Gracias a la manifestación encabezada a fines de junio por de un grupo de profesionales médicos, sobre todo, personal encargado de la realización de las pericias de ley a los más de 7 mil cadáveres que reciben al año, se abrió a la discusión pública la situación de deterioro en que se realiza esta labor, vinculado a su precarización y a la sistemática burla que el subdirector de Tanatología, Andrés Oriel Morales, promueve hacia los cadáveres que están en su custodia, que ha provocado la exigencia pública de su remoción.
En esa línea, las familias de personas desaparecidas de la capital han tomado en sus manos estas evidencias, debido a la estrecha relación que guardan los servicios forenses y la gestión de cadáveres en el país, con la crisis que mantiene a más de 120 mil personas desaparecidas en los últimos veinte años.
Según expresaron en acuerdo amplio, la mayoría de las familias movilizadas en la capital deunciaron “la manipulación lúdica e irrespetuosa de restos humanos por parte del personal del INCIFO, captada en videos y fotografías. La presencia y participación activa de funcionarios de alto nivel, quienes no solo toleraron, sino que celebraron estos actos, contraviniendo su deber institucional. La difusión interna de dicho material en grupos institucionales, normalizando la deshumanización de los cuerpos y restos humanos. La omisión y encubrimiento sistemático de estas conductas por parte de las autoridades responsables”
Esta situación, que salió a la luz durante la movilización de los trabajadores del Poder Judicial, fue referida por Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, responsable del Incifo, quien intentó minimizar la situación diciendo que las imágenes “tenían un año” de haber sigo grabadas. “Esto no es viejo, esto afecta a familias de larga data, que buscamos desde hace años”, replicó Jaqueline Palmeros, fundadora de Una luz en el camino.
El peso de esta denuncia señala la voluntad de las familias para que se investigue y castigue penalmente a los responsables de estas conductas, funcionarios estatales, quienes suelen quedar al margen de las explicaciones más comunes para explicar las causas del fenómeno. Las familias, en cambio, señalan que se trata de una violación a la dignidad humana post mortem, así como a sus propios derechos como familias buscadoras, quienes no descartan que sus seres queridos puedan estar atrapados, sin saberlo, en el laberinto de la crisis forense.
Una de estas madres es Laura Cabañas, una mujer mayor quien junto a su esposo, tuvieron a su hijo Julio César Cervantes Cabalas desaparecido durante tres años, hasta que las autoridades le confesaron que el INCIFO había donado su cadáver a la escuela de medicina del Instituto politécnico nacional, sin avisarle ni, por supuesto, pedirle permiso a su familia.
Cabañas exige, en la misma línea, sanción penal para quienes dispusieron del cuerpo de su hijo, que entró al sistema forense como un cadáver sin identificar, fuera tratado de esa manera. “Quiero saber cómo fue este movimiento con mi hijo, porque esto no puede quedar impune. Yo cuando enterré a mi hijo, le dije: los días que me restan de vida, van a ser para hacerte justicia, por eso estoy aquí sentada para que todos sepan como murió mi hijo y como a las autoridades les ha valido bolillo todo”, dijo en diálogo con Desinformémonos.
“No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón estructural de negligencia, impunidad y violencia institucional”, señalaron las familias en conferencia de prensa, brindada en las puertas de la sede central de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México.
Además, el jueves 3 presentaron una queja formal por los mismos hechos ante la Comisión local de derechos humanos, y tienen previsto reunirse la próxima semana con miembros de organismos internacionales y de Naciones Unidas para elevar una queja sobre la situación de maltrato a los cadáveres bajo cuidado del Instituto forense de la Ciudad de México.
Por lo mismo, públicamente exigieron la suspensión del personal que esté involucrado en lo denunciado; la realización de una investigación “autónoma, imparcial y estructural” por parte de Derechos Humanos, y una sanción a la Fiscalía de Servidores públicos, dónde radicaron la denuncia penal este lunes 7.
También expresaron que aunque tenían previsto realizarla desde el viernes 5, al día siguiente de acudir a Derechos Humanos, debieron cancelar lo planeado debido a que una familia recibió amenazas directas para que no avanzaran en este camino. Así las familias “hacemos responsables al Estado, particularmente al INCIFO y al licenciado Ariel Oriol Morales, si alguna persona de medios, colectivos, familiares o solidarios resulta agredida durante este proceso penal”
Una situación agresiva se vivió ya hacia los trabajadores denunciantes del INCIFO, cuando un grupo defensor de Oriol y la escargada de despacho, Patricia Crespo Arellano, quisieron deslegitimar la denuncia contra los superiores. Las familias, mientras tanto, señalan con claridad que esta situación “exacerba la crisis forense”, la cual, hasta dónde se sabe, tiene en manos de las instituciones más de 70 mil cuerpos sin identificar.
“Ante una crisis forense que no es nueva pero sigue siendo silenciada y normalizada por las autoridades, hemos decidido organizarnos colectivamente para exigir justicia, verdad y respeto a la dignidad humana. Esta articulación representa una fuerza común desde el dolor, pero también desde la esperanza, y la convicción de que sólo unidas lograremos transformar estas prácticas y construir un camino hacia la memoria, la justicia y la garantía de no repetición”, concluyeron.
AUTOR: ELIANA GILET.
