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Empresa de esposo de Tatiana Clouthier vivió bonanza mientras ella era secretaria de Economía

Por: Draco Dracul on martes, junio 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

Durante la época en la que Tatiana Clouthier era secretaria de Economía, la empresa de su marido incrementó sus importaciones de Estados Unidos en casi 2 millones de dólares, sin que esta relación aparezca en sus declaraciones patrimoniales.

José Martínez Minor, esposo de la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), Tatiana Clouthier, es uno de los socios principales de la empresa Versatilidad Industrial de Saltillo, VINSSA que incrementó sus importaciones justo cuando ella era secretaria de Economía. 

Durante la época en la que la funcionaria federal se desempeñó como titular de la Secretaría de Economía (del 4 de enero de 2021 al 6 de octubre de 2022), esta empresa incrementó sus importaciones de Estados Unidos en casi 2 millones de dólares. 

*Actualización: en carta enviada a EMEEQUIS, Tatiana Clouthier argumenta, entre otras cosas: “No tengo ni tuve conflicto de interés pues la Secretaría de Economía no es la que le dio los permisos de importación sino el SAT hace 30 años” (misiva completa con respuesta del reportero al final de la nota).

De acuerdo al registro del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) y a recopilaciones de importaciones públicas en datos abiertos del gobierno de Estados Unidos (recopilados por Veritrade), esta empresa pasó de importar 4 millones y medio de dólares de Estados Unidos en mercancía en 2021, a más de 6 millones de dólares para 2022.

La empresa actualmente sigue importando más de 6 millones de dólares por año de Estados Unidos y está constituida legalmente en el país, sin que la funcionaria haya declarado aún el conflicto de interés, porque la empresa de José Martínez Minor depende para su labor de importaciones de Estados Unidos. 

En ninguna de sus declaraciones patrimoniales de cuando fue diputada federal o secretaria de Estado aparece esta relación.

LA EMPRESA

Versatilidad Industrial de Saltillo es una empresa constituída en 1983 con los accionistas José Martínez Minor, Juan Martínez Minor, Adriana Odrisola de Martínez, Sergio Gerardo Pérez Jiménez y Floria Flores de Pérez.

La empresa se dedica a la compraventa y arrendamiento de maquinaria. Ha participado en licitaciones menores, con ventas al gobierno como al Instituto Mexicano de Materiales, al que le vendió soldadura Eureka por un total de 405 dólares.

También en ventas de cubrebocas tricapa realizadas en 2020 al gobierno de San Luis Potosí durante la administración del priista Juan Manuel Carreras López, en compras realizadas por el Centro de Justicia para las Mujeres del Gobierno de San Luis Potosí.

A su vez la empresa recibió una condonación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016 por $111,189 pesos, por el concepto de reducción de multas.

La empresa cuenta con una empresa filial registrada en Estados Unidos, VINSSA Industrial Solutions, que está asentada en el estado de Texas, a nombre de Sergio Gerardo Pérez Jiménez, uno de los socios de José Martínez Minor, empresa que fue registrada en Estados Unidos en 2022, justo cuando Tatiana Clouthier era Secretaria de Economía. 

Tatiana Clouthier actualmente está al frente del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, donde ha tenido una gestión discreta, cuando por la coyuntura actual se esperaría el caso contrario, como documentó anteriormente EMEEQUIS. 

Mientras tanto, después de demandar por difamación al profesor y analista Alfredo Jalife Rahme en diciembre de 2022, el juicio penal está detenido por un amparo que tramitó Jalife, quien a su vez interpuso una contrademanda por daño moral.

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León le dio la espalda a las intenciones de Clouthier, ya que la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, presentó una iniciativa para derogar del Código Penal del Estado los delitos de calumnia, injurias y difamación. 

“Esta propuesta responde a una tendencia nacional. Actualmente, sólo en tres estados de la República siguen siendo delitos la calumnia, la injuria y la difamación, y queremos que en Nuevo León ya no sea así”, señaló el diputado local Jesús Elizondo Salazar, dándole la espalda a las acusaciones e intenciones de la funcionaria federal en su pleito contra Jalife. 

Se buscó a la funcionaria para que proporcionara su versión sin que esto haya ocurrido hasta el momento.

FUENTE: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES).
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Ciudadanos se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir justicia en sus casos

Por: Draco Dracul on martes, junio 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

Víctimas de diversos delitos se dieron cita a las afueras de Palacio Nacional para pedir la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de autoridades federales para obtener justicia en sus casos.

Un pequeño grupo de ciudadanos se manifestó este martes en las inmediaciones de Palacio Nacional, sobre las calles Correo Mayor y Moneda —zona de acceso a la prensa—, para exigir la intervención del Gobierno federal y justicia en sus respectivos casos.

Entre las demandas destaca la de Sandra Méndez, quien exige una mesa de trabajo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por lo que califica como omisiones y actos de corrupción en la investigación del caso de su hermano, Daniel Tadeo Méndez Laguna. El joven murió el pasado 4 de diciembre de 2024 en un accidente de tránsito en la Alcaldía Álvaro Obregón.
“Pido una mesa de trabajo con la Presidenta por omisiones y corrupción en el homicidio de tránsito vehicular de Daniel Tadeo, mi hermano. Hay omisión y corrupción en todos los niveles. Por eso vengo aquí con la Presidenta para pedirle que tome cartas en el asunto”, declaró Sandra.

De acuerdo con su testimonio, tras la muerte de su hermano se han iniciado diversas carpetas de investigación, pero el proceso ha estado plagado de irregularidades, mentiras, y omisiones por parte del Ministerio Público (MP), jueces y otras autoridades.

El accidente ocurrió cuando Daniel circulaba en su motocicleta sobre avenida Vasco de Quiroga, a la altura de la calle Fernando Espinoza Gutiérrez, en Santa Fe. En ese momento, una conductora identificada como Gabriela “N” se incorporó a la avenida a exceso de velocidad, invadió el carril de Daniel y lo embistió sin frenar ni intentar esquivarlo.
“Gabriela iba a exceso de velocidad, echando carreras, lo embistió en sentido contrario y no frenó”, sostuvo Sandra.

Otra de las ciudadanas que acudió a manifestarse es Patricia Martínez, paciente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mujer originaria de Michoacán explicó que ha acudido a recibir atención médica, pero denunció que fue violada en una estancia para pacientes en noviembre de 2024. Por ello, ahora exige justicia.

Jesús Pérez también acudió a la protesta debido a que, dijo, fue secuestrado por unos oficiales y policías el 16 de marzo. Pese a ello, indicó, los elementos involucrados todavía no han sido detenidos ni procesados.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Elementos en activo de la Guardia Nacional podrán ser transferidos al Ejército con nueva ley

Por: Draco Dracul on martes, junio 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

La nueva Ley de la Guardia Nacional también contempla que sus elementos puedan ser candidatos a puestos de elección popular, una prerrogativa que ya tienen los militares

El dictamen para aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional permitirá que sus elementos puedan ser transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para que se sumen a las filas del Ejército Mexicano o de la Fuerza Aérea “por necesidades del servicio”.

La norma que se votará en la sesión de este 24 de junio también indica que la persona titular de la Defensa, podrá ordenar que cualquier elemento castrense sea transferido a la Guardia Nacional, previa capacitación policial.

De acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se contempla que las reclasificaciones o transferencias de  guardias nacionales deberán serán ordenadas por el Secretario o Secretaria de la Defensa Nacional o en su defecto por el Presidente o Presidenta de la República.


Además, el artículo 44 de dicha norma permitirá a los elementos de la Guardia Nacional la búsqueda de cargos de elección popular, previa licencia especial concedida por la persona titular de la Defensa o por la Presidenta de la República.

Si bien esta posibilidad no existía para los integrantes de la Guardia Nacional en la actual ley, cabe señalar que con la reforma se les concede a los elementos en activo de esa corporación la misma prerrogativa o derecho que ya tienen los militares en activo, según lo estipula el artículo de la actual 174 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

“Es facultad del Presidente de la República y en su caso del Secretario del Ramo, conceder o negar esta licencia, y en caso de ser concedida, será para el desempeño específico del empleo o comisión señalados en la solicitud y por el término que se haya establecido al autorizarla”, señala la norma vigente.


Las reclasificaciones o transferencias en la GN

En el dictamen que crea la nueva Ley de la Guardia Nacional y que reforma otras normas para poner a esa corporación de seguridad bajo el mando del actual Secretario de la Defensa Nacional (Defensa), no solo se confirma la desaparición de cualquier mando civil en la Guardia Nacional, sino que también pone a disposición de las fuerzas castrenses a quienes ya son elementos en activo de la GN.

Según el artículo 164 de la nueva Ley de la Guardia Nacional las llamadas “reclasificaciones” o transferencias se van a realizar para “satisfacer las necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos”.

Así, dichas transferencias “podrán llevarse a cabo por la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional” cuando sea necesario o cuando un elemento de la Guardia Nacional “satisfaga los requisitos” para solicitar su cambio de adscripción al interior de las fuerzas armadas.

Sin embargo, en el caso de la transferencia de la Guardia Nacional hacia otra arma o servicio del Ejército Mexicano “en tiempos de paz”, la persona afectada deberá firmar el consentimiento. 

En el caso opuesto, es decir, en caso de que un soldado o militar del Ejército Mexicano, sea transferido a la Guardia Nacional, no se requiere el consentimiento.

En la norma vigente hasta el día de hoy, un elemento de la Guardia Nacional no podía ser transferido a la milicia. Por el contrario, esas “reclasificaciones” de arma o servicio, como se conoce a las diferentes especialidades dentro del Ejército Mexicano, si estaban permitidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.

La Consejera Jurídica presenta Ley de la GN y Ley de Investigación e Inteligencia

Por: Draco Dracul on martes, junio 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

Claudia Sheinbaum afirmó que con las reformas a las leyes del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se busca es fortalecer la estrategia para detener a presuntos delincuentes y reducir la impunidad.

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó este martes acerca de la Ley de la Guardia Nacional –la cual se analizará durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión– que plantea su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), equiparando a sus miembros con grados y mandos como los del Ejército y la Fuerza Aérea.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Godoy Ramos recordó que la reforma deriva del decreto publicado el 30 de septiembre de 2024, que modificó diversos artículos de la Constitución en materia de Guardia Nacional (GN). Con base en este decreto, se presentó un paquete legislativo para armonizar las leyes secundarias con la nueva disposición constitucional.

La iniciativa establece a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter permanente, cuyos integrantes tendrán grados y mandos equivalentes a los de las Fuerzas Armadas, según detalló desde Palacio Nacional. Uno de los aspectos que se destacó es que ahora los integrantes de la GN podrán concursar por ascensos bajo un sistema de rangos similares a los del Ejército y la Armada, y que gozarán de derechos de seguridad social como parte de la Fuerza Armada permanente.
“La Ley establece un sistema de ascensos y recompensas con rangos equivalentes a los de la Defensa y la Armada, estableciendo reglas y procedimientos para ese efecto, y se garantizan los derechos de seguridad social al personal de la Guardia Nacional”, subrayó la Consejera.


También se contempla la creación de un Consejo Superior de Disciplina dentro de la Defensa, el cual será responsable de conocer faltas graves y garantizar que la conducta de los elementos se apegue a la legalidad, la ética del servicio público, y el cumplimiento exacto de las leyes y reglamentos militares.

La Guardia Nacional podrá participar junto al Ejército y la Fuerza Aérea en la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacional, así como en la seguridad interior, según lo establece la Constitución.

Asimismo, se formaliza su colaboración con otras instancias de seguridad pública para compartir, generar y obtener información en materia de prevención y persecución de delitos, todo bajo conducción legal, y con el objetivo de mantener el orden y la paz. Se precisa que su actuación deberá regirse por los principios de amor a la Patria, legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos.

En respuesta a críticas sobre la posibilidad de que integrantes de la Guardia Nacional puedan contender por cargos de elección popular, la Presidenta –sin ser nombrada directamente– se adelantó a las objeciones al calificarlas como “ignorantes”, y sostuvo que esto ya está previsto desde hace décadas en la legislación militar y en la Constitución de 1917.
Se mencionó que la Ley Orgánica del Ejército contempla cuatro tipos de licencias, incluyendo la licencia especial sin goce de haberes, la cual permite a los militares participar en procesos electorales. Esta figura también será aplicable a los elementos de la Guardia Nacional.

Por otro lado, Godoy dio a conocer los lineamientos de la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Ésta prevé la creación de una plataforma tecnológica que permita el acceso a registros y bases de datos para fortalecer la investigación y judicialización de delitos.

La funcionaria aseguró que esta Ley será un instrumento clave para combatir la impunidad y construir la paz, ya que consolida la inteligencia como herramienta de apoyo al Ministerio Público. Aclaró que la privacidad de las personas no será vulnerada.
“En ningún momento se invade la privacidad ni se entrará a conversaciones de particulares. Cualquier intervención estará sujeta a la autorización de un Juez. Por lo tanto, podemos asegurar que no se le podrá dar un uso político, debido a los candados y medidas de seguridad con los que cuenta la Ley”, finalizó.
FUENTE:SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Candidatos a jueces y magistrados impugnan elección judicial; “fue un proceso electoral viciado de origen”, aseguran

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 ,

Candidatos a jueces y magistrados argumentaron diversas irregularidades durante la elección judicial, incluyendo los acordeones.

Jueces y magistrados federales que participaron en la elección judicial presentaron un juicio “madre” de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el que buscan que se declare la invalidez total de las elecciones. 

“A partir de hoy, con la representación del juicio madre de inconformidad, suscrito por las personas juzgadoras federales que participamos en este viciado proceso judicial 2024-2025, queda en manos de las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restablecer el estado constitucional de derecho, el respeto a la división de poderes y por supuesto a la independencia judicial”, señaló el magistrado Froylan Muñoz Alvarado al presentar la impugnación.

Así, tras enumerar diversas irregularidades supuestamente cometidas antes, durante y después de la jornada electoral, el también expresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales (Jufed) señaló que todas las pruebas recabadas para el juicio de inconformidad los llevaron a concluir que se debe anular por completo la elección judicial.

“Lo que culminó en el fondo del asunto, un hecho notorio y público, fue la violación a la veda electoral con algo que se llamaron acordeones […] los organismos internacionales lo tienen visualizado como una situación que no prospera, que no es viable, que contraviene principios constitucionales y convencionales. A través de estos puntos completos estamos hablando de un proceso electoral viciado de origen hasta la conclusión. Esto es (que) hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento que provoca su nulidad total”, señaló.

Por su parte, al acompañar a las y los juzgadores que presentaron la impugnación, el exsenador Emilio Álvarez Icaza, de la organización Somos MX, explicó que entre las irregularidades que comprueban una “intervención ilegal y de Estado” en la elección judicial hubo uso indebido de padrones, intervención indebida de gobernantes y fallos desde el proceso de selección de las y los candidatos. 

“Y los acordeones, por supuesto, como una práctica absolutamente indebida que lo que demuestra es una intervención ilegal y de Estado en términos de lo que significa atentar contra el voto libre […] este tipo de prácticas son las que nos llevan a solicitar la nulidad”, dijo el exsenador que estuvo acompañado de figuras como el político Fernando Belaunzarán.

En representación de las y los 23 juzgadores demandantes estuvieron presentes el magistrado Raúl Angulo Garfias y el juez José López Martínez, ambos en funciones, que especificaron que este recurso será utilizado para llevar a ámbito internacional la impugnación contra la reforma y la elección judicial. 

“Nosotros, las personas que estuvimos contendiendo, en funciones, bajo reglas desconocidas absolutamente y sin financiamiento o patrocinio alguno no sabíamos para dónde íbamos, pero somos personas que durante más de 20 años o mucho más tiempo hemos estado en la función jurisdiccional. Esto es lo que debe evaluar el INE al momento de calificar esta elección”, señaló el magistrado Angulo Garfias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

“Subsidio evitará alza en gasolinas”: Sheinbaum descarta aumento en precios de combustibles por conflicto en Medio Oriente

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Sheinbaum reconoció que el conflicto en Medio Oriente puede tener un impacto en el precio de la gasolina en México, pero destacó que el subsidio que existe evitará el alza de precios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el cierre del Estrecho de Ormuz debido al conflicto en Medio Oriente no representa, por ahora, un riesgo significativo para el abasto ni el precio de combustibles en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la operación de las ocho refinerías -incluidas Dos Bocas y Deer Park- permite que México produzca prácticamente todo lo que necesita para la elaboración de gasolinas.

“Prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones, por la compra de la Refinería en Texas, Deer Park, y por la Refinería Dos Bocas, y el trabajo que se está haciendo en las seis refinerías que ya existían en nuestro país”, destacó.

Cuestionada sobre un posible aumento en los precios internacionales de la gasolina, indicó que el gobierno cuenta con el mecanismo del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), mediante el cual se otorgan subsidios para evitar alzas en el precio al consumidor.

“Si subiera mucho el precio de las gasolinas, el IEPS permitiría mantener los precios estables en México”, aseguró.
Sobre el conflicto en Medio Oriente, Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de México está definida por su política exterior constitucional.

“México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución”, señaló.

Amenazan con cerrar el Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un punto de paso clave para el comercio mundial de petróleo, que Irán ha amenazado con bloquear en múltiples ocasiones durante situaciones de crisis.

Varios diputados iraníes volvieron a activar esta amenaza tras los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares en Irán, aunque la decisión final recae en el consejo de seguridad nacional, instancia de seguridad más alta del país.

El estrecho de Ormuz es la principal vía de navegación que conecta a los ricos países petroleros de Medio Oriente con el resto del mundo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desgaste de Morena y judicialización atoran resultados electorales en Veracruz

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

La 4T perdió bastiones históricos y enfrenta un escenario de impugnaciones en 11 municipios. Con diferencias de menos de 100 votos en casos como Acatlán (14) y Poza Rica (500), Morena recurre a tribunales para revertir derrotas denunciando fraude, violencia y quema de paquetes electorales.

Tras la jornada electoral del 1 de junio último, en la que se eligieron autoridades para los 212 municipios veracruzanos, el proceso sigue abierto y la judicialización de los resultados mantienen en vilo la decisión final en varios ayuntamientos. La cerrada competencia, los disturbios durante los cómputos y litigios por los votos han mantenido tensos a los partidos políticos, candidatos y organismos electorales.

La elección fue particularmente reñida. En más de la mitad de los municipios los candidatos ganadores obtuvieron el triunfo con una diferencia menor a mil sufragios. En 27 municipios la diferencia entre el primero y segundo lugar fue inferior a 300 votos, y en 13 casos fue menor a 20.

Como ejemplo de los cambios geopolíticos está el PAN que, aunque logró recuperar presencia tras la debacle de 2021, perdió bastiones emblemáticos como Veracruz y Tantoyuca. Eso representa un golpe significativo para la familia Yunes, históricamente dominante en la zona conurbada del puerto.

Durante los cómputos, la tensión escaló a niveles preocupantes. En siete consejos municipales se registraron actos de violencia, quema de papelería y daños a instalaciones. En otros cinco, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se vio obligado a trasladar los paquetes electorales a su sede central en Xalapa para continuar los conteos, debido al riesgo de disturbios.

El alto nivel de competitividad derivó en una judicialización de la elección. Cinco partidos (Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano) han interpuesto recursos de impugnación en al menos 35 alcaldías. Las acusaciones incluyen quema de boletas, manipulación de paquetes electorales, sustitución irregular de funcionarios y alteraciones en los resultados.

El OPLE confirmó la recepción de más de 65 recursos relacionados con los cómputos municipales. Ayuntamientos como Papantla, Hidalgotitlán, Chalma, Chicontepec, Sayula de Alemán y Poza Rica se encuentran en el centro de la disputa. En muchos casos la diferencia entre el primero y segundo lugar no supera los 100 votos.

La última palabra sobre estos resultados la tendrá el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Sin embargo, varios de los casos más complejos podrían escalar a la Sala Regional Xalapa o incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que retrasaría la entrega de resultados definitivos.

El clima de judicialización e incertidumbre electoral se vio agravado por un incremento alarmante de la violencia política. De acuerdo con la organización Data Cívica, el proceso electoral de 2025 en Veracruz fue el más violento en al menos siete años. Se registraron 32 hechos de violencia político-criminal, incluidos tres asesinatos de candidatos, 16 ataques contra aspirantes, dos secuestros y múltiples amenazas.
Según el recuento, dos candidatos fueron asesinados y al menos diez abandonaron sus campañas por amenazas directas. La mayoría de estos casos se concentraron en municipios altamente disputados, donde la competencia electoral se combinó con la presencia del crimen organizado.
Desde 2018 Veracruz ha permanecido entre las tres entidades con más violencia política en México, y esta elección no fue la excepción. 

La fragmentación del voto y el reacomodo de fuerzas políticas generaron un escenario de tensión y riesgo. Las consecuencias aún se están litigando en los tribunales.

Fragmentación del voto

Para el investigador Efraín Quiñonez, de la Universidad Veracruzana, la alta competitividad electoral refleja un reacomodo profundo en el mapa político del estado. La caída de Morena en bastiones clave y el ascenso de Movimiento Ciudadano y el PT evidencian la fragmentación del voto.

“Estamos viendo un desgaste de Morena tras dos periodos municipales, el rompimiento de alianzas con el PT y la emergencia de fuerzas como MC, que se presenta como una alternativa distinta”, explicó. A esto se suma el desencanto ciudadano con las opciones tradicionales y una nueva distribución del voto en distintas regiones.
El escenario muestra volatilidad -advierte-, competencia reñida y pérdida de hegemonías. En lugar de partidos dominantes, hay una ciudadanía que reparte su voto, muchas veces por desconfianza, lo que hace que cualquier resultado sea estrecho y, por tanto, impugnable. 
Un ejemplo de lo que analiza el académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV es Movimiento Ciudadano, que se posicionó como la segunda fuerza política de Veracruz, luego de ganar 572 mil votos y 40 alcaldías. Su avance incluye el control de municipios estratégicos como Poza Rica y Tantoyuca, antes gobernados por Morena y PAN.

El dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, anunció impugnaciones en José Azueta, Medellín de Bravo, Hidalgotitlán y Papantla. 

En ese último municipio, su candidato Mariano Romero perdió por 403 votos frente al morenista Gonzalo Flores Castellanos, tras un recuento que cambió el resultado preliminar. Sobre la elección, Máynez denunció que los paquetes trasladados a Xalapa llegaron abiertos y con boletas nulas alteradas.

“Fue un fraude grotesco. Nos quieren robar mil votos y no lo vamos a permitir. Ganamos con votos y vamos a defender el triunfo hasta las últimas consecuencias”, declaró.

Ante el avance de MC, la gobernadora Rocío Nahle denunció que el partido postuló candidatos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Álvarez Máynez respondió que quienes han sido señalados en realidad son “perseguidos políticos” y retó a la mandataria a presentar pruebas.

El PAN confirmó que impugnará los resultados en al menos diez municipios, incluyendo Soteapan, Hidalgotitlán y Úrsulo Galván. El argumento principal del partido es la diferencia mínima de votos entre el primero y segundo lugar. “Estamos recopilando la documentación necesaria para presentar las impugnaciones donde la diferencia es mínima”, dijo su dirigente estatal, Federico Salomón.

Un caso representativo es el de Chontla, donde el PAN ganó con dos mil 440 votos, pero enfrenta impugnaciones del PRI –que quedó a sólo 43 votos– y de Morena, que perdió por poco más de mil. Además, los panistas han documentado alteraciones en actas y actos de violencia durante la jornada electoral, lo cual, afirman, comprometió la validez de los resultados.

A escala estatal el PAN obtuvo 35 alcaldías con más de 400 mil votos. 

El partido con más impugnaciones

El Partido del Trabajo anunció que impugnará los resultados en 15 municipios y se presentará como tercero interesado en otros cinco. Entre los casos más cerrados se encuentran Amatlán de los Reyes, donde perdió por 707 votos; Chumatlán, con una diferencia de 75 votos; y Chocamán, donde la distancia frente al PAN fue de 756 votos. En este último, el PT denunció que boletas marcadas en favor de su candidato fueron encontradas en cañales tras el cierre de casillas.

El crecimiento del PT en estas elecciones se explica en parte por la ruptura de su alianza con Morena. Esta decisión estratégica le permitió impulsar candidaturas competitivas en zonas donde Morena enfrentaba divisiones internas, lo que a su vez facilitó al PT posicionarse como una fuerza relevante. Obtuvo más de 370 mil votos y ganó 30 alcaldías, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor expansión territorial.

Sin embargo, ahora enfrenta el reto de sostener sus triunfos ante los tribunales. En municipios como Hidalgotitlán, donde la diferencia fue menor a 500 votos, el partido buscará probar irregularidades en el conteo y en la cadena de custodia de los paquetes. La batalla legal será clave para mantener su posicionamiento.

Al igual que MC, PAN y PT, el PRI también recurrió a los tribunales para disputar resultados en cinco municipios. Aunque logró triunfos importantes en localidades como Orizaba y Cosoleacaque, donde mantiene estructuras políticas fuertes, el tricolor busca revertir derrotas cerradas en zonas estratégicas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Tuxtilla, donde el PRI denunció la quema de paquetería electoral, lo que impidió un recuento confiable. La diferencia fue de apenas 225 votos frente a la alianza Morena–PVEM. En Chicontepec, acusó la alteración de boletas y paquetes, tras perder por sólo 169 votos, equivalentes a 0.68% del total. En Tlaltetela el argumento se centró en que los votos nulos superaron la diferencia entre los punteros (115 votos), lo que, según el partido, justifica la nulidad de la elección.
Incluso en municipios donde la diferencia fue más amplia, como Xalapa, el PRI presentó denuncias. Alegó la desaparición de mil 685 boletas y deficiencias en la cadena de custodia de la documentación. Si bien la ventaja de Morena fue de casi 28 mil votos, el tricolor busca sentar un precedente sobre los estándares mínimos de integridad en el proceso electoral.

La respuesta de Morena

En este contexto de disputa generalizada, Morena no se quedó al margen. El partido en el poder anunció que impugnará los resultados en 11 municipios argumentando irregularidades graves como la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, destrucción de paquetes electorales y manipulación durante el conteo de votos. Entre los casos más relevantes se encuentran Tlalnelhuayocan, Chalma, Acatlán, Sayula de Alemán, Tlacotalpan y Poza Rica.

En Acatlán Morena perdió frente al PRI por apenas 14 votos. En Poza Rica, donde la diferencia con Movimiento Ciudadano fue de 500 sufragios, el partido denunció la negativa de la autoridad electoral para realizar un recuento total.

En Las Choapas, impugnará el triunfo del candidato de MC, Jesús Uriel Esquivel, quien fue electo pese a enfrentar un proceso penal por homicidio y haber ganado bajo el amparo de un juez federal.

Un caso especialmente simbólico es el de Tlalnelhuayocan, donde el PRI ganó por mil votos, pero Morena sostiene que hubo agresiones físicas contra miembros de su estructura, así como quema parcial de documentación. “La violencia previa y la manipulación de actas deberían ser causales suficientes para anular la elección”, argumentaron representantes del partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Reforma a la Guardia Nacional permite que militares compitan por cargos públicos: MC

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Ivonne Ortega advierte sobre una “licencia especial” que sólo podría ser otorgada por quien encabece el Poder Ejecutivo o la Secretaría de la Defensa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ivonne Ortega, acusó que la reforma sobre la Guardia Nacional que se discutirá este martes tiene un artículo que permite a militares para competir por cargos públicos. 

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora emecista explicó que el artículo 44 concede una “licencia especial” para que el o la titular del Ejecutivo o secretario de Defensa puedan otorgar la licencia a los militares para competir por cargos públicos.

“Hay muchísimos temas que me parecen muy graves en la reforma, pero este artículo en particular, en el 44, en donde concede una licencia especial que no está contemplada en el 35, esta licencia especial solo la podría dar la persona que esté en el alto mando, sea presidenta, presidente de su momento o el secretario de la Defensa, ellos son los que pudieran otorgar esta licencia. 

“¿Para qué? Para competir en cargos de elección popular, para poder ser funcionarios de gabinete, para poder ser funcionarios descentralizados, para poder ser funcionarios municipales, estatales o federales, o cualquier encomienda que su cargo no la instruya”, detalló. 

El artículo 44 en su numeral III establece que la “licencia especial” es la que se concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional, para desempeñar cargos de elección popular cuando la persona titular del Ejecutivo Federal los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional, y desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos. 

Ivonne Ortega advirtió que con el “permiso especial” los militares pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, municipales e instituciones federales sin que pase por el Senado, la Cámara de Diputados u otra cosa, sólo la libre disposición de quien los imponga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sin orden de cateo, policía de Campeche allana domicilio, golpea y arresta a familia

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , , , ,

Una mujer policía acusó a los hermanos de agredirla, tras lo cual, sus colegas ingresaron a la casa de la madre de Ángel, Alan, Eduardo, Jorge, donde fueron golpeados y arrestados, junto con su tío Miguel. Los cuatro actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos.

Policías estatales allanaron la casa de los hermanos Bastarrachea Puga en la colonia Lázaro Cárdenas, el 17 de junio; sin presentar una orden de cateo entraron al predio tras derribar el portón. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon al aire e hirieron a uno de ellos.

Pese a los elementos de prueba que la familia presentó sobre lo ocurrido, la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez determinó la legal detención.

Todas las agresiones de los policías quedaron grabadas en videos. Se observa a los policías estatales amenazarlos con las pistolas y macanas. Se escuchan los insultos, detonaciones de armas y los golpes al portón para entrar a la casa.  

“Me asusté muchísimo y me metí al cuarto pegadito a la sala y de ahí empecé a grabar cómo estaban alzando el portón. Estaban entrando todos los policías, eran muchos, no sé cuántos, pero sí eran bastantes policías”, declaró a Proceso la mamá de los hermanos Bastarrachea Puga y dueña de la casa, Leticia Puga. 

Los hermanos Ángel, Alan, Eduardo, Jorge y su tío Miguel actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar. La próxima audiencia en la que se determinará su situación judicial será el martes 24 de junio.  

Eran alrededor de las 12:00 del día cuando Leticia y sus hijos escucharon los golpes contra el portón. La mujer, con mucho miedo, tomó su celular y grabó el momento en que derribaron la puerta de metal y se metieron a la casa.  

Una mujer policía se dirigió a los hermanos con insultos y los acusó de agredirlos en la calle.  

“¡Oye tiraron mi moto! ¡Hey! ¿qué hacen? ¡Están dentro de la casa!”, se escuchó decir a uno de los hermanos. 

“¡Están en el patio!”, gritó otro mientras grababa.  

La mujer policía señaló a uno de ellos. “¡Es ese pendejo! ¡Tú fuiste parte de eso!”, le reclamó.  

En otro de los videos la misma mujer policía insistió en las acusaciones. “¿Qué hiciste puta madre? ¡La cámara te grabó!”, se escuchó. 

Uno de los jóvenes alcanzó a cerrar la puerta de la casa, pero no fue suficiente para impedir a los policías ingresaran, los golpearan y arrestaran. Incluso, tuvieron que ser ingresados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” para ser atendidos por las lesiones que les causaron. 

La familia escuchó varias detonaciones en el patio y grabó el momento en que también entraron policías por la parte trasera de la casa. Desde ahí les lanzaron gas lacrimógeno y en la confusión no alcanzaron a distinguir qué oficial disparó contra uno de ellos. 

Alan, uno de los hermanos Bastarrachea, tiene fracturado el pie y se encontraba en la casa por incapacidad laboral. Le dispararon en la espalda y aunque la herida no fue de gravedad, sí resultó con una lesión por las esquirlas.   

Mientras que a Jorge lo golpearon al punto que puede perder la vista y necesita una cirugía.

De la denuncia de los policías estatales, que presuntamente fueron agredidos por los hermanos Bastarrachea Puga, se inició la carpeta de investigación CI- 2- 2025- 914 por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.   

Los agentes denunciados son: que Carlos José Panti Chi, Miguel Dzul Chi, José Alberto López Rodríguez, Celina Anahí Pérez Santos, José Miguel Casanova Maldonado, Ramón Isidro Hu Panti y David Alejandro Uc. 

La audiencia de control para determinar sí fue legal o no la detención se realizó el viernes a las 9:30 de la mañana y terminó a las 23:00 horas. Durante 13 horas y media la defensa de los hermanos Bastarrachea Puga y la fiscalía debatieron sí era legal o no la detención. 

La carpeta judicial CJ-703/24-2025/JC quedó asignada a la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien, además, cambió de última hora el formato de presencial a virtual, para negar el acceso de medios de comunicación, a pesar de que se trataba de una audiencia pública.  

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) llevó la defensa de los policías y alegó que existieron dos momentos en que se cometieron delitos, lo que motivó que se allane la casa sin una orden de cateo y de aprehensión. 

En un primer momento se expuso ante la jueza que tres hombres, cuyas características eran parecidas a tres de los cuatro hermanos, apedrearon una unidad policial en la que iba la policía Giselle; huyeron y entraron a la casa con portón gris.  

Expusieron que minutos después, la policía Giselle vio a tres hombres distintos a los referidos afuera de ese predio, preguntó por ellos y le respondieron con insultos, además que a su compañero le rompieron una botella en la cabeza.  

La agente pidió refuerzos y acudió otra unidad en la que iba a bordo la policía Celina, a quien supuestamente Eduardo y Alan, en presencia de los demás oficiales, metieron a la casa y amagaron con un cuchillo. Según la defensa, esos hechos obligaron a los policías a entrar sin orden de cateo y arresto.  

El abogado Edwin Trejo representa a los hermanos Bastarrachea Puga; para él no fue sorpresa que la jueza determinó la legal detención. Expresó que después del motín de Koben, que tuvo como resultado que la gobernadora Layda Sansores desarticulara a la corporación, de ningún modo pueden reconocer que los policías actuales se equivocaron. 

“Si la jueza decretara ilegal la detención estaría avalando que la policía está actuando mal, que la Secretaría de Seguridad Pública está permitiendo que esta policía actúe mal y para la visión que tiene el gobierno del Estado, para su narrativa, esto ya no es permisible. Por eso la premura y la urgencia de que diga un juez que fue legal la detención. Para que salga el próximo martes, la secretaria de justicia, Marcela Muñoz salga a decir ´ya lo vieron, yo estoy deteniendo a delincuentes, todo estuvo apegado a derecho, un juez ya lo dijo”, manifestó. 

Para el abogado de los hermanos Bastarrachea Puga la versión de la FGECAM no tiene coherencia y mucho menos existe evidencia de sus dichos. “En serio quieren que creamos que tres personas salieron rodeadas de policías y metieron una policía dentro de la casa”, acotó. 

Denuncian robo de teléfono

Gloria es la hermana de Ángel, Alan, Eduardo y Jorge y sobrina de Miguel; durante el ataque de los policías a su casa, Alan alcanzó a llamarle y avisarle de los hechos. Sus compañeros de trabajo alcanzaron a escuchar los gritos del joven.  

Al cortar la llamada, sus compañeros ofrecieron acompañarla a la casa para ver qué ocurría. En el trayecto recibió una llamada de Leticia, quien le informó que los habían arrestado y que ya se dirigían a la FGECAM. 

Gloria llegó justo en el momento que subían a la patrulla a su tío Miguel. Se acercó a los policías, entre gritos preguntó por qué se los llevaban. A la joven la detuvieron tres hombres policías y, luego de someterla, una mujer policía intentó quitarle el celular que llevaba consigo, pero no lo consiguió. 

“Me detuvieron por agresión, hay un video en vivo donde se ve que no los agredí, sí me alteré, pero cualquiera en mi situación. Fui detenida por tres policías hombres y después por dos mujeres que llegaron, uno de los agentes usó mucha fuerza. Tenía mi celular en la mano, y lo metí a la bolsa del pantalón, creo que fue un error y me lo debí quedar en la mano, en el video se ve claramente que lo agarran”, declaró Gloria en entrevista para Proceso. 

En un segundo momento se acercó a la escena una segunda oficial, que coincidentemente era Celina Anahí Pérez Santos, la misma que presuntamente fue privada de su libertad en la casa, ésta le sustrajo el celular. 

A Gloria la llevaron directo al juzgado cívico; la policía la intentó acusar de desorden público, pero no había ningún delito que perseguir y la dejaron en libertad. 

Al salir intentó recuperar su celular y acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó los hechos en Asuntos Internos y le dijeron que sería atendida por el jefe César Alegría. Sin embargo, nunca la recibió. 

Luego de tres horas se dirigió a la FGECAM, en donde interpuso la denuncia por robo. Gracias a una aplicación logró rastrear su celular y lo ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

De la mujer policía, la FGECAM se negó a dar información, fueron ciudadanos quienes lograron ubicarla y revelar su nombre.  

En la transmisión de “Martes del Jaguar” del 17 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores simplemente aseguraron que el robo del teléfono no ocurrió.  

La casa de Leticia Puga no fue asegurada, ni resguardada. Ella reitera que sus hijos no cometieron ningún delito. Después de ser atacados por los policías estatales, a la casa llegaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Uno se le acercó y le aconsejó que denunciara las agresiones que habían vivido. 

“Uno me dijo ‘No se preocupe, ya sabemos cómo se portan la policía. A nosotros no nos caen bien, los polis son muy prepotentes”, contó. 

Leticia recordó que ese día estaba feliz porque todos sus hijos estaban en casa y cocinaría para ellos. Hoy debe dormir en una casa destrozada, en la que no puede acomodar ni mover nada porque son evidencias de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Trabajadores judiciales de CDMX en paro exigen auditoría interna, bono extraordinario y basificación

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Trabajadores del Poder Judicial de CDMX en paro entregaron un pliego de exigencias que incluye una auditoría interna, incremento salarial con base en ahorros presupuestales, un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal con más de seis meses de antigüedad.

Tras más de dos semanas de paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, el viernes pasado la base trabajadora entregó a autoridades capitalinas un pliego de exigencias. Entre los puntos principales se encuentra la solicitud de una auditoría interna antes de agosto, con el fin de detectar y suspender gastos considerados injustificados, y destinar los recursos resultantes a un incremento salarial general.

Además, demandaron la aprobación de un bono extraordinario en diciembre, así como la basificación de personal administrativo, proyectistas, secretarios y trabajadores de medidas cautelares con al menos seis meses de antigüedad, conforme a lo planteado en una “Carta convenio” redactada por el colectivo en paro, documento al que tuvo acceso el Observatorio de Justicia de la Universidad Iberoamericana.

Los trabajadores exigieron participar en la planeación presupuestal de 2026, con el objetivo de garantizar mejoras en condiciones laborales, mobiliario, insumos y atención a la falta de personal.

Finalmente, demandaron que en las negociaciones para el levantamiento del paro no tenga ninguna participación el Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquiera de sus secciones, luego de que este órgano gremial se ha mantenido omiso ante la movilización de la base trabajadora.

Tribunal Superior de Justicia de CDMX recibe pliego petitorio de trabajadores en paro

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de parte patronal, propuso revisar el presupuesto para analizar la viabilidad de otorgar un estímulo económico. También se comprometió a no tomar represalias contra los trabajadores movilizados.

Durante la mesa de negociación del pasado viernes, que se prolongó por más de seis horas, las autoridades reiteraron que el monto del posible bono se conocería hasta septiembre, una vez que se revisen los ahorros presupuestales, pero se negaron a establecer un monto concreto o, incluso, a garantizar dicho estímulo.

Esta propuesta oficial implica una modificación al acuerdo ofrecido en la mesa de diálogo previa, realizada el martes 18 de junio, en la que se prometió a los trabajadores un bono y, si quedaba presupuesto, un aumento adicional.

Sin embargo, el viernes, con la presencia del oficial mayor, las autoridades manejaron la entrega del bono sólo como una posibilidad. “Ya no existió esa flexibilidad”, señaló Erika Italia Ojeda, trabajadora administrativa especializada, quien es una de las voceras del movimiento.

Según los trabajadores, las autoridades insisten en que no es viable un incremento adicional este año por la política de austeridad, pero el movimiento consideró que el problema no es la falta de recursos, sino la necesidad de revisar el gasto y redistribuirlo con justicia, mediante una auditoría.

“Incluso, nos dijeron que no jugáramos a las vencidas con Sansón. Fue una especie de amenaza entre líneas. Los trabajadores ya queremos volver a las actividades, pero no así, si firmamos cualquier cosa, en diciembre nos dicen que no hay dinero y otra vez quedamos igual”, subrayó.


Paro en juzgados de CDMX: trabajadores denuncian amenazas

Tras la reunión, los trabajadores en paro denunciaron que han recibido amenazas de nuevas agresiones por parte de grupos de choque, como la que sufrieron el pasado 11 de junio, cuando personas no identificadas atacaron a los trabajadores en el plantón e intentaron liberar los accesos a las instalaciones judiciales.

La movilización de trabajadores en el Poder Judicial de CDMX inició el 5 de junio, con el cierre del edificio de Niños Héroes 132, al que luego se sumaron oficinas como Plaza Juárez, Ciudad Judicial, los archivos judiciales y varias áreas de los reclusorios.

En total, los trabajadores en paro calculan que en el movimiento participan aproximadamente 800 empleados de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia capitalinos, inconformes con los rezagos acumulados desde la transición al sistema penal acusatorio, la falta de insumos, mobiliario, instalaciones adecuadas y la sobrecarga de trabajo sin compensación salarial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

Sinaloa, 14 años con su seguridad bajo control militar, pero sin lograr frenar la violencia

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Desde 2011, militares encabezan la seguridad en Sinaloa sin lograr frenar la violencia; expertos advierten riesgos y falta de resultados reales.

El pasado 17 de junio, Alejandro Bravo Martínez fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM). El Coronel, con más de 25 años de servicio en el Ejército Mexicano, ahora se suma a la creciente lista de militares que en Culiacán y Sinaloa han asumido cargos en dependencias locales encargadas de garantizar la seguridad, prevenir y combatir el delito y proteger a la ciudadanía. Abonando con ello a la militarización del Estado.

Desde 2011, la mayoría de los secretarios de seguridad de Sinaloa ha sido personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un estudio realizado por México Evalúa.

Durante la administración del gobernador Mario López Valdez, quien llegó al poder tras una alianza entre el PAN, PRD y Convergencia, se nombró al Comandante Francisco Manuel Córdova como secretario de seguridad pública de Sinaloa. Se mantuvo en el cargo durante 2.4 años, desde enero del 2011 hasta enero del 2013.

En 2017, el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordáz Coppel, nombró al General Genaro Robles Casillas secretario de Seguridad Pública. Duró en el cargo 1.53 años, hasta que fue cesado en julio del 2018.

Tras su salida,Ordáz Coppel colocó en la Secretaría al General Inocente Fermín Hernández Montealegre, un militar especializado en inteligencia para el combate a la delincuencia. Duró menos de un año en el puesto, para integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Después de Hernández Montealegre, el militar Cristóbal Castañeda Camarillo fue nombrado por Ordaz Coppel, como secretario de Seguridad, un nombramiento que fue ratificado por el siguiente gobernador Rubén Rocha Moya. Por lo que, se mantuvo en el cargo durante 4.75 años.

En septiembre del 2023, Rocha Moya colocó en el puesto al general Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció al cargo en diciembre del 2024.

Fue sustituido por el general Óscar Rentería Schazarino, siendo el militar que se encuentra actualmente en el puesto.

A nivel municipal, en Culiacán también se le ha dado continuidad a la estrategia de militarización, pues Alejandro Bravo Martínez no es el único militar que ha sido nombrado titular de la SSPyTM. En 2022, estuvo al frente Pedro César Rojas Ibarra, adscrito a la Guardia Nacional; en 2021 se nombró a Mauricio García Rodríguez, coronel de infantería retirado y durante 2017 y 2021 el titular de la SSPyTM fue el Coronel Óscar Guinto Marmolejo.

Esto indica que si bien actualmente tanto la capital como el Estado de Sinaloa tienen a militares al frente de las Secretarías de Seguridad Pública, no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo en cada administración estatal

¿Puede la militarización acabar con la violencia?

La estrategia de fortalecer la seguridad de una entidad mediante la experiencia castrense tiene diversas implicaciones e impactos en la seguridad pública de una región. De acuerdo con organizaciones internacionales como México Evalúa y Amnistía Internacional, la militarización no tiene un impacto significativo en la pacificación de una región, pero sí en el control político, la disminución de la proximidad ciudadana y la generación de violaciones a los derechos humanos.

Mientras que a nivel local, organismos como la Comisión Estatal  de Derechos Humanos (CEDH) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP) han decidido dar el voto de confianza a los titulares actuales de estos cargos, enfatizando la necesidad de su experiencia militar ante el contexto actual de violencia que se vive en Sinaloa generada por la “guerra” entre facciones internas del Cártel de Sinaloa.

Consecuencias principales de poner a militares en cargos de seguridad pública local

Armando Vargas Hernández, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, indicó que el colocar a militares en cargos de seguridad pública local tiene dos consecuencias principales. En primer lugar la transformación de la manera de implementar la política pública que sustituye los modelos de prevención por una aproximación más punitiva, reactiva y sancionatoria. En segundo lugar, la adopción de prácticas castrenses que se refleja en menos rendición de cuentas, menos transparencia y mayor jerarquización en la toma de decisiones.

“Estos cambios son promovidos por los titulares de las dependencias, entonces, un efecto es, insisto, directo e inmediato, que es la manera en que se implementa la política pública, la manera en cómo se combate el delito a través de la fuerza, la reacción y la sanción y un segundo impacto menos visible tiene que ver con la transformación de las prácticas institucionales dentro de las dependencias de seguridad”, explicó.

¿La violencia disminuye con políticas de militarización?

De acuerdo al estudio “La otra militarización” de México Evalúa, en las regiones donde se implementan políticas de militarización, la violencia no tiende a disminuir, sino a incrementar.

“Eso está en sintonía con mucha de la literatura internacional y la explicación es bastante sencilla, cuando sumas militares que están entrenados para la eliminación del enemigo en un territorio de mucho conflicto criminal, por ejemplo, pues están sumando capas a la violencia, entonces, eso va a propiciar confrontaciones violentas que van a derivar mayor violencia homicida”, explicó Vargas Hernández.

En cuanto a la rendición de cuentas, indicó que en teoría los militares deberían responder ante el gobierno estatal al haber sido nombrados por el gobernante en turno, pero en la práctica sus altos mandos responden directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, por extensión, al Ejecutivo Federal.

“Si bien el gobernador es el que coloca y remueve y en ese sentido es a quien se le rinde cuenta, pues muchos de los perfiles que vemos en varios de los estados son fieles a la SEDENA y por descuento al Ejecutivo Federal”, dijo.

Por su parte, para Amnistía Internacional la estrategia de seguridad pública militarizada ha fallado, pues los homicidios en México incrementaron un  218% entre 2006 y 2022. Además, “miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad”.

Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, indicó que si bien una recomendación de la ONU es que los asuntos de policías sean manejados por personal civil, en el caso del nombramiento reciente de Alejandro Bravo decidió darle el beneficio de la duda.

“Sin embargo, señalo lo siguiente, fue invitado por el presidente municipal de Culiacán para que SEDENA propusiera a una persona y pues le damos el beneficio de la duda, y le deseamos que tenga éxito porque de eso depende la seguridad nuestra y de nuestras familias, eso es lo que he señalado”, dijo.

En este sentido, Miguel Calderón, del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP), indicó que ante la situación actual de violencia que se vive en Sinaloa, es necesaria la experiencia militar para combatir la delincuencia.

“Vemos como una decisión positiva el que los mandos con experiencia militar lleguen a las corporaciones civiles debido a que estamos viviendo tiempos extraordinarios y ocupamos garantía de experiencia, de comportamiento honesto y creemos que las corporaciones de alcance federal, de alcance militar son las mejores calificadas en ese sentido. Ya que se normalice la situación, que regrese  la paz, quizá pensar en perfiles más ciudadanos y menos militarizados, podría ser como una opción a posterior del conflicto”, dijo.

Indicó que la militarización de mandos es un factor que podría ayudar a bajar los índices de inseguridad en Sinaloa, pero no es el único, ya que el problema es muy complejo y pasa por la obtención de presupuestos necesarios para fortalecer las capacidades de obtención de justicia.

Finalmente, Vargas Hernández señaló que una ruta alternativa para mejorar la seguridad de una región evitando la militarización permanente, es dignificando a la policía, mejorando sus condiciones laborales, su profesionalización y creando alianzas entre sociedad civil, gobierno y organizaciones privadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/REVISTA ESPEJO.
AUTOR:                           /ALEXANDRA FIGEROA.

Investigan al dirigente del PAN en Puebla por ciberacoso contra Sheinbaum y Armenta

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

De acuerdo a un especialista en monitoreo de medios, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

Alberto Rangel Ortega, comunnity manager especialista en el analítica y monitoreo de medios, aseguró que el gobierno federal investiga al dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, por encabezar en sus redes sociales una campaña de odio en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

Según Rangel Ortega, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN en el estado de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

“Sabemos que el Gobierno de México ya rastrea los movimientos financieros hechos a través de terceras personas, se estima que la dirigencia del PAN en el estado de Puebla pudo aportar hasta 500 mil pesos para difundir y pautar los mensajes de odio”, señaló el consultor.

A través de un seguimiento que hizo público y compartió con Proceso digital, el consultor informó que localizó las cuentas de bots de Mario Riestra y de algunos de sus colaboradores en los que se dedican a generar una campaña de ataques y de odio tanto a la presidenta Sheinbaum, así como al mandatario estatal.

En una muestra de 18 ejemplos en los que se leen mensajes y se muestran figuras caricaturescas que denigran la figura de la jefa del Ejecutivo, se registra que son de las cuentas de Riestra, su secretaria general Genoveva Huerta y la ex diputada federal Carolina Beauredard.

Los mensajes van desde acusar a la presidenta Sheinbaum de narcotráfico hasta los insultos personales y familiares. Mientras que al gobernador lo denigran y, paradójicamente, cuestionan la ley de ciberacoso que propuso y el dirigente panista, Mario Riestra, terminó apoyado tras ser requerido por la dirigencia nacional del PAN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Contradicciones del PAN ante la Ley Censura en Puebla

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Todo parece indicar que los políticos de todos los partidos tienen la piel muy sensible a la crítica, que es condición esencial del periodismo. No se puede entender el ejercicio periodístico sino hay una crítica razonada al poder, llámese como se llame quienes lo detenten.

Hace una semana en Puebla el Congreso estatal aprobó una ley llamada “Ley de Ciberseguridad”, que pone en alto riesgo la libertad de expresión y de prensa. Lo mismo pasa con la acción penal en Campeche que la gobernadora Layda Sansores realizó contra del periodista Jorge González Valdez bajo los cargos de odio y violencia.

Todo parece indicar que los políticos de todos los partidos tienen la piel muy sensible a la crítica, que es condición esencial del periodismo. No se puede entender el ejercicio periodístico sino hay una crítica razonada al poder, llámese como se llame quienes lo detenten.

En el caso de Puebla hubo reacciones contradictorias entre los legisladores del PAN, pues mientras unos responsabilizaron al líder, Mario Riestra Piña, de haber fracturado al partido con su tibia y contradictoria posición frente la “ley censura”, otros siguieron la línea nacional de Jorge Romero, que rechazo la ley y dio un jalón de orejas a Riestra.

La Ley de Ciberseguridad en Puebla fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado plurinominal y hoy coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta. El 11 de junio último fue aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para luego pasar al pleno el 12 de junio y ser publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 13.

La llamada “Ley de Ciberasedio” considera dos nuevos delitos: el espionaje digital, que lo comete la persona que a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario, a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.

Y el ciberasedio, que lo cometerá quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
Esta ley, que ya fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ocasionó divisiones serias en el PAN poblano, pues mientras que Mario Riestra abrió la puerta para discutir y aprobar esas reformas, su hermana Susana Riestra, diputada local panista, se pronunció por interponer una acción de inconstitucionalidad para revertirlas.
El nuevo episodio ha generado otra vez reacciones contra la forma en que Riestra Piña lleva las riendas del blanquiazul en el estado. Hace una semana, el también diputado local panista y exsecretario del PAN en Puebla, Marcos Castro Martínez, expresó su desacuerdo al demandar que debe dejar la utilizar la unidad sólo como un discurso, para llevarla a la práctica.

A partir de este nuevo entuerto la dirigencia panista de Mario Riestra se tambalea pues se añade a las denuncias en su contra y de su familia por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Gabriel Biestro, presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer hace unas semanas que Riestra Piña y sus familiares estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues habrían incurrido en desfalcos que les permitieron comprar al menos tres propiedades en el Caribe, cuyo costo superaría los 12 millones de pesos, recursos cuya procedencia no han podido comprobar.

Por cierto… Cabe recordar que el Artículo 7 de la Constitución señala: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Andrea Chávez no descarta buscar la presidencia del Senado

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La morenista aseguró que por el momento su atención está en la entidad que representa, Chihuahua, pero no negó la posibilidad de que podría ir por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

La vocera del grupo parlamentario de Morena del Senado, Andrea Chávez, no descartó presidir la Mesa Directiva del Senado, pero afirmó que por el momento su atención está en el Estado de Chihuahua. 

En entrevista en el Senado de la República, la morenista detalló que los próximos días dará a conocer un comunicado en donde informará su decisión.

“Ya les comenté que mi atención está completita en el estado de Chihuahua y no hay forma de que nos desapeguemos de esa tarea. Voy a estar compartiendo un comunicado pronto, con la decisión que tome, pero calma, calma, que todavía estamos conversando con el grupo parlamentario”, detalló. 

El próximo 31 de agosto, Gerardo Fernández Noroña, dejará de presidir la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, el legislador ha descartado buscar la reelección y aseguró que quiere retomar su escaño para poder debatir libremente. 

Además, Fernández Noroña informó que los acuerdos de la Cámara alta señalan que la próxima titularidad de la Mesa Directiva corresponde a una senadora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Ortiz Franco: 21 años de impunidad

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La exigencia de identificar a los responsables y castigarlos

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.
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