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Detienen a presunto jefe de plaza del CJNG en CDMX; aplazan juicio contra agresores de Harfuch

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CMDX) informó, el 14 de mayo de 2025, que Israel “N”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de un grupo delictivo que operaba en varias alcaldías de la capital de la República, fue detenido con otras tres personas, en cateos realizados realizados en Iztapalapa y Coyoacán.

El presunto delincuente fue detenido por elementos de la SSC de la capital de la República, en coordinación con agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Marina (SEMAR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Según lo reportaron medios locales, el sujeto detenido sería líder de un grupo delictivo que operaba en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, además de que se dedicaba a la extorsión, venta y distribución de droga, así como el homicidio. Quedó al frente la plaza del CJNG, tras la detención de Eduardo “N”, alias “El Valle”, ocurrida en agosto de 2024, en Xochimilco.

“En seguimiento a la investigación de una célula delictiva que opera en la Ciudad de México al servicio de un grupo criminal del occidente del país, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con @FiscaliaCDMX, @Defensamx1, @SEMAR_mx, y @GN_MEXICO_, ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a cuatro personas, entre ellas al líder de dicha célula”, escribió Vázquez Camacho, en su cuenta de la red social X.

“En los inmuebles ubicados en @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaCoy se aseguraron más de 600 dosis de presunta droga, cartuchos útiles, vehículos, chalecos balísticos y documentación diversa y apócrifa. Seguimos trabajando de manera conjunta con el @GobiernoMX para identificar y detener a los generadores de violencia que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los habitantes de nuestra ciudad”, agregó el titular de la SSC-CDMX.

El 12 de mayo de 2025, por segunda ocasión en casi un año, Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, aplazó el inicio del juicio por el delito de acopio de armas, contra los 12 presuntos sicarios del CJNG que atentaron contra Omar Hamid García Harfuch, el 26 de junio de 2020, cuando era titular de la Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, durante la Jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ello porque cinco de los acusados cambiaron de abogado y el nuevo litigante no tenía pleno conocimiento del expediente para defenderlos.

Los acusados que revocaron a su defensor y designaron a otro fueron Jonathan Ricardo Ávalos Gudiño, David Hinojosa de la Rosa, Francisco Javier Delgadillo Delgadillo, Narciso Valdez Martínez y Erick Samuel González Álvarez o Erik González Álvarez.

Quienes no cambiaron de representante legal fueron Tomás Adalberto Chavín Sánchez o Tomás Adalberto Chavarín Sánchez, Luis Enrique Meza Esteves, Julio Campos Ramírez, Jesús Eduardo Valdivia González, José Juan Betancourt Rodríguez, Juan Campos Coral y Fabián Andrés Martínez Soto o Miguel Ángel Carbajal León.

Todos los acusados por el atentado contra García Harfuch estaban presos en los centros federales de readaptación social 13 y 15, en Oaxaca y Chiapas, respectivamente. La Fiscalía General de la República (FGR) informó al juez de control que la carpeta de investigación contra los presuntos sicarios del CJNG constaba de 16 tomos de mil fojas cada uno.

Esta es la segunda vez que se aplazaba el juicio contra los supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que el 27 de junio de 2024 se pospuso porque la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba ofrecidos para las diligencias.

En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República debió presentar ante el juez de control, un total de 36 pruebas, pero solo pudo otorgar 16 y reportó que no había localizado a tres policías y tres peritos, que debían comparecer en las audiencias del juicio contra los presuntos agresores del actual titular Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal. El día que inicien las audiencias, la FGR pedirá condenarlos a 17 años con 6 meses de prisión y a una multa de 26 mil 064 pesos.

Alrededor a las 06:38 horas del 26 de junio del 2020, el entonces titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en su contra, tras salir de su domicilio particular, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, mismo en el cual murieron tres personas y cinco más resultaron lesionadas, atacados con cinco fusiles Barret calibre 50, un lanzagranadas, siete granadas de fragmentación, 24 armas largas y ocho armas cortas.

El titular de la SSC-CDMX pidió ayuda a dos mandos de la corporación: Jorge Hirschberg Salazar, coordinador General de la Policía Metropolitana (“Sérpico”) y a Rogelio Ramón Hipólito, Coordinador general de Áreas Técnico Operativas de la Subsecretaría de Operación Policial (“Ocelotl”).

En un audio de 48 segundos de duración, presentado por el periodista Ciro Gómez Leyva en el noticiero nocturno de Imagen Noticias, se escuchaba al titular de la SSC-CDMX cuando era trasladado en un ambulancia, para ser llevado hacia un helipuerto de la la colonia Virreyes, ubicado en la calle Montes Urales, aproximadamente un kilómetro de distancia donde ocurrió el atentado.

En el trayecto, García Harfuch informó que había sufrido un “atentado grave”, por lo que pidió a “Ocelotl” un despliegue de patrullas en la zona y a “Sérpico” que llegara al helipuerto, mientras coordinaba el traslado del helicóptero del agrupamiento Cóndores, para que el titular de la SSC-CDMX fuera trasladado a un hospital de la zona sur de la capital de la República.

Tras recibir tres impactos de bala en un brazo, hombro y rodilla, además de tener varias lesiones por esquirlas durante el atentado, García Harfuch fue ingresado en un hospital. Ese mismo día lo operaron y cuatro días después tuvo que volver al quirófano, en continuidad a una de las lesiones que sufrió, según se informó en su momento.

“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, escribió el funcionario capitalino en su cuenta de la red social Twitter, ese mismo día.

“Informo que aproximadamente a las 06:38 de la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad sufrió un atentado, el se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital, hubo fallecidos y varios detenidos; se están realizando las investigaciones correspondientes”, señaló, minutos después, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

Los más de 400 impactos de bala contra la camioneta en la que viajaba el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), provocaron la muerte de sus dos escoltas y amigos, Rafael “O” y Édgar “G”. En la refriega, también falleció Gabriela “G”, quien recibió un balazo en la cabeza, mientras viajaba con su esposo, hermana y cuñada en su automóvil, rumbo a su puesto de quesadillas, ubicado afuera del Metro Auditorio.

Dos semanas después, el 6 de julio de 2020, el titular de la SSC-CDMX anunció en un tuit: “Fui dado de alta del hospital, agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido. En pocos días regresaré a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor Policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace”.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México reiteró el 28 de julio del 2020, que los responsables del ataque en su contra, registrado el pasado 26 de junio, fue organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Al participar en la videoconferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el funcionario capitalino indicó que esta aseveración se basa en las investigaciones previas que se han realizado en la SSC-CDMX desde agosto del 2019.

García Harfuch comentó que la del CJNG no era la única amenaza de un ataque en su contra que ha recibido, y que las ha habido desde que fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y, también, desde que perteneció a la Policía Federal (PF).

Por dicho atentado, al menos 25 personas fueron detenidas, aunque según un informe de la FGJ-CDMX, obtenido y citado por el diario Milenio, sólo 12 estaban procesadas por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los 12 presuntos sicarios del CJNG fueron procesados en el fuero federal, por el delito de acopio de armas de fuego, porque en dos vehículos les aseguraron 16 armas de fuego, entre ellas pistolas calibre .9 milímetros, fusiles calibre 2.23, 5.56 y 7.62, e incluso “artificios de guerra” como Barret calibre .50, usadas para ataques de unidades aéreas.

Desde el 2023 el proceso fue concluido y en aquel momento la FGR ofreció a los presuntos agresores un procedimiento abreviado, es decir, un acuerdo en el que debían declararse culpables y a cambio recibirían la pena mínima, así como un descuento adicional a la misma.

Sin embargo, los presuntos sicarios del CJNG no aceptaron la oferta de la FGR, porque, según ellos, la pena mínima que les otorgarían no les significaba un beneficio real, ya que en el fuero común fueron sentenciados a 316 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

De Hank, Cienfuegos y Ávila

Es el único camino que podría abrirse para que Marina Ávila Olmeda, la mandataria morenista de Baja California, recupere su visa de no migrante para ingresar a los Estados: que la Presidenta Sheinbaum Pardo interceda por ella, desde Palacio Nacional hasta Washington.

La pregunta que persiste en el ambiente político de México, particularmente en la aplastante ala morenista, es si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salvará la reputación de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmedo, al interceder por ella ante el Gobierno de los Estados Unidos para que su visa de turista B1/B2 le sea reactivada.

Como es sabido a estas alturas, dado que es un hecho histórico, el sábado 10 de mayo, la Gobernadora morenista de Baja California, Marina Ávila, dio a conocer de manera personal y en su página de la red social Facebook, que su visa de no migrante para ingresar a los Estados Unidos a realizar actividades de turismo, visitas y negocios, le había sido revocada. No lo dijo tal, pero lo dio a entender: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

Por él, se refería a su esposo, el expanista ahora afiliado a Morena, Carlos Torres Torres, quien minutos antes había compartido, también en su página personal de FB: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”. Y concluía su texto con el siguiente párrafo: “Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

Aunque en ambos casos justificaron la medida de la revocación de la visa de no migrante como un asunto de cuestiones o criterios “administrativos”, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es que la medida prohibitoria de acceso a territorio norteamericano es resultado de una investigación ordenada por el Departamento de Estado en Washington.

Si la publicación de las notas en Facebook es acorde al acontecimiento de los hechos relatados e informados por esa vía, fue a Carlos Torres a quien primero le quitaron el documento de cruce fronterizo. Y, como también reveló el semanario ZETA, no fue a través de una notificación consular, sino personalmente un agente del CBP (Costum and Border Patrol por sus siglas en inglés), cuando intentó cruzar por una de las dos garitas internacionales en Tijuana, Baja California. Ella, aun cuando dijo que recibió una “notificación similar”, fue de hecho personal consular de los Estados Unidos, quien le notificó que su visa de no migrante para cruzar a la Unión Americana, estaba revocada.

La investigación ordenada desde Washington, no se sabe si es contra el esposo de la Gobernadora, Carlos Torres, y ella es un daño colateral, o si el sujeto o los sujetos de indagación son otras personas que tienen estrecha relación con la mandataria y su cónyuge, pero de que hay una investigación oficial, es una realidad.

En por lo menos dos ocasiones anteriores, dos administraciones distintas, una del PRI y la otra de Morena, han salvado a personas notorias del desprestigio de una investigación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. 

En 1997 la Operación Tigre Blanco tenía por objeto de investigación a la familia Hank Rhon, hijos del profesor Carlos Hank González, entre ellos, Jorge Hank Rhon, quienes eran investigados soborno, lavado de dinero y crimen organizado. Por entonces los Estados Unidos era dirigido por el demócrata Bill Clinton, y en México el Presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León. El padre, Carlos Hank González seguía siendo un poderoso político. Había sido Gobernador del Estado de México, Jefe del Departamento del Distrito Federal y dos veces Secretario de Estado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de Turismo y de Agricultura.

Con ese poder político, fue la Abogada General de los Estados Unidos en la administración de Clinton, Janet Reno, quien prácticamente cerró el expediente de la Operación Tigre Blanco y la investigación concluyó. Aun cuando años después, en 2009, a Jorge Hank Rhon, le fue retirada la visa para cruzar a los Estados Unidos, la cual no le ha sido emitida de nueva cuenta.

El otro ejemplo es reciente. En 2020, autoridades de los Estados Unidos detuvieron al internarse a aquel país por la vía aérea, al General Salvador Cienfuegos, quien el sexenio anterior, administrado por el priísta Enrique Peña Nieto, había sido el Secretario General de la Defensa. Lo señalaban en la carpeta de investigación para entonces ya en una Corte de la Unión Americana, de cuatro cargos de drogas.

Aun cuando al inicio el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo escarnio de la aprehensión, terminó cediendo a la presión de los militares a quienes ya había confiado muchas áreas de la Administración Pública, y llegó a un acuerdo con la administración norteamericana encabezada por primera vez por Donald Trump, y la jueza que llevaba el caso contra Cienfuegos lo desestimó, liberando al General en el retiro.

Es decir, si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quisiese salvar la reputación de la primera Gobernadora mujer de Baja California, además de afiliación morenista, y sacudirle un poco el estigma de ser la primera Gobernadora en funciones en toda la historia del país, a la cual le retiran la visa de no migrante para entrar a territorio de los Estados Unidos, podría llegar a un acuerdo con el Gobierno de aquel país, para que el documento de cruce migratorio, le sea emitido de nuevamente a la Gobernadora del fronterizo estado de Baja California.

Es el único camino que podría abrirse para que Marina Ávila Olmeda, la mandataria morenista de Baja California, recupere su visa de no migrante para ingresar a los Estados: que la Presidenta Sheinbaum Pardo interceda por ella, desde Palacio Nacional hasta Washington, de donde se emitió la orden de retirarle el documento de viaje. Ahora falta ver si lo hará o no. Esa es la pregunta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Sheinbaum y el Senado rechazan propuesta en EU para imponer 5% de impuesto a remesas

Morena y la oposición unieron fuerzas en el Senado para enviar una carta al Congreso de Estados Unidos, en la que rechazan, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de imponer un impuesto a las remesas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su rechazo a la propuesta impulsada en Estados Unidos (EU) para imponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas, y celebró que el Senado haya respondido de manera unánime con una carta firmada por todos los partidos políticos.
“Ayer se planteó en una Comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con el cinco por ciento, y fíjense que ahí estamos de acuerdo todos en que no”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.
La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó que esta postura fue compartida por todos los grupos parlamentarios, incluyendo a la oposición, cuyos partidos firmaron el documento impulsado por Morena.
“Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no”, indicó la titular del Poder Ejecutivo. “Incluso hay estados que ya gravan las remesas. Ahí todos dijeron: ‘No. A ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia. Es discriminatoria’”, añadió.
El posicionamiento del Senado fue manifestado en una carta dirigida al Congreso estadounidense, en la que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mostró su desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith, denominada The One, Big, Beautiful Bill, que busca imponer un gravamen del cinco por ciento a las remesas que envían los migrantes a sus familias.

En el comunicado, firmado por los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, se advierte que la medida supondría una “doble tributación injusta” y afectaría tanto a la economía de los migrantes como a la de Estados Unidos.

Los legisladores también alertaron que podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero.
“Desde nuestro punto de vista, las relaciones entre pueblos hermanos se fortalecen desde el diálogo y el entendimiento mutuo, tendiendo puentes, y no levantando muros ni barreras económicas”, concluye el documento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La tiktoker Valeria Márquez es asesinada durante una transmisión en vivo en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco investiga como feminicidio el asesinato de Valeria Márquez, tiktoker de 23 años, quien fue atacada a tiros dentro de su estética mientras transmitía en vivo.

La influencer Valeria Márquez, conocida en redes sociales por sus transmisiones en TikTok, fue asesinada a balazos mientras realizaba un enlace en vivo desde su estética, ubicada en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el crimen ocurrió ayer 13 de mayo alrededor de las 18:30 horas dentro de un local de belleza sobre la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras una llamada al 911, donde confirmaron el deceso de una mujer de 23 años. Paramédicos también se presentaron en el lugar y determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según las primeras investigaciones, Valeria se encontraba en su establecimiento cuando un hombre ingresó y disparó en su contra, privándola de la vida.
La Fiscalía de Jalisco confirmó que la joven modelo tenía una “presencia activa e influencia en redes sociales”.

Videos de su transmisión, compartidos posteriormente por usuarios, muestran el momento del ataque.

El Ministerio Público (MP), junto con elementos de la Policía de Investigación (PdI), trabajan en la recopilación de testimonios e indicios en el lugar.

En tanto, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procesaron la escena del crimen, y el cuerpo de la tiktoker fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia. Se espera que familiares realicen la identificación oficial.

La FGE señaló que las indagatorias se realizan bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.
"La información proporcionada hasta el momento es de carácter preliminar y sujeta a cambios conforme avance la investigación", señaló la dependencia estatal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Eliminan polémico artículo de la Ley Telecom; niegan concentración de atribuciones

La Agencia de Transformación Digital aseguró este miércoles que la ley promueve la "conectividad" y que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas.

El Gobierno de México confirmó este miércoles que eliminó el artículo 109 de la nueva Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras la polémica surgida porque podría abrir la puerta a la posibilidad de censura en las plataformas digitales en el país.

“(Se eliminó) el artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica […] pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura”, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, durante la conferencia de prensa mañanera.

En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había prometido rectificar la iniciativa que envió con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión “para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar”.

La polémica se dio luego de que se conociera que el artículo 109 de la ley establecía que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas”.

Los partidos de oposición alertaron de que esto implica “autoritarismo digital” ya que abría la puerta a la “censura”, mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión”.

Al respecto, Merino aseguró este miércoles que la ley promueve la “conectividad” y que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas.

“Es una ley que va en el sentido contrario, pero para que no haya espacio de duda o malentendido se elimina”, señaló.
No concentra ni da más atribuciones, por el contrario.
Asimismo, destacó que el objetivo principal es conectar a todos los mexicanos y dejar de excluir a 15 millones de personas que aún no tienen acceso a internet en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU prepara acusaciones contra Iván Archivaldo, 'Mayito Flaco' y más líderes del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía del Distrito Sur de California aseguró que persigue a los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Estados Unidos informó que además de las acusaciones presentadas el martes a varios presuntos miembros del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero, tiene pendientes de formalizar otras acusaciones contra los principales líderes de esta organización criminal.

En un comunicado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de California aseguró que procederá en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias “El Chapito”, hijo del cofundador del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de Ismael Zambada Sicairos alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Contra Iván Archivaldo, quien habría escapado de un operativo de fuerzas especiales militares el pasado mes de febrero, según un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal, están pendientes un caso en el Distrito Sur de California (14-cr-00658) y otro en el Distrito Norte de Illinois (09-CR-383).

Mientras que el “Mayito Flaco” tiene pendiente una acusación en el Distrito Sur de California (14-cr-00658).

Además, prepara una acusación contra José Gil Caro Quintero alias “El Chino” 0 “El Pelo Chino”, sobrino del fundador de los cárteles de Guadalajara y de Caborca, Rafael Caro Quintero, y a quien se le identifica como operador financiero del “Mayito Flaco”.  Se trata del número de caso 22-cr-00036 en el Distrito de Columbia.


Igualmente, procederá contra todos los presuntos líderes de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, luego de que el martes presentó acusaciones contra Pedro Inzunza Noriega, de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, de 33 años, así como a otras personas presuntamente relacionadas con este grupo criminal.

El Distrito Sur de California tiene pendiente de formalizar otra acusación contra Insunza Noriega, alias “Sagitario”, con número de expediente 25cr1505.

También contra Fausto Isidro Meza Flores alias “Chapo Isidro”, en dos casos, uno radicado en el Distrito Sur de California (19-CR-1272) y otro en el Distrito de Columbia (12-116BAH ).

Del mismo modo procederá contra Oscar Manuel Gastelum Iribe alias “El Músico”, con tres casos, uno en el Distrito Sur de California (caso número 19-CR-3736), otro en el Distrito Norte de Illinois (09-CR-00672 ) y uno más en el Distrito de Columbia (15-CR-00195).

Rueda de prensa en la que la Fiscalía de Estados Unidos anunció los primeros cargos por narcoterrorismo:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Lanzan alerta urgente por posibles detenciones masivas contra defensores de Eloxochitlán

Las mujeres Mazatecas por la Libertad lanzaron una alerta urgente por las posibles detenciones masivas contra defensores de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia y persecución política por parte de caciques y funcionarios del Estado.

Argelia Betanzos, integrante de Mazatecas por la Libertad, denunció que durante la mañana del 13 de mayo se registró la presencia de personas con apariencia de judiciales vestidas de civil en las calles principales del centro de la comunidad, y que posteriormente, a las 18:20 horas, elementos de la policía estatal entraron al barrio Mina de Oro y personal de Seguridad Pública ingresó al Barrio Escopeta.

Tan sólo el pasado 1 de mayo, la comunidad se declaró en estado de alerta «ante el incremento del hostigamiento, el riesgo contra la libertad de sus integrantes y la persistente criminalización que ha sufrido por más de una década», pues hubo un intento de citación ilegal a 14 perseguidos políticos mazatecos por parte del juez de Huautla, Constantino Santiago. Las mujeres mazatecas responsabilizaron del recrudecimiento de la violencia a la diputada morenista y exsecretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas, junto con «sus jueces y magistrados corruptos», a quienes acusaron de prolongar la desarticulación comunitaria e impedir la defensa del territorio y las prácticas de organización conforme a los usos y costumbres de la comunidad.

«En Eloxochitlán las personas criminalizadas jamás han evadido la justicia. Todos los casos están presentados en amparos, en trámites que son constitucionales. A Eloxochitlán no van a ir a buscar fugitivos, ahí van a encontrar defensoras y defensores del río y el territorio que saben usar los trámites legales», dijo Betanzos en su denuncia.

El llamado de alerta fue replicado por diferentes organizaciones y colectivos, entre ellos el Observatorio Memoria y Libertad, que recordó que «no es la primera vez» que personas entran a la comunidad y realizan cateos y detenciones «arbitrarias, ilegales y por medio de la tortura».

El Observatorio exigió al gobierno de Salomón Jara, a la Secretaría de Gobernación del estado, a la Fiscalía de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia detener cualquier intento de detención en contra de la comunidad y dar informe sobre la presencia de los elementos y personas de civil que se encuentran en la comunidad.

COMUNICADO:

Hacemos un llamado de solidaridad a organizaciones, colectividades e individualidades por POSIBLES ACTOS DE DETENCIONES MASIVAS E ILEGALES A LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITLÁN. Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Desde el Observatorio Memoria y Libertad lanzamos esta alerta urgente por la amenaza de detenciones y cateos arbitrarios, y actos de tortura en contra de las familias de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Exigimos al Gobierno de Oaxaca y al Gobierno Federal, protección inmediata para las familias amenazadas.

El martes 13 de mayo, durante toda la mañana, la comunidad denunció la presencia personas con apariencia de judiciales vestidas de civil, merodeando en las calles principales del centro de Eloxochitlán. A las 6.20pm la Policía Estatal entró al barrio Mina de Oro, en donde sigue presente hasta la emisión de esta alerta. De igual forma, a las 6 de la tarde, entró personal de Seguridad Pública a Barrio Escopeta.

Exigimos al Gobierno de Salomón Jara, a la Secretaría de Gobernación del estado, a la Fiscalía del estado de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia detener cualquier intento de detención en contra de la comunidad y dar informe sobre la presencia de los elementos y personas de civil que se encuentran en la comunidad.

No es la primera vez que personas entran a la comunidad y realizan cateo y detenciones abritrariad, ilegales y por medio de la tortura. Sin embargo, la Fiscalía de Oaxaca en una ocasión negó dirigir el operativo por lo cual es urgente la interolucion directa del Fiscal con la comunidad por el clima de hostigamiento que viven las familias de Eloxochitlán en este momento

Recordamos al Fiscal, que desde el 1ero de mayo la comunidad ha buscado de forma insistente el diálogo con la dependencia, el cual no ha sucedido hasta el momento. Esto ha permitido que el clima de violencia y amenazas en contra de la comunidad crezca cada día más.

Reponsabilizamos al Estado mexicano, al Gobierno de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia así como a Elisa Zepeda y Manuel Zepeda de cualquier daño físico y psicológico en contra de la comunidad. Por 10 años estas personas e instituciones han torturado a la comunidad, exigimos un alto inmediato, las familias de Eloxochitlán tienen derecho de vivir en paz.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México pide una explicación a EU sobre el ingreso de la familia de Ovidio Guzmán

Sheinbaum Pardo señaló que el ingreso de la familia de Ovidio Guzmán a EU pone en duda la política de ese país de no negociar con terroristas, y exigió una explicación oficial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos (EU) a informar sobre el ingreso de la familia de Ovidio Guzmán a su territorio y esclarecer si hubo algún acuerdo con ellos.

En su conferencia matutina, destacó que el tema involucra directamente a México, pues los familiares del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán son ciudadanos mexicanos y uno de ellos, el propio Ovidio, fue extraditado pese a tener investigaciones abiertas en el país.
"Tienen que informar y tienen que explicarle al pueblo de Estados Unidos también cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, porque primero son mexicanos; segundo, uno de sus familiares fue extraditado, es decir, tiene una carpeta de investigación aquí”, expuso la mandataria federal.

Al hablar sobre el despliegue militar realizado en enero de 2023 para su captura, la titular del Ejecutivo recordó a los elementos del Ejército que fallecieron en ese operativo.

Además, refirió que EU tiene una política de no negociar con terroristas, por lo que permitir el ingreso de los familiares de Guzmán sin una explicación contradice su postura oficial.
"Hay que recordar, de nuevo, el tema de la extradición y si, en efecto, existe una política de ellos de no negociar con terroristas”, declaró la Presidenta Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
Asimismo, cuestionó la coherencia del Gobierno estadounidense al no informar públicamente sobre las condiciones de la entrada de la familia del narcotraficante.


“Ellos deciden nombrar a algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces que informen si hay un acuerdo o no lo hay”, añadió. Finalmente, mencionó que tanto el pueblo de Estados Unidos como el de México merecen saber si existe algún tipo de negociación con estos grupos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Además de empresas, son dueños de acuíferos: Fox, “El Bronco”, Romo, Olga Sánchez...

Como parte del sobreconcesionamiento que la Ley de Aguas Nacionales permite, la Conagua ha dado concesiones de agua para uso agrícola –que no paga derechos– a personajes con poder político.

En las últimas tres décadas la Conagua ha otorgado a grandes usuarios concesiones en acuíferos sobreexplotados bajo el marco legal de la salinista Ley Nacional de Aguas (1992), en perjuicio de comunidades indígenas, ejidales y colonias urbanas. Ahora, en medio de una sequía prolongada y la presión de Estados Unidos por el Tratado de 1944, el Gobierno federal intenta ordenar este acaparamiento por parte incluso de políticos y familiares como el expresidente Vicente Fox, la Diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de Oficina de Presidencia Alfonso Romo o el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco".
"En el reordenamiento de concesiones tienes que corregir todo esto, cómo es que se dieron concesiones a un notario público, a un político o familiares de políticos. Por qué ellos tienen agua y nosotros, ciudadanos de a pie o comunidades, no tenemos. Seguro se lo dieron de manera legal (por la ley salinista), pero hay ahí un ejercicio de poder económico, quienes tienen una concesión pueden pagar abogados para demandar a la Conagua; se tiene el capital para poder hacerse de concesiones", dijo Wilfrido Gómez, académico de datos de agua en la Universidad Iberoamericana, quien está investigando a nivel nacional una serie de anomalías en la base de datos de los más de 500 mil títulos de concesiones registrados en el REPDA.
El titular de la Conagua, Efraín Morales, dijo que para verificar "el adecuado uso del agua" están revisando desde la dependencia federal, uno por uno, cada título de concesión dado. Llevan un avance de 260 mil títulos, de los más de 500 mil que se han dado, de manera acelerada, desde 1992 a la fecha, de acuerdo con la base de datos del Registro de Datos de Conagua (REPDA).

Una limitante de la Conagua es el insuficiente número de inspectores para revisar en el campo cuenca por cuenca. Pero a finales de 2024, contralorías de agua conformadas por ciudadanos de norte a sur de México enviaron a las oficinas centrales de la dependencia federal diagnósticos detallados de las distintas anomalías y acaparamiento de agua por región, pero no han obtenido una respuesta concreta.
"¿Por qué la Conagua continúa evitando la colaboración con las Contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social?", cuestionó la Contraloría Nacional del Agua en un pronunciamiento publicado recientemente.
El académico de la Ibero, Wilfrido Gómez, explicó que las contralorías del agua están investigando casos de acaparamiento a nivel regional y municipal. Por ejemplo, hallaron que en el acuífero de Texcoco hay un usuario que se llama Luis González, que es notario público y que en 2018 obtuvo por 30 años una concesión para tener 1.34 millones de m3 de agua/año.

En Yucatán, agregó, identifican que la empresa agroindustrial Enerall –de la familia de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de Presidencia– contamina con pesticidas el acuífero de Yucatán, pero por la Ley Nacional de Aguas le siguieron dando concesiones de agua en 2022, 2023 y 2024 "a pesar de que se le denunció que era un acaparador; la raíz del cáncer en la gestión hídrica es esa Ley Nacional de Aguas", dijo el académico.

Pero, en contraste con las contralorías ciudadanas: "Hay mucho poder económico detrás que ha venido frenando (la Ley General de Aguas que propone no dar concesiones en zonas sobreexplotadas). La Presidenta Claudia Sheinbaum está lidiando entre las problemáticas de escasez de agua, las denuncias ciudadanas, pero también tiene que lidiar con todo el poder económico; se le cae la economía de México, demandas internacionales, si no hay un ejercicio de equilibrio (...) Son monstruos que tenemos que combatir desde la lucha ciudadana como los casos de Constellations Brands (BC), Granjas Carroll (Veracruz), Bonafont (Puebla)", agregó Gómez.
Los acaparadores del agua

El 16 de marzo de 2019, la entonces Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero visitó el municipio de General Terán, Nuevo León, donde ella y su esposo Eduardo García Villegas tienen concesiones de agua para uso agrícola (el cual no paga derechos de uso), ya que su familia se dedica a la agricultura en la zona citrícola de la entidad.

Ahí ofreció una conferencia sobre la participación de la mujer en la vida política de México. "Yo no soy más que una ciudadana más de General Terán, porque tengo 50 años de venir a este hermoso lugar una y hasta dos veces por mes”, dijo la entonces Secretaria de Gobernación de acuerdo con el cronista oficial del municipio, Adalberto A. Martínez.

Olga Sánchez junto con su esposo tienen acceso a 2,557,136 m3/año de volumen de agua para uso agrícola concesionado por la Conagua en enero de 1997, cuando era Ministra de la Suprema Corte; en noviembre de 2018, cuando era Senadora de Morena y en octubre de 2020, cuando era Secretaria de Gobernación.

En contraste, los campesinos de esa zona citrícola de Nuevo León han padecido periodos de sequía prolongada que en verano de 2022 detonó una disputa por el agua. Locatarios de las comunidades de Allende, un municipio rural al sur del área metropolitana de Monterrey, incendiaron una tubería de Agua y Drenaje, y en el municipio de Montemorelos bloquearon una carretera para impedir que el organismo se llevara agua del río Ramos, Casillas y Pilón hacia la zona urbana, donde medio millón de habitantes llevaba entonces cuatro meses con tandeo por las presas semivacías.
"Qué casualidad que ya voltearon a Rayones y Montemorelos, ¿no?, volteen cuando necesitamos", acusó un citricultor de Rayones al Gobierno estatal.
En esas fecha, junio de 2022, con sequía severa en General Terán, la entonces presidenta del Senado Sánchez Cordero compartió en su Twitter que "desde hace generaciones" su familia se dedica a la agricultura, por lo que "sabemos el valor del agua y no abusamos de ella, al contrario, la cuidamos y más en el norte en donde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla".

Wilfrido Gómez, investigador de datos de agua de la Iberoamericana, ejemplifica con la ahora Diputada Olga Sánchez Cordero para asegurar que una de las anomalías de las bases de datos de las concesiones de Conagua es que un mismo usuario se transparenta en el REPDA con distintos nombres o signos de puntuación que impiden su búsqueda y la suma de volumen total de agua otorgada.

Es decir, las concesiones de la política mexicana en una zona con estrés hídrico se hallan registradas al menos bajo dos nombres: "Olga del Carmen Sánchez Cordero Dávila" y "Olga Ma. del Carmen Sánchez Cordero de García".

Otras anomalías en el registro de concesiones, expuso Gómez, es que hay errores de captura de la ubicación geográfica de la extracción; hay asignaciones de áreas-superficies sin relación con proyectos hídricos (como una bomba) que están en zonas de gasoductos; hay inconsistencias de nombres de concesiones entre actualizaciones cada año; muchas concesiones ya vencieron y siguen apareciendo en el REPDA o muchas no tienen fecha de vencimiento por lo que son infinitas; otras no muestran cuánto volumen de agua extrae...

Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León (2015-2021)

Cerca de la frontera con Nuevo León, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila. Para uso agrícola, cuenta con 184 mil m3/año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido Diputado local del PRI y años después sería Alcalde de García; y en octubre de 2020 obtuvo otra concesión, cuando era Gobernador, de acuerdo con el Registro Público de Derecho de Agua (Repda) de Conagua.

Al 30 de abril de 2025, el 65 por ciento de los municipios de Coahuila registraron algún grado de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua.
"Tres minutos (para bañarse) es suficiente, pero hay quien le gusta cantar, bailar, enjabonarse, ponerse doble shampoo... el agua es el vital líquido y no hay que desperdiciarla", declaró como Gobernador en un periodo de sequía más, en el verano de 2018.
Un día antes de su detención en marzo de 2022 por presuntos delitos electorales, "El Bronco" durmió en ese rancho de Coahuila, de acuerdo con su abogado Gabriel García. Por la mañana regresó a García, Nuevo León, donde hubo un cateo a su rancho llamado "El Palacio Rosa". Ahí  se le hallaron dos armas de uso exclusivo del Ejército, dos millones de pesos en efectivo y caballos pura sangre.

Tras estar en un penal de Apodaca y luego ser trasladado a prisión domiciliaria por presuntos problemas de salud, en octubre de ese mismo año fue absuelto por un juez federal.

"La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral", celebró en X.

Los Fox

La familia del expresidente Vicente Fox Quesada goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas, además, bajo un precio especial al tener un subsidio gubernamental que debe estar destinado sólo a pequeños productores, reportó SinEmbargo en 2023.

El Registro Público de Derechos de Agua (Repda) tiene los datos de los permisos otorgados a Vicente, Javier, Mercedes, María Cecilia y Susana Fox Quesada y otros más a José Luis Fox Lozano, sobrino del expresidente.

Son tres concesiones relacionadas directamente con los Fox Quesada para sus empresas Fox Berries y El Cerrito, para abastecer tres propiedades de 230 hectáreas de riego cada una. 

La primera, que es para la empresa El Cerrito, le fue otorgada a Fox el 22 de diciembre de 1999, a unos meses de haber dejado la gubernatura de Guanajuato y de que iniciara su campaña presidencial, y vencerá hasta el 5 de noviembre de 2029. El permiso le garantiza la extracción de 240 mil metros cúbicos de agua al año.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Tabasco se convierte en el estado 24 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas

Tabasco se convierte en la entidad número 24 en garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El Congreso de Tabasco aprobó este miércoles la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación con lo que ya suman 24 los estados en garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención, los legisladores aprobaron la reforma al código penal estatal para eliminar las sanciones de hasta tres años de prisión a quienes decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

La decisión se da luego de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito resolvió el Amparo en Revisión 153/2023 el 4 de abril pasado y declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Tabasco. Un recurso que fue impulsado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que impulsa la despenalización en todo el país.

Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jorge Orlando Bracamonte Hernández, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al congreso un plazo límite para derogar dichos artículos el cual concluía el jueves con el actual periodo de sesiones. Esto en consonancia con la sentencia emitida en 2021 y en la máxima corte que declaró inconstitucional penalizar el aborto por cualquier causal.
Bracamonte Hernández precisó que de no legislar sobre la materia, la Corte emitió una declaratoria de inconstitucionalidad que permite la interrupción legal del embarazo en cualquier momento de la gestación.

Previo a la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana, del partido Morena, acusó al Poder Judicial de la Federación de intervenir en el tema,  al considerar una atribución exclusiva del Congreso local legislar en la materia.

La resolución se dio en medio de protestas de grupos antiderechos, quienes acusaron al Congreso local de actuar a espaldas de la ciudadanía. Sin embargo, la decisión fue celebrada por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos.

Luego de la votación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina Filigrana, solicitó que se emita el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se incrementan fosas clandestinas en gobierno de María Teresa Jiménez en Aguascalientes

Activistas señalan falta de atención en casos de personas desaparecidas en Aguascalientes, que podría convertirse en otro Jalisco. En dos años de gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel se han descubierto 44 cementerios irregulares.

La cantidad de fosas clandestinas y desapariciones se ha duplicado en la mitad de tiempo en Aguascalientes y pese a que activistas han señalado un intento por ocultar la realidad, las cifras muestran que cada vez desaparecen más personas en el estado. 

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtenida a través de solicitudes de transparencia por EMEEQUIS, durante el sexenio de Martín Orozco Sandoval, quien gobernó la entidad del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2022, se localizaron 21 fosas clandestinas. En contraste, durante los dos años y medio de gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel se han descubierto 44 cementerios irregulares.

Además, la cantidad de cuerpos encontrados aumentó: pasó de 22 durante el gobierno de Orozco Sandoval a más de 52 en la actual administración.

Los datos del organismo estatal indican que entre el 9 de octubre de 2022 y febrero de 2025 se localizaron 44 fosas clandestinas, en las cuales se han hallado más de 52 cuerpos y diversos fragmentos óseos. Algunas de estas fosas contenían restos de hasta seis personas.

Esta cifra supera los 22 cuerpos encontrados en las 21 fosas reportadas durante el sexenio anterior.


Hay fosas en las que aún no se ha podido determinar el número de cuerpos ni su identidad y las autoridades solo han clasificado los hallazgos como “diversos restos/fragmentos óseos”, sin especificar si pertenecen a una o más personas.

Por ejemplo, el pasado 8 de febrero de 2024 se encontraron cinco fosas clandestinas con “diversos fragmentos óseos”; el informe solicitado mediante transparencia y entregado por la fiscalía de Aguascalientes, no especifica la cantidad de posibles cuerpos ni ha sido capaz de identificarlos, por lo que los restos permanecen en la Dirección General de Investigación Pericial. Mientras cientos de madres y familiares  en el estado y el país continúan buscando a sus familiares.

Javier Espinosa, activista y buscador de personas desaparecidas menciona que el problema es que, pese a la existencia de cifras que sustentan el incremento de personas desaparecidas en el estado de Aguascalientes, las autoridades gastan más recursos públicos en temas como la imagen o la Feria de San Marcos.

“No hay visibilización de lo que está ocurriendo en Aguascalientes, no quieren que sea visible (…) todo lo quieren tapar para que la imagen pública esté por encima de cualquier desaparición”.


MENORES EN LAS FOSAS

También se han localizado restos de menores en estas fosas clandestinas. El 6 de diciembre de 2024 se encontró una fosa con tres cuerpos: dos niños de uno y cinco años, y una mujer de 22 años. Según el informe, fueron localizados en San Francisco de los Romo, Aguascalientes. La causa de muerte de los menores fue “herida por instrumento cortante a nivel del cuello, con sección de tráquea”.

En tanto, la mujer falleció por “múltiples heridas producidas por objeto punzocortante en tórax y abdomen”. Además, el 12 de octubre, se encontró el cuerpo de una menor de 17 años en Palo Alto, El Llano Aguascalientes. 

RINCÓN DE ROMOS, EL MÁS PELIGROSO

Según el registro proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el municipio de Rincón de Romos fue donde se encontraron más fosas, con un total de diez. Siete de ellas contienen “diversos fragmentos” que aún no han sido identificados.

Seguido está el municipio de Asientos con siete fosas clandestinas y ocho cuerpos. Tan solo el 29 de mayo de 2024, se localizaron otras dos fosas con tres cuerpos: dos hombres de 36 y 39 años, y una mujer de 41.

SE DUPLICAN DESAPARICIONES

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2016 y 2022 desaparecieron 118 personas en Aguascalientes. Entre 2023 y mayo de 2025, la cifra se incrementó a 242 personas desaparecidas.

De 2016 a 2022, desaparecieron 90 hombres y 28 mujeres. En contraste, en menos de la mitad del tiempo —de 2023 a 2025— han desaparecido 188 hombres y 54 mujeres.

Espinosa afirma que quienes más suelen desaparecer son jóvenes varones en edad laboral. Al preguntarle sobre las posibles causas, responde:

“Son varios factores. Uno, la falta de oportunidades. Dos, la pobreza. Una tercera es la violencia intrafamiliar. Otra, las drogas y las adicciones. Y en último caso, puede haber un tipo de reclutamiento por parte de grupos delincuenciales” y señala lo ocurrido en Jalisco con el rancho Izaguirre. 

Agrega que el despunte del 2025 ha sido considerable, pese a que en 2024 se registraron 137 desapariciones, 104 hombre y 31 mujeres, ahora 2025 en poco más de 4 meses lleva 60 desaparecidos, 42 hombres y 18 mujeres. 

El activista añade que desde el pasado 2 de octubre, cuando se manifestaron durante el informe de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, el apoyo del estado ha disminuido, y la relación con la Fiscalía también se ha visto fragmentada.

También señala que existe una gran simulación frente al problema creciente de personas desaparecidas, así como conflictos con la nueva comisionada de búsqueda estatal, Violeta Sabás de León.

Sabás asumió el cargo en mayo de 2023 y ha sido criticada por colectivos de búsqueda como el Colectivo Maverick, mismo que Javier Espinosa fundó, que han denunciado la falta de registro oportuno en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo cual podría retrasar las búsquedas, y tensiones con el Consejo Ciudadano de Búsqueda, que se desintegró en 2024 por falta de apoyo y quórum.

Además la señala de haber expuesto diversas familias buscadoras al llevarlas al estado de Jalisco, al municipio de Teocaltiche, sin las herramientas ni la seguridad suficiente que garantizara que todos pudieran regresar a salvo.


Cabe destacar que se han reportado acusaciones de violencia laboral, que son investigadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Dichos conflictos han hecho que pese a que los números vayan en aumento conforme al descubrimiento de fosas restos, así como la desaparición de personas, los colectivos reclaman que al tema el estado no le está prestando la suficiente atención y prefiere enfocarse en otros temas. Por su parte Javier Espinosa teme que lo ocurrido en Jalisco se pueda replicar en Aguascalientes.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO.

Caso Cassez: Defensoría Pública solicita cancelar proceso contra Israel Vallarta

El pasado 25 de marzo, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, reconoció públicamente que la acusación contra la francesa fue un montaje.

Derivado de las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de que el caso contra Florence Cassez fue un montaje, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) solicitó al ministerio público federal iniciar el trámite para cancelar el proceso penal contra la expareja de la francesa, Israel Vallarta.

El IFDP informó que ayer presentó su solicitud formal ante la FGR porque considera que ya no existe causa legal que justifique la subsistencia del caso contra Vallarta por secuestro y delincuencia organizada.

Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 durante el operativo en el que también fue detenida su entonces pareja sentimental, Florence Cassez, y se le señaló como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

El operativo, encabezado por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna fue transmitido en vivo durante el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola en Televisa.

Sin embargo, en el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Florence Cassez por violaciones al debido proceso, porque durante la transmisión de su captura fue presentada como culpable de secuestro y porque fueron desestimadas diversas pruebas.

El criterio establecido en el caso Cassez ha sido utilizado por la defensa de Vallarta y sus familiares para tratar de liberarlo, pero no han tenido éxito.

El pasado 25 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero reconoció que el caso contra la francesa fue un montaje.
“El caso de Florence Cassez fue un montaje”, afirmó.
Por ello, en concordancia con la utilización del caso Cassez como precedente, el IFDP retomó la declaración del fiscal para solicitar a la FGR que tramite el sobreseimiento del proceso contra Vallarta.

“Se solicita el cierre definitivo del caso, al no existir causa legal que justifique su subsistencia, toda vez que el titular de la Fiscalía (institución que formuló la acusación contra Vallarta Cisneros) ha reconocido públicamente que el caso se construyó sobre violaciones graves a derechos humanos, tal como fue señalado en el Amparo Directo en Revisión 517/2011 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la Recomendación 20/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, indicó el Instituto.
“En congruencia con los precedentes señalados y con un reconocimiento público de la comisión de violaciones graves a derechos humanos, la FGR debe admitir formalmente que los elementos probatorios citados en sus conclusiones acusatorias contra Israel Vallarta Cisneros están viciados por el mismo efecto corruptor que fue acreditado en el caso de su coprocesada Florence Cassez, como lo resolvió la Primera Sala de la SCJN”.
Consultado por Proceso, el Instituto explicó que sólo con la presentación de la solicitud de sobreseimiento por parte de FGR, el organismo cumpliría con su deber de lealtad al estar proporcionando información veraz sobre los hechos que derivaron en la detención de Vallarta quien lleva preso ya 19 años y 5 meses sin recibir sentencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Emboscan y asesinan a Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan

Esteban Alfonseca Salazar viajaba en un vehículo con el exregidor Edmundo Martínez Pérez, quien también fue asesinado.

El exalcalde de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar, y el exregidor Edmundo Martínez Pérez, fueron asesinados la noche del lunes en una emboscada ocurrida en la carretera estatal que conecta a Mozomboa con Actopan, en una zona conocida como “El Toche” o Plan de la Higuera.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas armadas interceptó el vehículo en el que se trasladaban ambos exfuncionarios. El ataque fue directo y ambos fallecieron en el lugar, sin que se registraran llamados de auxilio ni respuesta inmediata.

Horas antes, las víctimas habrían asistido a una reunión con el candidato de Morena a la presidencia municipal de Actopan, Eduardo Utrera Carreto. Actopan se ubica a 50 kilómetros de Xalapa. 

Tras el ataque, elementos de seguridad acudieron a la zona luego de recibir reportes de disparos y acordonaron el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En redes sociales, el subsecretario de Desarrollo Económico de Veracruz y exdirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Vega, lamentó el asesinato de Esteban Alfonseca, a quien describió como amigo cercano. Publicó un mensaje en su cuenta oficial:
“Con gran dolor hoy perdimos a un gran amigo de muchos años, Esteban Alfonseca, que ha sido mi compañero en lo profesional y en lo personal. Actopan pierde a un hombre de familia y trabajo. Mi más sentido pésame para la familia Alfonseca”.
Este hecho ocurre horas después del asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, donde también murieron otras cuatro personas. Asimismo, se suma al asesinato del candidato a la alcaldía de Coxquihui ocurrido semanas antes.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que hasta ahora se han recibido 57 solicitudes de protección por parte de candidaturas en distintos municipios.

Desde el inicio del año, se han registrado al menos ocho asesinatos de funcionarios municipales, incluidos exalcaldes y excandidatos, en el contexto del proceso electoral 2024–2025.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORELOS.

Silvano Aureoles comparecerá en agosto; escuchará imputación por desfalco millonario en Michoacán

El exgobernador ya tiene fecha de audiencia inicial en el caso por el que 4 de sus excolaboradores ya fueron vinculados a proceso por irregularidades en las contrataciones para la construcción de 7 cuarteles de la policía de Michoacán.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles ya tiene fecha para presentarse ante la juez de control que ordenó detenerlo para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la entidad.

De acuerdo con los estrados judiciales el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte informó a la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, que Aureoles ya acudió a dicho recinto para darse por enterado de la orden de captura en su contra.

La juez Vargas resolverá el expediente 441/2025 que contiene el amparo que Aureoles tramitó contra dicha orden de aprehensión emitida por la juez de control Patricia Sánchez Nava por los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación fraudulenta y asociación delictuosa por la contratación para la construcción de 7 cuarteles de la policía de Michoacán que ocasionaron un desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos en la entidad durante la administración del exgobernador priista.

En este amparo se le concedió una suspensión provisional y una de las condiciones para mantener vigente la medida era que el exmandatario estatal acudiera al Centro de Justicia para comparecer ante la juez de control que ordenó detenerlo.

Por ello, el Centro de Justicia informó a la juez Noveno de Distrito que, luego de darse por notificado de la existencia de la orden, Aureoles deberá acudir el próximo 20 de agosto a las 10:00 horas a audiencia inicial en la que escuchará la imputación que la FGR tiene en su contra.
“Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Asistente de Despacho Judicial, en sustitución de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; mediante el cual, remite el acuerdo de nueve de mayo del año en curso, dictado en la causa penal 118/2025 en el que, en cumplimiento a una de las medidas de aseguramiento decretadas en relación a la suspensión provisional concedida en el presente incidente, se apersonó en la referida causa penal.

“Asimismo, se advierte que se señalaron las diez horas del veinte de agosto de dos mil veinticinco, para la celebración de la audiencia inicial correspondiente en la causa penal 118/2025”, señaló la juez Noveno de Distrito en materia Penal.
Debido a que ya acudió al Centro de Justicia, la suspensión provisional concedida a Aureoles permanecerá vigente, por lo que las autoridades no podrán detenerlo por lo menos hasta que la juez Vargas resuelva si le concede o no la suspensión definitiva, lo que ocurrirá mañana durante la audiencia incidental que tiene programada.

En el caso del desfalco millonario de Michoacán ya fueron vinculados a proceso por los mismos delitos por los que Aureoles es requerido, Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad en el Estado, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Suspenden campañas en Texistepec, Veracruz, tras asesinato de candidata de Morena

Aspirantes a la presidencia municipal de Texistepec, en Veracruz, anunciaron que suspenderían hasta nuevo aviso los actos de campaña por motivos de seguridad y para no arriesgar a simpatizantes, tras el asesinato de la morenista, Yesenia Lara.

Los candidatos del PRI, PAN y PT a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, suspendieron sus actos de campaña tras el asesinato de la aspirante de Morena, Yesenia Lara y por la ola de violencia que se vive en la región.

En un mensaje en sus redes sociales, la petista Julissa Millán Díaz, indicó que por motivos de seguridad las actividades políticas se suspenden hasta nuevo aviso.

“Por motivos de seguridad y ante los recientes hechos de violencia, se suspenden todas las actividades políticas hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con la paz y el bienestar de la ciudadanía”, indicó Millán Díaz.

En tanto, el priista Bernardo Hernández Uscanga, dijo que instruyó a su equipo de trabajo a suspender todo acto de proselitismo.

“Invito a todos mis compañeros candidatos y a sus equipos de trabajo a que cambiemos la forma de hacer política, que no sigamos exponiendo a más gente en concentraciones masivas”, destacó.

El blanquiazul Bartolo López de la Cruz, también suspendió actividades proselitistas.

“Derivado de los hechos violentos en nuestro municipio, se suspenden nuestras actividades de campaña hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión. La seguridad es nuestra prioridad”, indicó en un comunicado en redes sociales.

Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Myrna Anzalmetti, lamentó el asesinato de la candidata de Morena.

Suspenden clases en Texistepec

El Consejo Municipal de Texistepec suspendió las clases y el Festival del día de las madres que se llevaría a cabo durante la tarde de hoy martes.

Mario Toledo Estrada, director de Protección Civil del municipio indicó que los días 12, 13 y 14 de mayo se suspenderían las clases como medida de seguridad.

En un comunicado, detalló que se dará certeza y seguridad a la comunidad infantil. Añadió que se llevarán a cabo diversos operativos de seguridad en la región.

Asesinato de candidatos en Veracruz

A horas de arrancar formalmente la contienda, un grupo armado llegó a la casa de campaña del morenista Germán Anuar Valencia en Coxquihui y abrió fuego contra las personas que había en su interior.

La agresión dejó al menos cinco personas heridas y el asesinato de Anuar Valencia, conocido como ‘Napo’, quien se alistaba para dar su primer recorrido en busca del voto.

Horas más tarde del homicidio en Coxquihui, se reportó otro atentado durante la tarde noche del primer día de arranque oficial de campañas.

Esta vez fue contra el secretario del Ayuntamiento de Paso de Ovejas, a unos pocos kilómetros del puerto de Veracruz; se trata de Ángel Federico Mota Ramírez, de 50 años, quien fue atacado a balazos cuando transitaba a bordo de su camioneta por la carretera Veracruz-Xalapa.

De acuerdo con reportes de la prensa local, Mota Ramírez es identificado como parte del equipo político de Anahí Hernández Hernández, candidata de la alianza Morena-PVEM a la alcaldía de Paso de Ovejas, por lo que el ataque podría estar relacionado con la candidatura política y la contienda electoral, aunque ninguna autoridad de investigación, ni el partido en el estado, se pronunció al respecto.

Denuncian candidatos amenazas

El candidato a la presidencia municipal de Chiconquiaco por Morena, Henry Landa Morales, denunció amenazas en su contra, en la que le habrían advertido de que dejara ganar al candidato de otro partido político, o de lo contrario su familia sufría las consecuencias.

En ese sentido, el 4 de abril, Elvia Merlín Castro, aspirante de Morena a la candidatura por la alcaldía de Cosoleacaque, anunció que se retiraba de la contienda porque no tuvo las condiciones necesarias de seguridad y dijo priorizar la paz de su familia.

A finales de marzo, a tan solo unos días del registro formal de las candidaturas, la aspirante del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de La Antigua, Anell Acevedo, anunció en un video que se retiraba de la contienda tras recibir amenazas en su domicilio de tres personas armadas, que la ordenaron ‘bajarse’ de la elección.

El 1 de abril, sujetos armados balearon hasta en 20 ocasiones la camioneta de otro candidato petista: Crispín Hernández, que aspiraba a la alcaldía de Mixtla Altamirano, en la zona montañosa de la región de Zongolica. También se retiró de la contienda.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, dijo a Animal Político que al menos 10 aspirantes de su partido decidieron hacerse a un lado también, debido a las amenazas y hechos de violencia.

El 8 de febrero, se reportó el asesinato a tiros de Carlos Ramsés Neri Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y aspirante por el Partido Verde a la alcaldía de ese municipio de la zona centro de Veracruz.

Víctor Manuel Rodríguez Cobos, regidor octavo en el Ayuntamiento de Poza Rica, quien había expresado sus aspiraciones políticas a contender por la alcaldía por el PRI, fue secuestrado a bordo de su vehículo, y liberados días después. Un mes antes, había sido objeto de otro atentado a balazos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.