El Pleno del Senado aprobó este martes el proyecto de decreto para sancionar a las personas que interrumpan el tránsito de vehículos, así como la operación de las casetas y lo remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con un amplio respaldo de 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el decreto reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para establecer penas de prisión de tres meses a siete años de prisión, así como multas de 8 mil 960 pesos y hasta de 44 mil 800 pesos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, será la nueva encargada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Fue en los últimos minutos de su conferencia de prensa matutina que el mandatario dijo que Márquez es su propuesta para presidir el Instituto encargado de las estadísticas en México.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dijeron el miércoles que están revisando “millones de documentos” que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico y que por lo tanto van a necesitar más asistencia del Gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan.

El abogado César de Castro afirmó además durante una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.

La élite intelectual que dio forma al bloque opositor, los que crearon Sí por México y los unieron en la coalición electoral Va por México, no lo tenían en la ecuación. Pero los mayores partidos de oposición no los consultaron. El Partido Acción Nacional (PAN) simplemente se abrió al diálogo con el Gobierno federal, y el Revolucionario Institucional (PRI) se movió, al menos en el discurso, hacia la izquierda, y se declaró “anti neoliberal”.

Hace apenas dos meses que los priistas fueron criticados por sus aliados cuando abrieron la posibilidad de dialogar la Reforma Eléctrica con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Aquí o somos o no somos. O somos opositores o estamos del otro lado”, dijo en su momento Marko Cortés. Lo mismo otros panistas.

Por violar su libertad bajo fianza, Osiel Cárdenas hijo fue detenido por agentes del FBI en un lujoso sector de Brownsville, Texas.

Es la segunda vez que el joven de 29 años viola su derecho de libertad condicional. En diciembre de 2014 fue detenido en el puente internacional Brownsville-Matamoros por posesión de cientos de balas de diferentes calibres. Fue sentenciado en 2015 a 10 meses de prisión.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer esta noche que entregó las primeras 17 visas humanitarias a igual número de migrantes que sobrevivieron al trágico accidente del pasado jueves 9. 

 

El INM precisó este martes que, tras la oferta que hizo a los migrantes que han sido dados de alta de los centros hospitalarios, 17 de ellos aceptaron las visas humanitarias. 

Al menos 68 millones de pesos de los créditos para comprar vivienda que 84  trabajadores tramitaron ante el FOVISSSTE terminaron en seis empresas ajenas a esos tratos de compra venta, de las cuales dos no aparecen en ningún registro de fuentes de gobierno, otras son inmobiliarias pero niegan haber recibido dinero que no fuese de sus clientes y un banco que desconoce el tema.

“A quien los tenga, les decimos que no buscamos culpables. Solo queremos recuperarlos porque estamos desesperados. Y por eso pedimos ayuda para buscarlos hasta debajo de las piedras”. 

El llamado de auxilio lo hace María, hija de Amador Aguilar Mendoza, de 55 años, y hermana de Emmanuel Aguilar Bailón, de 25; dos de los 13 migrantes mexicanos desaparecidos desde el pasado 25 de septiembre en una zona desértica ubicada entre los municipios de Ojinaga y de Guadalupe, en la frontera entre Chihuahua y Texas, Estados Unidos. 

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó este martes al gobierno de México que "deje de criminalizar la protesta y la defensa de los Derechos Humanos" y denunció torturas y malos tratos a activistas.

Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU matizó en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Martín Eduardo López Orozco, alías “El Tacones", fue sentenciado a 20 años de prisión por la muerte del reportero Israel Vázquez Rangel, quien realizaba una cobertura periodística en Salamanca, Guanajuato, cuando personas a bordo de una motocicleta le dispararon, causándole la muerte.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la sentencia condenatoria contra “El Tacones” por el delito de homicidio calificado, ocurrido en noviembre del año pasado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se volverá a reabrir el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y se analizará las acusaciones de tortura contra Mario Aburto, a quien transferirán  de Guanajuato al Centro Federal de Readaptación Social (Cereso), El Hongo II, en Tecate, Baja California.

Dicho anuncio se dio luego de que en días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló que Mario Aburto fue torturado para declararse culpable por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

El hombre que roció con ácido el 40% del cuerpo de Elisa Xolalpa Martínez, hace 20 años –y la ha seguido amenazando−, fue condenado a cinco años de prisión por violencia familiar con el beneficio de libertad condicional. 

¿Eso es justicia?, se pregunta Elisa, cuyo cuerpo lleva las marcas de un intento de feminicidio. 

Elisa se siente en riesgo y este martes apelará la sentencia, que asegura, fue sin perspectiva de género y refuerza el mensaje de que “la violencia contra los cuerpos de las mujeres es tolerada y justificada por los jueces”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una suspensión a la reserva generalizada de la información relacionada con las obras de infraestructura del gobierno federal.

El INAI promovió una controversia constitucional ante la Corte, al considerar que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, como consecuencia de catalogar las obras como asuntos de seguridad Nacional.

Mientras el PAN interpuso solicitud de juicio político en el Congreso de la Unión en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, éste arribó a Palacio Nacional cerca del mediodía, presuntamente para ser nombrado integrante de la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López Hernández.

Actualmente la Secretaría de Gobernación tiene solo dos subsecretarías, la de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas y la de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos con el morelense Rabindranath Salazar Solorio al frente; la versión extraoficial es que Bonilla pudiera sustituirlo.

En el “nacimiento” del Entendimiento Bicentenario, el marco de cooperación bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se instalaron hoy cinco grupos de trabajo que aspiran a reducir la violencia, a combatir los crímenes transfronterizos, a luchar contra las redes criminales y a resolver las cuestiones de “Defensa y Marina”, mientras un quinto grupo se formó en un “Comité Binacional de Cooperación”.

Ese comité busca que se cumpla con el respeto mutuo “y que no tengamos desencuentros porque somos aliados”, señaló el canciller Marcelo Ebrard Casaubón durante el mensaje a medios que dio inicio a la junta del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México – Estados Unidos.

Armando Saldaña Flores, exfuncionario de la dependencia, ha ofrecido testimonios y documentos para probar que Robles y su entonces oficial mayor, Emilio Zebadúa González, tuvieron conocimiento de que se había falsificado su firma en la operación por el mencionado monto, pero, lejos de actuar en consecuencia, trataron de justificar la erogación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2017.

Tras un ejercicio de consulta indígena organizada desde y para los pueblos, diez comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca reunieron 6 mil 172 firmas para rechazar la imposición de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en sus territorios.

Las asambleas fueron realizadas el pasado 10 y 11 de diciembre en las comunidades de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, como respuesta a la consulta exprés que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob) propusieron para la aprobación del megaproyecto.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa con sede en Oaxaca decidió no revisar si la Ley Minera, vigente desde 1992, atenta contra los derechos colectivos del pueblo chontal.

Así lo determinaron los magistrados Roberto Meixueiro Hernández, Marco Antonio Guzmán González y Luz Idalia Osorio Rojas, quienes argumentaron que en enero de 2020 la empresa Minera Zalamera se desistió de la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1”, que le fue otorgada en 2011, por tanto ya no había materia para el juicio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el “uso excesivo de la fuerza” durante un operativo militar que dejó 12 muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

El organismo autónomo advirtió que dentro de las víctimas del enfrentamiento, ocurrido en julio de 2020, había tres personas que estaban reportadas como desaparecidas.

El dinero obtenido por medio de la Estafa Maestra iba a ser utilizado para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del expresidente priista, Enrique Peña Nieto, según el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el testimonio fue incorporado por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial en la que imputó a Enrique González Tiburcio, por lo que se trata de la primera vez que la declaración de Zebadúa es tomada como dato de prueba en una causa penal relacionada con el desvío millonario del sexenio anterior.