Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.

De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).

De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.

No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.

Los obstáculos

Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.

Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.

A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.

La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.

Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.

A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.

Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.

En un primer momento, Mariela fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch, en donde el viernes 16 de mayo fue agredida sexualmente por dos de sus compañeros. 

“Quiero que me la devuelvan y me dijeron que no, que porque tienen protocolos (pero) mi hija está expuesta a que le pase cualquier cosa. Uno de los chicos que la tocó se supone que saldría ya porque tiene 18 años, pero no se ha ido. Ellas reconocieron que él es un muchacho que no respeta”, declaró en entrevista el martes 20, mientras esperaba la resolución del amparo. 

Rocío apoyó la decisión de su hija Mariela de abortar cuando le pidió ayuda. La adolescente tenía 13 años cuando se enteró que estaba embarazada, no quería ser madre, así que acudió con su mamá para ir al médico. 

En noviembre de 2024, Rocío y Mariela acudieron juntas a una consulta con el doctor de una farmacia. Adquirieron misoprostol y siguieron las instrucciones médicas.  

Tres días después la menor tuvo dolor y sangrado intenso. Se asustó. Su madre estaba trabajando, así que le pidió ayuda a su abuela, quien la llevó a urgencias a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58.

Mariela fue enviada al hospital de la T1 del IMSS en Mérida; fue ahí cuando un doctor, al ver llegar a Rocío, le advirtió que la policía iría a buscarla.

“Mi hija tenía apenas un mes y unos días de embarazo, por eso es que decidimos hacerlo. Yo había leído y sabía que ya no era un delito en el país”, relató, al referirse al fallo de la Corte que declaró inconstitucional penalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, resolución emitida a principios de septiembre de 2023. 

A pesar de ello, a Rocío le abrieron dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) por tentativa de feminicidio, que ya fue cerrada y otra más, la UNATD 709/2023, por aborto y hechos posiblemente delictuosos.

Mariela estuvo ocho días en el hospital y un día antes de su alta médica, citaron a su mamá en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado (Prodennay). Declaró sobre lo que ocurrió con su hija y al día siguiente que fue por ella, le dijeron que no podía llevársela.

La lucha por Mariela

En Yucatán se legalizó el aborto en abril de 2025, las mujeres y personas gestantes pueden interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas.

Rocío y Mariela no están solas. Un equipo de asesores legales, que trabajan para defender a las mujeres y personas gestantes de la criminalización de sus derechos sexuales y reproductivos, las acompañan.

Mariela no sólo fue separada de su mamá en una condición de vulnerabilidad. Los primeros seis meses tenían prohibidas las visitas. Con apoyo de la abogada en derecho Amelia Ojeda Sosa, interpuso cuatro amparos –todos resultaron a favor de ambas– para poder verla.

Fue hasta el cuarto, el 596/2024, que se resolvió en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, que la Prodennay no tuvo más opción que permitir las visitas entre Mariela y su mamá Rocío. 

“Presentaron un recurso de queja en contra la admisión del amparo y todos los recursos los perdieron porque no hay una argumentación válida para eso. La suspensión provisional que se concedió para que la señora pueda ver a su hija la cumplieron porque les iban a imponer multas por no cumplir con la suspensión definitiva que fue dictada por el juez de distrito”, explicó Ojeda. 

A partir de la agresión que vivió Mariela, en la que dos compañeros de Casa Otoch la agredieron sexualmente en los pasillos del Centro de Asistencia Social (CAS), Rocío se reunió con el personal de la Prodennay este lunes, pero se rehúsan a regresarle a su hija.

La asesora legal de Rocío explicó que contra ella no hay delito que perseguir e incluso, la carpeta por tentativa de feminicidio ya fue cerrada y en la de hechos posiblemente delictuosos no hay actos de investigación. 

Aun así, la Prodennay le pidió a Mariela que se desista del amparo.

“Lo que argumentan es que tiene que desistirse porque hay una orden de autoridad judicial que dice que todo debe mantenerse en ese estado y eso es una interpretación errónea de la orden del juez. El amparo puede resolverse de dos formas: con la sentencia dictada sobre el juez o el sobreseimiento para que no haya razón de ser sobre el amparo, ¿y cuál sería la forma de que se resuelva? que restituyan a su hija, de esa manera le informan al juez de distrito que ya no habría material sobre la cual juzgar, se sobreseería”, apuntó Amelia. 

“Si nos querían castigar, ya nos castigaron mucho. Desde hace más de un año está mi hija lejos, solo pido que me la devuelvan porque también ahora tengo miedo por su integridad”, lamentó Mariela. 

Del caso de Mariela y Rocío se solicitó al DIF Yucatán conocer su postura sobre el tema, hasta antes de la publicación no hubo respuesta. 

El 21 de mayo, Amelia Ojeda y un equipo de personas abogadas, ganaron una lucha contra la criminalización por aborto en el estado. Madre e hija ya están juntas en casa.