmaron que mantendrán su protesta de forma indefinida e indicaron que aún no tienen una acción definida para el próximo 1 de junio, día en que se realizará la elección judicial.

Pedro Morales, secretario de la sección 9, dijo en conferencia de prensa que rechazan una negociación con los miembros del gabinete de Sheinbaum y exigen que ella los reciba.

Asimismo, aseguraron que durante las conferencias de prensa de la mandataria se criminaliza el movimiento.

“Tenemos claro que hay una política de persecución hacia el movimiento democrático de la CNTE, hay denostaciones que empiezan a hacer desde sus mañaneras, que somos un mínimo porcentaje que se están movilizando (…) no permitiremos que nos pongan en contra del pueblo porque el magisterio somos pueblo y por lo tanto el Gobierno federal tiene que resolver nuestras demandas”, declaró Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán.

“No nos meta en el mismo costal”, dice la CNTE sobre declaraciones de Sheinbaum

Luego de que esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comparara al magisterio con la derecha por plantear boicotear la jornada electoral del próximo domingo, integrantes de la CNTE le pidieron que no los meta en el mismo costal.

“Hoy plantean ir al INE, me pregunto yo, ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE el 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que planteó la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo”, dijo Sheinbaum.

Sobre estas declaraciones, el magisterio respondió: “Nos deslindamos de la derecha, de la ultraderecha. Se equivoca la presidenta cuando quiere ponernos en el mismo costal con el PRI y PAN, respetamos la militancia y cualquiera puede decidir si participa o no, que no se nos ponga en el mismo costal”.

Aseguraron que no están vinculados a ningún partido político y exigieron respeto.

“Nuestra posición sigue siendo la exigencia de la reactivación de la mesa de negociación con la presidenta, nos parece que la cancelación que hicieron la semana pasada pues nos lleva a que esta huelga, este paro continúen. Si no hay respuesta como hemos dicho, seguirá el plantón, seguirá la huelga, si llega el 1 de junio pues hay una responsabilidad del otro lado, no de este lado”, dijo Ismael González, de la sección 7.

“No nos pueden asociar con priistas y panistas, y un montón de sinvergüenzas por el hecho del 1 de junio, gobierne quien gobierne defendemos los derechos y la justicia laboral”, insistieron.

Esta mañana, el magisterio bloquea las instalaciones de la SEP, INE, Hacienda y televisoras.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exsenador de Morena ligado a huachicol consigue freno contra orden de aprehensión

Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena, tramitó un amparo para evitar la ejecución de cualquier orden de captura que la FGR tenga en su contra.

Una juez federal frenó cualquier intento de las autoridades de ejecutar orden de aprehensión contra el exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, en cuya propiedad fueron asegurados cerca de 7 millones 944 mil litros de huachicol.

La juez Octavo de Distrito en el estado de Baja California, Marisela Reyes Calderón concedió una suspensión provisional a Novelo Osuna para evitar que sea detenido.

Proceso tuvo acceso a la demanda presentada por Novelo Osuna el pasado 28 de abril en la que afirmó tener sospechas de que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene intenciones de ejecutar una orden de captura en su contra.
“La ilegal orden de presentación, detención, comparecencia y/o aprehensión, librada en mi contra por las ordenadoras, toda vez que no he cometido ningún delito que la amerite, ni ningún otro ilícito que requiera sea presentado o detenido por las autoridades ejecutoras”, señaló en su demanda.
Relató que el pasado 22 de abril recibió un citatorio firmado por Isidro Félix Sánchez Mercado, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocraburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FGR, para que comparezca el 28 de abril de 2025 a las 12:00 horas en las oficinas de la Ciudad de México.

Ello, sin precisar con qué calidad debía presentarse en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025.

El 24 de febrero, el exlegislador informó que no podía presentarse por motivos de trabajo y, tomando en cuenta que su domicilio se encuentra en Ensenada, Baja California, solicitó que la entrevista se realice en las oficinas de la Subdelegación de la FGR en dicha ciudad.

Posteriormente, indicó que el 25 de abril hombres que vestían prendas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR fueron a buscarlo a su casa argumentando que les urgía tratar un asunto con él, pero que en ese momento él no se encontraba en el lugar.
“Lo anterior originó que tuviera la necesidad apremiante de requerir la intervención de Usía, con la finalidad de que no se ejecute alguna orden en mi contra, máxime que no he cometido delito alguno”, indicó.
De acuerdo con los estrados judiciales, para mantener vigente la suspensión que frena su posible captura, la juez Reyes Calderón le puso como condición la exhibición de una garantía de 6 mil pesos y presentarse ante la autoridad que libró la orden de aprehensión.
“Se indica al quejoso que deberá comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso o procedimiento penal respectivo; en el entendido que dicho plazo iniciará a partir de que se tenga la certeza en autos de dicha circunstancia y sea notificado para tal efecto; asimismo, deberá comparecer ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado, así como ante este órgano de control constitucional cuantas veces le sea exigido; con el apercibimiento que de no hacerlo se revocará la medida otorgada”, precisó la juzgadora.
En marzo pasado elementos federales aseguraron cerca de 7 millones 944 mil litros de huachicol al interior de un predio en El Sauzal, Ensenada.

El 29 de marzo Proceso informó que luego de darse a conocer el aseguramiento, Novelo Osuna publicó en sus redes sociales que el predio era de su propiedad pero se lo alquiló a Luis Francisco Rodríguez “Gussy”, aunque más tarde eliminó la publicación.

Novelo Osuna fue senador suplente de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El predio de su propiedad está a 1.2 km aproximadamente del derecho de vía del poliducto Rosarito-Ensenada y tiene una superficie aproximada de 18 mil 500 metros cuadrados, está delimitado con una cerca de malla ciclónica de dos metros de altura y una puerta de acceso del mismo material de 10 metros de ancho por dos metros de altura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Vocero de Morena justifica por qué tiene una casa de 4.8 millones de dólares en EU

Arturo Ávila, coordinador de Comunicación de Morena en la Cámara de Diputados, respondió así a una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Luego de que la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) diera a conocer que el coordinador de Comunicación de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, tiene una propiedad en Estados Unidos valuada en más de cuatro millones de dólares, el vocero del partido guinda afirmó que no hay nada irregular.

En sus redes sociales, el diputado morenista afirmó que ha sido un empresario exitoso y que tiene propiedades que no habita, sino que las adquiere para remodelarlas y venderlas; además enfatizó que están declaradas y son públicas.
“Mexicanos a favor de la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González descubre absolutamente nada:

“1. Que fui empresario exitoso. 2. Que tengo propiedades (en las que no habito, sino que compro, remodelo y vendo) por cierto, declaradas y públicas. 3. Que soy morenista”, compartió.

El diputado morenista escribió de manera sarcástica que les dieran un Pulitzer por su gran trabajo periodístico y afirmó que lo que les está doliendo es su trabajo como vocero del partido oficialista en San Lázaro.

El reportaje de MMCI detalla que el morenista Arturo Ávila adquirió una casa en Rancho Santa Fe, la zona residencial más cara en California, en donde tienen o han tenido sus viviendas celebridades del espectáculo, la política y los negocios, por un costo de 4.8 millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Exfuncionario ligado a desfalco de Segalmex pide amparo para salir de prisión

Desde abril pasado Hugo Buentello Carbonell, exdirector de operaciones de Leche Liconsa, permanece sujeto a prisión preventiva en el penal de Almoloya, luego de que fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Segalmex.

Hugo Buentello Carbonell, exdirector de operaciones de Leche Liconsa, impugnó la orden de mantenerlo en prisión preventiva mientras dura su proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero por el desfalco de mil 687 millones de pesos en el caso Segalmex.

La demanda del exfuncionario, presentada el pasado 15 de mayo, fue enviada al juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en el Estado de México donde el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez admitió a trámite el juicio desde el pasado 19 de mayo con el número de expediente 414/2025.
“Solicito a su Señoría otorgue el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a mi representado, para efecto de que la autoridad responsable ordenadora revoque la resolución emitida en fecha 16 de abril de 2025”, señala el escrito.
En su demanda de amparo, a la que Proceso tuvo acceso, el exfuncionario morenista supuestamente vinculado a la red de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que afirmó que al vincularlo a proceso y sujetarlo a prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, le fueron violentados los derechos de legalidad, defensa adecuada y debido proceso.
“En el presente caso el agente del ministerio público al momento de solicitar la medida cautelar consistente en la imposición de prisión preventiva en contra de mi representado, tenía la obligación de justificar la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la imposición de la misma, sin embargo, en el caso concreto la autoridad ministerial fue omisa no solo en justificar este punto toral de debate en audiencia, sino que además no invocó dato de prueba alguno”, afirmó su abogada, Gloria Guadalupe García Sandate.

“El mero hecho de señalar que por el delito es aplicable la prisión preventiva oficiosa no es suficiente para advertir con ello la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva que se le impuso, sin que esto sucediera, generando una violación a los derechos fundamentales de mi representado”.
La abogada añadió que el juez de control, Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, no analizó si la prisión preventiva era la única medida que podía garantizar que Buentello Carbonell no se diera a la fuga.

El sexenio pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa de manera automática por los delitos por los que son imputadas las personas, es inconvencional y condenó a México a reformar la Constitución para que los juzgadores del país la apliquen únicamente tomando en consideración las circunstancias individuales de cada caso.

Sin embargo, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum se han pronunciado en contra de este razonamiento e incluso Morena en el Congreso aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que merecen esta medida e incluso para prohibir a los jueces interpretar la Carta Magna obligándolos a imponerla de manera automática, contrario a lo establecido por la CorteIDH.

Buentello Carbonell fue imputado por la FGR porque en junio de 2020 firmó un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez 73 para adquirir 50 mil bolsas de leche en polvo, pero no existen pruebas de que el producto fuera entregado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Incendian casa de campaña y camioneta del candidato de Morena en Jilotepec, Veracruz

El equipo del candidato de Morena en Jilotepec, Veracruz, responsabilizó al abanderado de MC por el incendio de la casa de camapaña y de la camioneta de Francisco Clemente.

La madrugada de este lunes, la casa de campaña y una camioneta usada para eventos proselitistas de Francisco Clemente, candidato de Morena a la alcaldía de Jilotepec, Veracruz, fueron incendiadas.

“El día de hoy hemos vivido un hecho muy lamentable, parte de nuestro equipo logístico ha sido dañado con la intención de frenar este movimiento y este proyecto que su servidor va encabezando”, señaló el aspirante morenista.

De igual manera, mencionó que esta agresión únicamente evidencia “desesperación” por parte de otros contendientes a la presencia municipal que “saben que van a perder”.

El equipo de campaña de Clemente responsabilizó del incendio al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), José Roberto Marcelo Cortés, a quien acusaron de presuntamente tener vínculos con grupos criminales.

“Roberto Marcelo no sólo ha perdido el respaldo ciudadano, sino que arrastra un historial oscuro de presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la zona de las altas Montañas y la región capital”, señala el comunicado difundido a medios locales como E-Consulta.

Los señalamiento fueron respaldados por Esteban Ramírez Zepeta, dirigente de Morena en Veracruz, que dijo que MC ha “puestos candidatos que en su mayoría tiene carpetas abiertas de investigación o que están involucrados con el crimen organizado”, e hizo un llamado a mantener la calma y tener un cierre del proceso y una jornada electoral “tranquila y en paz”.

Candidato de MC en Jilotepec se deslinda de agresión

Ante los señalamientos en su contra, José Roberto Marcelo Cortés, candidato de MC a la presidencia municipal de Jilotepec, se deslindó y aseguró que se trata de una campaña de “guerra sucia” en su contra y del partido naranja. 

“Es una fuerte campaña de guerra sucia en mi contra y de Movimiento Ciudadano (…) imputando supuestos actos de violencia, hechos que carecen de fundamentos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El candidato emecista grabó su mensaje al exterior del lugar donde presuntamente habría ocurrido el incendio de la casa de campaña y el vehículo de su rival, el cual dijo no estaba resguardado por ninguna autoridad.

Marcelo Cortés dijo que las acusaciones son un acto de intimidación, lo cual no van a permitir, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle a tomar cartas en el asunto y señaló al gobierno municipal y a Morena de estar “detrás de estos actos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE investiga presuntas injerencias de Morena y MC en Elección Judicial

Las investigaciones se producen después de que circularan por redes sociales videos de personas repartiendo panfletos.

La autoridad electoral de México está investigando denuncias acerca de que grupos políticos, incluido el gobernante Morena, están tratando de influir en los votantes en las próximas elecciones judiciales, dijo el lunes la consejera Claudia Zavala a la agencia Reuters.

Los mexicanos acudirán a las urnas el domingo para elegir entre unos 5 mil candidatos que compiten por más de 840 cargos de jueces y magistrados federales, incluyendo todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Serán las primeras elecciones judiciales de la historia de México.

Las reglas electorales dictan que los candidatos no pueden utilizar materiales de campaña que los vinculen a un partido político, participar en eventos organizados por partidos políticos ni aceptar donaciones de ningún tipo.


Claudia Zavala, consejera electoral del INE, dijo a Reuters que la institución está analizando dos quejas. La primera alega que el gobierno de Nuevo León y el partido político Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a funcionarios públicos que llevaran a los votantes a las urnas y compartieron panfletos promocionando los nombres de los candidatos.

La segunda denuncia, en Ciudad de México, plantea acusaciones similares contra funcionarios públicos y el partido gobernante, Morena.

Las investigaciones se producen después de que circularan por redes sociales videos de personas repartiendo panfletos.

“Debemos respetar a las personas, a los ciudadanos a las ciudadanas que tienen el derecho de acudir a las urnas a decidir quiénes quieren libremente que sean sus jueces, magistrados y ministros. Y nadie tendría que estar diciendo como votar a alguien”, dijo Zavala.


Los gobiernos de Nuevo León, Morena y MC no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El INE decidirá a través de su investigación si ha habido una violación de las normas, dijo Zavala, y pasará la información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en última instancia se pronunciará sobre el caso.

Las primeras elecciones judiciales de la historia de México, resultado de una reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, han suscitado críticas por el riesgo de que eliminen los contrapesos a Morena y podrían permitir a grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: REDACCIÓN/CASSANDRA GARRISON.

Detienen a dos policías de CDMX, por manipular evidencias tras asesinato de funcionarios de Brugada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República informó, el 26 de mayo de 2025, que dos de sus elementos fueron detenidos, por “manipular indicios de manera indebida”, tras el asesinato ocurrido, el día 20 del mismo mes y año, de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Marina Brugada Molina, militante del partido Morena y titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desde el 5 de octubre de 2024.

“Todos los indicios recabados han sido aportados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJ-CDMX] e integrados a la investigación de los hechos ocurridos en pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, con la cadena de custodia correspondiente”, indicó la SSC-CDMX, en un comunicado.

“No obstante, en atención a diversas denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad que rige la actuación policial, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades”, agregó la institución encabezada por Pablo Vázquez Camacho.

“A la par de estos hechos, se comenzó un proceso de ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana en línea con la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina”, finalizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Juez de Colima admite amparo de exalcaldesa de Tlaquepaque

Un juez federal de Colima admitió la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, expresidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, en contra de una eventual orden de aprehensión.

El juicio de garantías 677/2025 quedó radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de la capital colimense luego de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco declinara la competencia del asunto.

La exalcaldesa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de una posible orden de captura dictada por alguno de los jueces penales del fuero común adscritos al penal de Puente Grande y de los jueces de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco.

El juez de distrito de Colima concedió a la quejosa la suspensión del acto reclamado a cambio de una garantía económica, cuyo monto no fue revelado y señaló como fecha para resolver sobre la suspensión definitiva el próximo 30 de mayo.

El órgano jurisdiccional también requirió de las autoridades responsables los informes correspondientes para establecer la clasificación jurídica del presunto delito imputado, para que sea considerado al resolver el incidente de la suspensión definitiva.

Por otra parte, se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo.

Además se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno en Jalisco para que se comisione a un actuario y se constituya en el domicilio de la quejosa Amaya de Luna para notificarle el acuerdo.
Aún se desconoce si existe o no algún mandamiento judicial en contra de Citlalli Amaya, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien fue presidenta municipal de Tlaquepaque durante el periodo 2022-2024.

La actual alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, quien ganó las últimas elecciones a la ahora regidora, denunció irregularidades y daños al erario por parte de la administración de Amaya por 139 millones 272 mil pesos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Expolicía involucrado en muerte de Octavio Ocaña es detenido; llevaba 4 años prófugo

Gerardo Rodríguez García, segundo implicado en el homicidio de Octavio Ocaña, fue detenido este domingo en Veracruz. Junto a Leopoldo Azuara de la Luz, habría participado en el abuso contra el actor, conocido como "Benito Rivers".

El expolicía Gerardo Rodríguez García, segundo implicado en la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña, fue localizado y detenido en Tuxpan, Veracruz, alrededor de las 15:00 horas de este domingo.

La noticia fue divulgada por Bertha Ocaña, hermana del actor fallecido, durante una transmisión en vivo en Instagram, mientras recordaba con sus seguidores el primer aniversario luctuoso de su hermano.
"Una noticia que me acaba de transformar la vida, estábamos platicando sobre qué hacer mi esposo y yo cuando me entró una llamada. Nunca perdí la fe en qué esto sucediera y, gracias a Dios, hoy sucedió a casi cuatro años de que falleció mi hermano. Doy a conocer que el que conducía la patrulla y se encontraba prófugo, ha sido detenido", expresó Bertha.
Rodríguez García tenía una ficha roja de la Interpol desde enero de 2023. Ahora será trasladado a un penal en el Estado de México y quedará a disposición de un Juez.

El otro expolicía implicado en el homicidio, Leopoldo Azuara de la Luz, ya fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad. Rodríguez García habría sido quien conducía el vehículo en el que ambos agentes viajaban el día de los hechos.

Cabe recordar que el 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña fue hallado muerto dentro de una camioneta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En un principio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) negó la responsabilidad de los agentes y sostuvo que el actor viajaba alcoholizado y murió por un disparo accidental con su propia arma, versión que su padre rechazó.

Bertha Ocaña calificó la captura de Rodríguez García como un paso hacia la justicia en el caso de su hermano.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 25 MAYO 2025.

La familia García Luna hizo miles de millones con Calderón y Peña, según indagatoria

En marzo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red corrupta de Genaro García Luna mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar y diversas propiedades en las zonas más exclusivas de Florida.

Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra promovieron 30 contratos por más de 727 millones de dólares que fueron lavados en paraísos fiscales como Barbados, se desprende de las indagatorias realizadas por el Gobierno de México.

Estos contratos fueron suscritos, entre otros, por figuras relacionadas con escándalos previos como "Rápido y Furioso" o la muerte de Paulette: los miembros de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas Rosas y Luis Cárdenas Palomino; los directores del extinto CISEN, Eugenio Ímaz Gispert y Alberto Bazbaz Sacal; y un miembro de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX en tiempos del Procurador Edmundo García Osornio, Enrique Salinas Romero, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Los contratos se pagaban a través de giros interbancarios internacionales. Muchos de esos envíos al extranjero –los contratos estaban denominados en su mayor parte en dólares– llegaban a un paraíso fiscal financiero que se llama Barbados y otros pocos fueron a Israel. Regresaba a veces, no siempre, el dinero a México. ¿Para qué lo habían llevado y luego regresado? Pues para pagar el coyotaje, la mordida, etc, que tenía que pagarse. El dinero no solo era para los directamente implicados, sino para los que hacían posible, para los que daban las órdenes para hacer los contratos”, explicó el titular de la UIF Pablo Gómez en entrevista con Los Periodistas.
Por ello el Gobierno federal presentó una demanda en 2021 en una corte de Florida contra Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (Grupo Weinberg), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Sin embargo, también participaron otros funcionarios públicos, actualmente inhabilitados. De 2006 a 2012, en el Gobierno de Calderón, los integrantes de la Policía Federal Preventiva que suscribieron cinco contratos por un total de 83 millones 600 mil dólares fueron el comisionado Rodrigo Esparza Cristerna; el comisionado Facundo Rosas Rosas; el titular de la División de Seguridad Regional Luis Cárdenas Palomino; la Directora general de recursos materiales servicios generales e infraestructura, Sonia Vargas Terreros (trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal); el jefe de la división de fuerzas federales Rafael Avilez; y el director general de apoyo técnico Humberto Martínez González.

La UIF detalla sobre los dos contratos a NUNVAV Inc:
“A la empresa NUNVAV Inc fueron otorgados dos contratos por parte de la Policía Federal, a cargo del comisionado Esparza y en uno de los cuales intervino el Comisionado Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional. El monto de los contratos ascendió a un total de 14 mil 500 dólares y, en general, su materia versó sobre la instalación, administración y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas complementarios para el servicio integral de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones”.
En cuanto los tres contratos de la Policía Federal a Nice Systems Ltd, la UIF expone: “Fueron otorgados por parte de la Policía Federal, a cargo entonces del comisionado Rodrigo Esparza Cristerna, mismos que ascendieron a un monto total de 69 mil 100 millones de dólares. En general la materia de los contratos fue la instalación de sistemas de localización de comunicaciones GSM, UMTS y CDMA, así como de un centro de rastreo de localización de comunicaciones y localización de redes celulares”.

Esparza Cristerna tuvo una carrera en el Gobierno federal. Fue delegado en la Procuraduría General de la República, el CISEN, en la Secretaría de Seguridad Pública y Comisionado en la Policía Federal y el organismo de prisiones. Incluso fue Coordinador de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, también durante el Gobierno de Calderón y con García Luna en la Secretaría de Seguridad, el organismo de prisiones (OADPRES) dio a NUNVAV Inc cinco contratos por 233 millones 75 mil dólares con la participación de Gonzalo Villareal Guerra como coordinador general de Centros Federales y con el General Eduardo Enrique Gómez García a cargo del organismo de centros penitenciarios (OADPRES).

Los cercanos a Peña Nieto

Asimismo, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, los que suscribieron 19 contratos millonarios por 410 mil 101 dólares y 363 mil 866 millones de pesos fueron los dos directores generales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN): Eugenio Ímaz Gispert (que después estuvo en la Embajada de México en España sin título de licenciatura) y Alberto Bazbaz Sacal (procurador del Edomex en el caso Paulette y parte de la defensa de Raúl Salinas de Gortari). Así como el comisionado del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán.

El CISEN, cuando estaba a cargo de Eugenio Ímaz, dio ocho contratos a NUNVAV Inc por 44 millones 219 mil dólares y 15 millones de pesos; y cuando comandaba Alberto Bazbaz se dio otro contrato a dicha empresa por 52 mil 200 millones (no especifica moneda). En general los contratos fueron para adquirir equipos de comunicación especializada e instalación de plataforma de seguridad nacional.

También el CISEN, cuando estaba Ímaz, benefició a NUNVAV Technologies con un contrato por 208 millones 832 mil dólares para adquirir bloqueadores de comunicación para penales estatales.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el organismo de prisiones a cargo de Eduardo Guerrero dio cuatro contratos por 157 mil 050 dólares a NUNVAV Inc y uno más por 270 mil pesos para obtener equipo de seguridad para centros de readaptación social incluyendo un sistema contra drones.

En cuanto al contrato millonario del Gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Ángel Mancera, participó Enrique Salinas Romero, el Director general de política y estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

La Procuraduría General de Justicia, en tiempos del mandato del Procurador Edmundo Garrido Osornio, benefició a la empresa Glac Security Consulting, Technology, Risk Managment –propiedad directa de García Luna– por un convenio de reconocimiento de adeudo por 26 millones 666 mil pesos por servicio de consultoría y procesamiento de información estratégica. Quien firmó el convenio fue Salinas Romero.

En marzo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red de Genaro García Luna mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar o el océano Atlántico y diversas propiedades en las zonas más exclusivas.

Gobierno federal gana demanda

La mañana del jueves 22 de mayo, la jueza Lisa Walsh de una corte de Florida sentenció a Genaro García Luna a pagar al Gobierno federal 748 millones 829 mil dólares y a Cristina Pereyra a pagar mil 740 millones de dólares, por ley, tres veces la cantidad de dinero por la que México los demandó originalmente en 2021 por la triangulación de recursos públicos mediante los 30 contratos.
“No son operaciones distintas, son los mismos contratos promovidos por ambos. Los contratos los hacía una empresa equis que se había constituido en Panamá”, aclaró el titular de la UIF Pablo Gómez, en entrevista con Los Periodistas.
“Pereyra fue demandada por una cantidad mayor (mil 740 mdd) porque el momento de la demanda no fue el mismo, ya se conocían más cosas, ya habíamos descubierto otros contratos, entonces la cantidad subió”.

García Luna, informó el titular de la UIF, ya pagó 2 millones de los 748 millones que debe pagar al Gobierno federal.

Previamente, también por orden de la jueza, ya fue ejecutada una sentencia respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó en una recuperación de 1 millón 970 mil dólares, los cuales fueron ingresados a la Tesorería Pública; así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en 555 millones 800 mil dólares, que será vendido por el Gobierno federal.

Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca de un inmueble otorgada a un tercero por la misma empresa Delta Integrator, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.