El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.
María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).
Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz.
“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.
“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.
“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”.
El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta.
Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez.
Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.
“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora.
Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas.
El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente.
En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan.
Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.
Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.
Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”.
Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.
Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos.
Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.
