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Colectivo exige a la Fiscalía Guerrero entregar el cuerpo de José Vázquez Culebrina, a quien encontraron desde 2015

A pesar de que la Fiscalía de Guerrero localizó a José Vázquez en 2015, la institución no ha entregado el cuerpo a su familia.

El Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narcizo exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero entregar esta semana el cuerpo de José Vázquez Culebrina, a quien desaparecieron en 2013, halló la Fiscalía en 2015, pero notificó a familiares hasta diciembre de 2024 y, ahora, no lo halla entre decenas de desaparecidos.

Vázquez Culebrina, entonces de 32 años, era trabajador del Ayuntamiento de Chilpancingo, se desempeñaba como conductor de un carro recolector de basura. El 5 de junio se cumplieron 12 años que se lo llevaron hombres armados al salir del Rastro Municipal, al norte de la ciudad.

Este martes, David Molina Rodríguez, coordinador del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, estuvo en la FGE en los trámites para recuperar los restos del desaparecido, sin resultados.

“Me quedó claro que la Fiscalía no tiene ni idea de dónde pueden estar los restos de Pedro Vázquez o que pasó con ellos”, indicó.

Una nueva búsqueda de José Velázquez

El pasado diciembre del 2024, a la esposa de Vázquez Culebrina, Nora Elsi Maldonado Cruz le llamaron de un Ministerio Público federal para informarle que los restos de su esposo habían sido localizados en el Semefo de Chilpancingo y, como corresponde, se los iban a entregar.

Desde diciembre, Nora Elsi va y viene de la Fiscalía, del Semefo, del MP local, MF y ninguna instancia le da informes de los restos de su esposo.

No solo eso, Dora Elsi buscó a su esposo durante 11 años, aunque la Fiscalía lo halló a los dos años de desaparecido.

Como parte de las labores de Búsqueda del Colectivo, Nora Elsi fue varias al Semefo a preguntar sobre alguien con las características de su esposo, instancia que tenía las pruebas de ADN de los hijos del matrimonio, las características del desaparecido y sus pertenencias; sin embargo, nunca habló de la posibilidad de que los restos de José Vázquez estuvieran ahí.

David Rodríguez Molina indicó que, aunque esté caso se federalizó, la FGE es la responsable de la cadena de custodia.

“Es su responsabilidad plena, no de Periciales o de Semefo, la Fiscalía es la responsable directa”.

Un ultimátum

El Colectivo advirtió este martes a la FGE que esperará toda la semana para tener información veraz acerca de los restos de José Vázquez, de no ser así, a partir del lunes 15 de junio procederían legalmente contra la institución, además de otras acciones como marchas y plantones en la Fiscalía.

El Colectivo Guadalupe Rodríguez exige desde hace alrededor de cinco años la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, como ya lo tienen otros estados del país, precisamente para que los restos de las personas desaparecidas tengan el tratamiento adecuado.

Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno estatal, se quejó, es decir que fortalece las comisiones de búsqueda con más recursos económicos.

El Colectivo considera que esa medida solo genera más corrupción, porque con esos recursos económicos, compran más camionetas que sólo les sirven a los funcionarios, no a las familias de los desaparecidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: REDACCIÓN/MARLÉN CASTRO.

CNTE toma Chichén Itzá como protesta

Las y los manifestantes piden derogar las reformas al ISSSTE.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Yucatán, tomaron este miércoles la zona arqueológica de Chichén Itzá, Uxmal y Ekbalam, como parte de sus protestas por la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE aprobada en 2007.

Durante la manifestación, permitieron el ingreso gratuito a los turistas, y se calcula que más de 200 docentes arribaron al sitio desde las 8 de la mañana para mantener actividades, según reportes de la Coordinadora Regional de Oriente del CNTE.

Las y los manifestantes también tomaron las casetas y las oficinas del lugar, donde dan explicaciones a visitantes sobre esta protesta.


La toma de Chichén Itzá forma parte de una serie de movilizaciones que la CNTE realiza a nivel nacional desde el 15 de mayo, donde su principal demanda es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que eliminó el sistema solidario de pensiones y lo reemplazó por uno de cuentas individuales manejadas por las Afores.

La CNTE señala que el esquema disminuye sus pensiones, ya que el monto se calcula con base en el ahorro acumulado de cada trabajador, en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no del salario mínimo, que también consideran perjudicial.

En Mérida, también se registró una protesta simultánea en el edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (SEGEY), y hay suspensión en más de 200 escuelas.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Quién es Delia Quiroa, futura jueza de distrito y buscadora en Sinaloa

Activista y abogada, Delia Quiroa fue electa jueza de distrito en Sinaloa. Asumirá el cargo el 1 de septiembre tras una campaña austera.

Delia Icela Quiroa Flores, abogada y activista por la búsqueda de personas desaparecidas, fue electa jueza de distrito en el estado de Sinaloa. A partir del 1 de septiembre de 2025 ocupará un juzgado en el XII Circuito, tras obtener alrededor de 81 mil votos en la histórica Elección Judicial realizada el pasado 1 de junio.

Su trayectoria se ha forjado desde el activismo. En 2014, su hermano Roberto desapareció en Tamaulipas, hecho que impulsó a Quiroa a fundar el Colectivo 10 de marzo y a especializarse en Derecho.
Visión judicial y propuestas en “Conóceles” del INE

Durante el proceso electoral, la candidata presentó su perfil y propuestas a través del portal Conóceles del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su visión sobre la función jurisdiccional, abogó por juzgados de “puertas abiertas” y el uso de un lenguaje accesible. Además, resaltó que al ciudadano debe aplicársele la norma más favorable, en línea con los artículos 1° y 133 de la Constitución.

Quiroa propuso también la instalación de plataformas tecnológicas que permitan el acceso virtual a los expedientes y la promoción del juicio de amparo como una herramienta efectiva para las personas afectadas por omisiones o abusos de las autoridades. Su perfil subraya el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como eje rector de su labor jurisdiccional.

De buscadora a candidata

Delia Quiroa comenzó su lucha personal tras la desaparición de su hermano, el 10 de marzo de 2014, presuntamente a manos de integrantes del Cártel del Golfo. Según relató al diario El País, ese hecho cambió su vida y la llevó a involucrarse en la búsqueda de fosas y personas desaparecidas.

Ante la falta de respuesta institucional, decidió formarse como abogada y cursar una maestría en Derecho de Amparo, con la finalidad de poner el lenguaje jurídico al alcance de las familias de desaparecidos.

Campaña con obstáculos

La campaña hacia la elección del 1 de junio no estuvo exenta de dificultades. De acuerdo con El País, Quiroa enfrentó problemas para difundir su imagen debido a que, durante semanas, su fotografía no aparecía en el portal Conóceles. El INE respondió que su perfil aún no estaba concluido y negó actos de discriminación.

Además, la candidata optó por una campaña discreta debido a la situación de seguridad en Sinaloa. En entrevista con el mismo medio, explicó que se enfocó en repartir volantes y en encuentros directos con la ciudadanía, sin eventos masivos ni respaldo partidista.

“Nos tuvimos que cuidar mucho. No había condiciones para actos grandes”, dijo a El País.

Compromiso con la búsqueda y el amparo

Pese a asumir un cargo judicial, Delia Quiroa afirmó que continuará acompañando a familiares de personas desaparecidas. Declaró que no limitará su labor al juzgado y que, si es necesario, acudirá personalmente a instalaciones donde se presuma la presencia de víctimas.

También destacó la importancia de utilizar el juicio de amparo como mecanismo de protección frente a las omisiones de las autoridades, tal como ha promovido desde el Colectivo 10 de marzo.

La elección del 1 de junio marcó la primera vez que los ciudadanos mexicanos eligieron directamente a jueces, magistrados y ministros. La reforma constitucional de 2024 permitió esta participación, que busca fortalecer la independencia del Poder Judicial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INE pide incluir voto extranjero y más recursos para la elección judicial de 2027

Los cómputos distritales de la elección judicial concluyeron desde el 9 de junio. Consejeras del INE destacaron el trabajo del órgano electoral y llamaron a que el Poder Legislativo contemple más presupuesto e incluir las votaciones de personas en el extranjero para la próxima elección de juzgadores.

Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) destacaron el trabajo del personal de los 300 consejos distritales del país que concluyó antes de tiempo, desde la tarde del 9 de junio, es decir, los cómputos de la elección judicial, pero también la necesidad de incluir el voto en el extranjero y garantizar más presupuesto para las próximas elecciones juzgadores y juzgadoras.
“Todo avanza bien y a tiempo, pronto estaremos hablando del cierre del proceso electoral entero, después podremos evaluar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, pero también el Poder Legislativo podrá y deberá analizar las fortalezas y áreas de oportunidad de la normativa de 2024, inclusive la constitucional, quizá en Parlamento Abierto en el que se escuche al INE, pues hay motivos suficientes para considerar que se deben mejorar aspectos como la aún hoy vigente concurrencia de la elección de diputaciones federales, varias gubernaturas y varios congresos locales con la elección de la otra mitad de los cargos y puestos de tribunales de circuito y juzgados de circuito, ambas en junio de 2027; o, por ejemplo, el voto electrónico, las acciones afirmativas, el voto en prisión preventiva, el voto en el extranjero para comicios judiciales y, claro, quizá también una cláusula de garantía presupuestal básica o mínima para que el INE genere estabilidad suficiente para una buena planeación del gasto y su ejercicio oportuno y suficiente”, expuso la Consejera Carla Humphrey en la sesión del 10 de junio del Consejo General del INE.


Mientras que la Consejera Dana Ravel reconoció que las reglas aprobadas por el Poder Legislativo implicaron para el INE repensar cada etapa del proceso electoral “para hacer posible lo imposible”.
“El funcionamiento y el funcionariado que conforma la estructura del INE respondió con trabajo, compromiso y profesionalismo, no obstante, esta elección hubiera salido mejor con más tiempo para su planeación y más recursos. Ambos temas fueron determinantes para no haber podido garantizar, como en otros procesos electorales, el voto a favor de grupos en situación de discriminación y medidas que garantizaran un voto inclusivo para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual”, mencionó.
Ravel agradeció a las más de 21 mil personas capacitadas que recorrieron el país y convencieron a la ciudadanía de participar “en una elección polémica con la que una parte de la ciudadanía no está conforme, lo que sin dudas multiplicó su trabajo”.

Mientras que la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, opinó que un “proceso de esta complejidad inevitablemente presentó áreas de oportunidad que documentaremos en el futuro”.
La Consejera también destacó que en la elección judicial se registraron más de 458 millones de votos, 116 millones 690 mil 139 votos sólo para la elección de nueve ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian ataque armado contra Las Abejas de Acteal en Tzajalch’en

La organización pacífica de Las Abejas de Acteal denunció las agresiones que sujetos armados perpetraron contra sus integrantes y habitantes de la comunidad de Tzajalch’en, en Chiapas, el pasado 8 de junio, así como la intimidación y criminalización de los defensores comunitarios por parte de las autoridades, quienes «cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres».

«Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas, están bajo riesgo por la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad», acusaron Las Abejas en un comunicado.

El ataque inició la tarde del pasado 8 de junio, cuando se registraron detonaciones de armas de fuego desde un monte a alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. De acuerdo con Las Abejas, las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol, en donde se encontraban reunidas autoridades comunitarias.

«Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado», precisó la organización.

Minutos después de las detonaciones, un grupo de personas armadas llegó a la comunidad de Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos, ante lo cual la población notificó a las autoridades municipales y tiempo después llegaron elementos de la Guardia Nacional y el ejército. Mientras, alrededor de las 20 horas, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en y talaron árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

La violencia continuó el 9 de junio, cuando la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron a la comunidad Tzajalch’en, «según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio». Los funcionarios pidieron a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañaran a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección, a lo que también asistió un integrante de Las Abejas.

«Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, a bordo de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro. El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en, que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos», denunciaron Las Abejas.

Explicaron que la retención de la señora se debía a que se descubrió que se dedicaba a vender distintos tipos de droga en la comunidad, por lo que estaba en proceso de investigación comunitaria conforme a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

«La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres», acusaron.

Las Abejas condenaron que las autoridades municipales y estatales intimidaran a quienes intenta buscar «la paz y la justicia verdadera» en las comunidades en lugar de proteger a la población, por lo que exigieron a los gobiernos que «hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona» y cesen el hostigamiento y criminalización contra la población indígena.

COMUNICADO:

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los Torres, sin rastros de ellos ni de sus casas

Pese a que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ninguno de los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres tiene registrados bienes inmuebles a su nombre, conocida es, en política y sociedad, la ubicación de las viviendas en las que residen junto a su familia.

Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora, habita un condominio en el lujoso complejo New City, ubicado a escasos metros de la línea fronteriza por la garita de San Ysidro, que no podrá cruzar, pues justo ahí a finales de abril, un oficial del CBP (Custom and Border Patrol, por sus siglas en inglés) le retiró su visa para cruzar a los Estados Unidos.

Los condominios que en la actualidad se ofertan en un precio promedio de 600 mil dólares (unos 11 millones de pesos), se promocionan como “un lugar donde tienes todo”, y destacan las áreas comunes para disfrute de los privilegiados residentes: alberca techada, alberca exterior, restaurantes, spa, parque para perros, barbería, cancha de tenis, de raquetbol y de basquetbol, gimnasio, salón de póker, salón VIP, mini market, tintorería, y jacuzzi, entre otras amenidades.

Carlos Torres ha residido en ese complejo desde antes de contraer matrimonio con la gobernadora Marina Ávila Olmeda en 2019, y fue conocido como su domicilio, incluso después de las nupcias. La mandataria llegaba ahí a pernoctar, según lo dicho por el propio ex panista.

Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) no aparece ninguna propiedad, vivienda o bien material a nombre de Carlos Torres Torres. Lo que sí se muestran son algunos negocios en los que tiene participación.

Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora, y junto al cual aparecen los nombres de los Torres en una investigación por huachicoleo y defraudación fiscal, entre otros delitos, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República, en una carpeta de investigación iniciada el 26 de marzo de 2025 cuando en Ensenada, Baja California, Fuerzas Armadas y de la FGR, aseguraron un predio con contenedores con diésel ilícito por casi ocho millones de litros, tampoco tiene propiedades registradas en el RPPC.

A pesar de ello, Luis Alfonso Torres, quien ha sido funcionario federal y local, administrador de la Aduana de Tijuana y subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tiene un domicilio conocido, donde viven él y su familia, y que se encuentra, de acuerdo a vecinos entrevistados por ZETA, en el 4892 de la calle prolongación Puerta de Hierro, en el residencial Puerta de Hierro, erigido en los terrenos de lo que fue el Hipódromo de Agua Caliente, hoy día residencia, casa de casinos y equipo de futbol de Jorge Hank Rhon.

Las casas en el exclusivo residencial de Puerta de Hierro, se ofertan en algunas compañías inmobiliarias de Tijuana, desde el millón 150 mil dólares hasta los tres millones 800 mil dólares, cantidades en dólares americanos que, al convertirlas a pesos, van desde los 58 millones 975 mil pesos a los 194 millones 871 pesos por propiedad, dependiendo la extensión del terreno, de la construcción y las amenidades.

Ambos hermanos, esposo y cuñado de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, no han dejado rastro de su presencia en Baja California, desde el 10 de mayo de 2025, cuando Carlos Torres dio a conocer vía Facebook que su visa de no migrante para cruzar a los Estados Unidos le había sido retirada. De hecho, la última ocasión en que se vio públicamente al primer caballero de Baja California, fue durante la celebración del Tianguis Turístico en Baja California, que se realizó del 28 de abril al 1 de mayo de este 2025.

De Luis Torres, vecinos refieren haberle visto aun el fin de semana del 10 de mayo, degustando platillos en restaurantes en las inmediaciones del Hipódromo Agua Caliente, pero una semana después se desconocía su paradero. Hasta la fecha, comentaron residentes de Puerta de Hierro, “guardaron sus camionetas y en la casa no se les ve”; de manera eventual alguno de sus vástagos acude a la mansión, pero del cuñado de la gobernadora, nada se sabe.

UNA “RENUNCIA” OBLIGADA

Esta semana los Torres volvieron a ser tendencia en la conversación local y nacional, luego de que el martes 3 de junio, tras 27 días de haber informado de la revocación de su visa de turista para ingresar a los Estados Unidos, y haber dejado que la gobernadora Marina Ávila, sola -acaso acompañada de su gabinete-, enfrentara la crisis por las revocaciones de las visas; primero la de su esposo, posteriormente la de ella, de nueva cuenta a través de su página personal de Facebook, Carlos Torres publicó que se retiraba de la vida pública, y renunciaba a los cargos honorarios que ostentaba tanto en el Gobierno del Estado como en el Ayuntamiento de Tijuana.

Textualmente, el texto de Torres Torres, se lee así:

“A mis amig@s y a la opinión pública:

Sé que, en momentos como este, la polarización y los señalamientos —aunque infundados— no ayudan al clima que el estado y su gente necesitan.

Por eso, y por decisión propia, he hecho una pausa en los proyectos sociales y de participación pública en los que venía colaborando de manera honoraria. Lo hago con la tranquilidad de saber que hay un gran equipo humano que seguirá trabajando con compromiso en beneficio de miles de familias.

Por ahora, dedicaré más tiempo y atención a mi familia, a quienes hoy, más que nunca, elijo priorizar.

Me mantendré activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales.

Sé que el tiempo acomoda todo, y cerrar esta etapa también abre la posibilidad de comenzar otra cuando sea el momento.”

Mientras tanto. Sigo aquí, a disposición de mis amig@s , de mi familia y de quienes siempre han confiado en mí.

Carlos A Torres” [sic].

Aunque ciertamente no renuncia a sus cargos honorarios como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tijuana, sino que informa literalmente que hará “una pausa”, en el ambiguo texto del esposo de la gobernadora, se entiende que ya no continuará laborando sin paga para ambos gobiernos.

En el Ayuntamiento de Tijuana, en los corrillos de la oficina del presidente Ismael Burgueño, morenista, aun cuando su candidatura a la alcaldía la firmó el Partido Verde Ecologista de México, se dice que “Carlos Torres tenía ya meses sin venir a las oficinas; se veía distanciado del alcalde Burgueño”.

Entre los proyectos de los que Torres se encargaba de manera “honoraria”, están: en Mexicali, el Parque de Las Lagunas, el rescate del Centro Histórico; mientras en Tijuana, El Parque Esperanto y la remodelación de la Avenida Revolución, donde cerró calles al tráfico vehicular para hacerlo peatonal, colocó juegos de feria y un letrero luminoso con el nombre de la ciudad.

A pesar de haber utilizado recursos públicos para la habilitación de los parques, en maquinaria, reforestación, habilitación de áreas de esparcimiento y deporte o para la contemplación y el relajamiento, introducción de servicios públicos, compra de equipos y adornos y un largo etcétera, de ninguno de estos cuatro proyectos -dos en Mexicali y dos en Tijuana- hay transparencia sobre el uso de los recursos destinados y el manejo de los mismos. Tampoco de las concesiones, licitaciones o contratos que se hayan establecido con empresas para la elaboración de productos o la prestación de servicios. Como, por ejemplo, la contratación de la viña navideña con pista de patinaje de hielo en Tijuana.

A pesar de las solicitudes de información a través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información que aun funcionan en Baja California, no se ha logrado que el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento de Tijuana den a conocer cuánto presupuesto ha manejado Carlos Torres Torres en sus “proyectos estratégicos” en las dos ciudades, con todo y que la Ley obliga a quien ejerza recurso público a rendir cuentas del uso del mismo con transparencia. Pero el esposo de la gobernadora, hasta la fecha, ha trabajado utilizando el recurso y las amistades, a discreción.

UNA VIDA EN LA POLÍTICA

En cuanto a negocios personales, carrera profesional o actividad lucrativa alguna, a Carlos Torres Torres se le conoce muy poco. Lo más notorio de su vida ha sido en la participación política y de gobierno, aun cuando sea el de su esposa.

Con 21 años, y aun estudiando la universidad, Carlos Torres salió a la escena pública como secretario general de Acción Juvenil en Baja California; su carrera política la inició en el PAN, partido al que años después traicionaría.

Hasta los 25 años fue líder de las juventudes panistas bajacalifornianas, tiempo en el cual no se le conoció trabajo privado alguno, a pesar que estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Del 2001 al 2004, es decir, de los 26 a los 29 años, se mantuvo ejerciendo de tiempo completo la política, como secretario general de las juventudes del PAN en el ámbito nacional. En el inter, durante dos años (de 1998 a 2001), laboró en el gabinete de Francisco Vega de Lamadrid cuando éste era alcalde de Tijuana, y le dio la oportunidad como director del programa Juventud del Ayuntamiento.

Para 2003, ya con 28 años, Carlos Torres Torres se convirtió en diputado federal suplente hasta el 2006, cuando entró, con 31 años de edad, como diputado federal propietario por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña ni obtener el voto de los electores. Una vez más, se dedicó de lleno al legislativo hasta el 2009, sin que diera a conocer actividades lucrativas en el sector privado, académico o profesional.

La derrota electoral no impidió que el presidente Calderón no continuara beneficiándole. Para el 2011, lo nombró delegado de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social, hoy Bienestar), y ese cargo lo mantuvo hasta 2012, cuando el último mandatario nacional emanado del PAN concluyó su periodo.

En 2019, otra vez el PAN le concedió una diputación local en el Congreso de Baja California, pero rápidamente la traición política lo acercó al partido Morena, encabezado entonces por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien Torres Torres y otro grupo de panistas favorecieron con su voto para aprobar una reforma que le aseguraba a Bonilla cinco años de gobierno en lugar de los dos para los cuales había sido electo.

Tal entuerto legal, en el que Carlos Torres participó activamente, tuvo dos consecuencias: primero, el ex líder de las juventudes albiazules fue expulsado de ese instituto político; y segundo -y más trascendente-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla aprobada por el Congreso de Baja California, y mantuvo en dos años el periodo de gobierno bonillista, lo cual, paradójicamente a los deseos de Torres al apoyar al exmandatario, le dio la oportunidad a su ahora esposa, Marina Ávila Olmeda, de ser candidata al Gobierno del Estado en el 2021.

A partir de su matrimonio con Ávila Olmeda, cuando ella era alcaldesa de Mexicali en 2019, Torres se ha dedicado a “proyectos especiales” en las administraciones de su esposa; dicho por él, “sin cobrar un peso”, pero sí utilizando recursos públicos no transparentados hasta la fecha.

Entre 2019 y 2025, durante la alcaldía y la mitad del gobierno de su esposa Marina Ávila, de Carlos Torres sólo se sabe que ha trabajado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), un semestre en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, con un sueldo de 751.50 pesos la hora, al tener clasificación “C” como profesor ordinario de asignatura. Fuera de eso, a pesar que se presenta como asesor y conferencista, no se lo conocen ingresos adicionales, dado que su declaración patrimonial no es pública.

LOS NEGOCIOS REGISTRADOS DE LOS TORRES

Aun cuando no tienen propiedades registradas en el RPPC de Baja California, pero sí domicilios conocidos, Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso sí aparecen como accionistas en negocios diversos.

El esposo de la gobernadora, ahora retirado de la vida pública, y en pausa sus labores honorarias en dos administraciones públicas, y quien señaló se mantendrá “activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales”, aparece como accionista en tres empresas registradas en Baja California:

1.- Vida Orgánica Tijuana S. de R.L. de C.V., donde también aparece su esposa y su hermano Luis, y tiene actividad en Tijuana, Baja California.

2.- Operadora Gastronómica Picuditas S. de R.L. de C.V., también con actividad en Tijuana.

3.- La Bella Época Dulcería Mexicana S.A. de C.V., con actividad en la Ciudad de México.

Su hermano Luis Alfonso Torres Torres aparece como socio en cinco empresas más. Tres constituidas en el tiempo en que su cuñada ya era alcaldesa y gobernadora, y dos previas, cuando los Torres Torres aún estaban ligados al Partido Acción Nacional:

1.- En 2020, cuando su cuñada era alcaldesa de la Capital del Estado, Luis Alfonso Torres inició sociedad con cuatro personas más, dos de ellos de apellido Lameiro, en la sociedad denominada The Woods Bar, S. de R.L de C.V., con domicilio en Tijuana.

2.- En el 2021, cuando su cuñada participaba en la campaña al Gobierno del Estado, Luis Torres entró a otra sociedad con 12 personas más, 11 de ellas de apellido Lameiro, en la sociedad Desarrolladora Plaza Revolución S. de R.L. de C.V., con operación en Tijuana.

3.- En el año 2022, Luis Alfonso Torres Torres abrió una tercera empresa, Distribuidora y Comercializadora ATAF, junto a otro socio.

4.- La empresa más lejana en apertura que tiene el hermano del primer caballero de BC, se inició en 2005 y se trata de Comercializadora Global de Textiles S.A. de C.V., con un socio más.

5.- En 2016 constituyó la empresa Edifika Desarrollos Baja S. de R.L. de C.V., con un socio adicional.

Pero a pesar de las empresas registradas oficialmente de los Torres Torres, Carlos y Luis no tienen propiedades dadas de alta a su nombre, pero sí domicilios conocidos; de hecho, más que como empresarios, al poseer uno tres empresas y cinco otro, se les conoce por su actividad política, primero con el PAN, después con Morena, aunque desde mediados de mayo no se les haya visto públicamente ni en Baja California ni en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

SCJN ordena inmediata liberación de Juana Hilda González, encarcelada 19 años por caso “Wallace”

La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió liberar a Juana Hilda González, quien fue encarcelada desde hace 19 años por el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La presidenta de la sala, Loretta Ortiz, ordenó que se comunique la sentencia lo más rápido posible al sistema carcelario para lograr la libertad inmediata.

La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice que el Estado no “logró demostrar que las ‘confesiones’ que la detenida rindió, el 6 y 21 de febrero de 2006, cuando estaba retenida bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura. Por tanto, esa prueba debe invalidarse, así como cualquier otra que se hubiese obtenido con motivo de esta supuesta confesión”.

De estas “confesiones” se derivaron actos de investigación que, por lo tanto, también deben ser declarados ilegales.

El único ministro que votó en contra fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, aunque no explicó los motivos.

    

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere durante operativo 'Don Balde', fundador del Cártel de Chiapas y Guatemala

'Don Balde' operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles.

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad mexicanas y presuntos integrantes del crimen organizado ocurrido el pasado 8 de junio terminó con la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Balde”, identificado como uno de los líderes del Cártel de Chiapas y Guatemala, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo comenzó en territorio mexicano y se extendió hasta Guatemala, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresó sus disculpas por los hechos ocurridos  en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla.

De acuerdo con autoridades estatales y federales, Calderón Carrillo y otras tres personas fueron abatidas durante el operativo.

Según medio nacionales, “Don Balde” operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles. Su hijo, conocido como “El Teniente”, también murió durante el fin de semana en otro operativo policiaco.

Ambos eran señalados como autores intelectuales de una emboscada ocurrida el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y calcinados dentro de su patrulla.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, confirmó la identidad de los abatidos e informó a medios locales que todos pertenecían al Cártel de Chiapas y Guatemala.

“El jefe de plaza operaba allá, controlaba la zona, reclutaba a los kaibiles y coordinaba las operaciones desde ese lado. Él fue uno de los que cayó en este operativo”, declaró el funcionario.

Sobre la incursión de elementos mexicanos en territorio guatemalteco, el secretario informó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación y que también la Secretaría de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país fueron notificadas para analizar el alcance de lo ocurrido.

Según versiones recogidas por autoridades mexicanas, la confrontación comenzó del lado de México y cruzó la frontera hacia Huehuetenango, Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares y policías guatemaltecos en el lugar, quienes no intervinieron durante el enfrentamiento y, en algunos casos, parecían estar próximos a los civiles armados.

Durante el operativo se aseguraron cuatro camionetas, tres de ellas blindadas, así como tres rifles AK-47 y un fusil R-15 con aditamento lanzagranadas, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió en 2023, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región fronteriza. No obstante, fuentes de inteligencia apuntan que esta célula opera principalmente como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ceci Flores, los LeBarón y más activistas exigen la renuncia de Noroña

El documento, respaldado por figuras clave en la lucha por derechos humanos, señala que Noroña ha minimizado el dolor de familias de desaparecidos y ha sido irresponsable en el tema migratorio.

Ceci Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, y Bryan LeBarón Jones, activista y familiar de víctimas de la masacre de LeBarón, encabezan un llamado para que el senador Gerardo Fernández Noroña renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, tras lo que califican como “declaraciones insensibles” que afectan a víctimas de violencia y ponen en riesgo a migrantes.

Mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, los firmantes –entre los que destacan familiares de desaparecidos, líderes sociales y defensores de derechos humanos– acusaron al legislador de “traicionar el mandato de representar con dignidad a los mexicanos” y de alimentar un clima de hostilidad con sus palabras.

“Sus palabras nos han lastimado”: El reclamo

El documento, respaldado por figuras clave en la lucha por derechos humanos, señala que Noroña ha minimizado el dolor de familias de desaparecidos y ha sido irresponsable en el tema migratorio.

“Sus comentarios minimizando el sufrimiento de las víctimas de la violencia, su falta de empatía hacia las madres buscadoras que claman por sus hijos desaparecidos y su actitud han generado un agravio tras otro”, dice la carta firmada por diversos activistas y defensores de Derechos Humanos.

La misiva también señala que las recientes declaraciones de Noroña sobre migración fueron interpretadas como una “provocación” por legisladores estadounidenses, lo que derivó en una propuesta para incrementar un 5% el impuesto a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos.

“Sus palabras le pueden costar el sustento a millones de familias mexicanas”, advirtieron, subrayando que, en lugar de defender a los migrantes, el senador ha “vulnerado su esfuerzo” y exacerbado la discriminación en su contra.

“Señora presidenta, usted ha hablado de un México de justicia, de unidad y de respeto. Le pedimos, que escuche el clamor de las víctimas, de las familias de los desaparecidos, de los periodistas desplazados y de los migrantes que hoy se sienten traicionados. Solicitamos que exija la renuncia del senador Gerardo Fernández Noroña a su cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado y a su escaño como senador. Su conducta no solo es incompatible con los valores de su gobierno, sino que daña irreparablemente la confianza en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables”, añade la carta.

CARTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia en separos de Chiapas: detienen a policías por asesinato de mujer detenida y rescatan a otra encerrada por 4 días

Cinco policías de Sunuapa fueron detenidos por el homicidio de una mujer en los separos municipales. Además, en Tzajalchén, se rescató a otra mujer tras cuatro días de encierro.

Este martes, la Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de cinco policías por el homicidio de una mujer en los separos preventivos del municipio de Sunuapa. Asimismo, en hechos separados, elementos de la Fiscalía, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, rescataron a otra mujer que ya tenía cuatro días encerrada en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén.

Los detenidos fueron identificados como Isaías “N”, Héctor “N”, Alejandro “N”, Alberto “N” y Silvia “N”, quienes estarían relacionados con la muerte de Gabriela “N”.  Además, se les acusa de ejercicio ilegal y abandono de funciones públicas,

De acuerdo con las investigaciones, la víctima perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia, lo que motivó la intervención de las autoridades. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En una acción paralela, la FGE, reportó el rescate de una mujer que permanecía privada de su libertad en el municipio de Chenalhó.

Los hechos ocurrieron tras recibirse una denuncia sobre disparos de arma de fuego en las comunidades de Tzanembolom y Tzajalchén. Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a la víctima, quien llevaba cuatro días encerrada en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén.

La mujer fue trasladada a San Cristóbal de Las Casas, donde recibió atención médica y psicológica, con el objetivo de reintegrarla a su familia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva habría sido ordenado por “El Mencho”

La información surgió durante la audiencia en la que fue sentenciado a 12 años de prisión "El Pool", uno de los responsables del ataque contra el periodista.

Un juez federal condenó a 12 años de prisión a Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo “El Pool” por el atentado perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022. 

Durante la audiencia en la que el juez emitió el fallo, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, dijo que es posible que el atentado fuera ordenado directamente por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia de procedimiento abreviado fue celebrada este martes ante el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien declaró culpable a “El Pool” de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio. 

Con ello, fue emitida la primera sentencia condenatoria contra uno de los responsables del atentado contra el periodista. 

Como parte del procedimiento abreviado, Gómez Jaramillo aceptó declararse culpable de los delitos por los que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de recibir penas menores. 

Así, obtuvo una sentencia de 5 años y 3 meses por asociación delictuosa y 6 años y 8 meses por tentativa de homicidio. 

En sus declaraciones, Gómez Jaramillo afirmó que antes del ataque contra el periodista se realizó una reunión en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, quien les dijo que formaba parte del CJNG y que la misión era un “encargo del señor Mencho”. 

Añadió que, para ello, él, Héctor Eduardo Martínez Jiménez “El Bart” y otros detenidos por el caso, fueron adiestrados en un campamento de Ciudad Guzmán, Jalisco. 

La noche del 15 de diciembre de 2022, fecha de los hechos, Ciro Gómez Leyva se dirigía a su domicilio en la Ciudad de México cuando hombres armados le dispararon al menos 12 veces a la camioneta blindada en la que viajaba. 

Gracias al blindaje de la camioneta el periodista salió ileso, e inmediatamente después del ataque, decidió difundir en redes las imágenes de su camioneta y un relato de lo que acababa de ocurrirle.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
FUENTE: 10 JUNIO 2025.

Buscan a sobrino de la periodista Gloria Muñoz, secuestrado en octubre de 2024

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho.

Jesús Muñoz Mata, de 35 años, permanece desaparecido desde el 20 de octubre de 2024, cuando fue secuestrado en el municipio de Alvarado, Veracruz. A pesar de que su familia accedió a las exigencias económicas de los captores, hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

Jesús es sobrino de la periodista Gloria Muñoz, quien junto a familiares ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del programa “¿Has visto a…?”.

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho. 

El registro oficial de la FGR es el 538/DS/2025. Cualquier información puede ser reportada al correo electrónico hasvistoa@fgr.org.mx, al portal hasvistoa.fgr.org.mx o al número 55 80 59 66 74. 

La familia hace un llamado especial a las comunidades de Veracruz y Quintana Roo para colaborar en la difusión del caso y apoyar en la localización de Jesús.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Halconazo: impune y con los documentos censurados

Durante más de cinco décadas, el Estado mexicano ha sido omiso en atender el reclamo de justicia que, del antiguo régimen priista, pasó por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.

Hace 54 años, el 10 de junio de 1971, el país vivió uno de los episodios más cruentos de represión: la Masacre del Jueves de Corpus o “El Halconazo”. Hoy, el crimen, cuyas víctimas tiene un estimado mínimo de 100 personas, se mantiene impune. 

Durante estas más de cinco décadas, el Estado mexicano no sólo fue responsable de aquel episodio de violencia perpetrado contra estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. También ha sido omiso en atender los reclamos de justicia que, del antiguo régimen priista, pasaron por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.

Los procesos judiciales siguen activos, de acuerdo con Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del Comité 68, colectivo que además de la masacre estudiantil de Tlatelolco, reivindica la necesidad de justicia en los hechos de 1971. 

En 2021, al cumplirse 50 años desde los hechos en la zona aledaña al Metro Normal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa de Estado. El principal compromiso, dijo, era la no repetición y aunque en su gobierno creó una instancia para investigar violaciones graves de derechos humanos en el pasado, el avance fue exiguo. 

En la vía judicial, en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando fue creada la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el “Jueves de Corpus” llegó a manos de la magistrada Herlinda Velasco. El propósito era procesar a Luis Echeverría por genocidio. Pero la juzgadora consideró que no se acreditaba el carácter nacional del grupo agraviado y desechó el asunto. 

El asunto pasó entonces a un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte, que lo regresó al tribunal donde finalmente se le dio carpetazo. 

Con lo anterior, el Comité 68 y varios sobrevivientes de la matanza acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Para 2022, un año después de la disculpa de Estado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de la CIDH que había pedido información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard. 

La cancillería respondió que no tenía relación con el tema y, una vez que la CIDH persistió en el requerimiento, el Estado Mexicano expuso que los quejosos no habían agotado todas las instancias. Así que debieron regresar a gestionar amparos.  

Es una de muchas contradicciones, explica Hernández Gamundi. 

Documentales censuradas

La movilización de estudiantes del Jueves de Corpus fue la primera marcha después de la del 2 de octubre de 1968. Algunos jóvenes, presos políticos del 68, habían sido amnistiados y, uno de ellos, como Pablo Gómez Álvarez, decidieron participar sólo para vivir de nuevo la represión. 

Los nombres de los políticos y mandos de seguridad de la época, la mayoría procedente del Ejército Mexicano, aparecieron desde entonces y hasta ahora como responsables: Luis Echeverría, Mario Moya, el general Manuel Díaz Escobar, Alfonso Martínez Dominguez. Hoy, ellos y otros implicados ya fallecieron. 

Sin embargo, la demanda de verdad y justicia se ha mantenido y las esperanzas de un avance significativo en conseguirlo, se cifraba en la incorporación de actores políticos (como el mencionado Pablo Gómez) al gobierno, así como de veteranos de la izquierda como Alejandro Encinas, quien arribó a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación en 2018. 

Como se recordará, al iniciar su gobierno, López Obrador ofreció la desclasificación de todos los expedientes de las policías políticas, luego se metió freno a la decisión y, finalmente, el asunto quedó en revelaciones parciales. 

El proceso volvió a topar con la fuerza del Ejército y los cuerpos de seguridad.  

Al respecto, Hernández Gamundi sostiene que el mayor avance ha sido la entrega de expedientes militares al Archivo General de la Nación. Pero fue una entrega parcial y además censurada. 

“Nosotros insistimos en que eso no es suficiente”, dijo. 

Lo deseable, dice, sería que los expedientes oficiales fueran entregados a una autoridad ministerial o judicial, porque tendría una connotación diferente. Por ahora, lo que hay, es un índice con expedientes en los que la mayoría de las páginas están tachada, borradas.  

“Nosotros hemos insistido mucho que es información que debe entregarse oficialmente a una autoridad ministerial o judicial eso no ha ocurrido”. 

Las comisiones

El mismo 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.  

En enero de 2020 se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, cuya meta es recopilar información a fin de que las víctimas directas e indirectas tengan acceso al derecho a la verdad. Resultado de ello se emitieron la Recomendación General 46/2022 y la Recomendación por Violaciones Graves 98/2023.  

En ambas recomendaciones se señaló que las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto para profundizar en las causas y orígenes de estas prácticas represivas, constantes en la historia de México contra un grupo de personas en específico. 

Con lo anterior y la respuesta dada a la CIDH, se reactivaron las carpetas de investigación y se crearon mesas de trabajo. 

Apenas el año pasado, los trabajos de esas mesas comenzaron a avanzar, dice Hernández Gamundi. Se trata de una mesa con la subsecretaría de Derechos Humanos, en Gobernación, y otra con la Fiscalía General de la República con agentes especializados que están revisando el “Halconazo” y lo ocurrido durante la llamada “guerra sucia”. 

La semana pasada hubo sesión de la mesa con Gobernación. Hernández Gamundi planteó ahí que, en el informe del Mecanismo de Historia, hay recomendaciones muy atendibles. 

“Entre esas recomendaciones, la comisión da una ruta para que se reabran los procesos, se proceda a juzgar a los responsables y se garantice la reparación del daño de las víctimas. Es lo que está en la mesa de trabajo, es lo que está en el tapete de las discusiones”. 

“Ya es tiempo”

Para muchos, el Halconazo marcó el inicio del proceso represivo que se conocería como la “guerra sucia”, que se radicalizó con la aparición de nuevos movimientos y, en particular, de movimientos armados. Los crímenes cometidos en el periodo permanecen mayoritariamente impunes. 

“Yo sostengo que ya es tiempo de que estos temas se resuelvan porque son casos de una impunidad atroz, que además de ser víctima de un delito de lesa humanidad, es decir, que ofende la naturaleza del ser humano, hay una impunidad que pavimenta el camino para nuevas impunidades y agravios”, dice el veterano luchador social. 

Para Hernández Gamundi, en la impunidad de lo ocurrido en ese tiempo está la clave de lo que sucede hoy: 

“Esta realidad que no se corrige, de corrupción en la vida nacional, es consecuencia de un estado de impunidad al que no se le ve fin. Yo digo: es tiempo ya de que estos casos se resuelvan para comenzar a ponerle freno a la impunidad y que podamos verdaderamente estar en una condición de vida diferente”. 

Y concluye: 

“No se puede hablar de democracia y libertad donde los aparatos de justicia no hacen su trabajo y vivimos en zozobra. Esto depende de la voluntad oficial y el nivel de organización que logremos los ciudadanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Secuestran a Don Panchito, buscador del colectivo Hasta Encontrarte, y matan a su hijo en Irapuato, Guanajuato

Don Panchito, padre buscador, fue privado de la libertad por sujetos armados en su propio domicilio en Irapuato, mientras que su hijo Jaime fue asesinado.

En Irapuato, Guanajuato, sujetos armados ingresaron al domicilio de José Francisco Arias, conocido como Don Panchito y padre buscador en activo del colectivo Hasta Encontrarte, a quien privaron de la libertad mientras que a su hijo Jaime González Vázquez, de 27 años, lo asesinaron.

“Desaparecieron a un buscador (…) y antes de desaparecerlo matan a su hijo. Exigimos a las autoridades buscarlo con vida. Ni un buscador más!!!!” (sic), escribió el colectivo en su página de Facebook tras los hechos ocurridos la noche de este lunes 9 de junio.

Viviana Mendoza, integrante de Hasta Encontrarte, relató a Animal Político que alrededor de las 20:00 horas de este lunes la señora Eva María Vázquez Flores, esposa de Don Panchito y también parte del colectivo, se comunicó en el grupo de WhatsApp de la agrupación para informarles que su esposo había sido secuestrado y su hijo asesinado.

Ante esto, los integrantes del colectivo se trasladaron al lugar de los hechos, en la colonia Álvaro Obregón, en donde la señora Eva les relató que se encontraba con su esposo viendo la televisión cuando sujetos armados ingresaron a la fuerza y los colocaron boca abajo, por lo que no pudo ver en qué momento mataron a su hijo Jaime, quien se encontraba en la parte de arriba de la casa, y solo presenció cuando se llevaron a su esposo.

De acuerdo con Viviana, el señor José Francisco no les había comunicado haber recibido amenazas o que sintiera algún tipo de riesgo. “No logramos entender porqué lo privaron de la libertad y porqué asesinaron a su hijo”, añadió.

La privación de la libertad del padre buscador y su hijo en Irapuato fue condenada por organizaciones en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las cuales, al igual que el colectivo, exigieron su localización con vida, así como seguridad para personas buscadoras y el cese de agresiones en su contra.

“Que la gente sepa que buscar y ser parte de un colectivo no es fácil, es vivir con miedo de que te maten todos los días por buscar a un ser querido. Y en ese camino uno va creando un lazo de hermandad (…) Todas las del colectivo volvimos a sufrir la desaparición de un familiar (por el secuestro de Don Panchito)”, señala Viviana Mendoza.

Si bien la Fiscalía estatal inició con las investigaciones correspondientes, hasta el momento de la publicación de esta nota no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato únicamente realizó una publicación en redes en la que informa que “a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) difundimos en sitios públicos las Fichas de Búsqueda de Irapuatenses”, esto sin mencionar el caso específico de Don Panchito pero en las fotos se ve a una funcionaria colocando su ficha de búsqueda en paredes.

Cabe destacar que José Francisco y Eva María buscan a su hijo Miguel Ángel González Vázquez, desaparecido el 20 de enero de 2022, y localizado sin vida en febrero de 2023, pero como la Fiscalía sólo restituyó fragmentos del cuerpo, ellos decidieron continuar en la búsqueda así como apoyar en el rastreo de otras víctimas de desaparición y participar en marchas.

Agresiones contra personas buscadoras en México

En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas en el país, para un promedio de dos cada año.

Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.

Ante esta situación, en febrero de 2024 familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante el incremento de amenazas y asesinatos en su contra.

Como parte de esa exposición, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante el sexenio de Andrés Manuel Lópe Obrador. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GERARDO BORBOLLA.

Gobierno ignora a la Suprema Corte; reforma de la Guardia Nacional autoriza operaciones encubiertas

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma para expedir una Ley de la Guardia Nacional, en la que se autorizan las operaciones encubiertas y de usuarios simulados, a pesar de que la Suprema Corte invalidó esa facultad en 2023.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una reforma al Congreso para que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, a pesar de que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta facultad por considerar que se podrían cometer violaciones a los derechos humanos.

Hace dos años, el máximo tribunal del país lo invalidó al considerar que es una técnica de investigación prevista especialmente para el Ministerio Público y porque podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y la comisión de violaciones a derechos humanos.

Dos años después de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, en la que otra vez se contempla que esta institución ejecute operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos.

La fracción VI del artículo 9 de la iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional señala que es atribución de esta institución “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito”.

En contraste, la fracción VI del artículo 9 de la actual Ley de la Guardia Nacional, que la Suprema Corte invalidó en 2023, señala que esta dependencia tenía la atribución de “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en términos de las disposiciones aplicables”.

La SCJN invalidó el artículo luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso la acción de inconstitucionalidad 62/2019. Las y los ministros le dieron la razón al organismo autónomo con 9 votos a favor y dos en contra.

El primero es el artículo de operaciones encubiertas que propone Sheinbaum, y el segundo es el artículo de operacioes encubiertas que la Corte invalidó hace dos años.

En aquella ocasión, la SCJN invalidó estas atribuciones a la Guardia Nacional porque no había una lista de delitos para aplicar este tipo de operaciones, lo que dejaba la puerta abierta para que se realizaran de forma arbitraria.

De igual forma la Corte consideró que las operaciones encubiertas no son compatibles con la prevención del delito, sino que éstas se realizan cuando ya hay una investigación en curso y cuando ya existe información previa de que se está cometiendo un delito, como lo establece el propio Reglamento de la Guardia Nacional que aún está vigente.

Por su parte, al interponer su acción de inconstitucionalidad, la CNDH argumentó que permitir a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas para “prevenir” un delito podía derivar en un uso arbitrario de esta facultad.

“La falta de precisión y señalamiento de límite alguno en cuanto a la facultad de la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de los delitos, permite que de manera discrecional se realicen esas actividades, ya que no se requiere que se cuente con elementos suficientes que presuma que se está cometiendo un delito, lo que implica una vulneración a los derechos humanos, tales como de intimidad, privacidad y de la prohibición de injerencias arbitrarias”, consideró la CNDH.

Luego de la elección judicial del pasado 1 de junio, en la Suprema Corte solo quedarán dos de los 11 ministros y ministras que hace dos años debatieron sobre invalidar las operaciones encubiertas y de usuarios simulados. Una es Loretta Ortiz Ahlf, quien votó a favor de la invalidación, y otra es Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra.

El Congreso prevé aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional junto con otras reformas a finales de este mes, cuando se realice un periodo extraordinario de sesiones.

Capacitación policial para la Guardia Nacional

El paquete de reformas enviado al Congreso por Claudia Sheinbaum contempla la expedición de una Ley de la Guardia Nacional, así como modificaciones a otras ocho legislaciones.

Se trata de un paquete de leyes reglamentarias de otra reforma constitucional aprobada el año pasado, con la que se concretó el pase de la Guardia Nacional al Ejército mexicano.

Entre otras modificaciones, la reforma propuesta por la presidenta de México también refuerza que la Guardia Nacional tendrá capacitación policial, aunque ya no estará adscrita a una institución civil, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mientras forman parte de la Guardia Nacional, sus integrantes deberán contar con un Certificado Único Policial actualizado, el cual será expedido por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza.

De igual forma se establece que la Guardia Nacional podrá investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público; detener y poner a disposición a sospechosos; preservar lugar de los hechos de un crimen; requerir información a personas físicas y morales con fines de investigación, emitir informes y partes policiales; ejecutar órdenes de aprehensión, y entrevistar personas en caso de flagrancia.

Colaboración con estados y municipios

La iniciativa de Claudia Sheinbaum también contempla la colaboración entre la Guardia Nacional, los estados y los municipios para combatir la inseguridad.

La Guardia Nacional podrá suscribir convenios de colaboración con autoridades locales, quienes se tendrán que comprometer a establecer un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de sus policías.

La iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional también establece que esta institución de seguridad operará con los recursos proporcionados por el gobierno federal, pero los estados y municipios también tendrán que cooperar económicamente si quieren hacer un convenio para combatir el crimen con el personal militar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.