La opacidad ha caracterizado el caso de corrupción que enfrenta Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, desde que arribó a México en julio de 2020 para ser juzgado por haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, quien habría ordenado que parte de esos recursos se destinaran a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático que sigue impune.

La forma en la que autoridades han manejado este caso, a puerta cerrada y sin respetar el principio de publicidad, viola la Constitución, genera incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República (FGR), y pone en duda si las autoridades buscan proteger ciertos intereses, coincidieron personas expertas en el sistema de justicia penal consultadas por SinEmbargo.

Un enfrentamiento y persecución fue protagonizada por policías de Tamaulipas y civiles armados esta mañana en el municipio de Matamoros, según información difundida en por usuarios de redes sociales.

De acuerdo con videos y fotografías, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:15 horas, cuando civiles armados agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, mientras éstos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia 20 de noviembre.

La compañía Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SA de CV, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recibió la concesión por 50 años para construir, administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México.

La empresa mexicana de participación estatal mayoritaria, representada por el general de brigada del Estado Mayor René Trujillo Miranda, recibió la concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) por acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación.

En el municipio de Ocosingo, Chiapas, familias zapatistas integrantes de la comunidad autónoma Moisés Gandhi  fueron víctimas de desplazamiento forzado. Ello por la violencia y los crecientes ataques por parte de los integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) informó que tras la agresión armada, que inició aproximadamente a las 20:30 horas del pasado miércoles 13 de octubre, se vulneraron los derechos humanos a la libertad, seguridad e integridad de los miembros de la comunidad.

Para la Red, este ataque evidenció la gravedad de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad. Asimismo, señaló que las autoridades estatales y federales han ignorado y desatendido en múltiples ocasiones las denuncias sobre los actos de hostigamiento y ataques armados en territorio zapatista de la Orcao. Estos grupos armados actúan bajo el amparo de la impunidad y la permisibilidad de las autoridades de la región.

La FGR retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos apenas había cerrado el caso.

“Hablan mucho de aquel día, cuando la cosa estuvo tensa, la mayor parte del cuento son mitotes de la prensa…”, dice una primera parte en la que el corrido de “El Nini”, interpretado por el grupo norteño Enigma Norteño, toca con propósito del 17 de octubre de 2019.

“Tronaba duro el general Octubre 17, la misión era morirnos o salvar al jefe, hoy ya la podemos contar y eso ya quedó escrito”, completa.

El costo financiero de la deuda disminuyó –9.2 por ciento en los primeros ocho meses de este año, por lo que el Gobierno federal sólo tuvo que desembolsar en intereses y comisiones un total de 422 mil 430.6 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cantidad programada por Hacienda era de 452 mil 996 millones de pesos, pero la cifra fue menor en 30.6 mil millones de pesos, por lo que el Gobierno no sufrió para pagar los intereses de la deuda y por primera vez desde 2013, cuando se redujo en un –4.8 por ciento, el costo financiero de la deuda disminuyó, según muestran los datos de la SHCP.

En el sexenio pasado, cuatro gobiernos estatales, en su mayoría priistas, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hicieron pagos por casi 80 millones de pesos al abogado Juan Collado por supuestas asesorías jurídicas de las que no existen contratos ni evidencia de que se hayan realizado, por lo que autoridades ministeriales locales presumen que se trató de un desvío de recursos públicos.

De acuerdo con documentación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la que Animal Político tuvo acceso, entre 2013 y 2016 los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes, así como el sindicato magisterial, depositaron 79 millones 685 mil 670 pesos a cuentas de Collado, quien desde 2019 se encuentra detenido en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El lunes 20 de septiembre a la casa de Andrés -en Guadalupe Tlaltenco, Tláhuac- llegó un grupo de personas que portaban chalecos que los identificaban como trabajadores de la Secretaría de Bienestar y que estaban ofreciendo despensas.

Cuando Andrés de 29 años los atiende, entrega las credenciales de elector de su mamá, de su papá y la de él para que los anotaran y se beneficiaran del apoyo que estaban dando, sin embargo, cuando le piden que salga, para supuestamente entregar las despensas, lo suben a un vehículo particular para llevarlo al Reclusorio Oriente. Más tarde, él y su familia se enterarían que era acusado de desaparición forzada.

El exregidor Remigio Colohua Vázquez fue “levantado” por un grupo armado en el municipio de Magdalena, ubicado en la zona central montañosa del estado de Veracruz.

El secuestro del exedil ocurrió al amanecer de este martes cuando hombres armados interceptaron al exfuncionario municipal en la zona conocida como “La Antena”.

Los captores de Colohua Vázquez se lo llevaron en una camioneta marca Nissan con rumbo desconocido.

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, presentó un juicio de amparo para intentar frenar cualquier orden de aprehensión que se pueda girar en su contra, luego de ser denunciado ante la Fiscalía capitalina por un presunto plan para asesinar a su expareja Ana María Orozco y a sus dos hijos menores de edad.

No obstante, la demanda de amparo --identificada con el expediente 814/2021-- aún no ha sido aceptada para su estudio, ya que el secretario en funciones de juez adscrito al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México solicitó al jurista y sus representantes legales que aclaren el motivo del amparo.

El gobierno del priista Alejandro Tello encubrió a su antecesor, Miguel Alonso Reyes, al archivar 34 carpetas de investigación contra sus funcionarios por el presunto desvío de 100 millones de pesos, mismas que “ya prescribieron”.

 

Así lo denunció la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la entidad, Humbelina Elizabeth López Loera, al informar de los avances en el análisis, revisión y auditoría realizada a la administración estatal, a petición del gobierno del morenista David Monreal Ávila.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, minimizó las agresiones en contra de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que no hay empleados heridos y “nada de gravedad”.

La funcionaria declaró que tres personas fueron detenidas y que la protesta está encabezada por líderes sindicales, quienes se disputan la titularidad por el contrato con la empresa ICA Fluor, como dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El paro de labores convocado por empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, previsto para este jueves 14 de octubre, fue suspendido luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC se reunieran con autoridades del gobierno, mismas que “van por buen camino”.

A través de un comunicado, el Metro indicó que se acordó el incremento directo al salario de los trabajadores en 3.2%, y a las prestaciones del 1.8%, retroactivo al primero de enero de 2021, previa autorización dd la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

La Fiscalía General del estado dio a conocer la detención de Carlos “N”., ‘El M1’, ‘El Chómpiras’ o ‘El Ruco’, el cual –dijo-- había sido designado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, como su sucesor al frente del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y quien estaría involucrado en al menos 50 asesinatos, según los mensajes y letreros que así lo identificaron.

Sin embargo, en menos de una semana la Fiscalía anunció la captura de otros dos hombres a quienes identificó de la misma manera, es decir, como sucesores de “El Marro” al frente de la organización criminal surgida y asentada en el estado.

La defensa legal del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, aclaró que su cliente no se encuentra sujeto a la medida cautelar de arraigo domiciliario, como se ha tratado de hacer creer a la opinión pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en señalar que el litio es un mineral codiciado por corporaciones y grupos hegemónicos, por eso en su reforma eléctrica se plantea que siga en manos de la nación.

Anunció que seguirá informado sobre el contenido de su reforma que está en el Congreso de la Unión, con el propósito de que la sociedad esté informada y exhortó a los legisladores federales a convocar a foros de debate para contrastar las posturas que existen sobre el tema.

Habitantes de los ejidos de Donají, Otilio Montaño, Nuevo Progreso y Palomares, en Matías Romero, expulsaron a trabajadores de la empresa La Peninsular que pretendían continuar con las labores de limpieza y desmonte en las vías del tren transístmico, que une el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos en Veracruz.

Los campesinos reafirmaron que no permitirán la entrada de ninguna empresa contratada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) para modernizar las vías del tren, cuyas obras forman parte del megaproyecto del Corredor Transístmico (CT).

El pueblo tseltal de San Juan Cancuc, Chiapas, denunció que ha sido víctima de intimidación por parte de militares y elementos de la Guardia Nacional, cuya presencia en el municipio no fue consultada de manera libre, previa, informada y culturalmente adecuada.

«Desde el mes de agosto de 2021 están en nuestro municipio. No estamos de acuerdo de su presencia, ya que no estamos acostumbrados como pueblo porque fuman mariguana en la vía pública e intimidan a las personas», acusaron los tseltales en un comunicado.

Experitos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fueron vinculados a proceso por presuntamente haber alterado y perdido evidencias, además de obstaculizar la investigación en la búsqueda de los 43 normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos”, en Ayotzinapa.

En una audiencia, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, resolvió la vinculación a proceso de Mauricio “C” y Patricia “G“, quienes participaron en las investigaciones en Río San Juan el 28 de octubre de 2014.