Un grupo de ocho senadores del Congreso federal de Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden, exigiéndole que presione al gobierno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que abra el sector energético de su país.

El empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group.

Creador del corporativo KBH, Ansbacher Bendrama montó una oficina en Ejército Nacional 598 en la colonia Polanco desde la que dirigía todos sus negocios, de acuerdo con más de 20 mil documentos que fueron entregados por un extrabajador del consorcio que ha sido contratista del gobierno mexicano desde 2007, pero que tuvo una época de auge durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Los delitos de feminicidios y violaciones registraron un incremento en el primer semestre del 2021, mientras que los homicidios dolosos disminuyeron, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En conferencia de prensa matutina, detalló que, en el caso del delito de feminicidio, se registró un aumento del 3.3% de enero a junio.

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que fue notificado de que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) le impondrá una multa de 55 millones de pesos, por la difusión de fotos e historias fijas en Instagram que hizo su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, durante la pasada campaña electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), los contratos relacionados con la adquisición del sistema de espionaje denominado Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En la conferencia mañanera, anunció que ayer la FGR, solicitó información a todas las dependencias del gobierno federal y dijo que "espiar es un delito y cuesta mucho dinero".

La Universidad de Columbia premiará y rendirá homenaje a mujeres periodistas que cubren las Américas, entre ellas a la reportera mexicana Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso y asesinada en Veracruz en 2012, y a la directora general del semanario Zeta de Tijuana, Baja California, México, Adela Navarro Bello.

Las dos periodistas mexicanas son ganadoras del premio de periodismo María Moors Cabot que Columbia otorga cada año.

La fotografía salió un poco borrosa y con mala exposición a la luz, pero todos cupieron: en primera fila y en el centro, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, flanqueado por Miguel Ángel Mancera Espinosa y Graco Ramírez Garrido Abreu; más adelante a su izquierda, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y a tres lugares más, el procurador Raúl Cervantes Andrade; a su derecha, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y detrás de ellos, 27 de 32 gobernadores en función.

A excepción del uniforme militar verde olivo de Cienfuegos, todos los asistentes de la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentes en la fotografía oficial del evento, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2017, vestían guayaberas, cuyo algodón blanco contrastaba con las flores color de fuego que brotaban de los tabachines plantados en aquel parque de Jojutla, Morelos, municipio sede del evento.

Cinco hombres fueron torturados y asesinados a balazos por presuntos sicarios, quienes abandonaron sus cadáveres apilados en una zona rural del municipio de Tangamandapio, en el occidental estado mexicano de Michoacán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió, este miércoles 21 de julio, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el nombramiento de Rogelio Eduardo Ramírez de la O, como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para su ratificación por la Cámara de Diputados.

En el escrito enviado al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que Ramírez de la O cuenta con capacidad, experiencia y profesionalismo suficientes para realizar las funciones que tiene encomendadas y, por eso, sometió “a la ratificación de esta soberanía” su designación.

La empresa israelí NSO Group rechazó hoy de nuevo la investigación que implica a su software Pegasus en el espionaje a activistas, periodistas o políticos de varios países, entre ellos el mismo Presidente francés, Emmanuel Macron, y denunció que hay “una campaña despiadada y calumniosa” en su contra.

Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló que cuando llegó al recinto del Gobierno se encontró con una lista llamada “Los Maléficos“, la cual incluía al Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo apodaba “El Gallo“.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el funcionario destacó que el primero en la lista de los investigados y espiados era “El Gallo”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que llevó a cabo una “investigación exhaustiva” de los contratos que suscribió Tomás Zerón de Lucio en 2014 para la compra del software Pegasus, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Fue Zerón, quien como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) firmó el contrato para la adquisición de Pegasus con el Grupo Tech Bull, representado entonces por Luis Armando Pérez Herrero.

“Observamos varios patrones de represión al movimiento de mujeres, donde destaca la violencia física y psicológica; tratos crueles y degradantes; presencia de policía sin uniforme; el uso excesivo de la fuerza y el abuso policiaco”, señala Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Además de la estigmatización y criminalización de la protesta, también se ha utilizado el derecho penal, principalmente con cargos como delitos patrimoniales, para castigar a las mujeres, explica Chimiak en entrevista telefónica, y agrega que en la manifestación del 9 de julio en Guadalajara, donde la policía detuvo a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas, se les acusó de pandillerismo.

El aluvión de información que ha surgido en los últimos días sobre el espionaje instaurado desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto a miles de objetivos con el software Pegasus parece no tener resonancia en la Fiscalía General de la República (FGR), que el día de ayer reconoció no saber quién es el responsable, ni dónde están los contratos suscritos entre la empresa israelí NSO Group y las entidades del Gobierno, a la par que admitió apenas haber realizado un cateo a la empresa operadora del sistema espía cuyo dueño se escapó hace más de dos años.

La reacción de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal se da luego de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos del spyware Pegasus, revelaran que el espionaje implementado en el sexenio de Peña Nieto habría sido mayor al conocido en 2017 ya que abarcó a más de 15 mil personas, de las cuales 25 son periodistas. De hecho, salvo Carme Aristegui, ningún periodista espiado ha reportado que le fueran recogidos o inspeccionados sus celulares u otros equipos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo esta mañana que el espionaje con equipo y software sofisticados empezaron con Felipe Calderón Hinojosa y continuaron con Enrique Peña Nieto, y que también se registraron compras de gobiernos como el de Veracruz y el del Estado de México.

Desde Palacio Nacional, Nieto Castillo presentó una amplia investigación de la Unidad que apunta a que al menos dos empresas recibieron recursos públicos y los transfirieron a cuentas en el extranjero, mayoritariamente en Israel y Estados Unidos.

Samuel García ganó la gubernatura de Nuevo León con trampa. Lo dice la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Se apoyó en dinero de su propia familia, incluyendo a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Por esto, al Gobernador electo se le impondrá una multa de 55.6 millones de pesos por la difusión de fotos e historias que su esposa hizo en Instagram durante su campaña electoral.

El mismo Gobernador electo reveló parte de la información del INE en lo referente a su esposa. Lo consideró ridículo. La Unidad Técnica aseguró que la influencer debió cobrarle a Samuel García 27.8 millones de pesos por publicaciones en la red social. Por cada fotografía, el Instituto decidió fijar un monto de 40 mil pesos, y por cada historia la multa será de 20 mil pesos.

La Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora denunció la desaparición de 10 indígenas yaquis en un tramo carretero que va de Loma de Bacum al rancho el Coyote.

Los 10 hombres fueron vistos por última vez el pasado 14 de julio cuando transitaban por este camino, de acuerdo con las fichas de búsqueda.

Durante la tercera ola de COVID-19 en México, incluso cuando una entidad pase a semáforo rojo, ya no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades, aseguró este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia ya que la perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no sólo en México, sino en el mundo, declaró.

En los primeros dos años de administración de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, adquirió tecnologías israelíes de espionaje masivo por 5.6 millones de dólares a la empresa Neolinx de México, que había vendido material de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto, informó El País el 14 de abril pasado.

Según un reportaje publicado hoy por la periodista Zorayda Gallegos en El País, diversas instancias de la FGR celebraron al menos cuatro contratos con Neolinx, y los pagó a través de una “partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional”, con clave 33701, la cual fue usada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado para comprar el spyware Pegasus.