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Gobierno de Jalisco reconoce por primera vez su “responsabilidad institucional” en desapariciones

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).  

Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz. 

“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.

“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.

“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”. 

El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta. 

Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez. 

Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.  

“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora. 

Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas. 

El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente. 

En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan. 

Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.  

Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.  

Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”. 

Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.  

Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos. 

Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Hallan calcinado en Edomex a Alfredo Domínguez, desaparecido en CDMX; detienen a 4 personas

Alfredo Domínguez Omaña, de 64 años, reportado como desaparecido en la Ciudad de México el 26 de julio, fue encontrado sin vida en un vehículo calcinado en Toluca, Estado de México.

Autoridades del Estado de México (Edomex) informaron sobre la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el homicidio de Alfredo Domínguez Omaña, de 64 años, quien fue reportado como desaparecido el 26 de julio en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue localizado calcinado dentro de un vehículo en la comunidad de San Buenaventura, en este municipio.

Funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que la captura se realizó durante un operativo en el municipio de Metepec. Dos de los detenidos enfrentan acusaciones directas por el delito de homicidio, mientras que las otras dos personas fueron aseguradas por su presunta relación con delitos de narcomenudeo y robo a negocio.

Las investigaciones continúan para localizar a otros dos individuos que habrían participado en los hechos y que actualmente se encuentran prófugos. Las autoridades trabajan para determinar si los implicados forman parte de una red delictiva con operaciones en el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Así ocurrió la desaparición de Alfredo

Alfredo Domínguez Omaña fue visto por última vez el 26 de julio de 2025. De acuerdo con los reportes, ese día por la mañana salió de su domicilio en Metepec, Estado de México, a bordo de su camioneta Dodge Durango, modelo 2015, color vino. Su destino era la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde planeaba visitar a su padre, de 93 años.

Familiares de Domínguez Omaña informaron que, tras no regresar a su hogar esa noche ni establecer comunicación, iniciaron la denuncia correspondiente ante las autoridades, lo que generó una ficha de búsqueda. La última vez que se tuvo contacto con él fue en la capital del país.


Días después, la camioneta de Domínguez Omaña fue encontrada incendiada en la comunidad de San Buenaventura, en Toluca. En el interior del vehículo se encontraba un cuerpo calcinado. Pruebas periciales posteriores permitieron a las autoridades confirmar que la identidad de la víctima correspondía a la de Alfredo Domínguez Omaña.

El robo como principal línea de investigación

Las primeras indagatorias de la fiscalía mexiquense sugieren que el móvil del crimen fue el robo. Según la información proporcionada por las autoridades, los responsables habrían retenido a la víctima y realizado disposiciones de efectivo de sus cuentas bancarias antes de privarlo de la vida.

Uno de los detenidos habría aportado información sobre la mecánica de los hechos, detallando que retuvieron a Domínguez Omaña en un hotel antes de abandonar su cuerpo en el vehículo que posteriormente incendiaron.

La detención de los cuatro implicados se logró como resultado de las labores de investigación coordinadas entre la Fiscalía del Estado de México y autoridades de la Ciudad de México. El operativo que condujo a las capturas se desplegó en el municipio de Metepec, donde se presume que operaban los detenidos.

Las autoridades no han revelado la identidad de las personas detenidas para no afectar el debido proceso. Se espera que en los próximos días se defina su situación jurídica. La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la carpeta de investigación para dar con el paradero de los dos cómplices que siguen prófugos y para esclarecer por completo los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2025/8/12/hallan-calcinado-en-edomex-alfredo-dominguez-desaparecido-en-cdmx-detienen-personas-356723.html

Madre recupera a hijo desaparecido en hallazgo de campo de adiestramiento

Una madre localizó a su hijo entre los detenidos en un operativo federal contra el CJNG en el municipio Rincón de Romos. El joven, desaparecido meses atrás tras aceptar un trabajo, apareció con signos de tortura. Colectivos de búsqueda denuncian reclutamiento forzado.

Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado. 

La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.

El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.

El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila. 

Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.

Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.

Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.

La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano. 

Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.

Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.

Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). 

Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad. 

Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.

 Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

Tortura y desamparo

Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.

Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar. 

Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.

Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.

“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año. 

Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022. 

Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.

Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.

“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.

Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda

Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.

“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista. 
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.

Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.

“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.

Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue. 

Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática. 

En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Xandro y Pablo, jóvenes localizados sin vida tras ser detenidos por policías de Los Cabos

Los cadáveres de Xandro Roldán Arce y Pablo García Nevárez fueron localizados, el 7 de agosto de 2025, en un arroyo de la zona de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de julio del mismo año, fecha en la que, según familiares y testigos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La localización de los cadáveres fue confirmada por el colectivo “Nosotras con Ellas”, el cual acompañó a las familias de Roldán Arce y García Nevárez, durante la búsqueda. En un comunicado, la organización no gubernamental señaló que los restos de los jóvenes se encontraban en avanzado estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Según el comunicado, las familias realizaron la identificación de los cuerpos mediante prendas y características físicas.

El hallazgo fue confirmado posteriormente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS), que informó que los cadáveres fueron encontrados en un arroyo, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en la delegación de San José del Cabo. Según la institución de procuración de justicia estatal, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de los jóvenes, y se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de Roldán Arce y García Nevárez ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando presuntamente fueron interceptados por policías municipales en la zona de El Zacatal, en Cabo San Lucas. La última ubicación conocida fue registrada por una cámara de videovigilancia de un comercio, donde se les observó esposados y siendo ingresados a una patrulla. A partir de ese momento, no se tuvo contacto con ellos.

Respecto a los agentes involucrados, el Gobierno Municipal de Los Cabos informó que los elementos señalados ya habían sido suspendidos de sus funciones desde que se recibió la denuncia por desaparición. Además, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento colaboró con las investigaciones de la PGJE-BCS.

El día 8 de agosto del mismo mes y año, los cuerpos de Roldán Arce y García Nevárez fueron entregados a sus familiares para su sepultura. Según testimonios recabados por los colectivos que acompañan el caso, los familiares exigieron justicia y sanciones penales contra los elementos responsables.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) emitió un pronunciamiento en el que informó que mantenía una queja de oficio y realizaba un acompañamiento puntual del caso. La CEDH BCS también solicitó medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas convocaron a una movilización para el día 10 del mismo mes y año en el centro de Cabo San Lucas, con el fin de exigir justicia, esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La PGJE BCS no ha revelado el número total de policías involucrados ni los avances concretos respecto a su responsabilidad penal. El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias ministeriales.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Jalisco ofrecerá histórica primer disculpa pública por desaparición de personas

Originalmente la actividad estaba programada para el 7 de agosto pero sin explicación, las instituciones movieron la fecha para la próxima semana.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) informó que la Fiscalía del Estado de Jalisco ofrecerá por primera vez una disculpa pública por la desaparición de dos personas, aunque la fecha fue reprogramada.

El acto se llevará a cabo a partir de omisiones y malas prácticas en la atención del caso de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina, ocurrida en 2010.

El protocolo se efectuará el 14 de agosto a las 10:00 horas en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de Gobierno.


De acuerdo con el CEPAD, la disculpa estaba prevista para este jueves 7 de agosto, pero el mismo día, sin previo aviso, una persona notificó que el evento quedaba suspendido.

Posteriormente, se informó que sería reprogramado para la fecha mencionada.

La Fiscalía, encabezada—desde diciembre de 2024— por Salvador González de los Santos, reconocerá en el las omisiones y malas prácticas cometidas durante la investigación.

Según el CEPAD, se trata de un paso “hacia la verdad y la justicia no solo para esta familia, sino para miles que buscan a sus seres queridos.”

El procedimiento se lleva a cabo en cumplimiento de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se acreditó que la actuación de las autoridades afectó el derecho a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.

Dalia, Luis, Bernardo y Carolina desaparecieron el 30 de septiembre de 2010, cuando salieron de Ahualulco de Mercado, Jalisco, rumbo a Guadalajara, con la intención de llegar a Estados Unidos, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Desde entonces, la madre de Dalia, María Natividad, ha denunciado revictimización, malos tratos y retrasos en el acceso al expediente, el cual pudieron consultar los familiares de ambas personas desaparecidas hasta 2013.


A pesar de una recomendación de la CNDH y sentencias judiciales que ordenan medidas de búsqueda, la Fiscalía de Jalisco, la de Zacatecas y otras instancias no han cumplido plenamente con sus obligaciones, lo que mantiene abierta la demanda de verdad y justicia

El CEPAD convocó a organizaciones civiles y personas solidarias a acompañar a la familia en lo que calificó como “un momento de dignidad, justicia y reparación”.

El evento también será transmitido en vivo a través de la página oficial del organismo en Facebook.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sentencian a ex jefe policial por desaparición de mujer trans en Jalisco

Colectivos LGBT+ denunciaron qué fue entregada por policías a un grupo delictivo "para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones.

Jesús “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, Jalisco, fue sentenciado a 50 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de desaparición forzada de persona agravada, informó la Fiscalía del Estado.

La investigación, a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, reveló que en 2020 la víctima, una mujer trans identificada como Britany Jaqueline, fue detenida ilegalmente por elementos de la corporación local y luego entregada a un grupo delictivo.

La víctima fue severamente golpeada y, aunque más tarde fue liberada y recibió atención médica, murió horas después debido a las lesiones.

Durante la audiencia de juicio oral celebrada el 31 de julio, el Tribunal resolvió imponer una pena de 50 años de prisión a Jesús “N”, de 56 años.

Además, fue condenado al pago de diez mil días de multa e inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.

“La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Jesús ‘N’, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo”, indicó el comunicado.

Con este caso se refrendan los esfuerzos de las autoridades estatales por sancionar severamente los delitos cometidos desde las instituciones de seguridad, destacó la FEJ.

“La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que vulneren la vida y libertad de las personas y de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes”, concluyó la dependencia.

La comunidad LGBT+ exigía justicia por este caso

La asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) informó que este caso refiere al ocurrido el 26 de agosto de 2020, cuando policías municipales de Casimiro Castillo detuvieron de manera arbitraria a Britany Jaqueline, mujer trans.

Confirmaron que fue entregada por policías a un grupo delictivo “para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones que fueron la causa de su muerte.”

Según datos de la asociación, el 29 de agosto de 2020 la Fiscalía del Estado informó que el motivo de la detención de la joven, “fue un presunto robo de 15 mil pesos, también se informó que 4 policías fueron detenidos y puestos a disposición de un juez que les vinculó a proceso.”

Esta asociación y otras, exigieron justicia y el cese de este tipo de crímenes de odio en el país, principalmente en el estado de Jalisco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familiares denuncian simulación en búsqueda de militantes del EPR desaparecidos en 2007

Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, apuntó que la FGR no ha ejecutado órdenes de aprehensión emitidas desde 2019 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la policía estatal, Pedro Hernández Hernández.

Familiares de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos de manera forzada en Oaxaca en 2007, denunciaron “simulación” y “falta de voluntad” de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para llevar a cabo una búsqueda “seria y científica” de las víctimas como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

En conferencia de prensa, Nadine Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya, alertó que después de años de litigio, en la sentencia 51/2020 la SCJN ordenó la creación de una comisión especial de búsqueda, presidida por la CNB y con participación activa de la FGR, para localizar a los militantes del EPR en cuya desaparición, ocurrida el 25 de mayo de 2007, habrían participado miembros del Ejército mexicano y autoridades estatales y ministeriales del estado de Oaxaca.

Reyes Maldonado denunció que la titular de la CNB, Teresa Reyes, no ha dado respuesta a la exigencia de los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, de contratar a expertos independientes para la búsqueda de sus familiares, formulada el pasado 20 de marzo, luego de fallidas actuaciones de personal de la CNB.  

Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, apuntó que la FGR no ha ejecutado órdenes de aprehensión emitidas desde 2019 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la policía estatal, Pedro Hernández Hernández, funcionarios señalados como autores materiales de la detención de los milicianos y de haberlos entregado a mandos militares.  

“Ha quedado demostrado, no sólo en este caso, sino en muchos más, la simulación y falta de capacitación y seriedad por parte de las autoridades para realizar diligencias de búsqueda”, dijo Reyes Maldonado tras narrar que su representación jurídica sometió a análisis de expertos un informe de la CNB sobre diligencias llevadas a cabo con equipo inapropiado.  

La hija del miliciano denunció la impunidad que han gozado los exfuncionarios de Oaxaca, luego de tres años de conformada la Comisión Especial de Búsqueda y a 18 años de la desaparición, pues las autoridades de la FGR “siguen obstaculizando y dilatando su detención, por lo que también se convierten en cómplices y deben ser investigados”. 

Reyes Maldonado apuntó que la FGR también ha dilatado los interrogatorios a “altos mandos militares” así como la revisión de cuarteles militares.  
“Hemos logrado que declaren unos 20 generales, pero faltan muchos más, todavía falta que la FGR encuentre a los militares que vieron a mi padre y al señor Gabriel en el Campo Militar Número Uno”, agregó Nadine Reyes. 
Sandino Rivero, abogado de los familiares de los desaparecidos, agregó que la FGR ha mostrado reticencias para llamar a otros funcionarios federales como exmiembros del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) así como a exagentes de la Policía Judicial, “lo que revela que “no hay voluntad de citarlos para que comparezcan, a pesar de que ya los tienen ubicados”.

El abogado puntualizó que la búsqueda que se hizo en Oaxaca en semanas pasadas, “no cumple con estándares técnicos y científicos rigurosos”, de ahí que es válida la exigencia de que la CNB contrate a expertos independientes.  
“Ha habido un incumplimiento manifiesto de manera reiterada por parte de las autoridades que tienen que cumplir esta sentencia, y bueno, esto además pone en riesgo varios derechos, el derecho a la búsqueda, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, pero también el cumplimiento cierto de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, resaltó Sandino Rivero.  
El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Santiago Corcuera Cabezut consideró que lo denunciado por Reyes y Rivero, “es una crueldad por parte del Estado mexicano en su deliberada acción de simulación en las labores de búsqueda para las personas desaparecidas”.

Ante las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desaparición por Particulares, el experto independiente cuestionó que con ellas el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda encontrar a las personas desaparecidas, sobre todo con la implementación de los datos biométricos en la CURP.  

Al puntualizar que la CURP biométrica sólo podría funcionar para “la búsqueda de los desaparecidos del futuro, pero no para las 126 mil personas que actualmente están reconocidas como desaparecidas” 

Tras resaltar que ante la imposibilidad de que las personas que actualmente se encuentran desaparecidas tramiten su CURP con datos biométricos, el ex presidente del CED insistió en lo ineficaz de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 
“Esa reforma no le sirve a desaparecidos como Edmundo y Gabriel, ni a los 126 mil oficialmente reconocidos más los muchísimos más que están en la cifra negra, es una prueba más de la simulación de generar más papeles, más leyes, pero sin eficacia en el hallazgo de las personas desaparecidas”, sentenció Santiago Corcuera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

ADN confirma hallazgo de mujeres desaparecidas en Francisco Villa

Guadalupe Leyvi, de 16 años; Melani Sujey, de 17 años; y Alondra Citlali, de 18 años, fueron localizadas sin vida en vehículos calcinados en Valle del Sol y Terrazas del Valle. Mientras que Adriana Yanete Rodríguez Alegría, de 39 años y madre de Melani, fue localizada enterrada en un predio del Ejido Francisco Villa.

Pruebas de ADN confirmaron el hallazgo sin vida de cuatro mujeres desaparecidas —entre ellas, dos menores de edad— desde el pasado 16 de mayo en las inmediaciones del Ejido Francisco Villa, en Tijuana, cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la Zona Este, según confirmó Fidel Corvera Gutiérrez, fiscal de Unidades Especializadas.

Fue el pasado 16 de mayo cuando tres jóvenes amigas desaparecieron tras ser vistas por última vez al dirigirse a una fiesta en el Ejido Francisco Villa, en Tijuana. Se trata de Guadalupe Leyvi Argüello Pineda, de 16 años; Melani Sujey Rodríguez Alegría, de 17 años; y Alondra Citlali Rico González, de 18 años. Mientras que la madre de Melani, Adriana Yanete Rodríguez Alegría, de 39 años, desapareció el 30 de mayo.

“Ya están identificados los 4 cuerpos. La primera que se identificó fue la de nombre Alondra; esta persona es la que tenía 18 años, fue localizada el 7 de junio en un vehículo calcinado. En un pick up, acompañado de otros dos cuerpos, pero todavía los otros dos cuerpos no fueron identificados de que tengan reporte de desaparición”, informó Corvera Gutiérrez a ZETA.

Según abundó, los cuerpos de las menores de edad, Melani y Guadalupe, fueron quemados en un vehículo tipo sedán, el cual también fue completamente calcinado. Fue a través de pruebas de ADN que lograron obtener su identidad. Ambos vehículos calcinados fueron localizados en la delegación La Presa Rural: el pick up en Terrazas del Valle y el sedán en Valle del Sol.

La última en ser localizada fue Adriana, en el predio de uno de los detenidos, en el Ejido Francisco Villa, el 7 de julio: “en el predio donde se localizó a la mamá de una de ellas, en un predio a un lado se había localizado anteriormente otro cuerpo también, pero no ha sido identificado”. Sin embargo, el hallazgo de ese otro cuerpo no estaría vinculado al mismo crimen.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, los testigos refirieron que el último día que las vieron juntas fue el 16 de mayo en un domicilio de la colonia Francisco Villa. Después de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconstruyó los hechos, pues fue en el transcurso de la noche del 16 al 17 de mayo cuando fueron privadas de la libertad, para posteriormente asesinarlas y finalmente desaparecer sus cuerpos en diversas zonas.

“La mamá (Adriana Yanete) inclusive fue a buscarla, porque le llegó el rumor de que su hija fue vista en un domicilio en la colonia Francisco Villa. Ella fue a ese domicilio a buscarla y se presume que ahí fue donde a ella también la privan de la libertad y posteriormente la privan de la vida”, subrayó el fiscal de Unidades Especializadas.

Desde el inicio de la desaparición, la familia de Guadalupe Argüello salió a buscarla a las calles, en compañía del colectivo Enlace y Restauración, con la esperanza de localizarla con vida o incluso de que regresara caminando a casa. Aunque finalmente la localizaron, no fue de la manera que deseaban.

Tres personas detenidas

Actualmente, la principal línea de investigación versa sobre una diferencia en cuestiones de narcomenudeo, delito por el cual Adriana Yanete Rodríguez Alegría, mamá de una de las menores, cuenta con antecedentes.

Por la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio de las cuatro mujeres, actualmente tres hombres se encuentran detenidos.

Guillermo N., alias “El Flaco”, y Christian N. alias “El Camarón”, fueron asegurados el 13 de junio del 2025 y vinculados a proceso el 18 de junio. Así como Iván Etzael N, alias “El Talibán”, vinculado a proceso el 10 de julio.

Según destacó el fiscal Fidel Corvera, solamente resta una orden de aprehensión en ser cumplimentada. Sin embargo, probablemente serán solicitadas ante un Juez de Control alrededor de tres más, los cuales se están ubicando con base en trabajos de investigación.

“No se descarta que hubiera más desaparecidos en los que pudieran estar involucrados”, concluyó.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: MARA YAÑEZ.