La cantidad de fosas clandestinas y desapariciones se ha duplicado en la mitad de tiempo en Aguascalientes y pese a que activistas han señalado un intento por ocultar la realidad, las cifras muestran que cada vez desaparecen más personas en el estado. 

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtenida a través de solicitudes de transparencia por EMEEQUIS, durante el sexenio de Martín Orozco Sandoval, quien gobernó la entidad del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2022, se localizaron 21 fosas clandestinas. En contraste, durante los dos años y medio de gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel se han descubierto 44 cementerios irregulares.

Además, la cantidad de cuerpos encontrados aumentó: pasó de 22 durante el gobierno de Orozco Sandoval a más de 52 en la actual administración.

Los datos del organismo estatal indican que entre el 9 de octubre de 2022 y febrero de 2025 se localizaron 44 fosas clandestinas, en las cuales se han hallado más de 52 cuerpos y diversos fragmentos óseos. Algunas de estas fosas contenían restos de hasta seis personas.

Esta cifra supera los 22 cuerpos encontrados en las 21 fosas reportadas durante el sexenio anterior.

Hay fosas en las que aún no se ha podido determinar el número de cuerpos ni su identidad y las autoridades solo han clasificado los hallazgos como “diversos restos/fragmentos óseos”, sin especificar si pertenecen a una o más personas.

Durante una entrevista en un medio radiofónico, el secretario general de Gobierno, el panista Antonio Arámbula López, anunció que la empresa inmobiliaria Próxima S.A. de C.V. –con sede en Pedro Garza García, Nuevo León– amenazó con presentar una demanda por allanamiento contra activistas ambientales que, desde hace una semana, acampan en una reserva natural conocida como “La Pona”, propiedad de la empresa, y en la que pretende construir un proyecto residencial.  

“Ellos nos mostraron una demanda por allanamiento de terreno particular. Yo tengo una copia. Por supuesto no es así de rápido que el Poder Judicial la tramite, pero nos enseñó una demanda, le pedimos que por favor tuviera paciencia, que entendiera que es un tema social”, dijo.  

El pasado 25 de abril, un día festivo en la entidad, máquinas excavadoras ingresaron al predio y tumbaron una treintena de árboles endémicos del estado. Entonces, menos de una decena de activistas lograron detenerlas interponiéndose entre las máquinas y los árboles.  

Tras conocerse el hecho, diversos sectores de la sociedad acusaron al municipio capital y al gobierno del estado de permitir un ecocidio y se les exigió proteger a ese bosque endémico. En semanas pasadas la zona había sufrido diversos incendios que, acusan, son intencionales.  

Aunque la empresa aseguró que contaba con todos los permisos, sobre todo municipales y estatales, la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, María de Jesús Rodríguez López, aseguró en entrevista con medios locales que la inmobiliaria no contaba con autorización federal, pues se trata de terrenos forestales. 

Desde entonces, en un tercio del terreno considerado como Área Natural Protegida de observancia municipal —que actualmente está en el limbo, pues Jorge Martínez Romo, representante jurídico de Próxima S.A. de C.V., aseguró que incluso esa zona aún pertenece a la empresa—, acampan decenas de personas para vigilar que no entren más máquinas.  

También se realizan actividades culturales para promover la importancia ambiental e histórica del espacio.  

“Nadie nos ha notificado. Legalmente no sé a quién le van a notificar porque cada día acampa gente diferente. Nos sentimos estresadas y preocupadas por esta criminalización que anuncia el secretario de gobierno, pero nos sentimos muy contentas de que la gente esté muy movilizada, yo no esperaba que esto pasara, es algo que quedará en la historia”, dijo en entrevista para Proceso Belinda Camarena, asesora legal de la organización Salvemos La Pona. La abogada añadió que desde diversos sectores se analizan vías legales para proteger a la mezquitera.  

“Esta declaración la vemos más como una amenaza, algo para amedrentar y no voy a mentir, todas estamos muy preocupadas, pero estamos vigilando desde la zona del Área Natural Protegida, eso es una especie de resguardo. No han parado de venir personas, familias completas vienen a dejar cosas y a ayudar. Se han desbordado en demostrar su apoyo, llegan y se llevan formatos para juntar firmas. Una cosa muy desbordada y muy generosa”, agregó Sofía González Ponce, integrante de la misma organización. 

La exigencia ciudadana ha creado una crisis para el gobierno del alcalde capital panista Leonardo Montañez, y para la gobernadora —también panista— Teresa Jiménez Esquivel, a quien diversas organizaciones y ciudadanía en general acusan de mantener una política que beneficia al sector inmobiliario.  

“La Pona” es el último pulmón natural de la capital de Aguascalientes en donde habita flora y fauna nativa que provee diversos servicios ambientales, y es también una zona de recarga natural con árboles endémicos de más de cien años, en un estado que ha sufrido de sequía severa según datos de la Conagua.  

La solicitud de diversas organizaciones, entre ellas Salvemos La Pona, que encabeza las protestas, es que se protejan las 33 hectáreas que quedan de la mezquitera.  

Presionada por las exigencias, Jiménez Esquivel anunció el 30 de abril que se analiza la opción de permutar los terrenos de La Pona por otros que son propiedad del estado y el municipio capital.  

“Hemos estado en diálogo permanente con algunos líderes del medio ambiente pero también con los empresarios. Hemos tomado la decisión de pedirles que no sigan con la construcción, vamos a ver un tema de permuta. Estamos viendo si podemos pagar una parte, son 33 hectáreas que ellos nos dicen que cuestan 500 millones de pesos, estamos en esa negociación, pero obviamente no vamos a pagar eso. Es una propiedad privada, ellos lo que quieren es construir, les haremos esta permuta para que sigan adelante y no quitarles su derecho”, aseguró la mandataria.  

El mismo día, la empresa comunicó a las autoridades que detendría las obras. Pero un día después anunciaron la presunta presentación de demanda contra los activistas. 

“Queremos manifestar que tanto el campamento como nuestra asociación civil no han sido invitados a las mesas de trabajo que supuestamente el gobierno municipal y estatal han sostenido sobre La Pona. No abandonaremos la activación de estrategias legales hasta tener certeza jurídica y un programa de manejo integral a través de un proceso transparente y una consulta pública. (...) también cuestionamos cuáles y en qué condiciones se encuentran los predios a permutar, ya que esta defensa no se limita sólo al ecosistema de La Pona, sino de todo el territorio que comprende este estado”, señaló a través de un comunicado la organización Salvemos La Pona.

Poco a poco, una mecha encendida está a punto de hacer estallar una bomba. Y es que el estado de Aguascalientes está registrando nuevos niveles de violencia, lo que suma más muertes al de por sí complicado panorama de la seguridad en México.

EMEEQUIS se dio a la tarea de comprobar a través de los números este aumento en la incidencia delictiva, gracias a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

AUMENTAN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS

Los datos muestran que los homicidios dolosos que se comenten por disparo de armas de fuego han ido a la alza en el periodo de la actual gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, pasando de 37 casos en el año 2022 (de los cuales 10 ocurrieron entre octubre y diciembre de ese año bajo la administración de la actual gobernadora), a 51 asesinatos con armas de fuego en 2023.

Al menos nueve cuerpos han sido localizados por la fiscalía local dentro de tres fosas clandestinas en un predio rústico localizado cerca del Ejido San Rafael, en el municipio norteño de Tepezalá, a unos 40 minutos de la capital del estado. 

El hallazgo forma parte de una investigación cuyos detalles la fiscalía no ha dado a conocer. Fuentes internas aseguraron a Proceso que la ubicación de las fosas fue proporcionada por personas detenidas a finales del año pasado, actualmente imputadas.

Entre la noche del 29 de enero y la madrugada del 30, Aguascalientes vivió una jornada violenta en la que al menos cinco personas fueron asesinadas en distintos puntos del estado, entre ellas un policía estatal, abatido durante un enfrentamiento en el municipio norteño de Asientos; mientras que una mujer más se encuentra herida de gravedad tras ser víctima de un ataque armado. Todos los asesinatos se registraron en un lapso de siete horas. 

Los primeros casos ocurrieron la noche del miércoles. A las 10:30 horas; una mujer identificada como Brenda Guadalupe García, de 32 años de edad, fue atacada a balazos por hombres que viajaban en motocicleta en la colonia Insurgentes, ubicada en la capital del estado. La mujer recibió tres impactos de bala y fue llevada a recibir atención médica. Por ahora se reporta grave.

Este viernes 6 de diciembre, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía de Aguascalientes localizaron los cuerpos de una familia desaparecida desde el 6 de noviembre pasado. El hallazgo ocurrió en una casa abandonada del municipio conurbado de San Francisco de los Romo.

Los cuerpos corresponden a Citlali Valeria Ávila Dávalos, de 20 años de edad, y sus hijos Jonathan Alexander y Neithan Yael, de 4 y 1 año, respectivamente.

La modificación al contrato consiste en una ampliación de deuda por más de 12 mil millones de pesos con Next Energy del Centro, una empresa señalada por incumplimiento de contratos en Baja California y Monterrey.

Con 19 votos a favor, seis en contra y dos diputados ausentes, el Congreso de Aguascalientes aprobó la iniciativa de reforma que reduce de 12 a 6 semanas de gestación el periodo permitido para abortar de manera voluntaria en el estado.

Esto se da tras la presentación de una iniciativa de 20 legisladores locales, panistas en su mayoría, el pasado 23 de agosto. El aborto fue despenalizado en diciembre de 2023, como resultado de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en respuesta a un amparo promovido por diversas organizaciones de la sociedad civil.