En un comunicado, cientos de colectivos y organizaciones manifestaron y respaldaron su desacuerdo con la declaración de Sheinbaum, y aseguraron que su discurso no está apegado «a la realidad jurídica internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país».
Recordaron que muchas de las desapariciones forzadas en México «son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado», por lo que constituyen una desaparición forzada «desde el Estado» de acuerdo con las convenciones internacionales.
Precisaron que la definición de desaparición forzada del CED, por ejemplo, incluye como parte de ella el hecho de que, cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, «constituye propiamente una desaparición forzada».
Por ello, hicieron un llamado al gobierno federal «a corregir su equivocada posición con respecto al CED y, en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas».
El pasado 27 de octubre de 2025, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una periodista, Karina Vargas, de Reporte Índigo, le preguntó a la mandataria sobre la activación del artículo 34 en la convención en la materia, por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas.
Al respecto, la presidenta de la República afirmó lo siguiente:
“Nosotros no coincidimos, se ha manifestado varias veces, ha habido varios documentos. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los sesentas (sic), en los setentas (sic), incluso en una parte de los ochentas (sic)… Eso es muy distinto a lo que ocurre en México, donde no es el Estado mexicano”.
Los colectivos, organizaciones y personas solidarias que suscribimos este documento, deseamos formular las siguientes precisiones con base en nuestro informe:
No negamos que la mayoría de las desapariciones que ocurren actualmente en México sean obra de agentes delincuenciales o del crimen organizado. Sin embargo, no coincidimos, por no estar apegado a la realidad jurídica internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país, que las desapariciones forzadas que ocurren actualmente en México no se encuentran asociados directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado.
Si bien estamos de acuerdo en que las desapariciones que ocurren en el país actualmente son de características distintas a aquellas que se perpetraron durante los años sesentas, setentas, incluso en una parte de los ochentas, que fueron cometidas directamente por agentes del ejército y otros agentes del Estado mexicano, como parte de una política de persecución política, esto no quiere decir que las desapariciones que se están cometiendo actualmente en nuestro México no sean desapariciones forzadas propiamente dichas, de acuerdo con la estricta aplicación de la definición de desaparición forzada contenida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y de la misma legislación mexicana en la materia.
Las desapariciones que se cometen actualmente en México, en su mayoría, son desapariciones forzadas propiamente dichas, como lo hemos demostrado en el estudio e informe alternativo que presentamos ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas a mediados del mes de agosto de este año. (Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México https://www.fundacionjusticia.org/desapariciones-forzadas-generalizadas-y-o-sistematicas-cometidas-en-mexico/ ). Por lo tanto, afirmar que las desapariciones que se perpetran actualmente en México no se cometen “desde el Estado” es falso desde el ángulo jurídico y también desde la perspectiva de la realidad.
El CED ha formulado precisiones sobre la definición de desaparición forzada contenida en la Convención respectiva, que incluye como parte de ella, el hecho de que cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, constituye propiamente una desaparición forzada.
Los principios sobre responsabilidad internacional del Estado aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución A/RES/56/83) son claros en el sentido de que, la responsabilidad internacional del Estado se deriva de actos contrarios al derecho internacional, que son cometidos por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. En un estado federado, como lo es México, agentes de cualquier sector significa servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, de cualquiera de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, o de órganos constitucionales autónomos, o de cualquier índole, independientemente de que sean de alto o medio o bajo nivel. Cualquier “servidor público” tal y como dicho término es entendido por la constitución mexicana, es un agente del Estado para los efectos de la Convención Internacional en la materia.
En la declaración sobre agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que hizo público el Comité Contra las Desapariciones Forzadas el 2 de mayo de 2023 (CED/C/10), quedó perfectamente claro que, cuando agentes del Estado otorgan autorización, apoyo o aquiescencia a agentes no estatales, como podrían ser grupos del crimen organizado, dichas privaciones de la libertad constituyen desapariciones forzadas propiamente dichas, en virtud de la participación directa o indirecta de agentes gubernamentales del Estado.
En dicha declaración, el comité aclaró los siguientes conceptos:
“III. Desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que se enmarcan en el ámbito de aplicación del artículo 2
2. El artículo 2 de la Convención se refiere a las desapariciones forzadas que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Abarca las circunstancias en las que los actos u omisiones de personas o grupos de personas que no sean agentes del Estado puedan no obstante atribuirse al Estado y, por tanto, conllevar la responsabilidad del Estado en el marco del Derecho internacional. Dicha atribución puede producirse en cualquier contexto, incluidas situaciones de paz o de conflicto armado internacional o no internacional.
3. “Autorización” significa que el Estado, por conducto de sus agentes, ha dado permiso oralmente o por escrito a personas o grupos de personas para hacer desaparecer a una persona.
4. “Apoyo” significa que el Estado ha proporcionado algún tipo de ayuda a personas o grupos de personas que han cometido una desaparición forzada, entre otras cosas compartiendo información o proporcionando medios como infraestructura, financiación, armas, capacitación o medios logísticos. A efectos de atribución en este contexto, no es necesario que el apoyo se preste con el objetivo específico de cometer una desaparición forzada.
5. Por “aquiescencia” se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas, pero que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) El Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente;
b) El Estado, deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores;
c) El Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto;
d) El Estado ha creado las condiciones que permitieron su comisión.
6. En particular, existe aquiescencia en el sentido del artículo 2 cuando existe un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición e investigar a los autores y llevarlos ante la justicia.
7. En tales casos, corresponde al Estado la carga de probar que no hubo aquiescencia por su parte, y debe demostrar que ha tomado medidas y acciones concretas para prevenir, investigar y castigar el delito, y que tales medidas han sido efectivas en la práctica.
8. Las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otros, a los denominados “grupos paramilitares”, las “patrullas civiles” y empresas de seguridad privada. También pueden aplicarse a las personas implicadas en la delincuencia organizada, en particular a los grupos de traficantes o tratantes, y se extienden a cualquier persona o grupo de personas, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal.”
Como lo hemos demostrado de manera contundente en nuestro informe alternativo, presentado al CED, y al que ya hemos hecho referencia líneas arriba, la gran mayoría de las desapariciones que se cometen actualmente en México, son desapariciones forzadas propiamente dichas, pues muchas de ellas son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado.
Por ello, creemos equivocada la postura que ha adoptado el gobierno de la República en relación con el inicio del procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención de la ONU en materia de desapariciones forzadas, aduciendo que la aplicación de tal dispositivo es solamente para casos excepcionales, con lo cual parecería que la posición del gobierno de México es que la gravísima situación de las desapariciones, no es excepcional en nuestro país, o que el CED no está actuando de acuerdo con criterios objetivos.
Los colectivos y organizaciones que suscribimos el informe al Comité, no podemos coincidir con tal aseveración, y nos parece, no solamente alejado de la realidad, sino una prueba más de que el gobierno de la República nos da la espalda, negando la realidad.
En tal virtud, quienes firmamos, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, entre otros, hacemos un llamado al gobierno federal mexicano a corregir su equivocada posición con respecto al CED, y en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
Suscrito en los Estados Unidos Mexicanos el día 28 de octubre de 2025.
Organizaciones de familiares de víctimas:
Armadillos Rastreadores, Lagos de Moreno; Buscador@s Zacatecas, AC; Buscando Vidas y Justicia por México, A. C.; Búsqueda Desaparecidos Nayarit; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos AC; Casa Hogar Veracruz; Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces”; Colectivo Amor por los Desaparecidos, Tamaulipas; Colectivo Ayuda a Regresar a Luis Alberto Calleja, AC; Colectivo Buscadoras Guanajuato, México; Colectivo Buscando con Amor y lucha por Ustedes, Veracruz; Colectivo Buscando Corazones; Colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, Zitlala, Gro.; Colectivo Buscando nuestros Desaparecidos de Tamaulipas, AC; Colectivo Casa de la Esperanza de Cuauhtémoc, Chihuahua; Colectivo de familiares de personas desaparecidas 10 de octubre de Parral, Chihuahua; Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977; Colectivo familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Gro.; Colectivo Guerrero No+ Desaparecid@s; Colectivo Hasta Encontrarte, Irapuato, Guanajuato; Colectivo Junax K’ontantik, Chiapas; Colectivo Madres Novias del Sol Buscando a sus hijos por la Cuenca del Papaloapan; Colectivo Pirasol. Cd. Valles, SLP; Colectivo Raúl Trujillo Herrera; Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Baja California; CRISDE Juntos Hasta Encontrarlos; Desaparecidos Justicia AC. Querétaro; Desaparecidos Querétaro; En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic, Nayarit; Familiares Caminando por Justicia, AC; Familiares en Búsqueda Michoacán; Familiares en Búsqueda, Xalapa; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC (FAMUN), Coahuila; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Cd. Juárez, Chihuahua; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Glorieta de las y los Desaparecidos; Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción AC (VI.D.A) Laguna, Coah.; H.I.J.O.S. México; Justicia y Esperanza de San Luis de La Paz, Guanajuato; Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos; Mujeres en Búsqueda, Nogales, Ver.; Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México; Por Amor a Ti, Hasta Encontrarte, Tampico, Madero y Altamira, Tamps.; Rastreadoras de El Fuerte; Red de Madres, Veracruz; Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD); Sabuesos Guerreras ext Matías Romero Oaxaca; Sabuesos Guerreras Oaxaca; Sabuesos Guerreras, Sinaloa; Somos la Voz de Pablo y Nuestros Desaparecidos; Todos somos la Voz de los Desaparecidos; Unidas por el Dolor, Culiacán, Sin.; Unidas Siempre Buscando; Unidos por la Paz, la defensa de los Derechos Humanos, AC; Uniendo Corazones, Culiacán, Sin.; Uniendo Cristales, AC; Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas (URNBPD); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Coahuila.
Organizaciones civiles:
Alianza Ciudadana por La Paz; Apuesta Solidaria AC; Article 19, Oficina para México y Centroamérica; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres AC; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas AC (AJAGI); Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC (BARCA-DH); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (FrayBa); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC; Centro de Investigación de Crímenes Atroces AC (CICA); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón AC Guerrero; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC (CILADHAC); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Colectiva Shalom, Torreón, Coah; Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH), Chiapas; Colectivo Impacta Cine; Colectivo Sí a la Vida (General Cepeda, Coahuila); Colectivo Todxs Somos Jorge y Javier; Colectivo Zapotengo, Pochutla, Oax; Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC; Consultora Solidaria SC; Consultoría Promoción Humana AC; Defensores por la Justicia, Oax; Eje de Iglesias y Espiritualidades; Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante, Saltillo); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC; Global Exchange; Global Rights Advocacy; Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas (GAF-FLAD México); Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Justicia Pro Persona, AC; Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad, AC; Lekil Kuxlejal AC; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Movilidades Libres y Elegidas CoLibres; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Observatorio de Designaciones Públicas; Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Red de Mujeres de La Laguna; Red de Periodistas del Noreste; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Red por los Derechos de la Infancia en México AC (REDIM); Resilientes MX; SAC Consultoría para la Construcción de Paz; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (SEIINAC); Sociedad Civil las Abejas de Acteal (Chiapas); Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; Tequio Jurídico AC; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
Familiares de personas desaparecidas:
Adriana Moreno Becerril; Alda Nelly Cruz Balderas; Aldo Nery Castillo Reséndiz; Alicia Solís Reyna; Alma Cecilia Salgado Santana; Amada Rocío Rebolledo Sotelo; Amelia Hernández Enamorado; Ana Cristina Solís; Ana María González Betanzos; Andrea Gorethy Robles Solís; Andree Méndez Tello; Angélica María Berrospe Medina; Araceli Rodríguez Deaquino; Armando Olmeda; Artemisa Ramírez Ortiz; Beatriz Torres Zuleta; Beatriz Zapoteco Neri; Bellarmina García; Benita Lara García; Berenice Gómez Montes; Bertha Patricia Valdez Ramírez; Bibiana Mendoza; Carolina Reséndiz Mata; Carolina Rodríguez Deaquino; Cecilia García Pacheco; Charbel Méndez Tello; Cruz María Helos Ortega; Daniel Durán Hernández; Delia García Luna; Diana Aguilar Parada; Diana Iris García; Dora Alicia Domínguez Cardón; Eder Christopher Sánchez Viesca Ortiz; Elíseo Rodríguez Gallegos; Erika Guadalupe Salas Ramírez; Erika Montes de Oca; Esther Barajas; Esther Deaquino Velázquez; Fabiola Alejandrina Orozco Romano; Felicitas Suárez Guerrero; Femini Rangel; Fernando Maldonado Medellín; Gerardo Calleja Martínez; Guadalupe Cepeda Aguilar; Guadalupe Lucina Solís; Irene Silos Silva; Ismael Rodríguez García; Ixchel Teresa Mireles Rodríguez; Jaime Galván; Javier Espinosa; Jean Michel Sánchez Viesca Ortiz; Jesús Antonio Ángulo Cárdenas; Jorge Verástegui González; José Alfredo Villagrana; José Antonio Robledo Chavarría; José Matilde Salas Espino; Juan Carlos Lozada Delgadillo; Juana María Castillo Gallegos; Julio César Arellano García; Karol Yuliana Rodríguez Cruz; Lázaro Ramírez Ortiz; Leticia Pinzón Medina; Lucía Baca Baca; Lucía Santana Román; Luz Elena Montalvo Velázquez; Ma de los Ángeles Rodríguez García; Ma. de los Ángeles Mendieta Quintana; Ma. del Refugio Montoya Herrera; Ma. Elena Salazar Zamora; Ma. Guadalupe Fernández Martínez; Ma. Salvadora Coronado Navarro; María Ascención Flores; María de Jesús González Medrano; María de Jesús Lara García; María de las Mercedes Almaraz Fuentes; María de Lourdes Herrera del Llano; María del Carmen Bustamante Salas; María del Carmen García Samaniego; María del Pilar Arenas Navarro; María del Rosario Cano Mascorro; María del Socorro Calderón Ayala; María Esther Contreras de la Rosa; María Eugenia Guerrero Juárez; María Eugenia Padilla García; María Eugenia Zaldívar Padilla; María Guadalupe Pérez Ayala; María Luisa Lazarín Sierra; Marisa Arrioja Reyes; Marisol Sotelo Adame; Martha Beatriz Vega Ruiz; Martha Montelongo; MaryCarmen Trejo; Mayra González Ángeles; Micaela González Heras; Minerva Zepeda Zepeda; Mireya Villarreal Salinas; Miriam Arrambide Jiménez; Misael Rodríguez García; Nora G Tello Santana; Nilvia Hernández Romero; Noemí Martínez Martagón; Nora Torres Rodríguez; Olivia Esmeralda Salgado Santana; Oralia Nájera Simizú; Oscar Flores Coronado; Oscar Sánchez Viesca López; Patricia López Rodríguez; Paulina Landaverde Martínez; Perla Damián Marcial; Rafael Rodríguez Balderas; Ramiro Bonilla Tudón; Raúl Reyes Covarrubias; Raúl Rivera Muñoz; Ricarda Salazar Castillo; Ricardo Ulises Téllez Padilla; Rocío Salas Ramírez; Romeo Mendoza Almaraz; Rosa Alma Delia Hernández García; Rosa Angélica García Saucedo; Rosa Angélica Lara García; Rosa Imelda Díaz Neris; Rosa María Guajardo Fuentes; Severina Fabiola Alarcón Serrano; Silvia Elida Ortiz Solís; Teresa de Jesús Medina Saucedo; Velia Aurora García Cruz; Yadira González Hernández; Yerin Rodríguez Zamora; Yolanda Montes Ortiz.
Personas de academia, activistas y solidarias:
Aarón Ortiz Santos; Adriana Jean Manuel (UABC-Colectivo Siguiendo tus Pasos); Alfredo López Casanova; Alma Rosa García Guevara; Andrea de la Serna (CIESAS-LAJUVI); Andrea Santiago; Arturo Carrasco Gómez, Sacerdote Anglicano; Camelia Muñoz Alvarado; Claudia Irasema García; Claudia Liza Corona de la Peña; Edith López Ovalle; Eleazar Cabello Palacio; Elena Azaola; Eliana García Laguna; Emiliana Cruz (también CIESAS-LAJUVI); Eugenia Allier Montaño; Federico Tatter, Vocalía Internacional, FEDEFAM; Gloria Lizbeth Delgadillo Islas; Guadalupe Vázquez Luna; Inti Barrios Hernández; Jacobo Dayán; Jimena Lara Estrada; Jorge Javier Romero Vadillo; José Luis Manzo Ramírez; Laura Velázquez de León; Ma. Dolores Soto Álvarez; Manuel Olivares Hernández; María Elizabeth Navarro Jerónimos; María Eugenia Arriaga Salomón; María López de la Rica; Mariana Mora Bravo (CIESAS-LAJUVI); Martín Barrios Hernández; Matilde M. Domínguez Cornejo; May-ek Querales Mendoza; Mercedes Ruiz González; Merle Iliná; Michael W Chamberlin; Minerva Nora Martínez Lázaro; Pbro. Fernando Liñán Treviño; Pbro. Miguel Peón Navarro; Pilar Noriega García; R. Aída Hernández Castillo (CIESAS-LAJUVI y Eje de Iglesias y Espiritualidades de la BNB); Rafael Castelán Martínez; Raymundo Sandoval; Roberto Hernández Ramos; Sandra Estrada Maldonado (Universidad de Guanajuato); Santiago Corcuera Cabezut; Víctor Manuel Cabrera Morelos; Yoltzi Martínez Corrales.
