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C5: Hackeo de cámaras de CDMX para rastrear informantes del FBI fue con 'Peña y Mancera'

El C5 señaló que análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos y que a la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo.

El Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México respondió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el uso de cámaras de vigilancia de la capital del país para rastrear a informantes del FBI por parte del Cártel de Sinaloa en 2018.

La dependencia señaló que los hechos ocurrieron en 2018, en la etapa final del gobierno Enrique Peña Nieto a nivel federal y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado; se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva y el homicidio doloso llegó a sus más altos niveles.

Añadió que el C5 de la CDMX emprendió desde la administración local de Claudia Sheinbaum su fortalecimiento en materia tecnológica y su extensión hasta cuadruplicar el número de cámaras de la previa gestión.

Dijo que actualmente, opera bajo un esquema de seguridad integral que incluye redes segmentadas y aisladas que evitan el tránsito libre de datos entre sistemas.

Detalló que cuenta con:

Control estricto de accesos con credenciales jerárquicas, autenticación multifactor y trazabilidad de cada sesión.

Cifrado de datos en tránsito y reposo, tanto en nodos de red como en centros de datos.

Monitoreo permanente de actividades y eventos con capacidad de respuesta ante anomalías.

Sistema cerrado multi capas para mitigar el riesgo de intrusiones de ciberdelincuentes que eventualmente buscan aprovechar las vulnerabilidades de otros sistemas informáticos, como ha ocurrido con el propio FBI en 2012, 2020, 2021 y 2022.

El C5 afirmó que desde el primer día del actual Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Publica se planteó por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como objetivo fortalecer la ciberseguridad y la seguridad de las instituciones de la capital mediante una estrategia integral que contempla la protección en todas las capas tecnológicas y está basada en un enfoque de gestión de riesgos, bajo los principios de autonomía y soberanía tecnológica.

“El C5 realiza análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos.

“A la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo del C5 CDMX, que opera con un sistema robusto y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el cual actúan instituciones locales y federales”, detalló el Coordinador General, Salvador Guerrero Chiprés.

Añadió que “en el mismo reporte del FBI no se precisa que sean cámaras públicas o privadas las que supuestamente habrían sido utilizadas por delincuentes”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban comisiones del Senado Ley de Investigación e Inteligencia

La plataforma, a cargo del CNI, estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

La tarde de este sábado las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el polémico dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, o como se le ha llamado por sus críticos: la Ley Espía.

Ahora, ambos serán turnados a la Mesa Directiva del Senado de la República, donde serán debatidos como parte del Periodo Extraordinario de Sesiones, en el cuál se revisará la aprobación de al menos dos docenas de iniciativas, muchas de ellas enviadas desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se anticipa que la votación en el Pleno tome lugar el próximo lunes 30 de junio.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pasó con 16 votos en pro y ocho en contra,de manera conjunta entre ambas comisiones (6 votos a favor y 2 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath; a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez).

En tanto, el decreto referente a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobado con 18 votos a favor y cuatro en contra (7 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, y 9 a favor y 4 en contra de la Comisión de Estudios Legislativos).

Durante la sesión, que tuvo una duración de más de dos horas, se aprobó la Ley que, entre otros propósitos, busca establecer un nuevo modelo de seguridad con mayor énfasis en la prevención de delitos e inteligencia estratégica.

Al referirse a los temas, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como un eje rector de la seguridad en el país. Por otro lado, recordó que el sistema penal mexicano desde sus orígenes no usaba la inteligencia, pero hoy “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.
Estamos inmersos en factores de geopolítica, por eso debemos entender los avances que podamos incluir para atender los temas que más demanda el pueblo de México: paz y seguridad.
Añadió que la segunda minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y amenazas, y el fin es establecer un sistema de inteligencia bajo principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.

Investigación e Inteligencia

La ley, producto de iniciativa presidencial, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.

La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.

Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.

Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.

Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban reforma da transparencia a contraloría interna de la Cámara de Diputados

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley que se reforma la Ley Orgánica del Congreso para brindar nuevas atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, como autoridad garante en materia de transparencia y datos personales.

El Pleno de la Cámara Alta voto por 104 votos a favor la reforma que establece las facultades a la contraloría interna de la Cámara de Diputados, para resolver recursos de revisión, atender denuncias por incumplimiento, dictar medidas de apremio, coordinarse con otras autoridades y emitir criterios que fortalezcan la cultura y la transparencia institucional.

Además, incorpora formalmente a la Dirección de Registro y Evaluación dentro de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de reconocer la práctica administrativa existente y reforzar sus atribuciones sin generar un costo presupuestal adicional. 

La reforma tiene la finalidad de adecuar los artículos 53 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al nuevo marco constitucional y legal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Ejecutan a policía municipal en Culiacán

Con este atentado suman 28 agentes de corporaciones locales asesinados durante 2025.

Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue ejecutado por un grupo armado esta tarde de sábado en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte oriente de la ciudad. Con este crimen suman 28 elementos de corporaciones asesinados durante 2025, según cifras de la organización civil Causa Común, colocando a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia en estos crimines.

El ataque se dio en la entrada de este fraccionamiento sobre el bulevar California y la carretera a Imala, misma zona en donde en enero de este año un comando disparara contra un vehículo con civiles a bordo causando la muerte a los hermanos Gael y Alexander de 12 y 9 años junto a su padre Antonio de 40.

El agente fue identificado como Jesús Alejandro de 41 años y de acuerdo a medios locales estaba adscrito a la unidad de robo de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán.

El policía circulaba a bordo de un vehículo tipo sedan marca Toyota cuando fue interceptado por un grupo armado. Tras el ataque el agente buscó huir a pie pero fue alcanzado por los gatilleros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Mauricio “N”. denunciado de violencia vicaria, se rehúsa a revelar paradero de su hija

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Mauricio “N”, acusado del delito de violencia vicaria por negarse a entregar a su hija Lucía de 6 años de edad desde agosto de 2024, enfrenta un nuevo proceso legal por desaparición forzada cometida por particulares. En una audiencia realizada este sábado 28 de junio, se determinó que permanecerá en prisión preventiva por obstaculizar la búsqueda de la menor

Como Proceso informó previamente, el 13 de junio, Mauricio huyó con Lucía para no regresarla a su mamá Ericka Contreras. Ese día se efectuó un operativo en el que se autorizó el uso de la fuerza pública para recuperar a la pequeña. Tras no encontrarlos, denunciaron filtración de información del Poder Judicial.

“Él se niega a decir dónde está mi hija, Lucía. Se apegó al plazo constitucional y será hasta el lunes que se realizará la audiencia de vinculación, la jueza le dictó prisión preventiva porque está obstaculizando la búsqueda de mi hija”, declaró Ericka para Proceso.

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Pese a los esfuerzos de Ericka Contreras, su hija sigue desaparecida.

En una audiencia que se realizó el domingo 15 de junio, días después de que Mauricio huyó con Lucía para no entregarla; se realizó una audiencia en la que se había solicitado el cambio de medidas cautelares, pero la jueza de control, Silvia Elena Torres Cobá se negó.

Ericka ha hecho diversas acciones de búsqueda. El 11 de diciembre de 2024 acudió a la Cámara de Diputados y ofreció una rueda de prensa para exponer su caso. El 21 de junio durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán acudió al evento para intentar exponerle su situación y pedirle su intervención.

A Ericka, su expareja y padre de Lucía, Mauricio, imputado por el delito de desaparición forzada, la acusó de proteger a un agresor sexual de la menor. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán en abril de 2025, cerró la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Avanza en el Senado ley de telecomunicaciones; legisladores advierten riesgo de “vigilancia masiva”

La nueva versión de la ley de telecomunicaciones fue aprobada por comisiones en el Senado. Legisladores de la oposición reconocieron avances en los ajustes realizados pero advirtieron el riesgo de vigilancia a través de dispositivos de servicios de telecomunicación móvil

El Senado aprobó la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones con ajustes reclamados por especialistas, integrantes de la sociedad civil y legisladores,  pero con medidas que permitirán dar seguimiento en tiempo real a usuarios de telefonía e internet, calificadas como “espionaje” por parte de legisladores de la oposición.

El documento emitido inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y frenado por más de dos meses por indicaciones de ella misma para abrir un diálogo con especialistas, empresarios y usuarios del sector, fue aprobado por 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, en las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

La ley será votada en el pleno del Senado este sábado, para ser enviada a la Cámara de diputados.

Establece que las empresas de telecomunicaciones deben entregar información geográfica en tiempo real de los usuarios y conservar un registro de las comunicaciones por dos años. Si las autoridades les requieren alguna información, tendrán un día para entregarla. 

Los servicios de telecomunicación móvil —telefonía e internet—, sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP) que, de acuerdo con otras reformas impulsadas por el gobierno federal de forma paralela, contendrá los datos biométricos de las personas. 

Esa disposición está contenida en el artículo 103 de la ley, que establece que “los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión. La identificación oficial deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.

Es el artículo 183 el que ordena a las empresas concesionarias colaborar con las autoridades de seguridad y fiscalías en la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares.

La reforma mantiene el mandato de que las líneas de telefonía móvil deben estar asociadas a un usuario final y de lo contrario serán suspendidas. De acuerdo con artículo 30 transitorio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a más tardar en 120 días hábiles después de que entre en vigor la reforma, emitirá los lineamientos para la identificación de líneas del servicio móvil. 

Después de otros 120 días hábiles, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Publicidad extranjera

La reforma establece que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley establece que sólo la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de cada estado, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

En el artículo 107, se establece que la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo la que sea pública o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

La ley mantiene la disposición que desató la reforma en abril pasado respecto a la publicidad extranjera. En el artículo 232, establece que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en México no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros.

La misma restricción aplica a programadores y operadores de señales, así como plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional.

La única información de este tipo que estará permitida es la referente a promoción turística, cultural o deportiva. 

La Secretaría de Gobernación será la encargada de vigilar y supervisar de que no se viole la disposición y si ello ocurre ordenará la suspensión de la transmisión de la publicidad, previo apercibimiento y puede multar hasta con una multa equivalente hasta del 5 por ciento. 

La nueva versión eliminó el artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear plataformas digitales. 

Como énfasis, en el artículo 209, entre las facultades de la Secretaría de Gobernación, se destaca que la dependencia “deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa”.

Agencia Digital y la nueva Comisión

Luego de las críticas por la concentración de funciones en la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), la reforma planteó la creación de una Comisión dependiente de la propia agencia y desconcentrada.

La ATDT continuará como principal responsable de elaborar las políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del gobierno mexicano. 

La reforma crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco personas nombradas por la Presidencia Claudia Sheinbaum y ratificadas por el Senado de la República. 

Se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la propia Agencia, con independencia técnica, operativa y de gestión. 

Así, la Agencia deberá coordinarse con la Comisión para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet.

Es responsabilidad de la ATDT garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades públicas y ayudar a las demarcaciones en ese objetivo, así como establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que identifiquen el número de sitios a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar la cobertura universal.

En coordinación con la Comisión, la Agencia emitirá el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, elaborará el plan nacional de conectividad y acceso a Internet. 

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá las disposiciones administrativas generales en la regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión. Es decir, planes técnicos fundamentales, lineamientos, Normas Oficiales, modelos de costos, procedimientos de homologación y certificación, así como ordenamientos técnicos en el sector, comunicación satelital, sostenibilidad espacial, entre otros. 

Tendrá a su cargo también las concesiones para prestar servicios de radio y telecomunicación.

En tanto se integra el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conforme al artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuará en funciones conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dos meses y cinco conversatorios después

La ley fue propuesta el pasado 23 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue aprobada por las comisiones unidas, pese a las críticas en torno a los riesgos de censura debido al artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear cualquier plataforma digital bajo criterios de la Secretaría de Hacienda.

La mandataria puso énfasis en que su propuesta no buscaría limitar la libertad de expresión. Otra de las advertencias principales de especialistas y representantes de la oposición fue la concentración de funciones en la Agencia Digital, que dirige José Merino.

La iniciativa había avanzado hasta la primera lectura para ser votada en el pleno del Senado; hasta que Presidencia abrió la puerta a las modificaciones y el 28 de abril el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, solicitó que la votación fuese retirada del Orden del Día. El dictamen fue devuelto a Comisiones, que después de cinco conversatorios presentó una nueva versión de la iniciativa.
Reclaman geolocalización en tiempo real

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, destacó las correcciones realizadas respecto a la primera versión de la iniciativa pero puso énfasis en la posibilidad de que exista geolocalización en tiempo real de usuarios de telefonía móvil.

“Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para sus suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho.

El priista Néstor Camarillo se pronunció en ese mismo sentido:

“Esto significa vigilancia masiva, es un registro detallado de nuestras llamadas ubicación duración de conversaciones, mensajes. Y esto simplemente es inaceptable, en una democracia. Esto simplemente no es seguridad, es espionaje institucionalizado”.

La priista Claudia Anaya advirtió sobre la imposibilidad de que el Senado pueda nombrar a los integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por su estatus de órgano desconcentrado.

“Nosotros para poder nombrar ratificar tomar protesta o destituir, tenemos que tener en las facultades del Senado las que nos marca el 76 constitucional, nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estamos un acto anticonstitucional”.

Lo señalado por la priista requeriría una reforma antes de que la Comisión de la nueva ley entre en funciones.

Javier Corral, impulsor de la iniciativa, la calificó como “la mayor reforma de fortalecimiento en materia de medios sin fines de lucro”.

Destacó el fortalecimiento de medios sociales como a radios comunitarias, afromexicanas e indígenas.

“Estos son de uso social de los que estoy hablando, porque son medios que necesitaban un mayor fortalecimiento económico para su viabilidad económica y sobre todo porque ahora los ingresos que puedan recibir de presupuestos de comunicación social de entidades públicas, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, pues no se circunscriben a la venta de publicidad, sino también pueden ser destinados a infraestructura, a producción de contenidos, a mantenimiento de equipos o equipamiento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

En México 300 mil personas engrosaron población en informalidad

Alrededor de 300 mil personas engrosaron la población que trabajó en la informalidad en México al cierre de mayo pasado. Con ello, en el país sumaron 32.9 millones en esa condición laboral.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que la tasa de informalidad pasó de 54.4% a 54.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), de mayo de 2024 a mayo de 2025.

Si solo se toman en cuenta los primeros cinco meses del presente año, la informalidad ha incrementado en cerca de 700 mil personas, ya que en enero se reportó 32.2 millones en esa condición laboral, observó la directora de Operaciones de Manpower México, Beatriz Robles.

“El crecimiento de la informalidad y la insuficiencia de creación de empleos formales es un tema histórico. No se ha logrado el número suficiente de empleos formales para satisfacer a la población, el cual es entre 1 millón y 1 millón 200 mil empleos anualmente”, señaló la ejecutiva.

La informalidad es un “reto importante” para el mercado laboral, porque está ligada a salarios bajos, falta de prestaciones sociales, subempleo y malas condiciones de trabajo. En el panorama actual es necesario generar las condiciones propicias para que el mercado laboral sea más grande y haya mayor bienestar para los trabajadores, consideró.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dada a conocer este 27 de junio de 2025, la población desocupada en el país también aumentó en 83 mil personas contabilizándose en total 1.7 millones.

Prácticamente la desocupación afectó solamente a las mujeres al alcanzar las 715 mil; cantidad mayor a la reportada en mayo de 2024, de 632 mil.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) creció en 2 millones de personas alcanzando 42.1 millones; lo que representó el 40.5% de la población de 15 años y más.

En este rubro 5.5 millones de personas se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para ello. Esta población también aumentó en 477 mil 39 personas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Exhiben modus operandi de Salinas Pliego para no pagar impuestos; ya debe 74 mil mdp al SAT

“Pero van a pagar los impuestos", advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum al Grupo Salinas, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la federación, exhibió el modus operandi del Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, que mediante vínculos con algunos integrantes del Poder Judicial ha evadido el pago de 74 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por diferentes casos desde hace 16 años.

En la conferencia de este viernes en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este grupo, del que no mencionó directamente el nombre, mantiene 32 casos en litigio en el Poder Judicial de la Federación que, juntos, suman los 74 mil millones de pesos.

De ese total, tres ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representan 26 mil millones, cinco están en tribunales colegiados de circuito y acumulan 20 mil millones, 11 radican en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa equivalentes a ocho mil millones, y 13 asuntos más están en otras instancias donde suman 20 mil millones de pesos más.

Galeano García aseguró que el juicio más antiguo en la Corte data del 2008; es decir, que dicho grupo empresarial, “grande y complejo” lleva 16 años de incumplimiento al fisco. Añadió que los tres casos que están en la Corte significan la tercera parte del adeudo total de este grupo.

Entonces, denunció: “Podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, que debe pagar impuestos como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones”.

Luego, siguió: “incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles”.

La funcionaria añadió que cuando el grupo advierte que un juez “está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido, alega intereses personales” de las autoridades.

Incluso, dijo que, aun cuando ya ha tenido sentencias firmes, “que los jueces no están recusados, que pueden resolverse los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones”.

La procuradora fiscal aseguró que en todos los casos se ha respetado el derecho de audiencia. “Ellos saben que no tienen la razón y aun así litigan con fervor”, acusó.

No obstante, denunció que, aunque “es penoso” la “fuerza corporativa” de este grupo alcanzó a la SCJN. Y dijo que, con el cambio en el Poder Judicial habrá “jueces objetivos” y esas tácticas “no les van a seguir funcionando”.

De hecho, consideró que si los casos pendientes no se llegan a resolver con los actuales ministros de la Corte, los que entran en septiembre próximo podrían “estrenarse” con ellos.

Críticas, porque no quieren pagar: Sheinbaum

Tras la descripción del actuar de Grupo Salinas, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó que las críticas que se hacen en TV Azteca, integrante de Grupo Salinas, a la elección del Poder Judicial y a su propio gobierno, son porque habrá cambios en este poder y ya no podrán seguir operando de la misma manera. 

“Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial. ¿Por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra de la elección al Poder Judicial? Pues porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían este a letargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo que sería ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión”, dijo.

Añadió: “tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe pues este régimen de corrupción y privilegios que los protegía”.

Sheinbaum Pardo advirtió que el emporio de Salinas Pliego, en vez de pagar impuestos, prefirió “tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros que les han evitado pagar impuestos”.

Entonces, advirtió: “Pero van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora, pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Dictan tercer auto de formal prisión contra Tomás Yarrington

El pasado 11 de abril de 2024, Proceso informó que la FGR procedió penalmente contra Yarrington derivado de una averiguación previa iniciada desde el año 2009 luego de que el exgobernador fue señalado por un testigo protegido, supuesto integrante del Cártel del Golfo.

Un juez federal dictó el tercer auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, esta vez por delincuencia organizada agravada y lavado de dinero. 

La determinación fue dictada por la juez Segundo de Distrito en materia Penal el el Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, específicamente por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hipótesis de quien tenga funciones de dirección, administración y supervisión) agravado; y por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este es el tercer proceso penal al que Yarrington está sujeto, en abril pasado, luego de ser deportado desde Estados Unidos, el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, le dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud en su modalidad de colaborar al fomento para posibilitar el narcotráfico. 

Desde entonces permanece internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número Uno, “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

El pasado 25 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó del segundo auto de formal prisión dictado contra el exgobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En esta segunda acusación, la FGR indicó que el exgobernador, mientras estaba en el cargo e incluso después de dejarlo, recibió dinero de una banda criminal para adquirir, a través de otra persona, tres inmuebles dentro y fuera de México. 

El pasado 11 de abril de 2024, Proceso informó que la FGR procedió penalmente contra Yarrington derivado de una averiguación previa iniciada desde el año 2009 luego de que el exgobernador fue señalado por un testigo protegido, supuesto integrante del Cártel del Golfo. 

En su denuncia, el testigo protegido indicó que Yarrington permitía que el cártel cometiera lavado de dinero y tráfico de drogas durante su gestión en el estado de Tamaulipas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Detienen a “Jr.”, presunto asesino serial ligado a 15 homicidios en Edomex

Arturo “N”, presunto líder de “Los Juniors”, fue capturado con droga y vehículo robado en Edomex.

Arturo “N”, alias “Jr.”, presunto integrante de una célula criminal conocida como “Los Juniors”, fue detenido en el Estado de México por su presunta participación en al menos 15 homicidios registrados en los municipios de Teoloyucan y Coyotepec.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El detenido fue ingresado al penal de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica.

Lo relacionan con crímenes múltiples y amenazas contra autoridades

Según las investigaciones de la FGJEM, Arturo “N” estaría vinculado a varios eventos de alto impacto, entre ellos el abandono de un cuerpo envuelto en bolsas negras bajo un puente vehicular en Coyotepec el pasado 17 de junio. Junto al cadáver se dejó un mensaje intimidatorio dirigido a autoridades municipales y elementos de la Fiscalía, en el que se advertía que cesaran los cateos o continuarían las ejecuciones.

Además, el detenido estaría involucrado en un doble homicidio cometido el 30 de mayo en el Barrio San Sebastián, en Teoloyucan. En ese hecho, una mujer y un hombre fueron sometidos, golpeados y asesinados con disparos de arma de fuego presuntamente por Arturo “N” y tres cómplices.

También se le relaciona con el asesinato de tres hombres ocurrido el 25 de abril en Coyotepec. Las víctimas fueron atacadas en un contexto que aún es investigado por las autoridades.

Al momento de su captura portaba droga


Arturo “N” fue detenido cuando viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo. Durante la inspección, los agentes localizaron varios envoltorios con presuntas sustancias narcóticas, por lo que también fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos en flagrancia.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto es parte de “Los Juniors”, grupo integrado por al menos 12 personas que opera en la región y se dedica tanto a ejecuciones como a la distribución de estupefacientes.

La Fiscalía estatal continúa las investigaciones para determinar si el detenido está implicado en otros hechos violentos cometidos en municipios del norte del Valle de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Deportan desde EU a “La Rana”, sicario de Guerreros Unidos, vinculado al caso Ayotzinapa

Édgar Damián Sandoval Albarrán, alias “La Rana” o “El Wereke”, identificado como vigilante y sicario de Guerreros Unidos, fue deportado desde Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. El individuo enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado ante el Gobierno de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Sandoval Albarrán. El 9 de junio de 2025, autoridades estadounidenses comunicaron que el sujeto había sido detenido y sometido a procedimiento migratorio, por encontrarse de manera ilegal en territorio estadounidense.

Tras la audiencia migratoria de Sandoval Albarrán, un juez ordenó su deportación a México para enfrentar los cargos criminales pendientes. La Fiscalía confirmó que la entrega del mexicano “se ejecutó en las últimas horas, entregándolo a Interpol México, de la FGR, por la frontera que comunica a las ciudades de Nogales, Arizona, de los Estados Unidos, con Nogales, Sonora, México”.

El acusado supuestamente había fungido como halcón y matón a sueldo de la organización criminal Guerreros Unidos durante los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó echar abajo la resolución que ordenó a la FGR dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión fue tomada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El proyecto señaló que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada.

La resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también fue impugnada por tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos individuos fueron señalados de participar en el secuestro, desaparición y homicidio de los normalistas, pero posteriormente se convirtieron en testigos colaboradores durante la Administración de López Obrador.

Según el expediente consultado, el 15 de febrero de 2023 el INAI impuso a la FGR la obligación de entregar la versión pública. Entre los que impugnaron la resolución estuvieron Agustín García Reyes, “El Chereje”; Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”, y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron señalados de presuntamente formar parte de dicho grupo criminal.

En 2018 fueron liberados por orden de un Tribunal Federal, el cual determinó que en sus casos se violó el debido proceso y que fueron torturados. De los tres testigos, solo dos sobreviven, ya que, el 15 de junio de 2025, fue asesinado “El Pato”, en un domicilio particular, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México.

La FGR tendrá que publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio del Caso Iguala, donde están los diversos tomos de la investigación del caso iniciada desde 2014. González Alcántara Carrancá consideró que los argumentos eran inoperantes, ya que al tratarse de violaciones graves de derechos humanos, la información solicitada revestía el carácter de pública.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Asesinan a balazos, en Acapulco, a dirigente del Sindicato de burócratas en Guerrero

Un grupo de hombres armados asesinó a balazos a Humberto Piza Pérez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuando viajaba en un automóvil junto a su chófer, en la avenida Niños Héroes, en la colonia Progreso, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

El ataque armado ocurrió cerca de las 7:40 horas del viernes 27 de junio de 2025, cuando Piza Pérez se trasladaba por dicha avenida,.a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Aveo, color oro, junto con su escolta de seguridad.

Testigos citados por medos locales señalaron que el líder sindical circulaba junto con el escolta identificado como Roberto ‘N’, en dirección a la avenida Cuauhtémoc, metros más adelante de la Coordinación Zona Sur, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), donde fue ultimado a tiros.

Según los reportes de la prensa local, sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a balazos al dirigente sindical y a su chófer cuando el vehículo se encontraba en movimiento. El cuerpo de Piza Pérez quedó sentado en el asiento del copiloto, mientras que su escolta fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital, para su atención médica.

Al momento del ataque, el escolta perdió el control del automóvil y se impactó contra el conductor de una motocicleta, quien resultó lesionado. Tras la balacera, el chofer perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se impactó contra una barda.

Al lugar llegaron elementos de la Policías Municipal, Ministerial, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Piza Pérez cumplía su segundo mandato como dirigente de la sección, que en su mayoría está integrada por trabajadores de Saneamiento Básico municipal. La Sección 19 del SUSPEG aglutinaba a alrededor de mil 400 trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco.

El Gobierno Municipal de Acapulco condenó el homicidio de Piza Pérez y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a aquellos que resulten responsables. Asimismo, expresó solidaridad a familiares, amigos y compañeros.

La dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, condenó el asesinato del líder de la Sección 19 y exigió una investigación clara, eficaz e inmediata del crimen.

En la sección sindical existen antecedentes de violencia contra sus dirigentes. El último ataque a un líder de la Sección 19 del SUSPEG ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando hombres armados dispararon contra el automóvil del entonces secretario general, Mario Alonso Quevedo, quien resultó herido junto con dos acompañantes. El hecho violento fue reportado cerca de la calzada Pie de la Cuesta, cerca del extinto Diario 17.

Anteriormente, el 6 de diciembre de 2013, el dirigente de esa misma sección sindical, Fernando Vázquez Bustos, fue asesinado dentro de su vehículo, muy cerca de su domicilio particular, en la colonia Postal.

Vázquez Bustos, de 52 años de edad, fue interceptado por un hombre armado que le disparó cuando salió de su vivienda y abordó su vehículo. Los agresores le dejaron una cartulina con un mensaje del que no se dio a conocer el contenido.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Senadores aprueban reforma sobre desapariciones y la CURP con datos biométricos

La oposición consideró la nueva CURP como un "dardo envenenado" porque recurre a la problemática de la desaparición forzada para crear un mecanismo de control ciudadano.

Los senadores oficialistas aprobaron la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. 

Los senadores aprobaron la iniciativa en lo general y en lo particular por 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

La reforma busca la creación un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos. 

Además, siguiendo la misma línea de otras reformas oficialistas en el sentido de tener los datos de los ciudadanos, también establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP), a que se refiere la Ley General de Población. 

Además, en el artículo 91 se establece que, al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. La Clave Única de Registro de Población (CURP) contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos. 

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para que la próxima semana, antes de que termine el periodo extraordinario, se discuta en el Pleno.   

La oposición, en contra de la CURP con datos biométricos

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la iniciativa no resuelve nada ya que, resaltó, no atiende a los cuatro principios de la justicia tradicional transicional: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. 

También enfatizó que los desplegados de los colectivos dicen que no los utilicen para meter un mecanismo de control ciudadano (la CURP biométrica) “con el pretexto de querer encontrar a nuestros desaparecidos”. 

“La CURP, biométrica, la acumulación masiva de datos sin planificación, progresividad, presupuesto, no ayuda a la población, la pone en riesgo, en riesgo de hackeos, en riesgo de robo de identidad y más ahora que no tenemos protección de datos personales, entonces no los utilicen mejor. Resolvamos de manera estructural el diseño de las instituciones y el diseño presupuestal”, explicó. 

Por su parte, la senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, afirmó que su partido votará a favor del dictamen de Desaparición Forzada, porque responde a una emergencia nacional, pero en contra del dictamen sobre la Población, porque atenta contra los principios básicos de protección de datos personales, privacidad y límites al poder del Estado. 

“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad en la que se incorporan datos biométricos a la CURP es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial que de manera permanente estará interconectado en tiempo real con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. 

“En realidad, lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Reformas en seguridad crean “superaparato de vigilancia” y sin control ciudadano: alerta la ONG R3D

Las nuevas reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum otorgan al Ejército y a Seguridad y Protección Ciudadana facultades de vigilancia masiva con escasa supervisión. La R3D advierte sobre riesgos de espionaje, abusos y militarización de la seguridad.

El paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y de telecomunicaciones elaboradas por la Presidencia otorga nuevas facultades al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al aparato militar, que conforman un “superaparato de vigilancia” sobre el cual la ciudadanía tendrá poca o nula supervisión, advierte José Flores, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Es urgente una reforma a la vigilancia”, insiste el activista en entrevista con Proceso, en la cual señala que las reformas crean nuevas bases de datos interconectadas que darán “más facultades y menos controles a las autoridades para monitorear y vigilar a las personas”.

Además de sellar su incorporación al aparato militar, las reformas a la Guardia Nacional otorgan alcuerpo castrense la facultad de recolectar datos telefónicos –la localización o los registros de llamadas, mas no los contenidos de las mismas– sin pedir la autorización de un juez de control, lo que abre la puerta a abusos, según Flores, quien recuerda cómo en 2023 las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima ordenaron a las compañías telefónicas a entregarles información telefónica de opositores políticos.

Flores destaca otros aspectos delicados de la reforma a la Guardia Nacional, como la posibilidad para sus integrantes de pedir licencia para competir en elecciones –facultad que ya tienen los militares–, o el permiso de realizar operaciones encubiertas, con los riesgos de tortura y otras “externalidades” que esto conlleva.
Los militares ya están en las calles, han concentrado poder a lo largo de los últimos años, ya no sólo como con grandes proyectos de infraestructura, sino con capacidades de elección popular, o sea se ve cómo México transita lenta e inexorablemente hacia un régimen híbrido entre civil y militar.
De hecho, Flores señala que, al margen de la reforma a la Guardia Nacional, el equipo de Sheinbaum modificó el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional; en otras palabras, dio facultades al Ejército para recolectar inteligencia bajo una interpretación amplia del concepto de seguridad nacional.

La situación no es nueva: por lo menos desde 2010 la Sedena ha tenido el spyware Pegasus, y lo ha utilizado para intervenir teléfonos de manera ilegal, pues nunca ha contado con las facultades para hacerlo, y nunca ha solicitado una orden judicial para infectar los dispositivos de sus víctimas. Sin embargo, con el cambio a la ley, Flores asevera que “ahora básicamente les están abriendo la puerta para que lo hagan con este sustento”.

De paso, el director de R3D recuerda que la Sedena sigue desacatando una orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que le instruyó dar a conocer los contratos mediante los cuales adquirió Pegasus. Por ello, considera que con las nuevas reformas “habrá más impunidad” y menos rendición de cuentas, pues “se están aflojando los pocos controles que existían”.

Información ¿para EU?
   
Flores también destaca que las reformas obligarían a presentar la CURP biométrica para realizar trámites públicas o privados y amplían las facultades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyendo un mayor acceso a bases de datos como una nueva plataforma única de identidad, creada “con la finalidad de la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas”.

El activista señala que Omar García Harfuch tendrá la facultad de suscribir convenios con instancias nacionales e internacionales, una posibilidad “especialmente grave” en un contexto en el que el gobierno estadunidense de Donald Trump ha pedido a México el acceso a la información biométrica de los viajeros y algunos de los ciudadanos en tránsito, como lo ha hecho con los datos biométricos que se registran en los centros del Instituto Nacional de Migración (INM).

Respecto de los datos telefónicos, Flores aclara que el gobierno y la mayoría legislativa de Morena quitaron el polémico registro nacional de usuarios de telefonía móvil, pero “todo parece indicar” que las autoridades dejarán a las empresas telefónicas la responsabilidad de solicitar los datos de sus clientes y las obligarán a compartirlas bajo ciertas circunstancias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Familiares de Caro Quintero también están en la mira de la justicia de Estados Unidos

Al narcotraficante Caro Quintero se le aplicará el Código 848 (Estatuto Kingpin), apartado en la ley criminal federal de EU, diferente a la ley RICO, que permitiría la confiscación de propiedades, dinero, y formalizar imputaciones de narcotráfico a familiares, amigos y socios de Caro Quintero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no negocia ni negociará ningún acuerdo con el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, a quien se le enjuiciará en Nueva York en un proceso que tardará por lo menos un año y medio en arrancar bajo los cargos más severos posibles de narcotráfico para que nunca salga de la prisión.

“Falsos, todos los rumores de una negociación con Caro Quintero son mentira. A este criminal se le va a enjuiciar con todo el peso de la ley”, dice a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.

“En la Corte de Nueva York se le procesará bajo el Código 848 (Estatuto Kingpin), Continuidad de una Empresa Criminal, un apartado severo de nuestras leyes para castigar a mafiosos y narcotraficantes”, acota el funcionario involucrado en preparar el caso Caro Quintero.

Impedido por la ley para hablar “on the record” sobre un asunto judicial abierto (obstrucción de justicia), el funcionario estadunidense augura que a Caro Quintero, cuando se le declare culpable de todo lo que se le acusa y acusará, mínimo le espera una condena de cadena perpetua.

Sobre el narcotraficante mexicano expulsado del país y enviado directamente a Nueva York por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de julio último, pesan tres encausamientos judiciales en Estados Unidos: el neoyorquino, uno en Texas y otro en California.

Ante el juez Frederick Block, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a Caro Quintero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico, lavado, posesión de armas ilegales y por la “violación” referida al secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique KikiCamarena, en Guadalajara, Jalisco.

A las imputaciones procesadas bajo el Código 848, instrumentado en 1970 en el Acta de Abuso, Control y Prevención de Drogas, el Departamento de Justicia le puede añadir cualquier otro delito.
En estos momentos de audiencias procesales -explica el funcionario-, los fiscales están recopilando en Estados Unidos, con información proveniente de México también, todos los expedientes relacionados con Caro Quintero. Tomará tiempo; el juicio se iniciará en año y medio o dos.
Bajo el mando de Saritha Komatireddy, la fiscal que con éxito procesó en Nueva York al narcotraficante Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la parte acusadora acumula miles de documentos que en el juicio sustentarían las acusaciones contra Caro Quintero.

“Son miles y miles de evidencias (documentos) las que existen sobre este criminal. Estamos hablado de un caso de 40 años de viejo, por eso el juicio tardará tiempo en iniciar”, aclara el funcionario.

De entre algunos detalles de la búsqueda que encabeza Komatireddy, la fuente enfatiza que… 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Se pronuncia ONU-DH contra reformas a ley de la Guardia Nacional

La Oficina de la ONU en México para los derechos humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para una nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que “pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos”.

“Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”, criticó la ONU-DH este viernes sobre las iniciativas que aborda el Congreso.
Añadió que “también preocupan” las facultades que se otorgarían al ejército para procesar información de inteligencia, “así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el art. 17 del PIDCP) y otros derechos humanos”.

A pesar del rechazo de organizaciones de derechos humanos, defensoras de la libertad de expresión y de la seguridad digital, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 24 de junio la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, que contemplan, entre otros puntos, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército y la posibilidad de que militares se postulen para cargos de elección popular.

Las reformas eliminan por completo el control civil de la corporación y otorga el manejo total de sus funciones administrativas y operativas al ejército. Además, la Guardia Nacional ahora estará facultada para realizar operaciones encubiertas, utilizar “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados e intervenir comunicaciones.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, criticaron organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

El dictamen fue aprobado en lo general el martes con 349 votos a favor emitidos por legisladores de Morena, PVEM y PT, durante el segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos de búsqueda llaman a no votar “por la simulación” de nueva Ley de Desaparición

Colectivos y familiares que integran la Glorieta de las y los Desaparecidos llamaron “a las senadoras y senadores con sensibilidad a votar en contra” de la Ley General en Materia de Desapariciones, que instauraría un sistema de vigilancia “simulando que es para la búsqueda de las personas desaparecidas”.

“Votar a favor es votar por la simulación”, aseguró la Glorieta sobre el dictamen que se discutirá en el pleno en la sesión de este viernes, luego de que ayer las comisiones unidas del Senado aprobaran la iniciativa a pesar de las críticas y rechazo de las familias y colectivos de búsqueda y de organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum pretende la implementación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, que sería obligatoria para realizar cualquier trámite, sea público o privado, con lo que el gobierno federal “sabrá qué hacen todas las personas en México, incluida la ubicación en tiempo real”.

“La justificación es que esa base de datos servirá para la búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo esto es falso. El objetivo del delito es justamente ocultar a la víctima, no realizar trámites con la CURP, inclusive no serviría en todos los casos de personas fallecidas”, señaló la Glorieta en sus redes sociales.

Con la implementación de la CURP biométrica y la creación de la Plataforma Única de Identidad contempladas en la reforma, la información de toda la población se guardaría en una base de datos “a la que se tendría acceso sin control judicial”. Esto, explicaron los familiares, “significa que con teclear tu CURP sabrían en qué tienda compras, si vas al cine e inclusive si usas el transporte público, todos los detalles del día a día”.

“A lo anterior se suma el riesgo de que esa base de datos sea vulnerada por ciberdelincuentes, como ha ocurrido en los últimos meses como el caso de Renapo (Registro Nacional de Población), la fiscalía de Nuevo León o el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México”, añadieron.

La iniciativa, concluyeron los colectivos, “no es una reforma para buscar a las personas desaparecidas y rechazamos el uso político de nuestro dolor por parte del gobierno federal y de Senadoras y Senadores que apoyan esta reforma”.

Desde que Sheinbaum envió la propuesta al Congreso en marzo de este año, los colectivos de búsqueda denunciaron la falta de participación de los familiares en su elaboración, así como criticaron que la implementación del “sistema de vigilancia masiva” no responde a la crisis de desapariciones que suma más de 112 mil víctimas den el país.

En el lapso en la que la iniciativa fue detenida, las familias exigieron un parlamento abierto, el cual nunca fue concedido por las autoridades, además de que presentaron más de medio millar de propuestas en encuentros con la Secretaría de Gobernación, de las que sólo se contempló una treintena.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Y con la censura… viene la vigilancia

Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla.

En México se está construyendo un nuevo régimen con más vigilancia, más poder militar, más censura. Este proceso no ha ocurrido de golpe, sino a través de una secuencia calculada de reformas legales, decisiones judiciales y maniobras políticas que, en conjunto, están desmontando el sistema democrático desde dentro.

El martes y miércoles pasados, la Cámara de Diputados aprobó un paquete legislativo profundamente alarmante. Entre las reformas más graves están las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y otras normas clave que regulan la inteligencia civil y militar.

Con estas reformas, se legaliza la vigilancia estatal sin necesidad de control judicial, abriendo la puerta a que el Ejército y otras autoridades realicen tareas de inteligencia en secreto, sin autorización de un Juez, sin notificación a la persona afectada y sin mecanismo alguno de supervisión externa. Asimismo pone a disposición de las autoridades todos nuestros datos resguardados por las instancias públicas, y obliga a los sujetos privados a facilitarlos.

Estas leyes no sólo vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia. También contradicen criterios constitucionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se rompe, de manera abierta, con los principios del debido proceso y se normaliza el uso del aparato estatal para espiar, controlar y silenciar.

Pero esto va más allá del espionaje. Lo que se está consolidando es un modelo de país en el que las Fuerzas Armadas no sólo vigilan sino también construyen, administran, controlan y deciden sobre bienes públicos. Hoy el Ejército gestiona aeropuertos, aduanas, obras públicas y tareas de seguridad civil. Ahora se le otorga capacidad operativa como agencia de inteligencia. La militarización ya no es un proceso oculto, sino una política de Estado declarada.

Este poder, cerrado por naturaleza y ajeno al escrutinio civil, se coloca ahora en el centro del aparato gubernamental. Sin auditorías, ni contrapesos, ni transparencia. En los hechos, se está construyendo un poder paralelo con inmunidad total.

Mientras el poder militar y la vigilancia se expanden, la crítica es asediada. Ya denunciamos en la columna de la semana pasada cómo en Puebla y Campeche se legaliza la censura y se castiga a quienes disienten. A nivel federal, el INE y el Tribunal Electoral emiten resoluciones que terminan censurando opiniones ciudadanas, especialmente durante los procesos electorales, bajo una mala utilización e interpretación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Así se construye un régimen de control. Por un lado, censura legalizada; por el otro, vigilancia sin freno. Al fondo, un poder militar que no le rinde cuentas a nadie y un régimen político sin contrapesos.

Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla. ¿O cuáles han sido los resultados positivos en los últimos quince años en materia de seguridad por la compra y uso indiscriminado de softwares espía, como Pegasus?

El peligro no es hipotético. Ya lo estamos viviendo. El periodismo crítico ha sido espiado, y desacreditado. Hay agresiones físicas, campañas de desprestigio y procesos judiciales amañados. Los tribunales —capturados políticamente— reducirán el margen para disentir sin represalias. Con las nuevas reformas, cualquier voz incómoda puede ser clasificada como amenaza a la “seguridad nacional” y ser espiada. O para no ir lejos, puede considerarse como “ofensiva” o “insultante” para castigarla.

Este modelo nos afecta a todas las personas, no sólo a periodistas o activistas. A quienes no se afecta, en un Estado infiltrado por la criminalidad organizada, es a quienes se supone que realmente deben ser investigados y enjuiciados. Se coarta el derecho a expresarse, a informarse, a exigir cuentas. Afecta la privacidad, la intimidad y, sobre todo, el derecho a no ser tratado como enemigo por ejercer ciudadanía democrática.

No es alarmismo. Estamos atestiguando una mezcla peligrosa de censura institucional, vigilancia militar y concentración del poder. El momento exige todo lo contrario a lo que este proyecto político hegemónico pretende. Más vigilancia ciudadana sobre las autoridades, no más vigilancia de las autoridades sobre la ciudadanía. Más debate, más transparencia, más control civil sobre el poder armado.

Porque una vez que la censura se vuelve oficial, la vigilancia masiva se legaliza y el Ejército se convierte en árbitro de todo, ya no hay camino fácil de regreso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.