Las reuniones entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Secretaría de Gobernación no contemplan una metodología clara que incorpore observaciones específicas sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General en la materia, mientras el Senado descarta un parlamento abierto para escuchar todas las voces y está a la espera de la nueva propuesta del Ejecutivo.
En siete mesas de diálogo con nueve jornadas de trabajo de conocimiento público, con diversos colectivos de todo el país, la dependencia federal ha tomado nota de las más diversas peticiones, que incluyen casos particulares, omisiones de autoridades y fiscalías locales, quejas en torno a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Nacional de Derechos Humanos y la Nacional de Búsqueda; sin embargo, no ha dado espacio ni ha establecido una metodología para una revisión directa, punto por punto, de la iniciativa.
De hecho, algunos colectivos han decidido no asistir a ese ejercicio con el argumento de que solo un parlamento abierto, convocado por el Poder Legislativo, permitiría un trabajo metodológico y constructivo en torno a la iniciativa en conjunto con familias, personas expertas y organizaciones, como se hizo antes para construir la ley vigente. El formato de las reuniones y el desinterés del Senado para discutir abiertamente la iniciativa son muestra de que no hay voluntad real para tomarles en cuenta, señalan.
Durante las mesas de trabajo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha reiterado que la dependencia quiere escuchar los planteamientos en general para establecer un diálogo permanente. En cada reunión, ha explicado el contenido de la iniciativa tal como fue presentada por la presidenta y, en días recientes, expresó que aunque se han planteado todo tipo de temáticas, sobre la iniciativa de reforma hay muchas coincidencias. Prometió que se incorporarán algunos aspectos novedosos.
En tanto, hasta el momento el Senado no tiene ninguna participación ni presencia en los diálogos. Tras la pausa en el proceso legislativo para dictaminar la iniciativa sobre desaparición, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de esa Cámara esperan la ruta que trace el Poder Ejecutivo para continuar con el análisis y eventual aprobación del documento.
La senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara —una de las encargadas de analizar y procesar el documento para su votación—, explica en entrevista que la Secretaría de Gobernación (Segob) sumará las propuestas que han hecho las integrantes de colectivos de búsqueda durante los encuentros con representantes del gobierno federal y enviará de nueva cuenta el documento a los legisladores.
La legisladora asegura que mantiene comunicación directa con la Segob y ella misma entregó propuestas que le hicieron representantes de colectivos de búsqueda que se acercaron a esa Cámara cuando la iniciativa llegó.
Valdez estima que la dependencia federal enviará una nueva versión de la iniciativa a mediados de mayo para que sea procesada en el periodo extraordinario que la Cámara proyecta realizar después del 1 de junio, luego de que se realice la elección judicial.
“Ellos van a tener que integrar lo que consideren y presentárnoslo, eso es lo bueno, que nos regresen la nueva iniciativa con las reformas para mediados del mes de mayo. El Senado estará convocando para un periodo extraordinario a finales de mayo y sacar estas iniciativas adelante”, agrega Valdez.
La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez ha asegurado en entrevistas posteriores a las reuniones que la expectativa es tener lista una versión definitiva para ese momento: “Tenemos urgencia para que el periodo extraordinario contemple ya esas iniciativas propuestas por el Ejecutivo. La presidenta tiene interés en que se hagan de inmediato”.
Sin parlamento abierto
La Cámara no tiene proyectado realizar un parlamento abierto que nutra la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, que es una de las demandas. La legisladora advierte que de llevarse a cabo, retrasaría la aprobación de la normativa.
“Un parlamento abierto sería estarnos tres, cuatro, cinco meses…. Habrá grupos que se manifestarán porque se fuera para más tiempo y en lo personal, ya es una opinión muy personal, los familiares ya necesitan resultados, necesitan de una herramienta de justicia de la cual echar mano”, justifica.
Desde que la iniciativa se hizo pública, familiares y activistas consideraron que si bien es importante que la presidenta Sheinbaum haya abordado por primera vez el tema desde que comenzó su administración, la mayor parte de las acciones propuestas son mecanismos que ya existen en la ley y cuya operación más bien se adeuda desde el sexenio pasado.
La intención, sin embargo, señala Valdez, es que la nueva normativa esté contemplada en los recursos destinados para ejercer en 2026, que Presidencia envía en septiembre a la Cámara de Diputados a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación:
“Si nos vamos a escuchar, a escribir, a dialogar, pues a lo mejor nos tardamos mucho. Insisto, si sale una buena iniciativa en septiembre, octubre y que alguien diga ‘le faltó’, bueno, pues volvemos a tomar la iniciativa y se vuelven a hacer las reformas adecuadas en esta iniciativa y en cualquier otra. Las iniciativas se pueden reformar en el momento que la gente considere que se debe de hacer (…) La ley no está escrita en piedra y menos en mármol para que digan ‘así se va a quedar para siempre’. No sabemos cómo evoluciona una comunidad, una sociedad y hay que irnos actualizando”.
Entre otras propuestas, la iniciativa enviada al Senado a principios de abril por la presidenta Sheinbaum establece la obligación para los servicios periciales y forenses que tengan cuerpos en resguardo de practicarles pruebas dactilares y genéticas para su identificación, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta ya contemplada en la ley vigente y que la Fiscalía General de la República se opuso a poner en marcha durante años.
La propuesta presidencial también plantea que Segob y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones creen una Plataforma Única de Identidad que permita búsquedas a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de diseñar el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes. El documento plantea dar acceso irrestricto a fiscalías e instancias de seguridad a información resguardada por autoridades y particulares.
Colectivos acusan falta de transparencia y voluntad política
La presidenta de la Comisión de Gobernación aseguró que el pasado 10 de abril, cuando integrantes de colectivos protestaron afuera de la sede del Senado, ella se acercó para decirles que estaba abierta a conversar; sin embargo, le informaron que su intención no era entablar un diálogo en ese momento.
“Si ellos no han querido participar no es porque se les hayan cerrado las puertas, es porque ellos tomaron esa decisión”, asegura. Sin embargo, Jorge Verástegui, en representación de las familias de personas desaparecidas que se organizan en torno a la Glorieta de las y los Desaparecidos, aclara que ese día los colectivos explicaron que el sentido de la manifestación era el respaldo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, además de que su demanda sigue siendo un Parlamento Abierto.
Desde su perspectiva, la falta de iniciativa por parte del Senado y el formato de los diálogos son muestra de que no hay una voluntad real para tomar en cuenta a las familias, pues las mesas no se han desarrollado en una lógica de revisar la iniciativa, sino que se han abordado temas en general y sin metodología. Por esa razón, las familias organizadas en torno a la Glorieta han decidido no asistir.
“En ese sentido, creo que muestra la poca transparencia que tienen para el tema de la iniciativa. Es decir, están haciendo una versión sin dialogar, sin discutir la iniciativa. Considero que eso es no entender las dinámicas de dialogar y construir en conjunto con las familias. Estamos con la apertura de dialogar siempre que se muestre una metodología en la que se señale la forma en la que se asumen compromisos y se aceptan cambios a la iniciativa”, asegura.
Además, compartieron la copia del documento que esas familias hicieron llegar a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Estudios Legislativos del Senado –la primera acusó de recibido el 28 de abril, sin que la senadora Valdez hiciera referencia alguna al respecto durante la entrevista—, que lleva por título “Comentarios sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley General (en la materia)”.
