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El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Agentes ministeriales están prófugos tras confundir a abogado con delincuente y dispararle 70 veces

Según la Fiscalía de Sonora, los elementos “se confundieron” ante un vehículo que cruzó la calle y que, pensaron, según su declaración, que les estaba cerrando el paso, por lo que abrieron fuego contra el civil.

Dos agentes ministeriales de Sonora detonaron sus armas el pasado 24 de mayo en contra de un civil, de profesión abogado, que circulaba por la zona donde la policía investigadora realizaba un cateo. Se les acusa de intento de homicidio, pero se mantienen prófugos de la justicia, informó la autoridad el 28 de mayo. 

La investigación, según informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control y Procesos del estado, conlleva la integración de una carpeta por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y de incumplimiento de un deber legal, por lo que se les busca para llevarlos ante la ley.

Los hechos de los que se les culpa ocurrieron al sur de la ciudad, cuando la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaba un operativo durante el cual, según la versión oficial, los agentes implicados fueron seguidos “por diversos vehículos”, según informaron a su superior. 

Al tratar de salir de la zona, detalla la Fiscalía de Sonora, “se confundieron” ante un vehículo que cruzó la calle y que, pensaron, según su declaración, que les estaba cerrando el paso.  

Entonces abrieron fuego y tras decenas de impactos, el litigante, Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, llegó al Hospital General de Especialidades para luego ser trasladado a uno de la iniciativa privada. 

El nerviosismo descrito en la versión de los hechos recogida por la fiscalía de Sonora se relaciona con que el operativo del 24 de mayo daba seguimiento a cateos realizados durante el día anterior.

Una jornada que vio un desenlace trágico luego de que un grupo de civiles armados abrió fuego contra los agentes, causando la muerte a uno de ellos. 

“Tras realizar labores de investigación relacionadas a la actividad de narcomenudeo, el elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Julio César Contreras Arroyo, fue agredido por armas de fuego y lamentablemente perdió la vida”, informó la institución el viernes pasado, día en que los primeros hechos tuvieron lugar. 

Luego de los hechos, del 24 de mayo, los agentes se presentaron ante la justicia pero no fueron aprehendidos en el momento debido a que no existía “flagrancia delictiva”. Las órdenes de aprehensión por las que actualmente se les busca fueron giradas el 26 de mayo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

Policía municipal mata a estudiante universitario de 19 años en Fortín de las Flores, Veracruz

Sobre el crimen existen dos versiones sobre lo sucedido, una señala que hubo una discusión y el oficial le disparó; otra indica que Pablo intentó alejarse por miedo, lo que provocó la agresión.

Durante la madrugada de este sábado, un policía municipal de Fortín de las Flores, Veracruz, disparó y asesinó a un joven de 19 años tras una revisión policiaca. 

La víctima, identificada como Pablo Ortigoza Martínez, era boxeador amateur y estudiante universitario.

Su cuerpo quedó tendido a 100 metros de su casa en la colonia Ricardo Ballinas. Sobre el crimen existen dos versiones sobre lo sucedido, una señala que hubo una discusión y el oficial le disparó; otra indica que Pablo intentó alejarse por miedo, lo que provocó la agresión. 

El oficial involucrado fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. 

El asesinato de Pablo ha generado indignación en la comunidad y en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido mensajes en su memoria y exigido justicia. 

Sus compañeros del gimnasio de boxeo olímpico Cazadores, donde entrenaba Pablo, hicieron un llamado a la comunidad de jóvenes pugilistas para que este sábado 1 de marzo asistan a la misa de cuerpo presente portando sus uniformes deportivos, guantes, vendas o cualquier prenda alusiva en su honor.

“El motivo es alzar la voz pacíficamente por el brutal asesinato de un joven talentoso, trabajador y estudioso, que perdió la vida de manera arbitraria a manos de quienes deberían protegernos.” 

Ilse, una amiga del joven, escribió en redes sociales: "Mi amigo de prepa y universidad, compañero de salón. Aún el miércoles me ayudó a estudiar para mi examen. Justicia para Pablo. Alguien tan lleno de sueños, metas, objetivos, con tanta vida por delante como para que alguien llegara a arrebatársela. Pablo siempre fue alguien lleno de energía, de felicidad, alguien que siempre que saludabas, te soltaba una sonrisota, alguien que te hacía reír y con su presencia te ponía de buenas".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

“No teníamos armas, nunca se les disparó”: migrante colombiana sobre ataque de la Guardia Nacional

Las autoridades no encontraron casquillos, balas ni armas que supuestamente se usaron contra las Fuerzas Armadas.

Una de las migrantes colombianas que viajaba con el grupo al que elementos de la Guardia Nacional disparó mientras ocurría un supuesto enfrentamiento en Tecate, Baja California, declaró a Zeta que no llevaban armas y no atacaron de manera previa.

Militares matan a migrantes colombianos en La Rumorosa y 'limpian' escena del crimen

La versión oficial de Sedena dice que los elementos fueron agredidos con armas de fuego. Migrante entrevistada por Zeta niega que hayan llevado armas.

El Ejército mexicano informó que elementos de la Guardia Nacional abatieron a dos migrantes y dejaron cuatro lesionados durante un despliegue cerca del parque eólico La Rumorosa, en Baja California.

La versión oficial dice que los elementos fueron agredidos con armas de fuego y que en el intercambio de balazos se registró la muerte de los migrantes… que es lo mismo que afirmó el Ejército Mexicano tras balear a seis migrantes el pasado 1 de septiembre en Chiapas.

FGR ya investiga asesinatos de enfermera y menor en Tamaulipas: Sheinbaum

La presidenta aseguró que el Ejército está dando toda la información sobre el militar que también murió.

Ante los asesinatos de una menor de edad y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó, primero, que también murió un militar y dio por hecho que fue derivado de la agresión de delincuentes, aunque después pidió esperar las investigaciones.

También enfocó la respuesta en diferenciar que se trató de dos hechos distintos, los dos en la misma ciudad.

A más de 40 horas de silencio de autoridades, piden a Sheinbaum identificar a militares involucrados en asesinatos en Nuevo Laredo

En una misiva, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo pidió a Sheinbaum una revisión urgente de los protocolos de la Fuerzas Armadas en casos de hechos violentos, así como una audiencia en Palacio Nacional con familiares de menores víctimas de muerte arbitraria.

Luego de más de 40 horas sin que autoridades federales ni estatales informen o se pronuncien sobre el asesinato de una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera del IMSS de 46 años, en Nuevo Laredo Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo envío una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que le pide ordenar una investigación urgente, imparcial, exhaustiva y pronta que permita identificar al personal militar involucrado.

Ejército y Guardia Nacional matan a una niña, una enfermera y un joven en Nuevo Laredo, denuncian OSC y familias

Las víctimas fueron identificadas como Lidia Iris Fuentes Galván, Yuricie Rivera Elizalde y Diego Alfredo. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Este fin de semana tres personas fueron asesinadas por militares y elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas son una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera de 46 años.

Hasta ahora, ni el gobierno local ni la Fiscalía de Tamaulipas o la Comisión de Derechos Humanos del estado han ofrecido una versión oficial de lo sucedido. La información que se tiene ha sido obtenida por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a través de familiares de las víctimas.