La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua confirmó en junio el hallazgo de al menos 383 cuerpos en un crematorio ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, mismos que habrían sido apilados en el inmueble por la empresa a cargo del servicio, en vez de ser procesados y entregados a sus respectivos familiares.

El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, explicó que el negocio, ubicado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, en la colonia Granjas Polo Gamboa, incurrió en fraude, ya que funerarias acudían a éste lugar para llevar a cabo las cremaciones de cuerpos que previamente habían embalsamado; sin embargo, simplemente almacenaban los restos y entregaban supuestas cenizas a los familiares.

Según el funcionario, los cuerpos, que datarían de 2020 a la fecha, fueron encontrados apilados, cual si fueran costales, en un hecho que calificó como "negligencia criminal" por parte de quienes administraban el crematorio.

"Nos dimos cuenta de que se trataba, en todos los casos, de cuerpos que traían procesos mortuorios que se realizan en funerarias, cuerpos tratados y, muy probablemente, fueron incluso velados, para posteriormente ser trasladados a ese lugar donde su destino era la cremación y otorgamiento de sus restos a familias que habían solicitado ese servicio", dijo el funcionario el pasado 29 de junio.

Sobre el avance en las identificaciones, indicó que de los más de 383 cuerpos localizados en el crematorio, se han reconocido y entregado 67, mientras que en total se han identificado 86. Delgado Barraza destacó también que existe un rezago de 19 cuerpos que no han sido entregados, el cual se ha mantenido desde las primeras entregas y ha crecido con el tiempo.

Respecto al estatus de las investigaciones, la vocera afirmó: “No hay respuesta. Hay un silencio. Están blindados por el silencio, que lo entendemos, sabemos el motivo, porque está involucrada la madre de la Gobernadora, que fue quien era la titular de Coespris en el 2016, cuando le otorgaron los permisos a Plenitud. La Gobernadora está para cuidarnos, no para intimidarnos”.

Además, la activista destacó que hasta el momento tampoco el Gobierno de Chihuahua les ha dado información puntual sobre el caso: “El derecho a la información no lo tenemos en el tema del crematorio. No hay comunicación sobre el estatus de las investigaciones, sobre los señalamientos de las funerarias y sobre los funcionarios involucrados. No sabemos nada. Sólo ellos se dedican a tratar de intimidarnos”.

Los deudos recordaron que María Eugenia Galván Antillón, madre de la Gobernadora, se desempeñó como titular de la Coespris de 2016 a 2021, durante el Gobierno de Javier Corral Jurado. Fue en ese periodo cuando se autorizó el funcionamiento del crematorio Plenitud, propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y al empresario Pablo Cuarón Galindo, quien fue Secretario de Educación y Deporte en esa Administración.

Cabe señalar que Galván Antillón, madre de Maru Campos, había ocupado cargos federales durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De 2007 a 2016 fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Federal de Competencia, y posteriormente asumió la dirección de la Coespris en Chihuahua.

En tanto, durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo – cuestionada al respecto– señaló que la investigación la lleva la Fiscalía de Chihuahua y que es ésta quien debe solicitar apoyo extra si lo requiere, pero hasta el momento “no ha pedido apoyo más que lo que normalmente se da, más lo que se ha dado los familiares”.

En cuanto a las familias de las víctimas, la mandataria dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha estado en contacto y ha apoyado a sus seres queridos.

Impunidad de la Fiscalía

Los inconformes también denunciaron que la Fiscalía ha negado a los familiares el acceso a imágenes que podrían ayudar en los procesos de identificación, por lo que decidieron visibilizar por su cuenta a sus seres queridos.

“Organizamos una pega de las fotografías de nuestros familiares, con algunas consignas. Esto a raíz de la negativa de la Fiscalía de mostrarnos las fotografías de los cuerpos encontrados. Ellos nos las están negando, pues nosotros les vamos a mostrar a nuestra familia, les vamos a mostrar que no eran cuerpos, eran familias con historia”, expresó Bertha Matías, otra manifestante.

Matías añadió que las imágenes que han circulado entre familiares llegaron por canales informales y medios de otros estados.

“(Eso) nos llenó de sorpresa a la mayor parte de nosotros, precisamente porque identificamos el nivel de deshumanización que estas personas estaban teniendo hacia nuestros seres queridos”, dijo.

La vigilia fue parte de las actividades de protesta que realizan los familiares, quienes demandan justicia, que se acelere el proceso de identificación y entrega de los cuerpos, que se explique qué les entregaron en lugar de cenizas y qué pensaban hacer con los cadáveres.

“Las urnas no mienten. La verdad duele, nos robaron el duelo. Exigimos justicia, ni un cuerpo más sin identificar”, se podía leer en una de las pancartas por uno de los asistentes.

En días pasados, la agrupación Justicia para Nuestros Deudos realizó una marcha que concluyó con una reunión con Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte; también protestaron en el Puente Internacional Paso del Norte y permitieron el libre paso de usuarios, y este miércoles se reunieron con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Para agilizar la identificación y entrega de cuerpos, la FGE habilitó en su plataforma justiciadigital.chihuahua.gob.mx el programa “Registro de Información crematorios Plenitud”, para que los familiares puedan aportar datos y fotografías que ayuden a proceso.

Por este caso hay dos personas detenidas y vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario y responsable sanitario del crematorio, José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., quienes fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente.

• 213 son masculinos.

• 165 son femeninos.

• Ocho indeterminados.

• Seis cuerpos plenamente identificados, de los cuales los familiares determinaron incineración de cinco e inhumar a uno.

Además, la FGE indicó que se tienen 61 nombres probables de otros cuerpos y 181 en proceso de rehidratación para la obtención de la huella dactilar. La Institución reiteró que mantiene el trabajo de búsqueda de familiares.

Esta semana, el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dio a conocer que la dependencia estatal logró la identificación preliminar de 27 de los 383 cuerpos que fueron hallados en el crematorio Plenitud. El funcionario detalló que se identificaron varios de los cadáveres gracias a que algunos aún portaban las pulseras con su nombre que les fueron colocadas en hospitales.

Por otro lado, el dueño del establecimiento y un empleado del lugar, José Luis A. C., y Facundo M. R., fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

En la audiencia, el Juez reiteró la prisión preventiva como medida cautelar contra los dos imputados y otorgó al Ministerio Público un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias.

El horror en Ciudad Juárez

El peregrinar de decenas de personas que pagaron servicios de cremación a las funerarias vinculadas con el crematorio se observó el pasado martes en la Fiscalía en Ciudad Juárez, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y en algunos de los negocios que prestan servicios funerarios, para exigir información, pues temían que los restos de sus seres queridos estén entre los localizados en el crematorio que operaba de forma irregular y sin supervisión desde hace tres años.

La noche del 26 de junio, las autoridades del estado de Chihuahua descubrieron que en el Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana 10631 de la colonia Granjas Polo Gamboa, había cientos de cuerpos ocultos y en condiciones insalubres. El Fiscal del estado, seis funerarias habrían contratado servicios de cremación con Plenitud: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

La noticia provocó que decenas de personas busquen información sobre el destino de sus seres queridos, quieren conocer si fueron cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Buscan verdad y justicia.

Pedro aseguró que el cuerpo de Gabriel es uno de los dos que estaban en el interior de la carroza que fue hallada en el patio del Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Granjas Polo Gamboa.

“Ya lo encontramos” dijo para luego explicar que lo reconoció inicialmente por la fotografía que se ha difundido en diferentes medios de comunicación, que comparó con el imagen de su tío en un video que él guarda del día que fue velado en la funeraria Latinoamericana.

“El (cuerpo) estaba afuera (del crematorio) y las cenizas no son cenizas… abrí (la urna) y tiene mucho scrap, basura, algo así. Tiene mucha cosa, viene revuelta piedra con terrones, se ve muy sucio no es, no son los huesitos de mi tío, no son. Lo tuve que abrir para darme cuenta qué es lo que nos había entregado, y no es”, afirmó al salir de la Fiscalía donde le corroboraron que el cuerpo de su pariente es uno de los 383 localizados en el crematorio.

El hombre señaló que entregó a las autoridades un dispositivo USB con imágenes, y también parte de las cenizas de la urna que recibió al personal de la Fiscalía que lo atendió este jueves 3 de julio.

El fiscal de la zona Norte, Carlos Manuel Salas, solo confirmó que un cuerpo fue identificado este jueves 3 de julio por familiares y explicó que corresponde a un cadáver que fue encontrado en una carroza, el cual tenía la ropa con la que había sido velado y dijo que ya hubo una identificación inicial por parte de familiares pero faltan los protocolos de ley, que podrían concluirse en las próximas 48 horas.

Pedro explicó que el miércoles también acudió a la Fiscalía y que seguirá el proceso que sea necesario para recuperar el cuerpo de su ser querido y para buscar justicia por el dolor que le están causando a él, a su familia y a decenas de personas.

“Que paguen conforme a derecho, que paguen por daños y perjuicios y por fraude, porque es un fraude esto, es una burla para nosotros, para mí y para todos los que estamos en esto. Que paguen las consecuencias que tengan que pagar”, exigió al referirse a quienes hicieron el almacenamiento y ocultamiento de los cuerpos.

También recordó que en 2020 la misma empresa Crematorio Plenitud incumplió con incinerar unos 63 cuerpos y aseguró que entre estos estaba su hermano y posiblemente otro familiar. Lamentó que en aquella ocasión las autoridades investigadoras no intervinieron.

Crematorio Plenitud operaba de forma irregular, no había sido revisado por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS) desde el 7 de marzo del 2022; el dictamen de impacto ambiental venció el 3 de marzo del 2023; el horno crematorio estaba fuera de servicio y las dos cámaras de refrigeración no funcionaban. No había agua potable, energía eléctrica, ni gas, se informó en la primera audiencia judicial realizada en contra de dos personas detenidas como presuntas responsables.

Al momento del hallazgo, los 383 cadáveres estaban en estado de descomposición, entre estos había fauna nociva, como ratones, y el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio, se indicó en la diligencia judicial.

Decenas de personas cuestionan si sus familiares siguen en el crematorio de Ciudad Juárez

Decenas de personas continúan llegando a las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en busca de información ante el temor de que los restos de sus seres queridos pudieran haber sido algunos de los recuperados en el Crematorio Plenitud. Las autoridades reportaron que se han atendido a más de 600 deudos.

Las personas empezaron a presentarse desde el lunes 30 de junio, y las largas filas empezaron a verse este miércoles. Una de las que acudió es Silvia Banda Pedroza, mamá de una mujer víctima de feminicidio, Fabiola Janeth Valenzuela Banda, y quien ahora busca si el cuerpo de su hijo, fallecido en 2023, está entre los localizados en el crematorio.

“Duele bastante, mucho. Y si está en duda porque se ocuparon esos servicios y hay más duda porque se supone que una cremación es en 72 horas, sino me equivocó y mi hijo falleció el 17 de diciembre. El 19 se terminó el servicio de la funeraria, el 27 de diciembre el papá de mi hijo firma unos documentos para la incineración y el día 30 se lo llevan al crematorio y hasta el día 3 entregan las cenizas. Estoy ahorita como que a punto de abrir la urna para saber que hay”, dijo Silvia en la explanada de la Fiscalía al salir a tomar un poco de aire fresco para luego regresar al edificio.

Fabiola Janeth Valenzuela Banda desapareció en agosto del 2010, cuando tenía 18 años. Aunque su cuerpo, que fue incinerado, se localizó un mes después por las autoridades, su mamá lo recibió hasta enero del 2012 y a la fecha tiene dudas si los restos que recibió corresponden a ella justo por una equivocación cometida en 2013 con los cuerpos de dos mujeres asesinadas, por parte de una funeraria.

Silvia sigue en espera de que los restos de su hija sean exhumados, tiene esa incertidumbre y ahora se suma el temor de que el cuerpo de su hijo pudiera ser uno de los 383 cuerpos que estaban apilados en Plenitud.

En un comunicado de prensa personal de la FGE zona Norte informó este jueves que la Dirección General de Servicios Periciales ha analizado 96 cuerpos y de cuatro de ellos se recuperaron huellas dactilares para identificación que serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su cotejo. También que se trabaja en técnicas de hidratación con 15 más para recuperación de huellas.

La Fiscalía reiteró que, de los 383 cuerpos, 218 con hombres, 149 mujeres y 16 indeterminados, y que se continúa trabajando con unos restos disasociados para determinar su correspondencia o bien, que el número final de individuos pudiera aumentar.

Además, se dio a conocer que conformó un equipo de 40 funcionarios entre agentes del Ministerios Públicos, psicólogos y trabajadores sociales, para otorgar información a los usuarios sobre los 383 cuerpos que podrían haber llegado al crematorio referidos de al menos seis funerarias.

Por otra parte, advirtió que se está solicitando plena colaboración a las empresas que brindan los servicios funerarios, involucradas con Plenitud, para tener disponibles todos los expedientes de cinco años a la fecha, que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos, de lo contrario, serán acreedoras a sanciones.

“Tenemos que llegar a la verdad. Es algo que nos llena de estupefacción, de tristeza de cómo podemos llegar a ese nivel de deshumanización, de hacer un negocio bajo esas características y dormir tranquilamente en casa”, afirmó.

El documento, presentado ante la Asamblea General de la ONU, el informe reconoce las tradiciones de los grupos sociales de honrar a los muertos, de ahí que “en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (es decir, muertes ilícitas), los cadáveres de las víctimas atestiguan la vulneración del derecho a la vida y, por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar a las personas fallecidas”.  

El relator especial hace un análisis sobre las distintas formas de honrar a los muertos de acuerdo a las tradiciones y culturas en distintas partes del mundo, así como las legislaciones que regulan la deposición de los restos.  

“Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en la vida persisten en la muerte”, sostiene en su informe Morris Tidball-Binz, al destacar que persiste “un importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas relativos a las muertes no violentas y cotidianas”.  

Para el relator “la dignidad de la persona y el respeto debió a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte”, por lo que “alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.  

El reporte de la relatoría especial e la ONU puntualiza que “las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos son primordiales para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo”, garantizando que se cumplan las normas internacionales como el Protocolo de Minnesota y los Principios Relativos a una Eficaz, Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.  

Agrega que en esos casos “la protección de los muertos sigue planteando problemas considerables, que acentúan el dolor y la sensación de pérdida de quienes desean llorar a sus seres queridos”, además de que se dificulta la defensa de los derechos “de los miembros de minorías y de las personas indígenas, la situación e las personas indigentes y los cadáveres no identificados y no reclamados”.  

Tras hacer un análisis de las dificultades para las minorías de contar con la protección de los estados para realizar sus ritos funerarios o las reticencias para solventar los gastos para dar sepultura o incinerar a los indigentes fallecidos, el informe abunda que en el caso de los cadáveres no identificados o no reclamados. 

“En todo el mundo, millones de fallecidos siguen sin identificar y nunca son devueltos a sus familias o comunidades. Los cadáveres no identificados o no reclamados -personas fallecidas sin familiares conocidos o autorizados- plantean un enorme reto a los sistemas medico-legales de los Estados. 

Sobre este tema, abunda que “cuando no hay identificación, un cadáver pasa a ser na persona desaparecida, lo cual no solo perjudica a las familias al privarlas de su derecho al duelo y al restablecimiento, sino que también tiene implicaciones jurídicas y puede obstaculizar las investigaciones penales en casos de muerte potencialmente ilícita”.

El informe hace una revisión de distintas condiciones de fallecimiento y de la recuperación de restos (en casos de ejecución, de conflicto armado, de crisis sanitarias, en casos de emergencias), resaltando de manera preponderante el caso de migrantes fallecidos, quienes, “aunque sean recuperados, muchos de los restos quedan sin identificar”.   

El relator especial hace una serie de recomendaciones a los Estados parte, entre ellas al  trato digno de las personas fallecidas de manera potencialmente ilícita; armonizar la protección de los muertos con base en el derecho internacional, de manera que los Estados dispongan de “medidas nacionales pertinentes -leyes, reglamentos, protocolos, directrices y mecanismos de aplicación- para proteger a los muertos en la práctica y velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente, con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos y garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento”.  

Al recomendar el respeto irrestricto a los familiares de las personas fallecidas, el informe asienta que “los Estados deben velar porque las instituciones y los profesionales responsables de recuperar, documentar y proteger los restos humanos, incluidos los sistemas medico legales de investigación de muertes, dispongan de la capacidad y los recursos adecuados y reciban la capacitación y el apoyo necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones de proteger a los muertos e investigar las violaciones del derecho a la vida, incluso en incidentes con muchas víctimas mortales”.

Por su parte, Jáuregui Moreno informó este lunes, en rueda de prensa, que hay dos personas detenidas, el dueño del crematorio y el único trabajador que laboraba en el lugar, así mismo, indicó que investigarán todas las líneas para determinar si hubo funcionarios que cometieron actos de omisión.

A los detenidos les formularon la imputación y el juez de Control les dictó prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso será este viernes a las 11:00 de la mañana.

Y es que las organizaciones exigieron que se deslinden responsabilidades en la operación del crematorio: “Los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos”.

En el pronunciamiento hicieron énfasis en que las autoridades deben garantizar que los crematorios operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. De lo contrario, indican, se abre la puerta a que esos espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

También demandaron una revisión exhaustiva de los convenios que tiene el gobierno del estado con las funerarias que dan apoyo ciudadano vía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez. Dio a conocer que los cuerpos recuperados del crematorio en condiciones no favorables, corresponden a 218 hombres y 149 mujeres, así como 16 de género indeterminado aún, por lo que realizarán trabajo de laboratorio para encontrar elementos que les permitan identificarlos, a través del área de antropología de la dirección.

Además de los 16 que ya tienen indicios sobre sus identidades, hay 15 con nombre probable. “Todos tienen tratamiento de embalsamiento, pero algunos de ellos procedían de hospitales, por lo cual llevaban consigo alguna etiqueta en la que se escribía su nombre, y hay casos con número de seguridad social”.

Hay otras cuatro personas que corresponden a menores de edad, entre ellos dos neonatos y los otros dos son un hombre y una mujer. Y otras cuatro personas más que no tienen nombre probable, pero tienen signos como tatuajes, otra tiene una amputación en una pierna, lo que facilita la identificación.

El fiscal informó en la rueda de prensa, realizada el 1 de julio en Ciudad Juárez, que se reunión ese mismo día con 89 familiares de personas que sospecha pudieran estar entre los cuerpos apilados.

Jáuregui Moreno refirió que el 26 de junio pasado, la Fiscalía recibió un llamado de la Policía Municipal de Juárez para acudir a un predio de la zona de Los Kilómetros, ubicado a la salida de la ciudad de Chihuahua, donde habían encontrado indicios de que se encontraban cadáveres.

Al llegar al crematorio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Servicios Periciales, encontraron los cuerpos apilados en el crematorio Plenitud, que ofrece servicio a seis o siete funerarias que subcontrataban el servicio de cremación.

De manera paulatina la dependencia comenzó la investigación. En el primer cuarto del crematorio encontraron 50 cuerpos y posteriormente descubrieron el resto. “Todos los cuartos tenían cuerpos apilados con escenas dantescas”.

Lo primero que observaron, indicó el funcionario, es que todos los cuerpos sufrieron algún proceso químico para su preservación, estaban embalsamados. Esta situación dificulta analizar el ADN.

Reconoció que el proceso que realizan es revictimizante para los familiares, quienes ya habían vivido un duelo tras la pérdida de sus seres queridos. Además, indicó que las autoridades investigan si las familias estaban informadas que las funerarias respectivas realizaban el servicio de cremación con otra empresa.

Ezequiel Montoya muñoz, coordinador del Ministerio Público y delitos contra la paz de la FGE, agregó que realizan un procedimiento de individualización de cada uno para su identificación.

Los dos imputados, dijo, están acusados por el delito del fuero común de inhumación por ocultamiento de cadáveres, que tiene penas leves, pero también se basaron en la Ley General de Salud, para fincarles cargos que pueden llevarlos hasta a 17 años de prisión.

“El artículo 222 del Código Penal del Estado, en el tema de inhumación establece de 6 meses a 2 años o pena alternativa, es muy baja”, dijo Montoya.

La dependencia cuenta con más de mil 500 fotografías como evidencia, informó el coordinador de Ministerio Público y detalló que en Ciudad Juárez operan 66 funerarias, de las que sólo cinco tienen negocio con el crematorio Plenitud. Esas funerarias son Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.

Asimismo, indicó que en esa frontera hay ocho crematorios en otras cinco funerarias distintas. “En lo que va del año se han autorizado, por las autoridades, mil 263 cremaciones que son generalmente por enfermedad. En delitos dolosos no está permitido (la cremación)”.

Jáuregui aseveró que investigarán si hubo omisión por parte de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios u otros funcionarios.

El calvario de los familiares

Gloria Criollo perdió a su papá en febrero del año pasado y a su mamá durante la pandemia por Covid-19, hace cuatro años. Ahora teme que sus padres sean parte de los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud.

“Ese día nos dijeron que teníamos que traer acta de nacimiento de persona, la hoja donde se mandó cremar y a qué lugar, fotografías donde estén sonriendo porque muchos se van a identificar por sus dientes. En ese momento yo no traía nada de eso, yo venía a informarme”, relató.

Gloria Criollo detalló que los están dividiendo por grupos de ocho personas porque sólo cuentan con ocho psicólogos. Ayer alcanzaron a atender a más de 60 personas y este miércoles continuarán con otras familias, a partir de las 8:00 de la mañana.

En entrevista con medios de Ciudad Juárez, la mujer externó lo difícil que es vivir esa situación, sólo de pensar que sus padres pueden estar ahí.

“Imáginese, nosotros hemos pasado por un duelo, mis papás no fallecieron al mismo tiempo, pero yo estoy pensando qué nos entregaron, porque nos entregaron cenizas, qué trauma para la persona pensar que estuvieron ahí, que los hicieron bolas. No es un trato digno para una persona. No estamos acostumbrados a tratar con los cuerpos todos los días. Toda la noche estuve pensando cómo lo llevaron, dónde lo tenían”.

Sus padres fueron velados en la funeraria Latinoamericana, por lo que Gloria Criollo exigió que se hagan justicia, que supervisen mejor este tipo de negocios, que apliquen la ley.

ONG se pronuncian exigen un proceso exhaustivo

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hallazgo y expresaron su “solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente”.

Exigieron a la FGE que realice un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. “Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”.

Pidieron también que la disposición final de los restos se realice únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, para garantizar el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

“Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece”.

Las organizaciones firmantes son: Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN); Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas; Colectivo Madres de Fé; Colectiva Hijas de su Maquilera Madre; Alianza Sierra Madre A.C; Colectivo Buscadoras Guanajuato; Bordeamos por la Paz; Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); No te olvidamos Te buscamos Irapuato; Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia; Colectivo Salamenca Unidos buscando desaparecidos; Eukuela Radical Ese-Erre; Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH; Bravas Colectiva; Colectivo Te Busco: Colectivo Ángeles de pie por ti; Política Colectiva; Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo; Periodistas Unidos; FotorreporterosMx; Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios: Red Mesa de Mujere; Red Solidaria Trans; Colectivo Histórica Ciudad Juárez; Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M; LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C; Colectivo Encontrando la paz; Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua; Colectivo José Revueltas; A tu encuentro, de Guajanuato; Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C; Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Colectiva Hasta Encontrarte; Colectivo Buscando con el corazón; Colectivo Al encuentro de nuestros desaparecidos; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C; Colectivo Sierra de Juárez; Coalición Parque Corredor Homero; Salvemos los Cerros de Chihuahua; Uno de Siete Migrando; Comité Cerezo México; Comité de Derechos Humanos de Tabasco A. C.; Colectivo de Pie hasta encontrarte, así como mamás buscadoras y activistas en lo individual.

Ciudad Juárez, 01 de julio de 2025

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte manifestamos nuestra profunda preocupación ante el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, y declaramos lo siguiente:

En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente.

Exigimos que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos.

Asimismo, la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

Nos preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado haya declarado que “difícilmente” entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas. En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos.

Asimismo, exigimos que se deslinden responsabilidades sobre las irregularidades en la operación del crematorio: los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos.

Enfatizamos que debe garantizarse que estos lugares operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. Lo contrario, abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. 

Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece.

Organizaciones, colectivos y personas firmantes

1. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)

2. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC)

3. Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez 

4. Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas.

5. Colectivo Madres de Fé

6. Colectiva Hijas de su Maquilera Madre

7. Alianza Sierra Madre A.C.

8. Judith González

9. Viviana Martínez

10. Colectivo Buscadoras Guanajuato

11. Bordeamos por la Paz

12. Hazel Dávalos

13. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)

14. Carlos A. Ventura Callejas, defensor de derechos humanos

15. No te olvidamos Te buscamos Irapuato

16. Salvador Salazar Gutiérrez

17. Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia

18. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

19. Rosy Hernández

20. Favia Lucero Montoya

21. ESKUELA RADICAL ESE-ERRE A.C. 

22. Tania González Ortiz 

23. Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH. 

24. Bravas Colectiva 

25. Valeria Peñafiel 

26. Miguel Silerio

27. Colectivo Te Busco

28. Sara Leticia López Uribe

29. Claudio Ivan Grijalva Ortega

30. Colectivo ÁNGELES DE PIE POR TI 

31. Política Colectiva

32. Ana Infante/Muralista

33. Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo.

34. Periodistas Unidos

35. FotorreporterosMx

36. Alejandro Meléndez Ortiz

37. Jorge Meléndez Preciado

38. Patrizia Ythalia Cruz Güereque 

39. Sofía Corral

40. Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC

41. Maricela Peralta 

42. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

43. Amada Esquípulas Hernández Loza

44. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

45. Teresa Morales Rodríguez independiente

46. Faviola Montoya Rosales 

47. Leticia Chavarría Villa

48. Red Mesa de Mujeres

49. Sheyla Muñetones

50. María de Lourdes Contró Monroy 

51. Ixchel Teresa Mireles Rodríguez 

52. Daniel Leonardo García Salinas 

53. Red Solidaria Trans

54. Colectivo Histórica Ciudad Juárez 

55. Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M)

56. LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C.

57. Virginia Garay Cazares

58. Daniela Macias Valenzuela

59. Luz de Lourdes Ortiz Quintana

60. Diana Candelaria Iris García madre de Daniel Cantú Iris desaparecido 

61. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.

62. Clara Euenia Rojas Blanco

63. Alfredo Peñaloza Murillo 

64. Adriana Moreno Becerril (FUUNDEC-M)

65. Colectivo Encontrando la paz

66. Abraham Rubio

67. Gabriel García Moreno

68. Rocío Sotelo Palafox 

69. Karina Bernabé Arriaga 

70. Karla Ma. Villalobos Hernández 

71. Manuel Ramírez Juárez

72. Nithia Castorena-Sáenz

73. Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua

74. Karla Arvizo Lozano             

75. Rosa Angélica García Saucedo madre de Jaime César desaparecido  fuundec .m   

76. Itzel González       

77. Colectivo José Revueltas

78. Ana Leticia Hernández Vélez

79 ATUENCUENTRO GUANAJUATO A.C 

80. Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C. 

81.Alejandra Ignacio Álvarez 

82.Maria Eugenia Gabriel Ruiz

Ante el juez, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, dio a conocer al Tribunal de Control que el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Luis Carlos Tarín Villamar, informó, a través del oficio 2403/2025, que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022, como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior. En esta revisión no se aplicó ninguna medida de seguridad. Es decir, el crematorio tenía tres años y tres meses sin supervisión.

Esta información contrasta con lo que Tarín Villamar expuso en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, cuando declaró que la última revisión a esa instalación se había llevado a cabo en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y que se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año del 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción. Justificó la presencia de decenas de cadáveres diciendo que el trabajo había sobrepasado a los responsables del negocio.

En la diligencia judicial de este lunes, el fiscal también señaló que, a través del oficio 2401/2025, Tarín le informó a la representación social que, después del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 –que estaban mezclados con fluidos corporales–, el personal a su cargo procedió a una suspensión total de esa instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y por falta de energía eléctrica.

El responsable de la dependencia encargada de la regulación y supervisión de los crematorios, Tarín Villamar, también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad al reconocer que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades, se informó en la audiencia judicial.

Advierten de riesgo sanitario en zona de crematorio

En otra parte de la diligencia, el agente del Ministerio Público le expuso al juez de Control Apolinar Juárez Castro, que el negocio tampoco contaba con agua potable. Indicó que los cuerpos están en estado de descomposición, que entre estos había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.

“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción (delictiva) recayó en almacenar los cadáveres… algo alarmante en nuestra comunidad; y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, argumentó el fiscal en la parte final de la diligencia, cuando expuso las razones por las que los acusados deben enfrentar el proceso penal en la cárcel y en contraposición de lo solicitado por los abogados defensores, quienes pedían una medida cautelar diversa a la prisión preventiva.

El fiscal a cargo, informó al Tribunal que el dictamen de impacto ambiental del crematorio venció el 3 de marzo del 2023. Esto con base en información proporcionada por el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, quien dio a conocer que el dictamen fue otorgado el 22 de febrero del 2022.

Sin energía eléctrica, agua y sin permiso ambiental vigente

La audiencia inició en la sala 1 de los juzgados locales, unos minutos después de las 3 de la tarde, con la formulación de cargos, pues horas antes se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.

Al momento de formular la acusación, el fiscal dijo que en el periodo comprendido del 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, colonia Granjas Polo Gamboa, José Luis A.C., en su carácter de propietario y Facundo Teófilo M.R., empleado del establecimiento, mantuvieron ocultos 383 cadáveres en estado de descomposición.

El representante social señaló que ambas personas no llevaron a cabo la cremación de los difuntos en el tiempo que ordenan las leyes vigentes, que es de 48 horas contadas a partir del fallecimiento. También refirió que el establecimiento no contaba con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.

Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.

“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.

Ante la acusación, los dos sospechosos guardaron silencio.

Entre las personas que declararon ante el Ministerio Público y que constituyen un dato de prueba en contra de ambos sospechosos, están al menos tres familiares de José Luis, su hermano, Rafael Arellano Cuarón; su madre, Rosa María Cuarón Rivera; y su esposa, Jesica Yaneth Bone Monte; así como peritos, agentes, el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, y el titular de COESPRIS Luis Carlos Tarín Villamar.

El primer dato de prueba citado por el fiscal fue el acuerdo de inicio de la investigación, que emitió otra fiscal el viernes 27 de junio, al tener conocimiento por medio de una nota periodística de que en un inmueble se encontraban decenas de cadáveres.

El segundo dato de prueba referido en la diligencia, es un informe policial del 27 de junio, realizado por varios agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes un día antes habían ido al crematorio, tras recibir una llamada telefónica a las 18:50 horas, en la que se les informaba que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa había decenas de cuerpos.

Los agentes refirieron que al acudir al sitio encontraron un vehículo de capillas Plenitud; decenas de cuerpos apilados y en estado de descomposición en las habitaciones; percibieron olores fétidos, de putrefacción; también vieron una piscina con ropa, envases vacíos con olor a químicos, tanques de gas y dos bolsas con cadáveres, una con el nombre de Martha E. O., y otro con el nombre de Leobario L. Debido a las condiciones climatológicas y a la falta de equipo de protección, decidieron que los trabajos de recuperación de cuerpos e investigación iniciarían hasta el viernes 27 de junio.

La llamada inicial que se recibió en el puesto de mando del 911 y que se registró bajo el folio 0707425214, es otro dato de prueba. Los agentes municipales que respondieron a esa queja documentaron haber llegado a las 18:48 horas del jueves 26 de junio y percibieron un olor fétido que los condujo a un predio el cual estaba abierto e ingresaron.

En el patio, los municipales vieron una carroza abierta, observaron la cabeza de una persona recostada al interior del automotor y le preguntaron si necesitaba ayuda, al ver que no respondía se aproximaron y pudieron ver que no tenía signos vitales, que estaba acartonada. Luego se dirigieron a una habitación con una puerta en color blanco semi abierta y pudieron ver fluidos en el suelo, percibieron un olor penetrante y vieron una gran cantidad de cuerpos, algunos desnudos y otros con ropa, repartidos por varias habitaciones. Entonces procedieron a montar una vigilancia y avisaron a la Fiscalía.

El dueño del crematorio, José Luis, fue asegurado el viernes 27 de junio en las instalaciones de COESPRIS, en Pueblito Mexicano, y al día siguiente detenido, pero por el delito de resistencia de particulares, ya que presuntamente se mostró violento, aventó a un agente ministerial cuando se le cuestionó si “quemaba un cadáver y entregaba cuatro cenizas”.  

En la entrevista ministerial, el empresario José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño del crematorio, el cual es un negocio familiar en el que empezó a participar en 2020 y tras la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó a cargo.

José Luis también señaló que Facundo Teófilo lleva 40 años trabajando con esa familia y los últimos cinco años como encargado. Indicó que el crematorio daba servicio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto, Latinoamericana y Amor Eterno.

El otro acusado, Facundo Teófilo, de 64 años, fue asegurado en su casa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para una entrevista ministerial, en la que refirió que en el crematorio no había agua, ni energía eléctrica, ni cámaras de refrigeración, tampoco gas, y dijo que estaba imposibilitado para usar el horno crematorio. También aseguró que todo estaba bien en el establecimiento, excepto que estaba un poco atrasado con el trabajo, primero afirmó que tenía como seis cuerpos pendientes, después que 80 y luego que 160.

Presuntamente, él también se mostró agresivo, insultó a los agentes investigadores y fue detenido por resistencia de particulares. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión y arrestos a ambos hombres.

La esposa del dueño del crematorio, Jesica Janeth Bone Montes, también fue entrevistada por el MP y dijo que José Luis estaba a cargo de contactar a las funerarias para el servicio de cremación, de recibir los cadáveres y de entregar las cenizas. Agregó que en varias ocasiones Facundo faltaba a trabajar, pero no lo podían despedir porque no era tan fácil encontrar a un trabajador con los conocimientos para laborar en un negocio de ese giro.

La mamá del empresario acusado, Rosa María Cuarón Rivera, también fue entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía. Ella se identificó como propietaria del inmueble donde funcionaba el crematorio. Explicó que el negocio fue iniciado por su esposo, Luis Arturo Arellano Barnola, quien falleció hace dos años, y como ella tiene problemas de salud, su hijo José Luis lo administra y maneja desde hace dos años.

Casi al finalizar la exposición de datos de prueba, el fiscal citó un dictamen, una opinión técnica y mostró parte de una serie fotográfica tomada por la médico y perito de Servicios Periciales, Ana Lorena González Sánchez. La especialista determinó que el crematorio no estaba en condiciones de uso y señaló que debido al embalsamiento y los químicos usados no se puede establecer con precisión la data de muerte de los cadáveres, pero estimó que podrían tener más de un año en ese sitio.

Algunas de las fotografías mostradas por el representante social al juez correspondían a autorizaciones de cremación a nombre de la funeraria Luz Divina; tanques de gas en el interior; el yeso del techo cayéndose; y cuerpos amontonados que parecían carcomidos, mostrando un color negruzco, incluso con algunos con objetos encima, también restos de cadáveres en estado de descomposición, con gusanos.

Las imágenes fueron observadas por los acusados. José Luis mantuvo en todo momento la mirada fija en el agente del Ministerio Público que presentó la acusación.

Previo a que se formulara la acusación, una de los tres abogados que representó a los detenidos, Mara Aidée Ávila, le pidió al juez que no permitiera que se presentara imputación por el delito federal, al señalar que el juez que emitió la orden de aprehensión lo hizo solo respecto al delito del fuero común y se declaró incompetente por cuanto a la conducta delictiva contemplada en la Ley General de Salud.

El fiscal argumentó que ese era el momento procesal oportuno para dar a conocer el hecho delictivo y la clasificación jurídica tanto a los detenidos como al Tribunal de Control.

Al final, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que la formulación de cargos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, dijo que hay una conectividad delictiva y permitió que se presentaran cargos legales por ambos delitos.

Otra incidencia fue planteada al juez antes de la formulación, la intención del Ministerio Público de hacer privada la audiencia bajo los argumentos de que el informe forense debería permanecer en secrecía, la información podría causar un daño a las víctimas, en un futuro podrían configurarse otros delitos, que el hecho ha provocado una conmoción social y por un interés de obtener justicia.

Los abogados defensores dijeron que ellos estaban de acuerdo en que la diligencia fuera privada, pero por motivos diversos, como la protección de los datos de los acusados.

El juez concluyó que uno de los ejes rectores del sistema penal es la publicidad, que se imparta justicia de frente a la sociedad. También, expuso que un derecho de las víctimas es el acceso a la verdad, la publicidad no arriesga el proceso penal, y dijo que la comunidad tiene un alto interés en este tema, por lo que desechó la petición.