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El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y se ha convertido en un súper Secretario, sólo falta que empiece a dar buenos resultados porque con algunas excepciones en el combate al huachicol fiscal, sin detenciones importantes a la fecha, la inseguridad no ha disminuido, la violencia se ha exacerbado y los cárteles siguen ahí con sus liderazgos, en la impunidad".

Omar García Harfuch controla el tema de la seguridad no sólo en el Gobierno de la República, también en muchos estados y municipios del país, particularmente aquellos que integran la lista de los más inseguros o violentos. Con la venia de la Presidenta Claudia Sheinbaum se coordina tanto con la Fiscalía General de la República, como con la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas.

En el tema de la seguridad, no hay hecho que se escape a la atención del policía García Harfuch, y esa infraestructura que ha creado para que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal la coordinadora de los esfuerzos, investigaciones e inteligencia de otras instituciones y Fuerzas Armadas, fue reforzada con el nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reyes es una de las personas más cercanas y de confianza de García Harfuch, y quien ha estado en la designación de secretarios de seguridad en municipios y estados, con lo que el nombramiento que le dio la Presidenta al frente de la UIF fortalece más al súper secretario, pues no sólo coordina al resto de las corporaciones, y a gobernadores y gobernadoras, ahora también podrá, desde la inteligencia financiera de la SHCP, investigar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, el financiamiento a los cárteles, y a través de Omar Reyes y con la actuación de la FGR, podrá congelar cuentas de empresas o personas ligadas al crimen organizado.

El fortalecimiento de la estructura en la dominancia política y administrativa de Omar García Harfuch sucede precisamente cuando la Presidenta anunció la firma de un acuerdo en materia de seguridad con el Gobierno de los Estados Unidos, siendo este el tema más sensible para el vecino país, especialmente por el trasiego y el consumo de drogas, y trágico para México dados los altos niveles de violencia que se registran diariamente en la Nación.

Ya desde los primeros días de su nombramiento como Secretario de Seguridad, García Harfuch había sido reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos como su enlace en materia de seguridad en el Gobierno Mexicano, los agentes que realizan labor de inteligencia en el vecino país, de corporaciones como la DEA o del Departamento de Seguridad del Interior, recibieron notificaciones para que todo el intercambio de información se hiciese a través del Secretario de Seguridad de Sheinbaum.

Ha sido García Harfuch quien ha informado de investigaciones incluso de exfuncionarios morenistas, como fue el caso de Hernán Bermúdez, el prófugo exsecretario de seguridad de Tabasco por delitos de narcotráfico al ser identificado como líder de una célula que sirve al cártel Jalisco Nueva Generación y, además, cercano a Adán Augusto López Hernández, el derrocado-políticamente-senador y exsecretario de gobernación.

Omar Reyes, el recién nombrado titular de la UIF, ha desempeñado otros cargos de la mano de García Harfuch, el último en calidad de jefe del área de Prevención y Reinserción Social, aun cuando también fue director de la Oficina Central de la Interpol en México.

A diferencia de su antecesora, Icela Rodríguez, quien era una especie de notaria de las cifras de la inseguridad en el país, y dejó la estrategia de combate a la misma en la esfera de la Guardia Nacional ya desde entonces en la facultad del Ejército Mexicano, García Harfuch es un Secretario Operativo, que ha estructurado la dependencia para coordinar la estrategia de seguridad y dar certeza de manera particular, a la Unión Americana, del compromiso de la Presidenta para combatir al crimen, un tema que está sobre la mesa de la negociación binacional so pena del incremento de los aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump.

La Presidenta ha dicho que en los siguientes días se firmará un acuerdo internacional para “reducir el ingreso de precursores de fentanilo México”, para el tráfico de armas que entran a México desde la Unión Americana, entre otros temas, pero también ha sido enfática en que la soberanía va por delante, y ha cerrado el tema de una incursión militar norteamericana en territorio nacional como lo ha sugerido el Presidente de los Estados Unidos. En ese contexto, el acuerdo estaría más enfocado en el intercambio de información, la inteligencia y la persecución de las estructuras criminales a partir de investigar, descubrir y congelar sus áreas financieras.

Recientemente el Gobierno de los Estados Unidos enfocó sus baterías hacia ese sector, cuando ubicó en su lista negra a tres instituciones financieras mexicanas, Vector, CI Banco e Intercam, señalándolos de haber sido artífices para el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La incorporación de un preponderante miembro del equipo de García Harfuch a la titularidad de la UIF, devela que el Gobierno de la República seguirá el camino del norteamericano para investigar las estructuras financieras criminales.

Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y se ha convertido en un súper Secretario, sólo falta que empiece a dar buenos resultados porque con algunas excepciones en el combate al huachicol fiscal, sin detenciones importantes a la fecha, la inseguridad no ha disminuido, la violencia se ha exacerbado y los cárteles siguen ahí con sus liderazgos, en la impunidad, y con atrevimientos como el crimen de Ernesto Vázquez, el recién nombrado delegado de la FGR en Tamaulipas, esta semana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

La 4T "va para largo", asegura la Presidenta; no ve riesgo de "fractura" en Morena

La declaración de Sheinbaum ocurre luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera el lunes que dentro de la Cuarta Transformación (4T) hay "fuego amigo".

La Presienta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que la Cuarta Transformación (4T) "va para largo", luego de rechazar que en el movimiento que lidera haya riesgos de fracturas y disputas internas por la reforma electoral, tras declaraciones al respecto de Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña en días previos.
"Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que lleven a una división", pidió la Presidenta.
La reforma electoral que plantea Sheinbaum Pardo propone eliminar cargos plurinominales en el Congreso, así como reducir el dinero que reciben los partidos políticos y el gasto para llevar a cabo las elecciones.


En la 4T hay "fuego amigo": Noroña

El lunes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que dentro de la llamada Cuarta Transformación hay "fuego amigo" por diferencias entre sus integrantes, aunque afirmó que no son irreconciliables, tal como había planteado antes el Diputado Ricardo Monreal.

"La verdad es que hay una ofensiva no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un 'golpeteo' interno y es delicado porque la unidad es muy importante", afirmó Noroña en conferencia de prensa al rechazar posibles cambios en las dirigencias de Morena en ambas cámaras del Congreso.

Al ser cuestionado reiteradamente sobre su posicionamiento de la reforma electoral, Noroña dijo que no participará activamente en esa discusión, ya que su posición es pública desde hace tiempo y no desea ser blanco de ataques.
“Yo estoy de acuerdo en que las minorías sean representadas, que se respete la pluralidad en el país y estoy de acuerdo con que se haga una reforma que fortalezca todas esas cosas. Me dicen que la desaparición de los pluris va a fortalecer esas cosas, muy bien, entonces lo apoyo”, concluyó.


Monreal Ávila había asegurado mediante un video en sus redes sociales que podrían existir fracturar insalvables en la 4T, pues algunos legisladores no estarían de acuerdo con los cambios propuestos para el sistema electoral y con algunas prohibiciones ya aprobadas, como del nepotismo que Morena decidió aplicar para 2027.
"Es una etapa, a las reformas que ya se han presentado y aprobado, como la no reelección y el nepotismo, que a pesar que aplican en 2030, en el caso de Morena ha decidido aplicarlas a partir de 2027, será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Ya desde ahora se presentan, en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a Gobernadores o Gobernadoras", apuntó Monreal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Claudia anuncia informe en Palacio y que no descarta ir a toma de protesta de la SCJN

La Presidenta de México habló de las actividades que tiene previstas para el próximo 1 de septiembre: brindar el informe de lo realizado en sus primeros 11 meses de Gobierno, y la posibilidad de acudir a la toma de protesta de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que el 1 de septiembre rendirá el informe de sus primeros 11 meses de Gobierno en Palacio Nacional, y compartió que ese mismo día podría acudir a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabezará el Ministro electo Hugo Aguilar Ortiz como resultado de la primera elección judicial en México.
"El 1 de septiembre vamos a hacer un informe aquí. Es un lunes. Aquí en Palacio el informe de los primeros 11 meses de Gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte. Vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer dijo Hugo [Aguilar] que sí iba a ir. Entonces vamos a ver a cuál de los… supongo que al formal, no sé… ya aquí en la Corte tal vez", explicó durante su conferencia de prensa matutina.
Ayer, Hugo Aguilar dio a conocer que los trabajos de la SCJN arrancarán con tres actividades: la toma de protesta de las y los nuevos ministros ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte, y una ceremonia tradicional en la que se le entregará un bastón de mando y servicio por parte autoridades indígenas y afromexicanas.
"Me parece muy bien [la entrega del bastón de mando]. Es un símbolo. Hugo viene de un pueblo originario y es un símbolo el que pueblos de México, indígenas, le den un bastón de mando al presidente de la Corte. Yo lo dije el día de este evento tan hermoso que preparó la Defensa Nacional del aniversario de la fundación de Tenochtitlan, todos los mexicanos y mexicanas, no importa nuestro origen étnico, incluso no importa si nacimos en otro país y nos nacionalizamos mexicanos, tenemos la obligación de reconocer la historia de México y la riqueza cultural, reconocer a los pueblos originarios, reconocer la grandeza de nuestra historia y ser parte de este gran país", declaró Sheinbaum Pardo.


Asimismo, recodó que la Reforma Indígena de 2024 elevó el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional y aseguró que ese es el centro de la Cuarta Transformación (4T). "El reconocimiento de los pueblos, que hoy es constitucional, pero además está en el centro de la transformación, habla del reconocimiento de la dignidad, de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestro pasado, y digo nuestro, repito, no importa si nos hicimos mexicanos ayer. Nosotros tenemos que reconocer la grandeza de nuestra Patria y eso es algo extraordinario", compartió.

Desde el Salón de Tesorería, Sheinbaum afirmó que el rechazo de la oposición a la ceremonia se debe al racismo que albergan sus integrantes. "Entonces reconocer a los pueblos, el que un pueblo o una comunidad te dé un bastón de mando es un símbolo enorme, histórico, cultural, de reconocimiento y una responsabilidad que te están dando, de un legado. Entonces es algo muy hermoso. Obviamente, los adversarios lo ven [y dicen] 'cómo es posible que ocurra eso'. Pues porque en su fuero interno lo que tienen es un profundo racismo y clasismo. Como decían, ‘no hay razas entre los seres humanos’, pero sí hay racismo de algunos", finalizó.

Hugo Aguilar recibirá bastón de mando

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Aguilar Ortíz reiteró su invitación a la sesión solemne a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado "por la importancia y trascendencia histórica que tiene el nacimiento de una Corte surgida del voto popular".
"Se informó que para el inicio de las actividades de la nueva Suprema Corte, se realizarán tres ceremonias: la toma de protesta ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ceremonia tradicional de entrega de bastón de mando y servicio por autoridades indígenas y afromexicanas a las ministras y ministros. Considerando que el pueblo, en general, forme parte de su desarrollo siendo partícipes de este acontecimiento histórico y siguiendo las transmisiones", reveló Aguilar.
Además, las y los nueve ministros adelantaron que ya iniciaron el análisis del rediseño institucional que permitirá hacer frente a la acumulación de expedientes que recibirán el 1 de septiembre.
"Toda la ciudadanía debe tener la seguridad de que sus asuntos serán atendidos y resueltos en los plazos establecidos por la Ley; la nueva Suprema Corte garantizará certeza jurídica a todos con imparcialidad e independencia", expresó.
Aguilar se reúne con senadores

Hugo Aguilar se reunió ayer con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Mesa Directiva del Seando, Gerardo Fernández Noroña, para revisar el protocolo de la toma de protesta del 1º de septiembre e iniciar formalmente la nueva etapa en la Corte.

El Ministro presidente electo prometió que a su llegada al máximo tribunal del país, arrancará su periodo con trabajo intenso para evitar vacíos y lagunas el 1 de septiembre, cuando tomen protesta los principales cargos del nuevo Poder Judicial, por lo que desde el primer día se tomarán las decisiones necesarias.
“Ya cuando tomemos posesión, la Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Yo espero que desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan al cambio”, comentó al ser abordado por medios de comunicación, luego de que sostuviera una reunión en el Senado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades amenazan y encarcelan al periodista Esaú Zavaleta en San Pedro Huamelula, Oaxaca

Autoridades de la agencia de Playa Grande en el municipio de San Pedro Huamelula en la costa oaxaqueña, detuvieron y encarcelaron al periodista Esaú Zavaleta, durante una asamblea realizada este 04 de agosto, mientras daba cobertura periodística a una denuncia ciudadana.

El periodista relató que acudió a la asamblea de la comunidad, luego de ser invitado por personas de la población para recoger su testimonio sobre la intención de las autoridades de la localidad para derribar un árbol maderable en peligro de extinción, y que se encuentra al interior del domicilio de la joven Deysi Abigail, quien también ha sido intimidada y amenazada por las autoridades.

Luego de ser puesto en libertad, el periodista señaló en una entrevista en vivo que “En esta asamblea se cometieron delitos contra mi persona, uno de ellos, me privaron de libertad, me coartaron mi libertad de expresión como periodista, me amenazaron y me mantuvieron retenido en la cárcel de la agencia municipal”.

El periodista relató que durante su detención, pudo ver cómo algunos topiles amedrentaban a la joven, la obligaron a disculparse en un video público, la intimidaron y se burlaron de ella, con la advertencia de que si no lo hacía también la metían a la cárcel.

Señaló que lo peor fue que en esa asamblea se encontraba el presidente municipal de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, quien no intervino y permitió que fuera agredido y encarcelado.

“Afortunadamente cuando me detuvieron pude grabar el audio, ahí el agente municipal decía que el reportero se comportó grosero y por eso lo encerraron, eso no es cierto, aquí tengo la evidencia, el audio de cómo estaba platicando de ella, de cómo me sometieron y me metieron a la cárcel”.

Esaú Zavaleta fue liberado tras difundirse en medios de comunicación que fue detenido de manera arbitraria en la agencia municipal de Playa Grande. Una vez que obtuvo su libertad acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra las autoridades de la agencia de Playa Grande y los topiles que lo amenazaron, sometieron y encarcelaron.

La denuncia del comunicador fue recibida por el Secretario General del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, quienes le brindarán acompañamiento jurídico y todo el respaldo de los medios de comunicación para no permitir más estas violaciones a la libertad de expresión.

FUENTE: EDUCA OAXACA.
AUTOR: EDUCA OAXACA.
FECHA: 4 AGOSTO 2025.

Caso Cassez-Vallarta visibiliza prisión preventiva: hay 39 mil 600 mujeres privadas de la libertad sin sentencia

La reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros, luego de pasar los últimos 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, tras ser acusado de liderar una banda de secuestradores ha ocupado los titulares de la prensa nacional, no obstante, es necesario visibilizar que en el país hay 39 mil 608 mujeres quienes no tienen una sentencia y se encuentran privadas de su libertad.

Este dato es revelador y amerita una lectura de género porque son precisamente las mujeres quienes son más castigadas con la prisión preventiva oficiosa, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) julio 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Una cifra que supera lo documentado en el 2022, donde se tenía especificado que había 6 mil 564 mujeres sin tener una sentencia o una revisión de sus casos, es decir, subieron exponencialmente.

Además, de acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país. 

En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.

Este mismo censo arroja que existen 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin una sentencia en el país, de los cuales 39 mil 608 son mujeres y 30 mil 541 sn hombres. Asimismo, el desglose por el tipo de prisión preventiva indica que el 38% estaba en prisión preventiva justificada (31.2% de mujeres y 38.5% de hombres) y el 47% en prisión preventiva oficiosa (56.4% de mujeres y 46.2% de hombres).

Cuando se trata de mujeres, los delitos más comunes por los que otorgan dan prisión preventiva son secuestro (52.4%); delitos de delincuencia organizada (20.4%); homicidio (6.3%); delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (4.5%); delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (4.3%); desapariciones forzadas de personas (2%); privación de la libertad (1.8%); extorsión (1.3%), y trata de personas (1.3%).

Es necesario revisar que en México existen dos tipos de prisión preventiva. La primera es justificada, la cual debe ser solicitada por el Ministerio Público y aprobada por un juez siempre que existan pruebas que la persona imputada representa un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas). Mientras que la segunda es obligatoria y es automática cuando existen indicios de su participación en el delito.


De acuerdo con el informe sombra «Intersectando la discriminación contra las mujeres en México en distintos ámbitos. Informe sombra para el Comité CEDAW», entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%. Asimismo, en 2024, el 48% de las mujeres en prisión se encontraban en prisión preventiva, en comparación con el 37% de los hombres.

Existe una mayor proporción de mujeres se encuentran en prisión preventiva obligatoria en comparación con los hombres, por ejemplo, en 2023, el 16 % de los hombres y el 23% de las mujeres privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva obligatoria.

La Constitución mexicana establece que las personas no pueden ser mantenidas en prisión preventiva por más de dos años, pero datos del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, en 2023, el 22,2 % de las mujeres y el 20,1 % de los hombres en prisión preventiva llevaban más de dos años esperando una sentencia condenatoria.

Las fallas de la prisión preventiva

La prisión preventiva esta descrita en el artículo 19 de la Constitución mexicana en donde se incluye una lista de delitos que requieren de esta medida. En 2008 se aprobó una reforma que estableció 12 alternativas a la prisión preventiva y entró en vigor en 2016 logrando que el número de mujeres, que se encontraban en prisión por esta causa, disminuyera drásticamente.

Sin embargo, la lista de delitos que ameritan esta alternativa fue extendida entre 2019 y 2024 pese a las advertencias de instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comité contra la Tortura, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según determina el articulo 19° de la Constitución mexicana, actualmente los delitos por los que se ordena prisión preventiva oficiosa son:
«abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley»
Anteriormente, el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por las mujeres en prisión preventiva como el Séptimo Informe Periódico de Argentina donde se recomendó adoptar medidas para limitar el uso de este recurso, sin embargo, Intersecta denunció que el Estado mexicano presentara una ampliación del catálogo de delitos como un avance, cuando existen cifras que contradicen este panorama.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que la prisión preventiva no sirve para disminuir la incidencia delictiva como se esperaría. Durante la discusión en el Congreso Federal que tuvo lugar en 2024 cuando se aprobó la reforma para ampliar el catálogo de delitos que requieren de esta medida, diversas diputadas y diputados apuntaron que sus principales fallas giran en función de dos aspectos: se violenta el principio de presunción de inocencia y el sobrecargo del sistema penitenciario.

La presunción de inocencia establece que toda persona acusada de un delito es considerada inocente hasta que se demuestre legal y concluyentemente su culpabilidad. En la discusión, diputadas y diputados concluyeron que con la prisión preventiva no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Por otro lado, actualmente existe un sobrecupo de espacios en los centros penitenciarios, gracias a que miles de personas están privadas de la libertad no porque se encuentren culpables legalmente, sino porque no pueden enfrentar el proceso en libertad gracias a la prisión preventiva.

Caso Cassez-Vallarta, un caso de cientos

El 9 de diciembre de 2005, la ciudadana francesa Florance Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros, fueron arrestados por un equipo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el rancho Las Chinitas, sobre la carretera México-Cuernavaca, bajo el argumento de que pertenecían a la banda de secuestradores «Los Zodiacos».

El caso Cassez-Vallarta atrajo la atención mediática ya que la detención se realizó aparentemente en vivo. Al día siguiente, el entonces director de la AFI, Genaro García Luna declara ante el programa «Punto de Partida» que el material transmitido en televisión nacional fue una recreación, ya que la detención se realizó un día previo.

Para abril de 2006, Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas y tras una apelación, su pena bajó a 60 años en marzo de 2009. La narrativa pública del caso recrimina fuertemente a la ciudadana francesa e incluso el entonces presidente Felipe Calderón anuncia que la mujer no podrá ser extraditada, por lo que tendría que cumplir su sentencia en México.

En 2012 y luego de presentar un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) que fue rechazado, el entonces ministro Arturo Saldívar presenta un proyecto de amparo para liberar a Florance Cassez. Por otro lado, Israel Vallarta Cisneros permaneció privado de la libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, sin una sentencia hasta el pasado 1 de agosto de 2025.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

"El Vampiro", ligado a extorsión y tercero al mando de "La Barredora", cae en Tabasco

En la detención de "El Vampiro", uno de los presuntos líderes más importantes de "La Barredora", participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR y GN junto con autoridades locales.

Fuerzas federales detuvieron a Arturo Gómez Marín, alias “El Vampiro”, el tercero al mando de “La Barredora”, el grupo criminal fundado en Tabasco por Hernán Bermúdez Requena cuando fue Secretario de Seguridad Pública, designado por el actual Senador de Morena Adán Augusto López Hernández.

Hace dos semanas, el jueves 24 de julio, en Jalisco fue capturado Ulises Pinto Madera, apodado “El Mamado” e identificado como el segundo en la jerarquía de “La Barredora”, quien fue mano derecha de Bermúdez Requena, prófugo de la justicia desde febrero de este año.
Y el sábado pasado otros 10 integrantes de “La Barredora” fueron aprehendidos en Puebla, informaron la Fiscal estatal, Idamis Pastor, y el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, quienes vincularon a esta organización con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura de Gómez Marín, alias “El Vampiro”, fue informada la mañana de este miércoles por Omar Garcia Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien detalló que el detenido está vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso, a quien se le aseguró un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos.
La aprehensión de “El Vampiro”, de 31 años de edad, se realizó en Villahermosa, “en seguimiento a labores de investigación e inteligencia”, donde supuestamente se dedicaba a la extorsión.

Como ha informado SinEmbargo, el fundador de “La Barredora” en Tabasco fue Bermúdez Requena, quien llegó a este estado de la mano de Jaime Humberto Lastra Bastar, actual Diputado federal de Morena, y fue nombrado Secretario de Seguridad Pública por López Hernández en 2019.


Bermúdez Requena trabajó en los gobiernos priistas de Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz; así como en los morenistas de López Hernández y Manuel Merino, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La información de las autoridades de México indica que Bermúdez Requena huyó antes de que un Juez emitiera la orden de aprehensión, en febrero, de Mérida, Yucatán, a Panamá, y luego viajó a España y a Brasil.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO GÓMEZ.

Tala ilegal avanza en México y se relaciona con crimen organizado: Profepa

En regiones como la península de Yucatán se están desmontando terrenos forestales en cuestión de meses para actividades agrícolas.

La tala ilegal sigue creciendo en México y está vinculada con otras conductas delictivas, afirmó Mariana Boy Tamborell, procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien advirtió que zonas como Ocuilan, en el Estado de México, presentan niveles críticos de afectación forestal.

También señaló que, en regiones como la península de Yucatán, se están desmontando terrenos forestales en cuestión de meses para actividades agrícolas.

“Ocuilan es una de las zonas donde tenemos más tala ilegal (…) Nos parece que  la única manera en que vamos a lograr desincentivar estas conductas delictivas, que es tener consecuencias penales, administrativas y desarticular estas células del crimen organizado”, agregó en entrevista para Aristegui en Vivo.

Asimismo, la procuradora explicó que la Profepa mantiene presencia activa en 13 zonas críticas forestales del país, donde se coordinan con instancias como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Conafor, la Conanp y el Centro Nacional de Inteligencia.

Uno de los operativos más recientes se llevó a cabo del 30 de julio al 1 de agosto en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, donde personal de Profepa aseguró 3 mil 455.24 metros cúbicos de madera en dos aserraderos ubicados en el área de influencia de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.

Los establecimientos, localizados en las comunidades de San Joaquín y Puerto Bermeo, no acreditaron la legal procedencia de la madera.

Tampoco contaban con registros digitales o libros de contro lde entradas y salidas, ni presentaron remisiones forestales.

Mariana Boy detalló que aunque los aserraderos tenían autorizaciones vigentes, no pudieron justificar el origen legal de los recursos, por ello, la Profepa iniciará un procedimiento penal.

“Presentamos la denuncia penal ante la fiscalía y creemos que vamos a tener una carpeta de investigación bastante robusta porque tenemos todos los elementos que acreditan la responsabilidad de estos aserraderos”, afirmó.

En total, se decomisaron más de mil 266 metros cúbicos de madera en rollo y 2 mil 188 en escuadría, incluyendo pino, oyamel, encino y cedro blanco, esta última especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 por encontrarse en categoría de protección especial.

La funcionaria subrayó que la mayor parte de la madera aún está “en rollo” y permanece bajo resguardo para garantizar la cadena de custodia mientras se desarrolla el proceso penal.
Normalmente esta madera tiene que estar asegurada hasta que se resuelva el proceso penal.
Agregó que, cuando la situación lo permite, la Profepa dona la madera para fines sociales.

“En Chiapas aseguramos 12 mil metros cúbicos de 12 aserraderos ilegales e hicimos una donación al centro penitenciario; están haciendo distintos mobiliarios de madera para fines públicos”, detalló.

Boy también advirtió sobre la situación crítica en la península de Yucatán, donde las comunidades menonitas rentan grandes extensiones de tierra agrícola a ejidatarios.

Señaló que muchas de esas tierras eran forestales y han sido deforestadas en plazos muy cortos.


“En menos de un año hay un cambio de uso de suelo muy importante, que se sustituye por plantaciones de soya, de frijol y de otros productos”, alertó.

Agregó que en ese contexto se están instalando mesas de trabajo con autoridades estatales y federales para combatir la deforestación y los cambios de uso de suelo ilegales.

Respecto al caso de la Mariposa Monarca, Boy recalcó que se trata de una zona prioritaria por su relevancia ambiental y por ser sitio de hibernación del fenómeno migratorio de esta especie, que viaja desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados de Michoacán y el Estado de México.
Estamos mandando un mensaje muy claro de que hay presencia de la autoridad, de que vamos a seguir vigilando y redoblando esfuerzos.
Finalmente, reiteró que el enfoque actual de la Profepa es atacar toda la cadena productiva de la madera, desde la extracción hasta su comercialización, y que esta estrategia se mantendrá en todas las zonas críticas del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Guanajuato; Empresarios migrantes, entre las seis víctimas en Yuriria: fiscal

Tres de las víctimas radicaban en los Estados Unidos y eran padre, hijo y cuñado, una familia que estaba de vacaciones.

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, calificó como “atípica” la masacre ocurrida en la comunidad de Santa Mónica Ozumbilla, en el municipio de Yuriria, el pasado 1 de agosto.

Dijo que ello radica en que tres de las personas eran oriundas de la localidad, pero radicadas en los Estados Unidos.

“Una de las personas tenía 30 años viviendo en los Estados Unidos, vemos y entendemos que tiene una empresa en los Estados Unidos, con una capacidad económica allá, pensamos, interesante, está su hijo, está su cuñado”.
Es un tema muy interesante, porque las víctimas resultan atípicas, por cuanto hace a este tipo de casos.
Vázquez Alatriste aseguró que ya existen avances en la investigación, pero evitó detallarlos para no entorpecer el curso legal.

“Entonces no son personas que tendrían que estar vinculadas con algún tema, pero bueno ya estamos investigando, ya tenemos algunos avances interesantes que quisiera no adelantar, pero tenemos ya un tema.”, dijo ante medios de comunicación.
Solo decir que es un tema muy atípico.
En el lugar fueron encontradas seis personas sin vida, todas con múltiples impactos de bala y se advirtió el uso de un marro, situación por la que fue calificada como un suceso atípico por el fiscal.

El fiscal descartó que se tratara de un mensaje del crimen organizado, pese a la brutalidad con la que se cometió el ataque. 

De acuerdo con Vázquez Alatriste, las tres personas con residencia en Estados Unidos estaban en el lugar vacacionando.

“Son originarios de la región, 30 años viviendo en Estados Unidos, el joven habría nacido en los Estados Unidos, y era una familia que únicamente venían a la región por vacaciones, y estaban vacacionando”.

Esa noche, seis hombres se encontraban reunidos en una finca campestre cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y les disparó, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Yuriria. 

Posteriormente, fueron encontrados sin vida por elementos de seguridad, con heridas de bala y golpes en la cabeza, presuntamente causados con un marro.

Las otras víctimas se presume que eran empresarios textiles del municipio de Moroleón.

Hasta el momento, las identidades no han sido reveladas oficialmente, y la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el crimen.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No habrá vacíos de poder” en renovación de la Corte: Hugo Aguilar

“Nos estamos preparando ahorita que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos, comencemos a tomar las decisiones que nos corresponden”, dice el futuro presidente de la Corte.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte que entrará en funciones el 1 de septiembre, dijo en entrevista con medios que se está trabajando para que no haya “vacíos de poder” durante la renovación de ministros, como la decisión de quiénes serán encargados del Órgano de Administración Judicial. 

“La corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día, tenemos muchas tareas, muchos expedientes, nos estamos preparando ahorita que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos, comencemos a tomar las decisiones que nos corresponden en el cambio”, respondió ante la pregunta de cuándo se iban a elegir los miembros del Órgano de Administración. 

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estará integrada por nueve ministros y ministras elegidos por voto popular directo en las elecciones judiciales extraordinarias del 1 de junio de 2025, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Este proceso, derivado de la reforma judicial de 2024, marca un hito al ser la primera vez en la historia del país que los ministros son electos por la ciudadanía, buscando una mayor legitimidad democrática.
La elección incluyó a 27 candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los cuales resultaron electos, para la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, garantizando paridad de género con cinco mujeres y cuatro hombres.

La Corte operará exclusivamente en sesiones públicas y en Pleno, eliminando las salas previas, y los ministros tendrán un periodo de encargo de nueve años sin posibilidad de reelección, con el objetivo de promover transparencia, austeridad y una justicia más cercana a la ciudadanía.

Sin embargo, estos candados no han evitado las especulaciones sobre la independencia de la corte, sobre todo debido a que al menos cinco de los ministros han tenido relaciones directas con la Cuarta Transformación, incluyendo Aguilar Ortiz. 

El 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó haber influido en las elecciones judiciales y aseguró que su gobierno busca garantizar la autonomía del Poder Judicial, no controlarlo. 

“Yo no le voy a hablar al presidente de la Suprema Corte para orientar ninguna votación”, afirmó tajante.

Respondió a los cuestionamientos de la periodista Reyna Haydee Ramírez sobre la coincidencia entre los ganadores y listas prediseñadas (“acordeones”), argumentando que muchos ciudadanos llevaron sus propias hojas por la complejidad del proceso. También defendió que figuras cercanas a Morena hayan resultado electas, señalando que la oposición no participó activamente.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR vincula asesinato de su delegado en Tamaulipas, con decomiso de “huachicol”

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló, el 5 de agosto de 2025, que el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de dicha institución de procuración de justicia en Tamaulipas -quien fue asesinado un día antes, en el municipio de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos-, estaría vinculado a un reciente decomiso millonario de “huachicol” o robo de combustible.

“Con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad y de las autoridades de Tamaulipas, se inició la carpeta de investigación federal, por el homicidio del Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, Fiscal de la Federación en ese estado, ocurrido ayer por la tarde, en la ciudad de Reynosa”, informó la FGR, en un comunicado.

“También se ha hecho contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestarle nuestra absoluta solidaridad, proporcionándole apoyo permanente e informándole, paso a paso, los avances de la investigación correspondiente y sus resultados”, agregó la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido, indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que, recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial”, detalló la FGR.

“Siendo este el principal tema, no se descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevarnos al esclarecimiento de lo ocurrido. Conforme haya avances en la investigación, se darán a conocer de inmediato”, finalizó la Fiscalía General de la República, que un día antes atrajo la indagatoria de su delegado en Tamaulipas.

El 25 de julio de 2025, una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburos robados, ubicada en la colonia La Escondida, del municipio Reynosa, fue cateada por agentes federales, entre ellos, elementos de la FGR.

La diligencia, autorizada por un juez federal, contó con la participación de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -ambas adscritas a la FGR-, y se ejecutó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el cateo participaron elementos de la secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, de la Guardia Nacional (GN), además de Protección Civil y Bomberos, así como peritos y personal de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, no hubo personas detenidas en el lugar.

Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue asesinado, alrededor de las 19:30 horas del 4 de agosto de 2025, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en el Fraccionamiento Las Quintas, frente a la plaza Engrei, en el municipio de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) compartió un breve comunicado, en el que reconoció la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal.

“Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones en lo que se requiera”, escribió la institución de procuración de justicia estatal.

Según lo reportaron medios locales, en el ataque contra Vázquez Reyna hubo disparos y habrían sido utilizadas granadas de fragmentación. Supuestamente el vehículo en el que viajaba el delegado de la FGR explotó. Elementos del Cuerpo de Bomberos municipal acudieron para sofocar las llamas, mientras la zona quedó acordonada en espera de la Policía Investigadora.

“Autoridades atienden reporte de un vehículo incendiado en el Blvd. Miguel Hidalgo por Avenida San José, en el Fraccionamiento Las Quintas de #Reynosa. De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona. Autoridades se encuentran a cargo de la situación. Se recomienda precaución al transitar por la zona”, indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, en su cuenta de la red social X.

“Derivado de los hechos en los que perdió la vida una persona, presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Blvd. Miguel Hidalgo de #Reynosa, se ha establecido desde el primer momento de los hechos coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, detalló la misma institución estatal, en una segunda publicación.

Además, a través de las diversas redes sociales fueron compartidos videos que mostraban una camioneta marca Cadillac, modelo Escalade, color negro, incendiada, mientras que un cadáver estaba tirado sobre el pavimento, quien, según información preliminar, sería Vázquez Reyna, quien viajaba solo.

El vehículo fue atacado con un explosivo, en la parte inferior. En otra grabación se ve que, herido, el delegado de la FGR en Tamaulipas bajó tambaleándose de la Cadillac -que empezó a incendiarse-, y, todavía con vida, cayó de frente sobre la avenida.

En otro video se observa que, instantes después, una camioneta color blanca se detuvo frente al delegado de la FGR y sicarios dispararon para rematarlo, aparentemente con armas largas, aunque el vehículo de los criminales impidió ver el ataque.

Otras imágenes captaron que un hombre, aparentemente ajeno a los hechos, arrastró el cadáver del funcionario federal, para alejarlo de su camioneta, que era consumida por el fuego tras la explosión, dejando a Vázquez Reyna tendido boca abajo, sobre la calle.

El ataque se reportó a las 19:30 horas del 4 de agosto de 2025 -tiempo local-, a unos 7 kilómetros de distancia del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, y a 1.6 kilómetros de la Delegación de la FGR, cuya sede estatal está ubicada en dicha ciudad fronteriza con EE. UU.

A pesar de que el asesinato se cometió todavía con luz del día y en hora pico del tráfico, cerca de la sede de la Delegación de la FGR en Tamaulipas, la ejecución del funcionario federal se realizó de forma impune y no se reportaron detenidos por dicho crimen.

“Pese a que era el funcionario de más alto nivel de la FGR en el estado, Vázquez viajaba comúnmente sin escolta, conduciendo él mismo la camioneta que, según fuentes, tenía blindaje, cuyo nivel no fue precisado”, indicó el diario Reforma.

“Vázquez llegó a la Delegación de la FGR en 2019, durante los sexenios del presidente morenista Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador panista Francisco [Javier] García Cabeza de Vaca”, recordó el citado rotativo.

“Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió, en su cuenta de la red social X, Américo Villarreal Anaya, militante del partido Morena y gobernador tamaulipeco, desde el 1 de octubre de 2022.

El 5 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que Omar Hamida García Harfuch -titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal- mantuvo comunicación con Villarreal Anaya, por el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en dicha entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que, hasta ese momento, ella no había mantenido contacto “personal” con el gobernador, pero las autoridades federales de seguridad lo habían hecho e informarían próximamente respecto a mayores detalles. Asimismo, descartó confirmar si fue un posible ataque del crimen organizado.

“Desde el primer momento, estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía [General de Justicia] del Estado de Tamaulipas, como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder hacer justicia en este caso”, subrayó la mandataria nacional.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU tampoco pedirá pena de muerte para Rafael Caro Quintero, ni para “El Viceroy” Carillo Fuentes

Estas notificaciones se dan a unos días de que se había revelado un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y en medio del anuncio de la postergación de los aranceles que buscaba imponer el gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que tampoco solicitará la pena de muerte contra los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, ni contra Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”; previamente reveló que tampoco pediría, la misma sanción”, contra Ismael “El Mayo” Zambada”, el líder histórico del Cártel de Sinaloa.
“El gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el Procurador General ha autorizado y ordenado a esta oficina no solicitar la pena de muerte contra el acusado”, se lee en las cartas presentadas.

Estas notificaciones se dan a unos días que se había revelado un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y en medio del anuncio de la postergación de los aranceles que buscaba imponer el gobierno de Donald Trump.

Desde hace meses se ha venido especulando que tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, los hilos de la estructura del crimen organizado se modificarían a partir de los acuerdos de colaboración que los capos del narcotráfico tendrían con la administración estadunidense; esto con el fin de revelar información sobre la operación de los grupos criminales en México.

Caro Quintero

Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, fue un fundador del Cártel de Guadalajara en la década de 1970, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Este cártel se dedicó principalmente al tráfico de marihuana a gran escala hacia Estados Unidos. Caro Quintero es acusado de ser el principal responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar en 1985, un caso que marcó un hito en las relaciones entre México y Estados Unidos y en la lucha contra el narcotráfico.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigía a almorzar con su esposa. Fue interceptado por sicarios del cártel, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien también trabajaba con la DEA. Ambos fueron llevados a una casa en la calle Lope de Vega 881, propiedad de Caro Quintero, donde fueron torturados durante más de 30 horas para obtener información sobre las operaciones de la DEA. Camarena fue asesinado, con evidencias de tortura extrema, incluyendo perforaciones en el cráneo con un tubo de metal y costillas rotas.

Caro Quintero huyó a Costa Rica, pero fue capturado en 1985 y extraditado a México, donde fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y Zavala. Sin embargo, en agosto de 2013, fue liberado tras 28 años de cárcel debido a un tecnicismo legal, lo que generó una fuerte controversia y tensiones con Estados Unidos. Tras su liberación, Caro Quintero retomó actividades de narcotráfico y fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI.

En julio de 2022, fue recapturado en Sinaloa, México, por la Marina, en una operación que resultó en la muerte de 14 militares mexicanos tras el desplome de un helicóptero Blackhawk.

El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. Fue presentado ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, el 28 de febrero donde se declaró no culpable de cargos que incluyen dirigir una empresa criminal, conspiración para distribuir narcóticos y uso ilegal de armas de fuego, además del asesinato de Camarena.

“El Viceroy”

Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”, nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa, México. Fue un narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Juárez, una de las organizaciones de tráfico de drogas más influyentes en México durante la década de los 90. Era hermano de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, quien fundó el cártel y murió en 1997 tras una cirugía plástica fallida.

Desde el 2000, Estados Unidos buscaba su extradición por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. En julio de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aprobó su extradición, pero un juez federal suspendió temporalmente el proceso tras un amparo presentado por Vicente.

El 27 de febrero de 2025, Vicente fue extraditado junto con otros 28 narcotraficantes, incluyendo a Rafael Caro Quintero, para enfrentar cargos en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Desde abril de 2025, negociaba un acuerdo de culpabilidad con la fiscalíaen una corte federal de Nueva York para evitar una posible cadena perpetua o incluso la pena de muerte, que el gobierno estadunidense buscaba imponer tanto a él como a Caro Quintero. Su primera audiencia fue ante la jueza Jean Marie Azrack en Brooklyn, donde se mostró relajado y se declaró no culpable inicialmente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Jueza invalidó testimonios de víctimas por inducción y manipulación de la PGR tras revelarse montaje en caso Vallarta-Cassez

La jueza aclaró en su sentencia que no pone en tela de juicio el sufrimiento de las víctimas, sino la inducción por parte de la PGR para que señalaran a Israel Vallarta como responsable de sus secuestros

La jueza federal que absolvió a Israel Vallarta Cisneros de cuatro acusaciones de secuestro con un total seis víctimas, ordenando su libertad inmediata, afirmó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) manipuló e indujo testigos para que inculparan al propio Vallarta, con el fin de poder sostener el proceso penal en su contra luego de que se revelara el montaje de su detención con la ciudadana de origen francés, Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas” que se ubica en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan.

La sentencia dictada por la juzgadora federal añade que tras analizar analizar 292 pruebas presentadas por la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), encontró testimonios contradictorios, cateos sin orden judicial, violaciones a la cadena de custodia, torturas a inculpados, tardanza injustificada en la puesta a disposición de un juez de los detenido y violaciones graves al debido proceso, y que todos los reconocimientos de Israel Vallarta en el proceso penal que lo mantuvo preso por casi 20 años, se realizaron sin la asistencia de su abogado defensor o persona de confianza.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés, la manipulación e inducción que la PGR propició para que las víctimas declararan en contra de Vallarta y lo reconocieran como su secuestrador, rompió con el principio de garantizar un proceso justo en contra del inculpado, ya que en decenas de diligencias analizadas por la juzgadora federal se pudo corroborar que las personas agraviadas y testigos de la causa penal “fueron inducidos al reconocimiento de Israel Vallarta Cisneros por parte del agente del Ministerio Público”.

Contrario a lo que se especula en redes sociales o por actores políticos sobre el caso Vallarta, la sentencia de la jueza federal sí analizó los testimonios de las seis víctimas de secuestro y si bien advierte que hubo manipulación de las mismas después que se descubriera el montaje en el rancho “Las Chinitas” para detener a Florence Cassez e Israel Vallarta, la impartidora de justicia aclaró que en su análisis del caso “no pone en tela de juicio” el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.


La juzgadora federal señaló que los testimonios y reconocimientos que las víctimas hicieron de Vallarta, guiados siempre por personal de la PGR, se encuentran viciados por la actuación del Ministerio Público y carecen de fiabilidad para poder sentenciar a una persona inocente, “dada la inducción por parte del Ministerio Público a efecto de que reconocieran e hicieran imputaciones firmes y directas en contra del acusado”, es decir, para que todas las víctimas señalaran a Israel Vallarta como líder de la banda de secuestradores.

La juez añadió en su resolución que los “reconocimientos” de Vallarta y otras diligencias, realizados de forma posterior al montaje televisivo que evidenció la periodista July García en el programa “Punto de Partida”, intentaban justificar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos” para acreditar el secuestro en el rancho “Las Chinitas”.

El razonamiento de la juzgadora atiende en particular los testimonios de dos víctimas, identificadas en el expediente con las siglas VCAT y SSM que denunciaron el secuestro antes del montaje del caso Cassez-Vallarta, por lo que las primeras actuaciones realizadas en ambos casos se realizaron antes del montaje y de forma independiente al proceso penal contra la supuesta banda de plagiarios conocido como “Los Zodíaco”.

Incluso, en sus primeras declaraciones ambas víctimas, integrantes de la comunidad judía en México, afirmaban que no reconocían a ninguno de sus presuntos captores, pero después de ser llamadas por llamadas por el Ministerio Público de la PGR para que reconocieran a Vallarta como su secuestrador, presentaron nuevas declaraciones en las que ya lo señalaron de forma directa como el jefe o patrón de la banda criminal que los privó de la libertad para exigir el pago de un rescate a sus familias.

En la reconstrucción de los hechos ocurridos los días 8 y 9 de diciembre del 2005, la jueza también logró establecer que la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta se concretó el 8 de diciembre del 2005 en la carretera libre a Cuernavaca y no el 9 de diciembre a las seis de la mañana como se quiso mostrar en televisión durante el montaje transmitido en vivo en Televisa y Televisión Azteca.

Para la juzgadora federal, tampoco se acreditó que la detención de Vallarta y Cassez se hubiera realizado cuatro o cinco horas antes del montaje dentro de “Las Chinitas” y que los agentes aprehensores, encabezados por Luis Cárdenas Palomino y Francisco Javier Garza Palacios, hombres de confianza de Genaro García Luna en la extinta Policía Federal, fueran advertidos por el propio Vallarta de que había víctimas de secuestro en el rancho, por lo que tenían que regresar para rescatarlas y evitar que sus cómplices las mataran, una versión con la que la Policía Federal intentó encubrir el montaje televisivo.


La tortura contra Vallarta y su primera declaración

A pesar de la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustentar sus acusaciones por secuestro con la primera declaración de Israel Vallarta, la jueza Mariana Vieyra Valdés desechó la misma tras dar por acreditada la tortura en contra del hombre que se definió como comerciante de autos usados tras su detención en 2005.

En la sentencia dictada el pasado 31 de julio, la juzgadora federal no sólo reconoce la tortura en contra de Vallarta Cisneros, sino que ordena a la FGR entregar un informe sobre la denuncia que presentó el propio Israel Vallarta por las torturas que sufrió el día de su detención y tras su puesta a disposición ante la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En la declaración que fue invalidada por la sentencia de primera instancia, Israel Vallarta se autoincriminaba como secuestrador y revelaba la presunta existencia de la banda “Los Zodíaco”, dirigida por una persona de nombre Salustio y apodo “Sagitario” que nunca fue localizada ni identificada por la PGR.

“Por ello, se requiere a las autoridades encargadas de la integración de la averiguación previa y carpetas de investigación de las que se ha dado noticia en esta determinación, para que una vez que surta sus efectos legales la presente, dentro del término de diez días, a través de la agente del Ministerio Público de la adscripción, informen a este Juzgado de Distrito con constancias fehacientes, cuál fue a la conclusión a la que allegaron dentro de las mismas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se dará vista a sus superiores jerárquicos para que actúen conforme a sus atribuciones”, advierte la sentencia.

En una segunda declaración, el propio Vallarta afirmó que los policías federales se hablaban entre sí con los nombres del Zodíaco y que de ahí habría surgido el nombre de la banda de plagiarios que le inventaron las autoridades.

Para acreditar la tortura, la juzgadora recurre a fotografías y denuncias que la defensa de Israel Vallarta presentó en diversos momentos, así como al Protocolo de Estambul practicado por peritos de la defensa, destacando que si bien todavía no existe una sentencia contra los servidores públicos que habrían cometido la tortura, no se trata de un requisito indispensable para tomar en cuenta esas violaciones a derechos humanos dentro de una causa penal.

Otro elemento que la jueza tomó en cuenta para invalidar la primera declaración ministerial de Vallarta Cisneros fue que el testimonio del inculpado se tomó el 9 de diciembre de 2005 luego del montaje y con uso de violencia física y psicológica como se pudo observar a través de la televisión mientras era interrogado por reporteros, lo que comprueba que dicha declaración no fue emitida “de forma espontánea y sin presiones”.


Montaje tras montaje de la mano de PGR

En la sentencia dictada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México,  se retoman los argumentos del amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Florence Cassez para su liberación, mismos que se usan para invalidar una docena testimonios y  diligencias de reconocimiento del lugar en el que estuvieron secuestradas las víctimas, ya que se trata de actuaciones ministeriales” viciados por el montaje televisivo”.

La resolución agregó los testimonios de Carlos Loret, Laura Barranco, Pablo Reinah y Juan Manuel Magaña, ex trabajadores de Primero Noticias y Televisa, para terminar de acreditar el montaje en el rancho “Las Chinitas”, destacando que hay un “efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad en la que participaron las autoridades ministeriales y policiales y que fue auspiciado por los medios de comunicación nacionales e, incluso, internacionales”.

En este sentido, la jueza insistió en se expuso a Vallarta y Cassez ante la opinión pública y ante las víctimas que se encontraban en el lugar, por lo que a partir del montaje y con la inducción de las autoridades, las personas agraviadas inculparon de sus secuestros directamente a la ciudadana de origen francés y al comerciante mexicano.

La jueza explicó que las contradicciones de las víctimas, aunado al efecto corruptor del montaje televisivo y a que todos los reconocimientos de Israel Vallarta en la Cámara de Gesell se hicieron sin la presencia de su abogado o persona de confianza, violando así el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada,  por lo que le fue imposible “distinguir las pruebas auténticas de las que fueron inducidas o preparadas para sostener una versión alternativa de los hecho”.

La resolución resaltó que tras el análisis del expediente, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos en el proceso penal contra Vallarta como “la inmediata puesta a disposición del acusado ante el agente del Ministerio Público, la violación al principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto, como regla de trato y extraprocesalmente; y desde luego, la tortura de que fue objeto el acusado, a efecto de arrancar su confesión e incriminarse de los hechos que se le imputaban”.

Además, la revisión del minuciosa del caso arrojó que la PGR realizó cateos a diversas parte del rancho “Las Chinitas” los días 18 y 19 de diciembre del 2005, es decir, días después del montaje televisivo, para tratar el hallazgo de armas y bienes u objetos de las víctimas, por lo que la jueza resolvió que dichas diligencias también viciadas de origen, debido a que “existe duda de lo que efectivamente fue real” y por lo tanto, “no es posible establecer valor a las inspecciones de lugares que ya habían sido contaminados”.

Incluso, la juzgadora reveló que la PGR dio fe del hallazgo de dichos objetos en “Las Chinitas” para tratar de acreditar la estancia de los secuestrados en el lugar, pero posteriormente solicitó las órdenes de cateo para constatar que ahí se encontraban dichos los objetos citados.

Para la PGR, el hallazgo de objetos antes de un cateo rompió la cadena de custodia. Una irregularidad más grave aún, es que en una ampliación de la declaración de una de las víctimas, rendida  el 25 de agosto del 2009 a través de una videoconferencia, se pretendió presentar como prueba adicional un pasamontañas que presuntamente perteneció a uno de los secuestradores captores, pero sin que existiera resguardo o registro del origen de esa prenda de vestir.

Por todo lo anterior, Israel Vallarta fue absuelto de las acusaciones por los delitos delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de cuatro víctimas con siglas CHRR, RRC, CRV y EYEF, todo ellos relacionados directamente con el montaje televisivo que tuvo lugar en el rancho “Las Chinitas” el 9 de diciembre del 2005.

Dos secuestros adicionales tras revelación del montaje

La sentencia de la jueza federal hizo un énfasis especial en dos casos de secuestro que se cometieron antes del montaje televisivo: uno ocurrido en 2003 de una víctima identificada con las siglas SSM de un empresario textilero, y otro cometido en 2005 en agravio de la víctima con las iniciales VCAT, una estudiante universitaria de apenas 18 años.

Estos son los casos que mediáticamente se han identificado como “las otras causas penales” que enfrentaba Israel Vallarta, pero que que no lo son. Se trata de procesos penales que corresponden a dos averiguaciones previas  ya existentes y que se acumularon a la causa penal que ya se seguía contra Israel Vallarta por el caso del montaje televisivo en el rancho “Las Chinitas”.

Por lo tanto, la acumulación de ambos casos con el caso Vallarta-Cassez se hizo después del montaje y a petición del Ministerio Público Federal

En el caso de SSM este fue llamado por las autoridades para sumar su caso a la causa penal abierta contra Israel Vallarta; mientras que en el caso del VCAT, un presunto testigo que afirmó haber visto a Vallarta seguir a la joven víctima y a su madre, fue el argumento para poder llamar a la joven plagiada y a su familia para que pudieran declarar contra el supuesto líder de la banda “Los Zodíaco”.

Cabe señalar que en sus primeras declaraciones sobre el secuestro que sufrieron, antes de acumular ambos expedientes al caso Vallarta-Cassez, tanto VCAT como SSM dijeron no haber visto ni identificar a ninguno de sus secuestradores, pero tras el montaje y los señalamientos de la PGR  lograron “reconocer” a la francesa y el mexicano por su tono de voz y/o porque “los habían visto” en algún momento del plagio.

Incluso, en l resolución se advierte que el reconocimiento de VCAT a Vallarta podría ser otro montaje: supuestamente la joven asistía a una diligencia de reconocimiento del lugar en el que estuvo secuestrada, cerca del rancho “Las Chinitas”, cuando “vio por el espejo retrovisor” a Vallarta que circulaba a bordo de un auto marca Volvo, a alta velocidad. Pese a que solo habría sido un instante y sin recordar más sobre asunto, VCAT le habría dicho a los agentes de la Policía Federal y de la PGR  que esa persona se le “figuraba” a su plagiario.
Este reconocimiento podría no ser exacto, sobre todo si se considera que, de acuerdo con el relato de la víctima, el vistazo en el espejo fue muy rápido, aunado a que cuando identificó al chofer del automotor, únicamente refiere que esa persona, “se le figuró” como una de las que participó en su secuestro en un vehículo volvo gris, a la que reconoció cuando ella iba a bordo de una patrulla y el inculpado viajaba rápido en otro vehículo.
A raíz del supuesto encuentro vial, a la joven le son mostradas fotografías de Israel Vallarta en un Volvo gris, diferente al carro blanco que describió en su declaración antes del montaje en “Las Chinitas”, reconociéndolo como uno de sus presuntos secuestradores y señalando que lo había visto una vez, mientras estaba privada de su libertad, a través de un espejo que le habían proporcionado los presuntos plagiarios.

Sin embargo, una vez más la jueza resolvió que se trataba de un testimonio contradictorio: el espejo no estaba en ningún relato previo de la víctima, rendidos antes del montaje, y el reconocimiento fotográfico de Vallarta como líder de los secuestradores se hizo sin poner a la vista de VCAT fotografías similares de otras personas para que pudiera elegir una imagen por encima de otras.

Por lo anterior, la sentencia concluye que se violaron las reglas que la Suprema Corte impuso para validar un reconocimiento fotográfico después del caso Acteal. Para que un reconocimiento fotográfico sea validado por la justicia, el Ministerio Público debe presentar un carrusel de imágenes similares, para que la víctima o testigo señale, de forma libre y espontánea, a un presunto responsable.

No obstante, en el caso Vallarta-Cassez lo que ocurrió es que el Ministerio Público solo entregó a las víctimas fotos e imágenes del inculpado, es decir, de Israel Vallarta, por lo que las víctimas lo señalaron directamente a él y sin tener que reconocerlo frente a imágenes de otras personas. En consecuencia, la diligencia también fue invalidada y descartada como prueba para incriminar a Israel Vallarta.


En este marco, la sentencia destaca que todos los reconocimientos hechos en la Cámara de Gesell de Israel Vallarta por parte de las víctimas y testigos, se hicieron sin la presencia de su abogado defensor o persona de confianza, violando así el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada de la persona inculpada.

Además, la resolución considera que las víctimas reconocieron a Vallarta cuando “ya había sido televisada su imagen a nivel nacional y se le había señalado ‘sin lugar a dudas’ como culpable de ilícitos”, lo que muestra la inducción y manipulación por parte del Ministerio Público Federal.

Es por eso que tras analizar 292 pruebas de distintos tipos en una sentencia de 423 páginas, la jueza de la causa decidió absolver a Israel Vallarta Cisneros, cancelar cualquier registro en el que se le señale como responsable de un delito y ordenar su inmediata libertad.

En la sentencia que todavía puede ser apelada por la FGR y las víctimas de plagio, no hay ninguna frase escrita por la jueza en la que se refiera a Vallarta como culpable del delito de secuestro, pese a que mucha gente se niega a reconocer que la absolución equivale a un reconocimiento de inocencia.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum nombra a exgobernadora priista Claudia Pavlovich embajadora en Panamá

Claudia Pavlovich hizo su carrera política en el PRI, donde tuvo cargos desde 2004, como presidenta del comité directivo en Hermosillo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió nombrar a Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá.

El oficio fue enviado al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

El nombramiento debe ser avalado por la Cámara alta.

Claudia Pavlovich hizo su carrera política en el PRI, donde tuvo cargos desde 2004, como presidenta del comité directivo en Hermosillo.

Fue diputada local, regidora y senadora de la República, siempre bajo las siglas del partido tricolor.

De 2015 a 2021 fue gobernadora de Sonora, cargo que entregó al morenista Alfonso Durazo.

En enero de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió nombrarla en el consulado de Barcelona.

La sonorense se unió a la lista de exgobernantes de oposición que fueron ‘premiados’ con puestos en el Servicio Exterior tras entregar sus gubernaturas a morenistas.

Tal es el caso de Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo; Quirino Ordaz, de Sonora; Carlos Aysa, de Campeche; Carlos Joaquín González, Quintana Roo

Lilly Téllez, quien publicó el documento, criticó severamente el nombramiento:
La presidente Sheinbaum nombra a Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá. Premia a quien defendió a Sandra Lucía Téllez y demás dueños de la guardería ABC. Hipócrita.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.