Discriminación, pobreza, hacinamiento, falta de acceso a la salud, persecución migratoria, son algunas de las condiciones que enfrentan los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos de forma indocumentada. Los llamados “héroes vivientes” padecen un miedo permanente: la deportación, que entre enero de 2013 y enero de 2022 asciende a más de 2 millones de connacionales.

Quienes han evadido el control migratorio sobreviven en habitaciones parecidas a “gallineros” en granjas de Carolina del Norte o hacinados en departamentos en Nueva York. Los sacrificios son para buscar mejorar las condiciones económicas de sus familias en México.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó el papel de la Secretaría de Marina (Semar) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Aristegui Noticias tuvo acceso al tercer informe del grupo, integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, dado a conocer la mañana de este lunes en la Secretaría de Gobernación.

El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se fractura. Las diferencias entre Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y el colombiano Andrés Rivera Varela, La Firma, y Ernesto Mascorro Martínez, El Chaparro, contra Abel “N”, provocan disputas internas en Colima y Michoacán, dos de los principales territorios de esta organización, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

El CJNG surgió en 2007 bajo el mando de Ignacio Coronel Villarreal, un líder del cártel de Sinaloa que buscaba escindirse de la organización que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán. En julio de ese año el grupo de sicarios emergió como Los Matazetas y conformó una nueva organización delictiva, ya que su fundador fue abatido por efectivos del Ejército.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este lunes que el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” estará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado apenas el pasado 21 de marzo, y que quedará a cargo de la empresa Olmeca-Maya-Mexica, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de que pueda ser rentado a particulares.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó esta mañana de una “masacre de un grupo contra otro” el ataque armado ocurrido en un palenque clandestino en el municipio de Zinapécuaro que hasta el momento ha dejado 20 personas fallecidas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio a conocer este lunes que el saldo de las personas que perdieron la vida durante un ataque armado a un palenque clandestino en el municipio de Zinapécuaro, subió a 20 personas.

A través de un comunicado, la dependencia reveló que el ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas del domingo en la localidad de Las Tinajas de dicho municipio.

Un ataque armado hacia un automóvil, registrado en la comunidad Estación San José, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, dejó como saldo a dos personas fallecidas, una de ellas un policía estatal.

A dos años de la primera muerte por COVID en México, la Secretaría de Salud estima que en 2020 y 2021 hubo 667 mil 240 muertes en exceso, es decir más de los esperados. Expertos consultados por Animal Político prevén que este fenómeno seguirá ocurriendo este 2022. 

Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología y ex comisionado contra la influenza en México, dice que probablemente todavía este año va a haber exceso de mortalidad en el país, aunque es difícil estimar cuánto. 

Han transcurrido cuatro años desde que se desató en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ola de desapariciones atribuidas a elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Las investigaciones, sin embargo, están en punto muerto: apenas tres de las 34 carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) han sido judicializadas. De los 30 marinos detenidos en abril de 2021, solo 18 siguen en prisión, acusados de la desaparición de cuatro personas. Ninguno de ellos ha colaborado con la justicia. 

Lejos de su natal Allende, Coahuila, desde hace 11 años, en un auto exilio forzado por la violencia criminal del cártel de Los Zetas, Silvia Garza Villarreal recordó a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Ángel Riquelme el incumplimiento de las reparaciones de daño a que están obligados por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre de Allende, en marzo de 2011, en la que se habría desaparecido a 300 personas y mantenida oculta ante la opinión pública durante al menos dos años.

Con 17 miembros de su familia desaparecidos, entre ellos su padre, su hermano, su medio hermano y la esposa de su padre, Garza Villarreal lamentó la falta de cumplimiento del compromiso que hizo en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atender a las víctimas de la masacre durante el acto de disculpa pública instruido por la recomendación 10VG/2018 de la CNDH.

A 200 kilómetros de ese enfrentamiento, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo, se encuentra la Ciudad de México, sede de las porras más grandes de México.

Los siete hombres que fueron calcinados en una camioneta en la comunidad San José el Nuevo de Celaya eran integrantes de una banda musical de la comunidad de Juan Martín, en el mismo municipio, confirmó el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

En una corta entrevista que otorgó en Irapuato durante la presentación del nuevo comandante de la XVI Zona Militar -el general brigadier Enrique García Jaramillo-, el fiscal Zamarripa dijo que las pruebas periciales y la información de familiares de los músicos permitieron corroborar que fueron ellos los asesinados y calcinados en una camioneta la noche del martes entre San José el Nuevo y Rincón de Tamayo.

El juez de enjuiciamiento Francisco Reyes Contreras, a petición expresa de la Fiscalía de Veracruz, decretó que las audiencias del juicio oral en el caso de July Raquel Flores se lleven a cabo a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación, activistas, ni de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que solicitaron acceder para observar y vigilar el debido proceso durante las mismas. 

July Raquel Flores fue detenida en noviembre de 2020 como presunta copartícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la mujer denunció que durante su traslado de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo, en la capital veracruzana, fue torturada sexualmente por elementos de la Fiscalía que ahora se opone a publicitar las audiencias. 

La tarde del jueves 24 de marzo, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal y un presunto narcomenudista a la altura del Hospital General de Tijuana; el saldo fue un civil abatido.

De acuerdo a información proporcionada a ZETA, refiere que alrededor de las 17:50 horas, elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido sobre la calle Salvatierra y Cuauhtémoc, en la colonia Ruiz Cortines, cuando un sujeto a bordo de una bicicleta comenzó a dispararles, los agentes repelieron la agresión abatiendo al individuo.

Tras la proliferación de narcomensajes en lugares públicos de esta entidad durante el último mes y medio, periodo en el que se agudizó una ola de violencia del crimen organizado, el Congreso del Estado reformó este jueves el Código Penal para tipificar como delito las amenazas mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o cualquier medio.

A través del artículo 128 Ter, la nueva disposición legal establece que se impondrán de dos a seis años de prisión, y multa por un importe equivalente de cuarenta a ciento veinte unidades de medida y actualización a quien realice amenazas públicamente, con la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico o electrónico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el caso de los dos jóvenes originarios de Huitzilac, Morelos, quienes fueron privados de su libertad y posteriormente los encontraron ejecutados en el bosque de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, está relacionado con la tala de bosque en el sur de la capital de la República.

Incluso, dijo que uno de los sobrevivientes declaró que, junto a las dos víctimas, fueron privados de su libertad por “una banda de maleantes”.

A pesar de que el exsubdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez Morteo, tiene aún cuatro procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la directora de la dependencia, Ana Guevara, intenta regresarlo a su cargo.

En septiembre de 2020, Benítez fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalado por un cúmulo de irregularidades y actos de corrupción. Sobre él fueron impuestas dos inhabilitaciones y dos amonestaciones y la SFP le exige que devuelva 2.4 millones de pesos que el exfuncionario malversó.

El preso yaqui político Fidencio Aldama hizo un llamado a la población a que ejerzan presión a las autoridades sonorenses para que emitan la sentencia de su libertad, de la que fue privado en 2016 por oponerse al gasoducto Sonora.

El mensaje de Aldama fue difundido en el marco del final de la campaña para enviar correos y cartas y hacer llamadas telefónicas a la magistrada Luz Elba De la Torre Orozco, quien desde el 12 de agosto de 2021 realiza el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la opinión 43/2001 en la que reconoce que la privación de la libertad de los presos tsotsiles Marcelino Ruíz Gómez (Marcelino), Abraham López Montejo (Abraham) y Germán López Montejo (Germán) fue arbitraria, y exigió una investigación exhaustiva e independiente y que se castigue a los responsables de la violación de sus derechos en Chiapas.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se sumó a la exigencia del Grupo de la ONU para que el Estado mexicano «repare integralmente el daño causado».

El Frayba denunció que los procedimientos de los tsotsiles detenidos «están cubiertos de violaciones al debido proceso» y que ha documentado «las lamentables diligencias judiciales, que van desde la falta de traductor, presunción de inocencia y defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura y discriminación», además de un retardo judicial injustificable.

Un tribunal federal negó un amparo a Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora (2009-2015), quien buscaba evitar sentencia por el cargo de defraudación fiscal.

El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal rechazó el recurso legal de la defensa de Padrés Elías, con el cual buscaba destruir la evidencia con la que el tribunal dictó auto de formal prisión en su contra en septiembre de 2018.