Poner al descubierto los posibles actos de corrupción entre empresas inmobiliarias y servidores públicos es uno de los ejes de la investigación iniciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los sismos del 7 y del 19 de septiembre, que dejaron un saldo de casi 400 muertos.
Al menos esta es una de las expectativas planteadas por el organismo, de acuerdo con el segundo visitador general Enrique Guadarrama López, coordinador de la investigación iniciada por la CNDH, que hasta el viernes 20 acumulaba 169 quejas de 116 de habitantes de la Ciudad de México.