Habitantes de la colonia Infonavit, municipio de Cajeme, Sonora, vivieron momentos de pánico luego de que se registrara un ataque directo, a plena luz del día,  contra dos hombres que viajaban en una camioneta de modelo reciente.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves pasado en las calles Huatachive y Turicuni, en la colonia Infonavit, justo frente a las instalaciones del CBTIS 37 ubicado en la cabecera municipal, Ciudad Obregón.

Adriana Herrera, ex mayor de justicia militar y ex titular de la Unidad de Atención a Víctimas (Univic) en la Guardia Nacional, reveló en entrevista en Aristegui en Vivo que la GN ha suscrito acuerdos reparatorios con víctimas civiles directas e indirectas de actos de violencia cometidos por uniformados, lo que ha permitido que no se reporten esas cifras ni se determine si las indemnizaciones son adecuadas o si se garantiza la no repetición.

La ex funcionaria dijo que cuando ella se negó a continuar con el caso de un joven que perdió un ojo a causa de una agresión militar, fue removida de su cargo, por lo que decidió escribir una carta al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, donde narraba lo que se vivía en la Unidad.

Cuatro elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por su involucramiento en los hechos del domingo 26 de febrero, durante los cuales cinco jóvenes fueron abatidos y otros dos heridos por soldados, informaron El Universal y La Jornada. 

La Fiscalía General de Justicia Militar acusa a los elementos castrenses por el delito de desobediencia. Los señalados eran los encargados de la artillería del vehículo militar que interceptó a la camioneta donde viajaban los jóvenes y contra la cual dispararon los militares, según reportan estos medios.

Esta mañana fue asesinada a balazos otra agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un ataque en el que resultó herido su hijo, en la zona suroriente de esta ciudad.

Se trata de la segunda mujer policía privada de la vida en menos de 48 horas y de la sexta víctima integrante de alguna corporación de seguridad del estado en lo que va del presente año.

El 18 de febrero pasado fue la última vez que Sofía Gil Galán, de 24 años, conductora de un Uber, fue vista por su familia; su mamá Jessica interpuso una denuncia cinco días después por desaparición y pese a que ella consiguió información, en la Fiscalía ni siquiera han integrado los pocos indicios en la carpeta de investigación.

Para localizar a Sofía, quien tiene una niña de cuatro años, Jessica tuvo que convertirse en policía investigadora para obtener información, la cual entregó a la Fiscalía.

En plena calle, le informaron que muchas de esas viviendas ya fueron entregadas y que ellos no han recibido el pago correspondiente. Lo peor es que, en algunos casos, la Comisión para la Reconstrucción, primero dirigida por el actual senador César Cravioto y ahora por Jabnely Maldonado, les pidió avanzar en las obras con sus propios recursos y ahora, ante la falta de cumplimiento del gobierno, tuvieron que despedir a decenas de empleados y están a punto de la quiebra.

El gobierno federal emitió un nuevo decreto para declarar la ocupación temporal de 10 inmuebles de propiedad privada, que representan 137 mil 622 metros cuadrados, en Quintana Roo para la obra del Tren Maya.

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los inmuebles se ubican en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo y fueron declarados como de “utilidad pública” porque contribuyen a la viabilidad técnica de la obra.

Los jueces del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza recorrerán las comunidades mayas afectadas por el Tren Maya en la Península de Yucatán para constatar los impactos del megaproyecto en los territorios y organizaciones defensoras del medio ambiente y los pueblos indígenas.

El Tribunal, que comenzará el 9 de marzo, visitará las comunidades Pisté, Xmaben y Tihosuco, y terminará en el Cenote de Valladolid, así como visitará la zona afectada por el tramo 5 del Tren Maya.

Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.

El Observatorio de Designaciones Públicas denunció hoy la aprobación del Senado de la República al perfil de Rafael Luna Alviso para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el hombre obtuvo la segunda peor calificación del proceso de selección.

En un comunicado, el colectivo deploró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Ricardo Monreal Ávila, ignoró el ejercicio de evaluación realizado por comisiones legislativas y un órgano ciudadano externo, y prefirió designar a un hombre cercano a él, en línea con las “prácticas discrecionales, cupulares y de intercambio de cuotas”.

Habitantes de Santiago Xiacuí que mantenían bloqueadas las entradas al Palacio de Gobierno de Oaxaca en demanda de la destitución del comisionado Waldo Ramírez, a quien acusan de corrupción, fueron desalojados con violencia por elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes usaron gases lacrimógenos, dejando un saldo de decenas de intoxicados y heridos por golpes.

En las grabaciones que circularon en redes del desalojo, que se llevó a cabo el pasado 1 de marzo, se observan a los policías persiguiendo a las mujeres manifestantes, a unas las tomaban de los brazos para retirarlas de la entrada del Palacio de Gobierno y subirlas a las unidades de policía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México que sancionaba la entrega, intercambio, difusión, distribución, envío, reproducción y comercialización por cualquier tipo de medio, de las imágenes, videos, audios y documentos relacionados con carpetas de investigación y exhibición de cadáveres, por considerar que dicha norma carecía de precisión y daba lugar a una actuación discrecional de las autoridades

Conocido como “Ley Ingrid” en honor a Ingrid Escamilla, una víctima de feminicidio que fue revictimizada por autoridades capitalinas que filtraron las imágenes de su cuerpo a redes sociales y medios de comunicación, el citado artículo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte por violar los principios de seguridad jurídica y taxatividad, es decir, por la falta de precisión para definir la conducta que se quería castigar.

Los cuatro militares procesados en el fuero militar por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados la madrugada del 3 de marzo de 2023, a la prisión del Campo Militar 1-A ‘Gral Div. Á. Obregón’, ubicada junto a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Fuentes castrenses, citadas por el diario El Universal, informaron que los dos cabos y dos soldados, acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, arribaron vía aérea a las instalaciones del Campo Militar 1-A ‘Gral Div. Á. Obregón’, procedentes de Tamaulipas.

Dos balaceras se registraron este viernes en Matamoros, Tamaulipas, dejando como saldo heridos y muertos, por lo que autoridades de la localidad exhortaron a la población a resguardarse en sus casas.

Con un dilema, México entra de lleno al nearshoring, esto es, la relocalización de fábricas cerca del mercado comprador. Por un lado, se abre a inversiones millonarias del sector automotriz como la de Tesla en Nuevo León durante su transición hacia la electromovilidad. Pero, por el otro, arriesga la disponibilidad y la no contaminación de sus acuíferos sobreexplotados para la fabricación de vehículos con baterías de litio que, en su mayoría, serán exportados hacia Estados Unidos, expusieron analistas consultados.

El peso mexicano siguió este viernes con una racha positiva que ya se ha extendido por varios meses y que ha desafiado todos los pronósticos de los expertos, para romper por la mañana de hoy la barrera de los 18 pesos: el tipo de cambio se ubicó en los 17.98 y 17.99 pesos por dólar entre las 9:30 y las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer un listado de propiedades y bienes inmuebles incautados al círculo cercano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable en una corte de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el informe de las autoridades mexicanas, hasta el momento se han asegurado 19 propiedades, todas ubicadas en Florida, Estados Unidos, y con un valor de mercado estimado en 17,930,402 dólares.

Cinco elementos activos de la policía capitalina fueron detenidos con una orden de aprehensión, imputados por cometer un secuestro exprés en contra de una persona en la colonia Nápoles, alcaldía de Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que de acuerdo con la carpeta de investigación los hechos ocurrieron el 6 de abril del 2022 en la calle de Cleveland, colonia Nápoles, cuando la víctima transitaba a pie por el lugar.

Una agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue asesinada a balazos la noche del miércoles en la colonia Nuevo Milenio, ubicada en la zona sur de esta capital, informó el gobierno estatal a través de un comunicado.

Con este caso, suman cinco integrantes de corporaciones de seguridad que han sido víctimas de homicidio en los primeros dos meses del presente año, cifra que proporcionalmente casi duplica los niveles de violencia contra este sector, que a lo largo de los 12 meses del año anterior registró un total de 17 elementos caídos.

El Congreso de Puebla aprobó este jueves la llamada “Ley Monzón”, la cual siembra un precedente en el país al ser el primer estado que establece en su legislación que los padres feminicidas perderán en automático la patria potestad, tutela y convivencia con sus hijos.  

Esta reforma se le llama “Ley Monzón” en referencia a la lucha que emprendió la familia de la activista Cecilia Monzón, quien fue mandada asesinar por el padre de su hijo, Javier López Zavala, político priista que fue candidato a gobernador en 2010.