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Deportan desde EU a “La Rana”, sicario de Guerreros Unidos, vinculado al caso Ayotzinapa

Édgar Damián Sandoval Albarrán, alias “La Rana” o “El Wereke”, identificado como vigilante y sicario de Guerreros Unidos, fue deportado desde Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. El individuo enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado ante el Gobierno de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Sandoval Albarrán. El 9 de junio de 2025, autoridades estadounidenses comunicaron que el sujeto había sido detenido y sometido a procedimiento migratorio, por encontrarse de manera ilegal en territorio estadounidense.

Tras la audiencia migratoria de Sandoval Albarrán, un juez ordenó su deportación a México para enfrentar los cargos criminales pendientes. La Fiscalía confirmó que la entrega del mexicano “se ejecutó en las últimas horas, entregándolo a Interpol México, de la FGR, por la frontera que comunica a las ciudades de Nogales, Arizona, de los Estados Unidos, con Nogales, Sonora, México”.

El acusado supuestamente había fungido como halcón y matón a sueldo de la organización criminal Guerreros Unidos durante los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó echar abajo la resolución que ordenó a la FGR dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión fue tomada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El proyecto señaló que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada.

La resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también fue impugnada por tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos individuos fueron señalados de participar en el secuestro, desaparición y homicidio de los normalistas, pero posteriormente se convirtieron en testigos colaboradores durante la Administración de López Obrador.

Según el expediente consultado, el 15 de febrero de 2023 el INAI impuso a la FGR la obligación de entregar la versión pública. Entre los que impugnaron la resolución estuvieron Agustín García Reyes, “El Chereje”; Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”, y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron señalados de presuntamente formar parte de dicho grupo criminal.

En 2018 fueron liberados por orden de un Tribunal Federal, el cual determinó que en sus casos se violó el debido proceso y que fueron torturados. De los tres testigos, solo dos sobreviven, ya que, el 15 de junio de 2025, fue asesinado “El Pato”, en un domicilio particular, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México.

La FGR tendrá que publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio del Caso Iguala, donde están los diversos tomos de la investigación del caso iniciada desde 2014. González Alcántara Carrancá consideró que los argumentos eran inoperantes, ya que al tratarse de violaciones graves de derechos humanos, la información solicitada revestía el carácter de pública.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Asesinan a balazos, en Acapulco, a dirigente del Sindicato de burócratas en Guerrero

Un grupo de hombres armados asesinó a balazos a Humberto Piza Pérez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuando viajaba en un automóvil junto a su chófer, en la avenida Niños Héroes, en la colonia Progreso, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

El ataque armado ocurrió cerca de las 7:40 horas del viernes 27 de junio de 2025, cuando Piza Pérez se trasladaba por dicha avenida,.a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Aveo, color oro, junto con su escolta de seguridad.

Testigos citados por medos locales señalaron que el líder sindical circulaba junto con el escolta identificado como Roberto ‘N’, en dirección a la avenida Cuauhtémoc, metros más adelante de la Coordinación Zona Sur, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), donde fue ultimado a tiros.

Según los reportes de la prensa local, sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a balazos al dirigente sindical y a su chófer cuando el vehículo se encontraba en movimiento. El cuerpo de Piza Pérez quedó sentado en el asiento del copiloto, mientras que su escolta fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital, para su atención médica.

Al momento del ataque, el escolta perdió el control del automóvil y se impactó contra el conductor de una motocicleta, quien resultó lesionado. Tras la balacera, el chofer perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se impactó contra una barda.

Al lugar llegaron elementos de la Policías Municipal, Ministerial, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Piza Pérez cumplía su segundo mandato como dirigente de la sección, que en su mayoría está integrada por trabajadores de Saneamiento Básico municipal. La Sección 19 del SUSPEG aglutinaba a alrededor de mil 400 trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco.

El Gobierno Municipal de Acapulco condenó el homicidio de Piza Pérez y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a aquellos que resulten responsables. Asimismo, expresó solidaridad a familiares, amigos y compañeros.

La dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, condenó el asesinato del líder de la Sección 19 y exigió una investigación clara, eficaz e inmediata del crimen.

En la sección sindical existen antecedentes de violencia contra sus dirigentes. El último ataque a un líder de la Sección 19 del SUSPEG ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando hombres armados dispararon contra el automóvil del entonces secretario general, Mario Alonso Quevedo, quien resultó herido junto con dos acompañantes. El hecho violento fue reportado cerca de la calzada Pie de la Cuesta, cerca del extinto Diario 17.

Anteriormente, el 6 de diciembre de 2013, el dirigente de esa misma sección sindical, Fernando Vázquez Bustos, fue asesinado dentro de su vehículo, muy cerca de su domicilio particular, en la colonia Postal.

Vázquez Bustos, de 52 años de edad, fue interceptado por un hombre armado que le disparó cuando salió de su vivienda y abordó su vehículo. Los agresores le dejaron una cartulina con un mensaje del que no se dio a conocer el contenido.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Senadores aprueban reforma sobre desapariciones y la CURP con datos biométricos

La oposición consideró la nueva CURP como un "dardo envenenado" porque recurre a la problemática de la desaparición forzada para crear un mecanismo de control ciudadano.

Los senadores oficialistas aprobaron la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. 

Los senadores aprobaron la iniciativa en lo general y en lo particular por 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

La reforma busca la creación un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos. 

Además, siguiendo la misma línea de otras reformas oficialistas en el sentido de tener los datos de los ciudadanos, también establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP), a que se refiere la Ley General de Población. 

Además, en el artículo 91 se establece que, al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. La Clave Única de Registro de Población (CURP) contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos. 

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para que la próxima semana, antes de que termine el periodo extraordinario, se discuta en el Pleno.   

La oposición, en contra de la CURP con datos biométricos

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la iniciativa no resuelve nada ya que, resaltó, no atiende a los cuatro principios de la justicia tradicional transicional: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. 

También enfatizó que los desplegados de los colectivos dicen que no los utilicen para meter un mecanismo de control ciudadano (la CURP biométrica) “con el pretexto de querer encontrar a nuestros desaparecidos”. 

“La CURP, biométrica, la acumulación masiva de datos sin planificación, progresividad, presupuesto, no ayuda a la población, la pone en riesgo, en riesgo de hackeos, en riesgo de robo de identidad y más ahora que no tenemos protección de datos personales, entonces no los utilicen mejor. Resolvamos de manera estructural el diseño de las instituciones y el diseño presupuestal”, explicó. 

Por su parte, la senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, afirmó que su partido votará a favor del dictamen de Desaparición Forzada, porque responde a una emergencia nacional, pero en contra del dictamen sobre la Población, porque atenta contra los principios básicos de protección de datos personales, privacidad y límites al poder del Estado. 

“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad en la que se incorporan datos biométricos a la CURP es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial que de manera permanente estará interconectado en tiempo real con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. 

“En realidad, lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Reformas en seguridad crean “superaparato de vigilancia” y sin control ciudadano: alerta la ONG R3D

Las nuevas reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum otorgan al Ejército y a Seguridad y Protección Ciudadana facultades de vigilancia masiva con escasa supervisión. La R3D advierte sobre riesgos de espionaje, abusos y militarización de la seguridad.

El paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y de telecomunicaciones elaboradas por la Presidencia otorga nuevas facultades al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al aparato militar, que conforman un “superaparato de vigilancia” sobre el cual la ciudadanía tendrá poca o nula supervisión, advierte José Flores, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Es urgente una reforma a la vigilancia”, insiste el activista en entrevista con Proceso, en la cual señala que las reformas crean nuevas bases de datos interconectadas que darán “más facultades y menos controles a las autoridades para monitorear y vigilar a las personas”.

Además de sellar su incorporación al aparato militar, las reformas a la Guardia Nacional otorgan alcuerpo castrense la facultad de recolectar datos telefónicos –la localización o los registros de llamadas, mas no los contenidos de las mismas– sin pedir la autorización de un juez de control, lo que abre la puerta a abusos, según Flores, quien recuerda cómo en 2023 las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima ordenaron a las compañías telefónicas a entregarles información telefónica de opositores políticos.

Flores destaca otros aspectos delicados de la reforma a la Guardia Nacional, como la posibilidad para sus integrantes de pedir licencia para competir en elecciones –facultad que ya tienen los militares–, o el permiso de realizar operaciones encubiertas, con los riesgos de tortura y otras “externalidades” que esto conlleva.
Los militares ya están en las calles, han concentrado poder a lo largo de los últimos años, ya no sólo como con grandes proyectos de infraestructura, sino con capacidades de elección popular, o sea se ve cómo México transita lenta e inexorablemente hacia un régimen híbrido entre civil y militar.
De hecho, Flores señala que, al margen de la reforma a la Guardia Nacional, el equipo de Sheinbaum modificó el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional; en otras palabras, dio facultades al Ejército para recolectar inteligencia bajo una interpretación amplia del concepto de seguridad nacional.

La situación no es nueva: por lo menos desde 2010 la Sedena ha tenido el spyware Pegasus, y lo ha utilizado para intervenir teléfonos de manera ilegal, pues nunca ha contado con las facultades para hacerlo, y nunca ha solicitado una orden judicial para infectar los dispositivos de sus víctimas. Sin embargo, con el cambio a la ley, Flores asevera que “ahora básicamente les están abriendo la puerta para que lo hagan con este sustento”.

De paso, el director de R3D recuerda que la Sedena sigue desacatando una orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que le instruyó dar a conocer los contratos mediante los cuales adquirió Pegasus. Por ello, considera que con las nuevas reformas “habrá más impunidad” y menos rendición de cuentas, pues “se están aflojando los pocos controles que existían”.

Información ¿para EU?
   
Flores también destaca que las reformas obligarían a presentar la CURP biométrica para realizar trámites públicas o privados y amplían las facultades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyendo un mayor acceso a bases de datos como una nueva plataforma única de identidad, creada “con la finalidad de la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas”.

El activista señala que Omar García Harfuch tendrá la facultad de suscribir convenios con instancias nacionales e internacionales, una posibilidad “especialmente grave” en un contexto en el que el gobierno estadunidense de Donald Trump ha pedido a México el acceso a la información biométrica de los viajeros y algunos de los ciudadanos en tránsito, como lo ha hecho con los datos biométricos que se registran en los centros del Instituto Nacional de Migración (INM).

Respecto de los datos telefónicos, Flores aclara que el gobierno y la mayoría legislativa de Morena quitaron el polémico registro nacional de usuarios de telefonía móvil, pero “todo parece indicar” que las autoridades dejarán a las empresas telefónicas la responsabilidad de solicitar los datos de sus clientes y las obligarán a compartirlas bajo ciertas circunstancias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Familiares de Caro Quintero también están en la mira de la justicia de Estados Unidos

Al narcotraficante Caro Quintero se le aplicará el Código 848 (Estatuto Kingpin), apartado en la ley criminal federal de EU, diferente a la ley RICO, que permitiría la confiscación de propiedades, dinero, y formalizar imputaciones de narcotráfico a familiares, amigos y socios de Caro Quintero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no negocia ni negociará ningún acuerdo con el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, a quien se le enjuiciará en Nueva York en un proceso que tardará por lo menos un año y medio en arrancar bajo los cargos más severos posibles de narcotráfico para que nunca salga de la prisión.

“Falsos, todos los rumores de una negociación con Caro Quintero son mentira. A este criminal se le va a enjuiciar con todo el peso de la ley”, dice a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.

“En la Corte de Nueva York se le procesará bajo el Código 848 (Estatuto Kingpin), Continuidad de una Empresa Criminal, un apartado severo de nuestras leyes para castigar a mafiosos y narcotraficantes”, acota el funcionario involucrado en preparar el caso Caro Quintero.

Impedido por la ley para hablar “on the record” sobre un asunto judicial abierto (obstrucción de justicia), el funcionario estadunidense augura que a Caro Quintero, cuando se le declare culpable de todo lo que se le acusa y acusará, mínimo le espera una condena de cadena perpetua.

Sobre el narcotraficante mexicano expulsado del país y enviado directamente a Nueva York por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de julio último, pesan tres encausamientos judiciales en Estados Unidos: el neoyorquino, uno en Texas y otro en California.

Ante el juez Frederick Block, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a Caro Quintero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico, lavado, posesión de armas ilegales y por la “violación” referida al secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique KikiCamarena, en Guadalajara, Jalisco.

A las imputaciones procesadas bajo el Código 848, instrumentado en 1970 en el Acta de Abuso, Control y Prevención de Drogas, el Departamento de Justicia le puede añadir cualquier otro delito.
En estos momentos de audiencias procesales -explica el funcionario-, los fiscales están recopilando en Estados Unidos, con información proveniente de México también, todos los expedientes relacionados con Caro Quintero. Tomará tiempo; el juicio se iniciará en año y medio o dos.
Bajo el mando de Saritha Komatireddy, la fiscal que con éxito procesó en Nueva York al narcotraficante Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la parte acusadora acumula miles de documentos que en el juicio sustentarían las acusaciones contra Caro Quintero.

“Son miles y miles de evidencias (documentos) las que existen sobre este criminal. Estamos hablado de un caso de 40 años de viejo, por eso el juicio tardará tiempo en iniciar”, aclara el funcionario.

De entre algunos detalles de la búsqueda que encabeza Komatireddy, la fuente enfatiza que… 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Se pronuncia ONU-DH contra reformas a ley de la Guardia Nacional

La Oficina de la ONU en México para los derechos humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para una nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que “pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos”.

“Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”, criticó la ONU-DH este viernes sobre las iniciativas que aborda el Congreso.
Añadió que “también preocupan” las facultades que se otorgarían al ejército para procesar información de inteligencia, “así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el art. 17 del PIDCP) y otros derechos humanos”.

A pesar del rechazo de organizaciones de derechos humanos, defensoras de la libertad de expresión y de la seguridad digital, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 24 de junio la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, que contemplan, entre otros puntos, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército y la posibilidad de que militares se postulen para cargos de elección popular.

Las reformas eliminan por completo el control civil de la corporación y otorga el manejo total de sus funciones administrativas y operativas al ejército. Además, la Guardia Nacional ahora estará facultada para realizar operaciones encubiertas, utilizar “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados e intervenir comunicaciones.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, criticaron organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

El dictamen fue aprobado en lo general el martes con 349 votos a favor emitidos por legisladores de Morena, PVEM y PT, durante el segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos de búsqueda llaman a no votar “por la simulación” de nueva Ley de Desaparición

Colectivos y familiares que integran la Glorieta de las y los Desaparecidos llamaron “a las senadoras y senadores con sensibilidad a votar en contra” de la Ley General en Materia de Desapariciones, que instauraría un sistema de vigilancia “simulando que es para la búsqueda de las personas desaparecidas”.

“Votar a favor es votar por la simulación”, aseguró la Glorieta sobre el dictamen que se discutirá en el pleno en la sesión de este viernes, luego de que ayer las comisiones unidas del Senado aprobaran la iniciativa a pesar de las críticas y rechazo de las familias y colectivos de búsqueda y de organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum pretende la implementación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, que sería obligatoria para realizar cualquier trámite, sea público o privado, con lo que el gobierno federal “sabrá qué hacen todas las personas en México, incluida la ubicación en tiempo real”.

“La justificación es que esa base de datos servirá para la búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo esto es falso. El objetivo del delito es justamente ocultar a la víctima, no realizar trámites con la CURP, inclusive no serviría en todos los casos de personas fallecidas”, señaló la Glorieta en sus redes sociales.

Con la implementación de la CURP biométrica y la creación de la Plataforma Única de Identidad contempladas en la reforma, la información de toda la población se guardaría en una base de datos “a la que se tendría acceso sin control judicial”. Esto, explicaron los familiares, “significa que con teclear tu CURP sabrían en qué tienda compras, si vas al cine e inclusive si usas el transporte público, todos los detalles del día a día”.

“A lo anterior se suma el riesgo de que esa base de datos sea vulnerada por ciberdelincuentes, como ha ocurrido en los últimos meses como el caso de Renapo (Registro Nacional de Población), la fiscalía de Nuevo León o el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México”, añadieron.

La iniciativa, concluyeron los colectivos, “no es una reforma para buscar a las personas desaparecidas y rechazamos el uso político de nuestro dolor por parte del gobierno federal y de Senadoras y Senadores que apoyan esta reforma”.

Desde que Sheinbaum envió la propuesta al Congreso en marzo de este año, los colectivos de búsqueda denunciaron la falta de participación de los familiares en su elaboración, así como criticaron que la implementación del “sistema de vigilancia masiva” no responde a la crisis de desapariciones que suma más de 112 mil víctimas den el país.

En el lapso en la que la iniciativa fue detenida, las familias exigieron un parlamento abierto, el cual nunca fue concedido por las autoridades, además de que presentaron más de medio millar de propuestas en encuentros con la Secretaría de Gobernación, de las que sólo se contempló una treintena.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Y con la censura… viene la vigilancia

Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla.

En México se está construyendo un nuevo régimen con más vigilancia, más poder militar, más censura. Este proceso no ha ocurrido de golpe, sino a través de una secuencia calculada de reformas legales, decisiones judiciales y maniobras políticas que, en conjunto, están desmontando el sistema democrático desde dentro.

El martes y miércoles pasados, la Cámara de Diputados aprobó un paquete legislativo profundamente alarmante. Entre las reformas más graves están las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y otras normas clave que regulan la inteligencia civil y militar.

Con estas reformas, se legaliza la vigilancia estatal sin necesidad de control judicial, abriendo la puerta a que el Ejército y otras autoridades realicen tareas de inteligencia en secreto, sin autorización de un Juez, sin notificación a la persona afectada y sin mecanismo alguno de supervisión externa. Asimismo pone a disposición de las autoridades todos nuestros datos resguardados por las instancias públicas, y obliga a los sujetos privados a facilitarlos.

Estas leyes no sólo vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia. También contradicen criterios constitucionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se rompe, de manera abierta, con los principios del debido proceso y se normaliza el uso del aparato estatal para espiar, controlar y silenciar.

Pero esto va más allá del espionaje. Lo que se está consolidando es un modelo de país en el que las Fuerzas Armadas no sólo vigilan sino también construyen, administran, controlan y deciden sobre bienes públicos. Hoy el Ejército gestiona aeropuertos, aduanas, obras públicas y tareas de seguridad civil. Ahora se le otorga capacidad operativa como agencia de inteligencia. La militarización ya no es un proceso oculto, sino una política de Estado declarada.

Este poder, cerrado por naturaleza y ajeno al escrutinio civil, se coloca ahora en el centro del aparato gubernamental. Sin auditorías, ni contrapesos, ni transparencia. En los hechos, se está construyendo un poder paralelo con inmunidad total.

Mientras el poder militar y la vigilancia se expanden, la crítica es asediada. Ya denunciamos en la columna de la semana pasada cómo en Puebla y Campeche se legaliza la censura y se castiga a quienes disienten. A nivel federal, el INE y el Tribunal Electoral emiten resoluciones que terminan censurando opiniones ciudadanas, especialmente durante los procesos electorales, bajo una mala utilización e interpretación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Así se construye un régimen de control. Por un lado, censura legalizada; por el otro, vigilancia sin freno. Al fondo, un poder militar que no le rinde cuentas a nadie y un régimen político sin contrapesos.

Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla. ¿O cuáles han sido los resultados positivos en los últimos quince años en materia de seguridad por la compra y uso indiscriminado de softwares espía, como Pegasus?

El peligro no es hipotético. Ya lo estamos viviendo. El periodismo crítico ha sido espiado, y desacreditado. Hay agresiones físicas, campañas de desprestigio y procesos judiciales amañados. Los tribunales —capturados políticamente— reducirán el margen para disentir sin represalias. Con las nuevas reformas, cualquier voz incómoda puede ser clasificada como amenaza a la “seguridad nacional” y ser espiada. O para no ir lejos, puede considerarse como “ofensiva” o “insultante” para castigarla.

Este modelo nos afecta a todas las personas, no sólo a periodistas o activistas. A quienes no se afecta, en un Estado infiltrado por la criminalidad organizada, es a quienes se supone que realmente deben ser investigados y enjuiciados. Se coarta el derecho a expresarse, a informarse, a exigir cuentas. Afecta la privacidad, la intimidad y, sobre todo, el derecho a no ser tratado como enemigo por ejercer ciudadanía democrática.

No es alarmismo. Estamos atestiguando una mezcla peligrosa de censura institucional, vigilancia militar y concentración del poder. El momento exige todo lo contrario a lo que este proyecto político hegemónico pretende. Más vigilancia ciudadana sobre las autoridades, no más vigilancia de las autoridades sobre la ciudadanía. Más debate, más transparencia, más control civil sobre el poder armado.

Porque una vez que la censura se vuelve oficial, la vigilancia masiva se legaliza y el Ejército se convierte en árbitro de todo, ya no hay camino fácil de regreso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Policía de García Luna inculpó a 2 víctimas de Aguas Blancas. Uno lleva 20 años preso

Antonio Barragán, sobreviviente de Aguas Blancas, fue capturado en 2001. En su cautiverio fue torturado, e ingresado a prisión donde continuaron las vejaciones. La Policía de Genaro García Luna lo acusó de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió. Al igual que él, Gilberto Aguirre Baena, otro sobreviviente de la masacre de hace 30 años, estuvo preso por 21 años acusado de homicidio. Él, a diferencia de Antonio, salió libre en abril del 2023 mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del Gobierno federal para personas injustamente presas.

La masacre de Aguas Blancas es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Ejemplifica el uso de la fuerza del Estado para aniquilar la protesta social y el menosprecio a los campesinos organizados y en resistencia.

A tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995, hubo una emboscada. Los testimonios relatan que los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) iban con destino a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café.

“Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en ‘El Vado’ por un grupo de policías y agentes judiciales estatales. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos”, relata la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El saldo: 17 campesinos asesinados; 14 heridos.


A pesar de las pruebas de que se trató de una dolorosa operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, el caso estuvo rodeado desde el inicio por irregularidades en la investigación y por una total impunidad; hubo algunos detenidos, como policías y mandos medios. Pero la justicia no alcanzó a quienes dieron las órdenes desde el gobierno; el entonces Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, compadre de quien fuera en ese momento presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue protegido.

Pero las víctimas no solo se limitan a quienes fueron asesinados ese 28 de junio.

Los casos de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Baena muestran que la persecución en contra de los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se mantuvo por años.

Antonio Barragán, sobreviviente de la matanza, está preso en un penal de Morelos desde 2001. Su caso está ligado a García Luna y la manera en como solía actuar el súper policía es evidente: fue capturado sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió.

Antonio trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California. Ahí fue que empezó una nueva pesadilla.

La historia de su detención nos lleva a otro caso de injusticia, que es el de estar preso por un delito que no cometió. A Antonio lo detuvo el policía Eduardo Gallo y Tello que lo torturó desde que lo detuvo hasta que logró meterlo en prisión e incluso ya dentro del penal continuaron las vejaciones. La tortura quedó debidamente registrada mediante el Protocolo de Estambul que salió positivo.

La intención era, además de atribuirle el delito de homicidio, que Antonio admitiera que formaba parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“A mí me detuvo una persona de nombre Eduardo Gallo y Tello. Tenemos entendido que Genaro García Luna pues está ligado con este señor Eduardo Gallo y entre estos personajes pues me fabricaron este delito. Y esta persona, Eduardo Gallo y Tello, pues fue quien se encargó de fabricar todos estos delitos. Él fue el que me detuvo en San Quintín, Baja California”, denunció Barragán en entrevista con SinEmbargo. “En el momento que él me detuvo, pues él me torturó con un policía que se llama Rey David. Ese policía es un policía judicial del Estado de Morelos”.
Antonio recuerda que cuando lo arrestaron le colocaron esposas y lo subieron a un coche rojo en donde comenzaron a darle golpes en el estómago. Saliendo de San Quintín relata que el vehículo ingresó a un camino de terracería donde le colocaron bolsas de plástico en la cabeza. “Me ponían de dos, de tres bolsas en la cabeza de plástico este señor Eduardo Gallo con el policía Rey David. Y ahí me empezaron a decir que me tenía que declarar culpable de haber matado a los secuestradores de su hija Paola Gallo. Yo le insistía que yo no había sido quien había matado a su hija, le insistía y le insistía y pues este señor no entendió”.

“En el trayecto de San Quintín a Ensenada, pues la tortura siguió dentro del carro, me empezaron a dar toques eléctricos del lado derecho de las costillas, me empezaron a dar toques eléctricos y me salieron muchas ámpulas ámpulas, muchas quemaduras. Y en el camino, en ese mismo trayecto, Eduardo Gallo me decía 'ahora sí, cabrón, háblale a tus compañeros del EPR, que te vengan a rescatar, a ver si de aquí son bien cabrones, háblales por teléfono'. Le digo, ‘Mira, pues yo no conozco que es EPR, le digo', ‘¿Cómo no?’, dice”.


Antonio Barragán, en entrevista con SinEmbargo desde el penal de Morelos en el que está recluido, cuenta que la persecución tiene que ver con su activismo político, al ser, en el momento de la detención, miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente identificado de la masacre.

La violencia también fue institucional, ya que aunque él fue detenido en 2001, le dictaron la sentencia de 40 años hasta 2014.

“Soy un sobreviviente de esta masacre, pero no es como él quiere inculparme de algo que no. Yo soy un miembro activo de la organización campesina de la Sierra del Sur, sí. El 28 de junio asesinaron a mis 17 compañeros de la organización campesina, ahí venía yo en esas camionetas. Lo que pasa que este señor Eduardo Gallo, como le dije al principio, fue quien se encargó de llevar a cabo todo el proceso, porque que en todas las diligencias que yo logré estar en el juzgado segundo, pues siempre estaba él ahí y siempre estaba ahí él armado y siempre ahí se hacía lo que él decía al Ministerio Público, pues él traía una orden pues como de un alto mando, ahí le obedecían pues, ahí se hacía todo lo que lo que él decía imagínese un armado ahí siendo una persona civil”, denunció.

En octubre de 2024 la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el caso de Antonio Barragán, a pregunta expresa sobre la persecución que, como secretario de Seguridad, realizó Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón contra agrupaciones sociales, particularmente la Organización Campesina Sierra, manifestó que se revisara el caso.

Sin embargo, el equipo que acompaña a Antonio afirma que aunque ya hubo una reunión con Rosa Icela Rodríguez el pasado 4 de mayo, la respuesta es que el caso efectivamente se está revisando. Legalmente a Antonio únicamente lo han acompañado abogados de oficio, ya que no tiene los recursos para pagarse una defensa privada. Acusa que los abogados que le han asignado no le han ayudado.

“Abogados particulares no tengo, quien está al frente de mi caso es una abogada de oficio, pero la abogada de oficio ni cuenta se da de lo que se está haciendo por mi libertad, no ha hecho nada, pues tiene que como 2 o 3 meses que esta abogada agarró el caso, pero no no ha no ha hecho nada. Ahorita hay una exigencia que quieren un diálogo con la Presidenta de la República, pero no hasta ahorita yo no sé más”.

Encerrado, a 30 años de la masacre y cerca de cumplir 24 años presos, lo inunda una sensación de injusticia. Aunque se ha enfermado en algunas ocasiones, está bien de salud y se dedica a elaborar bolsas para que su familia pueda venderlas y ganar algo de dinero.

“A pesar de tantos años no puedo decir que estoy mal, sí me he enfermado, pero ahora sí que la he librado de enfermedades menores. Pero sí, en estos 24 años le he echado ganas, he estado trabajando, haciendo bolsas y luchando por mi libertad, he estado exigiendo justicia, no he parado de luchar por mi libertad”.

Su caso se suma al de Gilberto Aguirre Baena, también sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien estuvo preso por 21 años luego de ser detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California, acusado de un homicidio que no cometió.

A diferencia de Antonio, Aguirre Baena salió libre en abril del 2023 del penal de Las Cruces, Acapulco, Guerrero. Este hecho se logró mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del gobierno federal para personas injustamente presas.

En entrevista con SinEmbargo, dijo que se trató de una masacre cobarde y cruel por parte del Gobierno. Recordó que fue una emboscada a sus compañeros que sólo traían palos, porque su manifestación era pacífica.

“El Gobierno después quiso decir que mis compañeros iban armados, pero se investigó y se supo que era mentira. Fueron rendidos y tendidos al piso, en donde les daban el tiro de gracia”, dijo para “Café y Noticias”. Agregó que él iba en una camioneta más atrás y el vehículo que masacraron fue el que iba más adelante.

Gilberto Aguirre fue uno de los integrantes de la organización que tuvo que desplazarse de la zona tras la masacre en Aguas Blancas. Migró con su familia, porque sufrió persecución por parte del Gobierno.

“Sabíamos que si el Gobierno nos encontraba nos iba a desaparecer, como lo hizo con otros compañeros”.

Gilberto fue primero jornalero en el Estado de México, luego trabajó en la Ciudad de México, para terminar en la frontera con Estados Unidos. Pero el 16 de mayo del 2002 todo cambió: “Llevaba un año trabajando y me detuvieron. Ahí comenzó mi tortura”.

“Me empezaron a golpear brutalmente. Hay imágenes de cómo llegué torturado a la cárcel. Esas imágenes fueron cuando me pusieron hielo para que se me bajara la hinchazón, pero estaba más grave. Me torturaron varios días. Había varias amenazas, porque querían que yo me declarara culpable por los muertos que había habido en Morelos. Me decían que si no lo hacía iban a matar a toda mi familia.”.

Además, afirmó que él era consciente que el Estado quería desaparecerlo. “Cuando me detuvieron me dijeron que si no me declaraba culpable me iban a entregar con el Ejército, porque ellos me estaban buscando. Me decían que me iban a matar y tirar en un canal de aguas negras y así iba a desaparecer. Querían que yo entregara a mi otro hermano y a más gente de la organización”.

Gilberto pasó en la cárcel poco más de dos décadas, su sentencia era de 40 años por homicidio calificado. Ingresó cuando tenía 30 y salió de 51 años. Su liberación fue difundida en la conferencia de prensa en abril de 2023. La entonces titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez señaló que aunque se logró liberar a Aguirre Baena, quedaban pendientes los casos de Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.

En el caso de Avilés Mesino, dijo, "se están haciendo promociones ante el Poder Judicial de Guerrero, para obtener la libertad anticipada, pues lleva preso desde 2011; mientras que con Barragán Carrasco, "se necesita el apoyo del Poder Judicial de Morelos para obtener la libertad anticipada, por lo que se gestiona una cita”.

“Seguimos exigiendo justicia por la masacre de nuestros compañeros. No podemos quedarnos callados porque nuestra organización ha sufrido muchos muertos, desaparecidos y encarcelados. Le pido a la Presidenta Claudia que haya una reparación del daño, porque me robaron 21 años que pude haber hecho más en mi vida”, finalizó Gilberto.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN, PERLA VELÁZQUEZ.

El Bicentenario reabrirá el 1 de julio, en manos del Gobierno federal, tras accidente

El Gobierno de México dio a conocer la recuperación del Parque Bicentenario tras la muerte de dos jóvenes durante el Festival AXE Ceremonia, celebrado hace tres meses.

La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes la reapertura al público del Parque Bicentenario de la Ciudad de México, luego de que fuera recuperado por el Gobierno federal a finales de mayo tras la muerte de dos jóvenes durante el Festival AXE Ceremonia el pasado 6 de abril.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria apunto que el complejo recreativo, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, abrirá sus puertas el próximo martes 1 de julio, con un horario de martes a domingo entre las 7:00 y las 18:00 horas, con acceso gratuito.

“Se vuelven a abrir las puertas al público la próxima semana (…) Estaremos abriendo puertas el próximo 1 de martes julio para que pueden visitar este gran pulmón de la Ciudad de México”, argumentó en "la mañanera del pueblo".


La funcionara federal apuntó que se siguen dando mantenimiento a las 55 hectáreas que tiene el parque, de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart). Destacó que actualmente se le da prioridad a las áreas verdes, cuerpos de agua artificial, jardines temáticos, pistas de correr y espacios deportivos.

“El Gobierno federal rescató este espacio con el objetivo de abrir a la ciudadanía espacios seguros, de utilidad pública, con un fuerte compromiso social y un compromiso medioambiental”, subrayó la funcionaria.

La titular de la dependencia agregó que el Parque Bicentenario funcionará bajo un esquema mixto de operación, administrado mediante un convenio con el Auditorio Nacional y a través de un comité gubernamental que tomará decisiones colegiadas para actividades culturales de alta calidad.

“Se definió que el parque entrará en un esquema de operación mixta a través de un convenio de colaboración con el Auditorio Nacional", manifestó.

Aunque se contempla que el parque pueda albergar eventos privados, la funcionaria puntualizó que estos deberán ser accesibles y enmarcados en una visión social y medioambiental.

“Va a haber oferta mixta, muchas actividades gratuitas, también privadas, pero siempre con una visión social accesible, por supuesto, y con un compromiso de una política medioambiental, pues es fundamental en nuestra visión de gobierno”, explicó.


El pasado 23 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria en donde se retira la concesión del Parque Bicentenario de la Ciudad de México a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V.

Lo anterior ocurrió tras la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas a inicios de abril luego de asistir como reporteros en el Festival Axe Ceremonia, donde les cayó una estructura metálica colocada en una grúa, accidente que les provocó su muerte.

Las víctimas fueron identificadas como parte del equipo de Mr. Indie, un medio especializado en música alternativa y festivales.

El festival, que se ha convertido en un referente de la música alternativa en México, enfrenta ahora una investigación por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, acorralada por proyectos mineros para el Tren Maya

José Luis Montero creció entre las montañas de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, un área protegida en el estado de Veracruz, México. Por eso, sabe que el bosque de niebla en las partes altas y la selva tropical en las partes bajas se conectan entre sí por corredores naturales, donde la fauna transita para alimentarse, refugiarse y reproducirse.

Recuerda que, cuando era niño, ir al bosque era un viaje que imponía respeto, un camino casi místico. Pero ahora, parte de esos árboles que miraba en su infancia desaparecieron y han sido enterrados por retroexcavadoras que día y noche sacan piedra y arena de ese bosque. “Vemos armadillos, osos hormigueros, aves y fauna que no se veía antes en tierras bajas. Nos da gusto, pero también es una alerta, porque están huyendo, porque su casa ya no existe debido a la extracción de material”, dice José Luis.

La reserva de la que habla es un corredor biológico que pasa por el municipio de San Andrés Tuxtla, en el Golfo de México, donde se une la Laguna Encantada con el volcán San Martín. A pesar de que fue declarada reserva de la biosfera y área natural protegida desde 1998, en la actualidad se enfrenta a amenazas constantes como la deforestación, ya que el 80 % de su territorio es zona de amortiguamiento y solo el 20 % corresponde al área núcleo conservada.

Una muestra de ello es que, en 2014, ese corredor fue cortado a la mitad por un proyecto de minería de arena, roca y grava a cielo abierto. Desarrollarlo implicó talar árboles y abrir caminos en nueve hectáreas de terreno.

No ha sido el único caso. Actualmente, hay otros 12 proyectos extractivos que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva. Algunos extraen grava y arena; otros han surtido en los últimos años de balasto al Tren Maya, un proyecto prioritario para el gobierno de México. Esta roca de origen volcánico se usa debajo de los rieles del tren para dar soporte y estabilidad.

La principal zona de explotación de balasto —donde hay cuatro minas a cielo abierto— se encuentra en el cerro de Balzapote, al norte de San Andrés Tuxtla. Allí también están los últimos reductos de bosque alto perennifolio (conocido como bosque “siempreverde”, pues sus árboles no pierden las hojas en todo el año) de la región. Ese cerro es hábitat de al menos 60 especies de mamíferos de las 139 que hay registradas en la reserva. Además, se encuentran aves migratorias y más de 300 individuos de mono araña.

Las explotaciones se encuentran, a su vez, a solo tres kilómetros del volcán San Martín, que hace parte del núcleo I de conservación de la reserva. Allí quedan algunos de los últimos fragmentos de selva tropical y de bosque de niebla del país, es decir, es un área clave para captar agua de lluvia, regular el clima y almacenar carbono.

Por eso, en 2014, cuando la Administración Portuaria de Veracruz solicitó un permiso para explotar balasto, diez científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidieron frenar la autorización y advirtieron del grave daño ambiental que podría generar el proyecto. En una opinión técnica insistieron con que Balzapote es parte de un corredor que permite la migración, el intercambio genético y el acceso a recursos vitales para numerosas especies, y que su pérdida representaría un grave desequilibrio ecológico.

Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas. En 2020, el permiso obtenido por la administración portuaria fue transferido a una empresa que, en 2021, avanzó con la explotación de balasto para el desarrollo del Tren Maya, a pesar de no contar con los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat). Por esto fue sancionada con una multa de 85 000 dólares y la clausura temporal de las operaciones.

Un área natural protegida amenazada

Esta no ha sido la única amenaza a la conservación de la zona. En los límites de la Reserva Los Tuxtlas, que abarca más de 155 000 hectáreas, se han instalado otros 15 proyectos de extracción de grava, arena y balasto. De estos, solo la mitad cuenta con permisos vigentes, según información solicitada vía transparencia a la Semarnat.

Aunque el impacto ambiental es visible, las cifras de los daños provocados por la explotación varían según la fuente. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) reportó haber recibido 18 denuncias por tala clandestina y por extracción de balasto y material pétreo sin permisos. Por su parte, la administración de la reserva ha registrado 33 notificaciones relacionadas con estas actividades.

Sin embargo, solo en 10 casos se han iniciado expedientes administrativos y apenas en dos de ellos, en Balzapote, se han aplicado sanciones económicas, que ascienden a más de 3 millones de pesos mexicanos (150 000 dólares) por adelantar trabajos sin los permisos necesarios.

Entre otras afectaciones que la Profepa ha documentado, se encuentra una visita de inspección realizada en agosto de 2023 a San Andrés Tuxtla, donde se detectó la tala ilegal de 189 árboles. También, en junio del 2024, los impactos que causó un incendio en la selva alta perennifolia, en la zona de amortiguamiento de la Reserva los Tuxtlas, generado por una quema sin medidas de prevención.

El avance de la deforestación es evidente. Datos de Global Forest Watch indican que, entre 2002 y 2023, Los Tuxtlas perdió 794 hectáreas de bosque primario húmedo. Esta cifra representa el 15 % de toda la superficie forestal que se ha perdido en la región durante ese periodo. De igual forma, un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Ecología AC, entre 2006 y 2016, documentó una pérdida neta de 1776 hectáreas de cobertura forestal en 10 años en la reserva. Y 313 hectáreas eran de las zonas núcleo de conservación, principalmente en la sierra de Santa Marta y el volcán San Martín.

La minería es la principal amenaza

La Reserva de Biosfera de Los Tuxtlas es un área natural protegida en la llanura costera del Golfo de México, que, además de albergar los últimos remanentes de bosque tropical perennifolio o “siempreverde”, resguarda al bosque mesófilo de montaña —árboles que crecen en las montañas donde hay neblina y mucha humedad—. Por esa combinación de ecosistemas, el área cuenta con una rica biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles, algunos en peligro de extinción.

Sin embargo, desde la creación de la reserva se han impulsado actividades como la minería bajo “permisos estrictos”, lo que contribuye a la degradación del área natural protegida.

Como se evidencia en los datos de transparencia entregados por las autoridades ambientales a Mongabay Latam, la mayoría de los proyectos de extracción no cuentan con las autorizaciones y estudios necesarios en materia de impacto ambiental.

Desde 2010 hasta 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas han rechazado ocho proyectos de extracción minera en la zona de amortiguamiento. A pesar de ello, algunos proyectos siguen avanzando.

La zona ha sido codiciada desde los años 70 y 80, cuando las primeras empresas llegaron para explotar el banco de roca para la construcción de la terminal marítima Dos Bocas, en el estado de Tabasco, y, luego, para la ampliación del puerto de Veracruz.

María, que vive frente a la playa del Balzapote y pidió mantener su verdadero nombre bajo reserva por temor a represalias, reconoce que el territorio era diferente: “Aquí era bonito, hay fotos que muestran que había pura playa corrida, pero el paisaje cambió. Antes se escuchaban los monos en las mañanas y en las tardes, ahora solo se escuchan los ruidos de las máquinas”.

Patricia Escalante, una de las científicas que firmó el documento para alertar por los daños a la reserva, lamentó que haya oídos sordos por parte de las autoridades ambientales, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. “Bajo el pretexto de que el Tren Maya es un proyecto de prioridad nacional, se han omitido los dictámenes de afectación”, aseguró.

Los habitantes de la zona también destacan otro proyecto minero que en 2013 hizo una solicitud ante la Semarnat, pero el permiso fue negado por la “baja calidad en los datos proporcionados”. Dos años después, en 2015, se volvió a ingresar la solicitud y, aunque la Semarnat entregó la autorización, estableció algunos condicionantes, como hacer áreas de conservación, reforestación y rescate de fauna.

Sin embargo, según defensores ambientales y habitantes de Los Tuxtlas, las acciones de reducción de impactos no han ocurrido. Lo cierto es que las imágenes satelitales evidencian cómo la excavación inició en 2014 y, desde entonces, ha avanzado a pasos agigantados. “Hemos visto cómo avanza la devastación, cómo han sido talados los árboles ancestrales. Nos preocupa, sobre todo, el tema del agua”, insiste José Luis.

¿Balasto sin permisos para el Tren Maya?

La extracción de material pétreo inició hace cinco décadas para la construcción de escolleras y carreteras, pero aumentó hacia 2021 debido principalmente a la demanda de balasto que generó el proyecto del Tren Maya.

Ese es el caso de una empresa que en 2023 solicitó un permiso para extraer balasto de un predio dentro de la zona de amortiguamiento, pues buscaba venderlo para el desarrollo del Tren Maya. El proyecto planteaba extraer más de 200 000 toneladas de material durante cinco años. Aunque el permiso fue negado por la Semarnat, por “contravenir el equilibrio ecológico”, el proyecto siguió avanzando, como se puede observar en imágenes de Google Earth.

Las imágenes satelitales de la zona también evidencian más de 15 áreas de extracción en los límites de la reserva. Según Paola Balderas, integrante del Colegio de Biólogos de México y asesora ambiental en la región, tres de esas zonas vendieron balasto al Tren Maya en 2021. Otras minas abrieron, pero no pudieron vender porque no cumplieron con la calidad que se requería. Sin embargo, insiste, su extracción sí dejó impactos en el territorio, como la alteración de los suelos, la modificación del paisaje y la deforestación.

Balderas también advierte que es “preocupante” que solo una mínima parte de estas 15 extracciones —alrededor de cinco— tengan un permiso vigente. En sus palabras, esto quiere decir que en la mayoría de explotaciones se extrae el material sin conocer los impactos ambientales.


“El estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es para identificar los impactos al suelo, por lo que debe hacerse un análisis del terreno y del entorno, así como hacer la propuesta de mitigación y establecer las medidas de compensación. Sin ello, estamos a la deriva”, insiste.

Como afirmó el entonces director de la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, Sergio Rodríguez, en una rueda de prensa en 2022, la entidad realizó inspecciones y sancionó a los proyectos que no contaban con el permiso para extraer material de Los Tuxtlas. Incluso, indicó que se hicieron convenios de compensación ambiental.

Sin embargo, en la actualidad, la dependencia se ha negado a dar los detalles de los procedimientos iniciados contra las empresas involucradas, manifestando que se trata de información confidencial.

El programa de manejo de la reserva advierte que, en época de lluvias, las áreas de extracción ocasionan gran cantidad de arena y piedra que es arrastrada hacia las poblaciones, a la laguna de Catemaco y hacia el mar. Además, menciona que los camiones cargados con material pétreo causan la compactación del suelo y que el aprovechamiento se ha realizado sin ningún tipo de medidas preventivas y correctivas de los impactos. También menciona que muchas de estas actividades se han realizado al amparo de permisos vencidos o sin permisos.

Deforestación por tabaco y ganadería

La Reserva de Biosfera de Los Tuxtlas también enfrenta una fuerte presión debido al crecimiento poblacional dentro de sus límites. Con más de 31 000 habitantes en su territorio, las actividades humanas han reducido drásticamente la superficie forestal: actualmente sólo el 38 % conserva su cobertura boscosa original, mientras que el 62 % del territorio se dedica a actividades agropecuarias, según el programa de manejo de la reserva.

Además de la extracción de material pétreo, los principales motores de la deforestación en el área protegida son la ganadería extensiva y los cultivos de tabaco. Todas estas actividades ocupan más de 4000 hectáreas dentro de la reserva.

José Luis Montero ha sido testigo de esta transformación y señala que el cultivo de tabaco es altamente agresivo con el entorno, debido al uso intensivo de agroquímicos como fungicidas, fertilizantes y plaguicidas. Según dice, los tabacaleros usaron la necesidad económica de los ejidatarios —habitantes que tienen derecho a usar y trabajar una parte de tierra que pertenece a una comunidad— para extenderse comprando tierras.

“Los tabacaleros rentaban tierras a 30 000 o 25 000 pesos (entre 1300 y 1600 dólares) por una hectárea, eso era como sacarse la lotería para el campesino. Pero el costo es alto, están usando productos tóxicos en la parte alta que llegan a nuestros ríos y matan toda la biodiversidad”, afirma.

Karina Boege Paré, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y quien trabaja en la región con un modelo de ganadería sostenible, advierte que aunque la reserva fue decretada hace más de 25 años como área natural protegida, en la práctica enfrenta devastación ambiental, ausencia institucional y un modelo extractivo que pone en riesgo su biodiversidad.

Boege relata un caso alarmante sobre cómo la desconexión entre lo que ocurre en la montaña y en las ciudades vecinas genera impactos reales. “San Andrés Tuxtla depende del agua que viene del volcán de San Martín y de los ejidos que están allá arriba. Y no hay ese aprecio, ese reconocimiento”, dice.

“El año pasado San Andrés se quedó una semana sin agua porque desmontaron para sembrar tabaco, y eso tapó las tuberías que surtían el agua del pueblo. Falta una responsabilidad territorial. Si se llegara a secar la Laguna Escondida por las graveras, ¿de quién sería la culpa? No hay herramientas legales para que quien cause estos daños ecológicos pague las consecuencias”, insiste.

Falta de presupuesto e inseguridad

A la problemática ambiental se le suma el abandono institucional por la falta de presupuesto y de vigilancia. Desde 2015, la reserva carece de un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El último encargado, Miguel Ángel Puga Hernández, desapareció ese año y su camioneta fue hallada calcinada en un municipio cercano. Desde entonces no se sabe de su paradero.

La Profepa no ha enviado a un nuevo inspector a pesar de que el presupuesto para vigilancia de las 155 000 hectáreas de la reserva oscila en los 2 000 000 de pesos anuales (unos 108 000 dólares). Aunque Mongabay Latam consultó a la Profepa sobre las condiciones de seguridad en la zona y sus labores de vigilancia, al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Activistas y ambientalistas locales reconocen el deterioro de la zona, pero aseguran que temen hacer denuncias públicas por miedo a represalias por parte de empresas y autoridades municipales. La falta de vigilancia oficial, señalan, ha incrementado la vulnerabilidad de quienes intentan defender el territorio.

Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, lleva diez años trabajando en la zona y advierte que es urgente un programa integral de inspección y vigilancia con mayor personal y recursos. “La reserva está muy abandonada. Cada vez se está deteriorando más, es como tierra sin ley. No se respetan las restricciones que marca el plan de manejo y nadie vigila”, dice.

La esperanza que se mantiene

A pesar de todas las amenazas que enfrenta la Reserva de Biosfera Los Tuxtlas, la investigadora Escalante ha logrado reintroducir 250 guacamayas rojas, una especie que tenía 60 años sin registros en el lugar. Por eso piensa que no todo está perdido: “Sí se puede recuperar la reserva. Ya sabemos que se deforestó… ahora hay que restaurar. Y no lo podemos hacer solos”.

Frente a la falta de recursos y desatención por parte del Gobierno, comunidades, mujeres ganaderas y organizaciones civiles han asumido, desde los años 90, la defensa activa de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas.

Susana Rocha, que forma parte de la Asociación Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), destaca una decena de proyectos comunitarios para proteger manantiales que abastecen de agua a San Andrés Tuxtla. “Se han reforestado manantiales y se han adoptado prácticas sostenibles como la milpa [un sistema de cultivo tradicional], intercalada con árboles frutales y curvas de nivel”, explica.

Uno de los mayores esfuerzos se ha centrado en la Laguna de Sontecomapan, donde “se han restaurado más de 40 hectáreas de manglar desde 2014”, confirma Rocha. En esta zona estratégica, entre San Martín y Santa Marta, se han abierto canales para recuperar la hidrología y se promueve la educación ambiental con murales colectivos, talleres y recorridos con escuelas.

También existe la red de Ganadería Sostenible, creada en 2019, que ha logrado integrar a más de 30 ranchos en prácticas regenerativas.

Rocha insiste en que es urgente una política territorial integral: “Aquí vivimos todos y somos los beneficiarios de la salud de estos ecosistemas o los perjudicados por su deterioro. Hace falta que las instituciones cumplan con su parte y que se fortalezcan las iniciativas que ya están en marcha”.

José Luis Montero también piensa que hay que actuar desde lo local. Dice que cuando vio el impacto del corredor biológico le dieron ganas de llorar, pero también de hacer algo por la tierra que ha pasado por varias generaciones de su familia.

Así ha impulsado prácticas de ganadería sustentable y de conservación de suelos en los alrededores de La Laguna Encantada. “Sembramos árboles nativos y dejamos parcelas para regeneración natural. Ya llevamos más de siete años de prácticas sustentables en el rancho”, relata. Hoy, parte de su predio luce como un bosque regenerado, un ejemplo de que la restauración ecológica es posible.

La bióloga Patricia Escalante señala que los cultivos de sombra como el cacao, la vainilla, la pimienta y la canela también ofrecen alternativas viables para las comunidades, al tiempo que conservan el hábitat para aves y otras especies. “No es lo mismo que la selva, pero es lo más cercano, y se recuperan muchas especies”, reflexiona.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

“Tanta reunión y ningún avance”: familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa

«Quisiera decir algo favorable sobre tanta reunión que hemos tenido recientemente, pero básicamente no hemos tenido ningún avance» compartió en entrevista para Desinformémonos Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Emiliano y el resto del comité de familias de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada exigieron hoy en la marcha que realizaron en la Ciudad de México, la destitución de Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para la investigación del caso Ayoztinapa, señalando los nulos resultados de su administración.

«Ya tenemos líneas de investigación y recomendaciones que han dejado el grupo de expertos independientes pero no las han tomado en cuenta y el trabajo prácticamente ha quedado atorado» apunta Navarrete sobre la gestión del fiscal Gómez Piedra «por querer buscar, según ellos, nuevas líneas, no hay avances consecutivos ni favorables como nosotros quisiéramos.»

Esta exigencia se la plantearon a la presidenta Claudia Sheinbaum en la última reunión que el comité de madres y padres sostuvo con ella, a pesar de ello, siguen sin recibir respuesta.

A la mandataria, la señalan de «sobrellevar el caso». En palabras de Emiliano Navarrete, la búsqueda de nuevas líneas de investigación es otra forma de «darle la vuelta».

Acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México y otras organizaciones que mes con mes se unen a su movilización, las madres y padres de los 43 marcharon sobre el Paseo de la Reforma y realizaron un mitin bajo la lluvia frente al Hemiciclo a Juárez.

La entrega de aproximadamente 800 documentos en poder del ejército, con potencial de contener información clave para el caso, así como la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal y actualmente prófugo en Israel, fueron también algunas de sus demandas centrales.

FUENTE: DESINFORMÁMONOS.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.
FECHA: 26 JUNIO 2025.

La SHCP dice que el sistema bancario no sufrió interrupciones con señalamientos de EU

El titular de la SHCP, Edgar Amador, explicó que la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se dio para evitar afectaciones al sistema bancario y proteger los ahorros de los usuarios.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, aseguró este viernes que el sistema bancario mexicano no ha presentado interrupciones y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector, como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides”.

Durante la conferencia matutina, Amador explicó que, tras conocerse esta designación el miércoles, se mantuvo una vigilancia constante en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), evaluando de forma permanente las condiciones del mercado.

El funcionario indicó que al cierre de la jornada financiera del mismo miércoles se detectaron problemas en las líneas de financiamiento de las tres instituciones señaladas. Por ello, la CNBV y Banxico decidieron llevar a cabo una intervención temporal en su administración, con el objetivo de evitar afectaciones al sistema bancario y proteger los ahorros de los usuarios.
“Con el fin de garantizar que no hubiera intervenciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva los ahorros de los clientes de esas instituciones, el sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional” dijo.
El titular de Hacienda detalló que las medidas adoptadas brindan certidumbre a las inversiones y confianza en la solidez del sistema financiero nacional. Añadió que, pese al contexto, el tipo de cambio se ha mantenido estable y las tasas de interés registraron bajas generalizadas, lo que demuestra la fortaleza de los mercados financieros.
“El tipo de cambio se ha mantenido muy estable, mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03 por ciento, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país. Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica", indicó.

Sheinbaum descarta pedir aclaración a Alfonso Romo por señalamientos de EU a Vector

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a solicitar al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y figura clave del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aclare los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a una casa de bolsa Vector relacionada con él.
“Él puede aclarar lo que él quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno, y a cada quien le corresponde su parte”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre lo que opinaba de que la oposición haya señalado vínculos entre Romo, quien ha sido identificado como cercano a la Cuarta Transformación, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública hoy preso en Estados Unidos.
Al respecto, la Presidenta respondió que su administración no protegerá a nadie y que actuará siempre conforme a la Ley, pero volvió a destacar lo que dijo ayer, que las autoridades mexicanas no cuentan con la información suficiente para abrir una investigación penal al respecto.

“El tema es la información. Nosotros no vamos a proteger a nadie nunca y vamos a actuar siempre en el marco de la Ley. No es un asunto de si proteges a alguien y si hay impunidad. El asunto es: ¿qué información te envían para que tú puedas, desde el gobierno, desde la UIF, Hacienda o incluso frente a una denuncia en la propia Fiscalía, con qué información cuentas para poder abrir una investigación?”, respondió Sheinbaum.


La mandataria volvió a explicar que cuando el Departamento del Tesoro envió los reportes iniciales sobre presuntas operaciones irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda solicitaron más detalles a las autoridades estadounidenses, pero esa información no fue enviada. Aun así, señaló que el Gobierno mexicano realizó su propia investigación con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“En el momento en el que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue decirle: envía más información. [Pero] no se envió”, relató Sheinbaum. A pesar de ello, dijo que las autoridades mexicanas procedieron a indagar el caso y se encontraron irregularidades administrativas. “De todas maneras hicieron una investigación con la CNBV y hallaron faltas administrativas, y se procedió en el marco de nuestras leyes”, puntualizó.
Además, aseguró que no existe en estos momentos documentación dentro del Gobierno mexicano que respalde las acusaciones de lavado de dinero. “El asunto es que no hay información que esté en la UIF, o en la FGR, o en alguna área del Gobierno de México que pudiera verificar, en efecto, lo que dicen esos documentos”, agregó.

Sobre la intención política detrás de la denuncia, Sheinbaum evitó especular y consideró que corresponde a quienes hicieron las acusaciones explicar sus motivos. “¿Entonces, qué intención hay? Eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia. Nosotros [hacemos] lo que nos corresponde”, señaló.

En respuesta a una pregunta adicional sobre si su gobierno pediría que se profundice en los señalamientos, Sheinbaum insistió: “Lo hemos hecho todo el tiempo”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.