El colectivo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestó frente al cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, para condenar la participación activa de militares en la masacre de los estudiantes registrada hace ocho años en Iguala, Guerrero. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que ocurrió en Orizaba, Veracruz, “no fue tan grave” y que se trató más de un asunto de propaganda en redes y que, al haber una transmisión en vivo, sus adversarios “se dan gusto”.

Ayer, un enfrentamiento entre autoridades de Veracruz y presuntos delincuentes en la zona centro de Orizaba provocó pánico entre ciudadanos, dejó un muerto y dos personas detenidas.

Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar a los militares de sus cuarteles para encabezar la “guerra contra el narcotráfico”, y hasta 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantenerlos en tareas de seguridad pública, la presencia del Ejército en las calles se ha más que duplicado en todo el territorio nacional sin que la violencia baje. Por el contrario, los homicidios se han disparado en 240.84%.

Así lo refieren datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados vía transparencia, que indican que en 15 años el total de efectivos desplegados pasó de 37 mil 253 a 90 mil 023 elementos, un incremento de 141.65%. A la par, cifras del Inegi reportan que los homicidios pasaron de 10 mil 452 a 35 mil 625 en el mismo periodo.

El homicidio de la niña de cuatro años Heidi Mariana Pérez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se suma a cuando menos cinco presuntos ataques injustificados a civiles por parte del Ejército o la Guardia Nacional que han provocado en los últimos dos años el fallecimiento de otras tres personas y lesiones a seis en esa ciudad fronteriza. Además, desde 2011 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado 24 fallecimientos de civiles.

“Tamaulipas es la evidencia más clara de que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no funciona, y casos como el de Heidi Mariana —y 12 años antes Martín y Bryan Almanza Salazar— evidencian que quienes están pagando la factura de este proyecto de militarización son los inocentes, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, los estudiantes, y por el lado contrario, quienes están siendo menos castigados por la justicia en México son las Fuerzas Armadas”, asegura Raymundo Ramos, presidente del comité.

A la luz de los comentarios del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la ONU, la jefa del servicio de información de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci lo invitó a participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a la que asisten jefes de Estado, pero en la que el mandatario mexicano ha descartado participar.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó como narcotraficantes significativos y sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a un grupo de empresas por su presunta relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el Departamento de Justicia especificó que las dos personas designadas y las empresas sancionadas colaboran con el CJNG para el blanqueo de bienes procedentes de la venta de narcóticos.

Más aún, la prioridad del gasto en la política social y los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo defienden su proyecto de nación, sino que apuntan a la elección presidencial de 2024.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó este martes el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de la Guardia Nacional.

El Centro Prodh afirmó que la CNDH ‘abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad‘ sobre la iniciativa que entrega la nueva corporación al Ejército.

Derechos Humanos respalda los cambios aprobados en el Congreso de la Unión y publicados por el Presidente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no presentará acción de inconstitucionalidad por las reformas que traspasan el control de la Guardia Nacional al Ejército.

En un comunicado, el ente autónomo afirmó que “entiende” la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica los cambios.

En 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone aumentar en menos de 2% los recursos para programas que atienden la violencia contra las mujeres, pese a que estas agresiones han aumentado y a que la Red Nacional de Refugios (RNR) ha advertido que los centros para atender a sobrevivientes están operando desde este año “en números rojos”.

Esto significa que, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) como se lo entregó la Secretaría de Hacienda (SHCP), los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos tendrán ​​443 millones 719 mil 953 pesos para 2023, lo que tomando en cuenta la inflación es solo 1.63% más de lo que se les aprobó para 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 13 de septiembre del 2022, que un secretario en funciones de titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la Ciudad de México, haya concedido la medida cautelar de prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, por el proceso en el cual el capo sinaloense fue sentenciado a 40 años de cárcel por los probables delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que el capo sinaloense debe cumplir su condena en cada porque toma muchas medicinas y no puede ser atendido en el Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco -donde permanece recluído en el área de máxima seguridad-, ya que está “verdaderamente mal de salud”.

La defensa legal del antropólogo Miguel Ángel Peralta Betanzos presentó un Amparo Directo contra la sentencia condenatoria de 50 años, el cual será analizado por algún Tribunal Federal de Amparo de la ciudad de Oaxaca que está por definirse, por los delitos de tentativa de homicidio en agravio de Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada de Morena, y de homicidio calificado de su hermano Manuel Zepeda Lagunas.

El mazateco había obtenido su libertad absolutoria el 14 de octubre de 2019, después de estar preso 4 años y 5 meses en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, imputado por la ex presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura de Oaxaca de haber cometido tales delitos durante el conflicto de Eloxochitlán de Flores Magón del 14 de diciembre de 2014.

La historia del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México y Coahuila tiene claroscuros: en el primero estado, diversas maniobras lo han llevado a ser cuarta fuerza política y en el segundo, ha buscado alianzas desde 1999 para poder competirle al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien gobierna ambas entidades desde el año de 1939.

Ese es el aliado que se le fue hace una semana: el partido que tiene en esos dos estados diversas estructuras que incluyen gremios de transportistas, comerciantes, profesores y vecinos en general que en cada elección se movilizan y terminan aportando al PRI miles de votos, en lo que se conoce como el éxito de la hegemonía priista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este martes que Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador saliente de Quintana Roo, será propuesto para ser el próximo Embajador de México en Canadá.

“Fue muy bueno”, dijo este martes el Presidente de México sobre su encuentro con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el cual se dio ayer en Palacio Nacional.

En su rueda de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que entre los temas que se trataron en dicha reunión fue la política energética de México, en donde se externó el deseo de aclarar “los malos entendidos” en este tema, aunque afirmó que no se habló sobre posibles sanciones por esta cuestión.

“Si ya saben que fue el Estado quien los desapareció, ¿qué están haciendo para detener a los responsables?”, cuestionó Doña María Martínez, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante el primer día de la Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado por los Caminos de la Verdad.

Con una misa, un mítin político y un bloqueo de la Autopista del Sol México-Acapulco en Chilpancingo, Guerrero, los padres y madres de los 43 iniciaron este 12 de septiembre una jornada de actividades y protestas en Guerrero y la Ciudad de México.

Un grupo de personas con mazos y tabiques irrumpieron el pasado domingo 11 de septiembre en la sede del Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec, mientras que concejales e integrantes de la fundación del pueblo mantenían una reunión de trabajo.

Después de forzar los candados de la reja exterior del edificio y romper los vidrios de la puerta de acceso, ingresaron de manera violenta y amedrentaron verbal y físicamente a quienes se encontraban en su interior.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval González​, hizo un llamado a la unión en el que integró a las fuerzas militares y a la Guardia Nacional como ejes fundamentales en favor de la seguridad de la Nación e invitó a mantenerse alerta de quienes, con “comentarios tendenciosos generados por sus intereses”, busquen desacreditarles.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 28 votos a favor y 11 en contra, la iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad hasta 2028.

El dictamen fue avalado en lo general, con 11 votos en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC); mientras que Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión de la iniciativa impulsada por la diputada priista Yolanda de la Torre en la que se plantea extender el uso del Ejército y Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Al inicio del debate, la legisladora Cristina Ruiz presentó una reserva para modificar el dictamen y diferir hasta el 2029 la presencia del Ejército en las calles.