Familiares identifican al resto de los cuatro cuerpos localizados con huellas de tortura al interior de una camioneta en Villa Corona.

Entre ellos figuran un escolta, un chofer, un exmilitar y un empresario de bienes raíces.

El gobierno de Chiapas informó que atendió la denuncia sobre el “supuesto secuestro” de 95 migrantes ecuatorianos en las inmediaciones de Tapachula, luego de que la organización “1800 Migrante” alertara sobre este suceso.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, el Grupo Interinstitucional conformado por fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, el pasado jueves se atendió la denuncia, realizando diversos operativos e investigaciones, sin que se encontraran indicios; sin embargo, dijo que continúa con las acciones para seguir atender el reporte.

La Ciudad de México está devorando a sus pueblos originarios y, por este motivo, habitantes de la comunidad de San Pedro Cuajimalpa exigieron a todas las autoridades respeto a sus tradiciones, sus territorios, su forma de vida y su derecho al autogobierno.

El llamado lo hicieron frente a Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Nelly Segura, una habitante de San Pedro Cuajimalpa, subió al templete en el que se encontraba el aspirante y, con previa autorización de los organizadores del evento, defendió a su comunidad.

La madrugada de este domingo se registró en Culiacán un enfrentamiento armado que dejó a un elemento de la Guardia Nacional sin vida y otro lesionado.

De acuerdo con Noroeste, el comando realizaba tareas de vigilancia en el sector La Lima cuando fue atacado por civiles armados. Los elementos de la Guardia Nacional respondieron a la agresión y posteriormente se desató una persecución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán inició la investigación sobre la desaparición del ambientalista y profesor de primaria José Gabriel Pelayo Zalgado, quien fue visto por última vez el 19 de marzo en el municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares.

Humberto Amezcua, Presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, y quien buscaba reelegirse, fue asesinado el viernes 15 de marzo en un ataque directo. Cuatro días después, Joaquín Martínez López, Alcalde de Chahuites, Oaxaca, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinado a balazos frente a su domicilio.

Estos son apenas dos de las últimas agresiones contra políticos en el último año, un fenómeno que se ha intensificado con el inicio de las campañas electorales en México, donde se han reportado al menos 125 casos en total.

Otras 16 personas que el viernes fueron presuntamente secuestradas por un grupo criminal en Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México, regresaron este domingo a sus domicilios, con lo que ya se han localizado a 58 de los 66 sujetos que desaparecieron, informaron autoridades.

“Ya hay 16 personas más que han retornado a su domicilio”, dijo en un video publicado en redes sociales el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez.

Mientras buscan a sus hijos con palas en terrenos baldíos, madres buscadoras denuncian que miles de víctimas quedaron borradas del censo oficial de desaparecidos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que esta semana redujo en cerca de 15,000 el número oficial de personas no localizadas.

Socorro Gil Guzmán es madre de Jonathan Guadalupe Romero, detenido y desaparecido en Acapulco por policías municipales el 5 de diciembre de 2018, pero ahora no aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) deberá proporcionar una copia del expediente de avalúo del inmueble para los almacenes de la Megafarmacia del Bienestar. 

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó abrir un proceso penal reviviendo la llamada “teoría del segundo tirador”, pero esta vez, a tres décadas del crimen, imputando al otrora agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega. No lo consiguió.

De las 66 personas -adultas y menores de edad- que, según el gobierno de Sinaloa, fueron secuestradas ayer por grupos armados en diversas zonas de la periferia de Culiacán, 42 han sido liberadas por sus captores, informó hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El político de Morena, quien causó polémica ayer cuando equiparó la ola de secuestros a "cosas que ocurren", informó hoy que las autoridades recibieron denuncias sobre 66 personas desaparecidas, incluyendo familias enteras.

Tras las protestas de policías de Campeche por los abusos sufridos durante un motín en el penal de Kobén, la gobernadora Layda Sansores anunció la separación del cargo de dos funcionarios de seguridad “para no entorpecer los procedimientos”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales dijo que la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social será quien deje de laborar por ser la encargada de ejecutar los traslados de las personas privadas de la libertad.

Gabriel Quadri, Margarita Zavala y Teresa Castell, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), utilizaron información falsa para oponerse a la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidos erróneamente como “terapias de conversión”. 

Mutilación, hormonización infantil, y persecución a los padres de familia son algunas de las mentiras que Quadri, Zavala y Castell, quienes  buscan reelegirse como diputados federales en 2024, difundieron durante su intervención en la discusión legislativa.

De las 40 personas “levantadas” durante las primeras horas del viernes 22, 18 de ellas han sido liberadas por sus captores, informó el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

El funcionario estatal dio a conocer estas cifras sobre las liberaciones, las cuales ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana en las colonias Barrancos y Centro de Culiacán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente volvió a intervenir en el proceso electoral. Durante su conferencia matutina de este viernes defendió a Rocío Nahle, candidata de Morena al gobierno de Veracruz y deseó que la entidad “no vuelva a pasar lo que ya sufrieron” en administraciones pasadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) se niega a investigar la posible tortura cometida contra Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, pese a existir una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la existencia de un Protocolo de Estambul coincidente con tratos crueles e inhumanos. 

Por este motivo, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó un amparo para intentar revocar el ‘carpetazo’ de la FGR en el asunto y para buscar que se ordene una nueva investigación. 

Tras un juicio que duró más de cinco años, Fidel N. fue sentenciado a 42 años de prisión por haber intentado asesinar con ácido a Esmeralda Millán en 2018, siendo la primera condena que se aplica en Puebla y la segunda a nivel nacional y América Latina por este tipo de ataque equiparado a tentativa de feminicidio.

La audiencia de individualización de la sentencia se llevó a cabo la tarde del 21 de marzo en el Centro de Justicia de San Andrés Cholula, luego de que Fidel fue el primero en ser encontrado culpable en esta entidad del delito de violencia ácida.

El empresario Arturo Castagné Couturier mostró escrituras en las que se detalla que, en diciembre del 2021, José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle, candidata de la coalición de Morena a la gubernatura por Veracruz, compró un terreno en el exclusivo fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río, con valor de 3.6 millones de pesos.

En su cuenta de X, el empresario mostró fotografías de la escritura 9424 de la Notaría 12, en la que se detalla la adquisición del terreno ubicado en la calle principal del fraccionamiento en el lote 15 manzana 8 y que fue comprado a la fraccionadora Nova Terra.

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, advirtió que interpondrá una demanda por la exhibición en la página oficial de Presidencia, del expediente judicial relacionado con su adeudo fiscal estimado en 63 mil millones de pesos. La demanda es en particular contra el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas y su equipo.