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Rosendo Gómez Piedra, el fiscal de Ayotzinapa que los padres acusaron de no haber "hecho nada"

Por su labor como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra tuvo un sueldo mensual bruto de 185 mil 519 pesos; en su momento, relató que en los avances del caso había 120 detenidos, 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.

"Si ustedes me preguntan si hemos encontrado a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan", esa fue una de las pocas declaraciones públicas que pronunció Rosendo Gómez Piedra, el entonces fiscal especial de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; después de casi tres años en el cargo presentó su renuncia y el paradero de los normalistas continúa siendo un misterio. Desde la desaparición de los jóvenes en 2014, únicamente se han recuperado los restos de tres estudiantes.

Por su labor como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra tuvo un sueldo mensual bruto de 185 mil 519 pesos, de acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. En su momento, relató que en los avances del caso había 120 detenidos, 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.


Desde mayo los familiares de los estudiantes desaparecidos solicitaban la destitución de Gómez Piedra, al que señalaron de no dar “respuestas contundentes” en las investigaciones, que por años no han mostrado mayores avances. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Mauricio Pazarán Álvarez tomaría el cargo.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, explicó que, durante la reunión de casi tres horas que tuvieron en mayo, la presidenta se mostró receptiva a sus peticiones, entre ellas que Gómez Piedra fuera destituido.
“Para nosotros de por sí no ha sido competente en su puesto, y últimamente se han descubierto otras cosas que no sabíamos, como que se emborrachaba en las búsquedas de nuestros hijos, que hacía fiestas, que se iba a su casa a la 1 de la tarde y ya no regresaba, es decir, que no hacia su trabajo”, contó González a Proceso.
El padre de César Manuel añadió que, desde el punto de vista de los padres y madres de familia de los 43 normalistas, “la ventaja es haber descubierto que no se ha hecho nada por culpa del fiscal; que desafortunadamente todas las líneas de investigación están botadas por culpa de ese tipo que no hacía su trabajo”.

Por su parte, en julio del año pasado, Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas, expuso su desilusión del encuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pues consideró que el presidente sigue "cerrado” en su versión de defender a las Fuerzas Armadas.

Operación silencio

Proceso reveló el año pasado que la mayoría de la información relevante sobre la desaparición, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue “ocultada” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la “información física” que tuvieran sobre de la desaparición

Esa información, que el Ejército negó a la CoVAJ, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Proceso registró que los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos.

Al salir de su primera reunión con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y las madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos en octubre de 2022, Gómez Piedra aseguró que se investigaría a todos, incluido a la Sedena.  

El funcionario afirmó que su compromiso era “ seguir trabajando las mismas líneas de investigación, con responsabilidad con honestidad, lealtad, con todos los principios que nos marca la ley”.

-¿A pesar de la Sedena?, se le preguntó.

-A pesar de quien sea, cero impunidad, se los dijo el presidente y lo ratificamos nosotros. Respondió el funcionario, quien agregó que el Ejército no será obstáculo para avanzar en la justicia de este caso, porque “hay una apertura total y completa”.

-¿No les han expresado que sienten que no avanzan en nada porque no se sabe dónde están sus hijos?, se le cuestionó.

-No necesariamente porque saben que se está investigando.

Su compromiso, dijo en aquel momento, es “seguir investigando y que se haga justicia, ellos tienen un reclamo justo de justicia, el gobierno tiene un compromiso de verdad y justicia y nosotros la responsabilidad de verdad”.

Nombramiento cuestionado

Hasta antes de ser designado, Gómez Piedra era el director jurídico del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), el nombramiento fue realizado directamente por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en octubre del 2022. La encomienda fue criticada en su momento, por ser uno de los hombres cercanos del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López y quién hoy se encuentra en medio de la polémica, por los señalamientos de otro de sus colaboradores: Hernán Bermúdez Requena, identificado como el líder del grupo criminal "La Barredora", en Tabasco. 

Gómez Piedra llegó para relevar a Omar Gómez Trejo, luego de su polémica renuncia, que derivó en diversos señalamientos por parte del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) y de la asesoría victimal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que coordina el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, por las injerencias indebidas en la investigación del caso Iguala.

El esclarecimiento sobre lo que sucedió con los jóvenes desaparecidos en Guerrero a manos de la delincuencia organizada, en contubernio con autoridades locales y elementos del Ejército, es uno de los compromisos pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

A menos de 36 horas del asesinato del comandante Nitro, ejecutan a nuevo mando policial en Culiacán

Con este atentado suman 32 agentes de policías locales asesinados en este año y 44 desde septiembre de 2024, fecha de inicio del conflicto entre Mayos y Chapitos.

En menos de 36 horas es asesinado otro mando policiaco en Culiacán. Se trata del agente municipal Ricardo Heleno, atacado a balazos cuando viajaba en una pick up en su día de descanso en la colonia Loma Linda, la noche de ayer miércoles 16 de julio. 

El agente contaba con 11 años en la corporación, jefe del escuadrón motorizado conocido bajo el mote de comandante Richard.

El crimen ocurrió menos de 36 horas después de la ejecución del comandante Nitro de la Policía Estatal, identificado como Cristóbal de 32 años y con 10 en la corporación. Ambos crímenes se dieron en los días de descanso de los agentes policiacos. 

Con este atentado suman 32 agentes de policías locales asesinados en este año y 44 desde septiembre de 2024, fecha de inicio del conflicto entre Mayos y Chapitos. 

La jornada de violencia en Sinaloa cerró ayer miércoles con cinco asesinatos, entre ellos el feminicidio de Kimberly, joven mujer asesinada en Villa Bonita, al sur de Culiacán. 

También se reportaron 22 denuncias por robo violento de vehículo en la zona centro, comprendida entre los municipios de Culiacán, Navolato y Eldorado.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Peso pierde ante fortalecimiento del dólar y eliminación de organismos autónomos

En el contexto nacional, se sumó que este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación once reformas y nuevas leyes aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso mexicano.

El peso inició la sesión del 17 de julio con una depreciación de 0.60%, al cotizar alrededor de 18.82 pesos por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, este retroceso se explica principalmente por el fortalecimiento del dólar estadounidense, impulsado por las declaraciones de Donald Trump.

Y es que él confirmó que no despedirá al actual titular de la Reserva Federal, Jerome Powell. 

“Si él desea renunciar, depende completamente de él”, dijo Trump, al añadir que los mercados podrían reaccionar negativamente ante una destitución directa.

El análisis también destaca los comentarios de Kevin Warsh, exgobernador de la Fed y considerado uno de los favoritos para ocupar el cargo en caso de un relevo. 

Warsh expuso que “la independencia del banco central es esencial para conducir una política monetaria efectiva”; su posicionamiento también fortaleció al dólar.

En el contexto nacional, se sumó que este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación once reformas y nuevas leyes aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso mexicano. 

Entre las más relevantes se encuentra la eliminación de organismos constitucionales autónomos clave, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Por “errores legislativos”, Nahle acomoda a candidatos perdedores en el Órgano de Administración del Poder Judicial de Veracruz

Rocío Nahle pudo recuperarse de su derrota política en la elección judicial al colocar a candidatos perdedores afines a ella en el nuevo Órgano de Administración que manejará 2,500 mdp anuales de presupuesto para el Poder Judicial de Veracruz.

“Este fue el primer proceso, sabíamos que se podían encontrar algunas fallas que nos toca corregir (…) Podríamos decir que fue como ensayo y error”, dijo la presidenta de la Cámara de diputados de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro, al reconocer “vacíos legales” en la constitución local para establecer las reglas de la elección judicial local del pasado 1 de junio.

Estas imprecisiones en la reforma a la Constitución de Veracruz quedaron plasmados en dos decretos de la gobernadora Rocío Nahle García, que pasaron por alto las y los diputados de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Esa falta de claridad en la reforma fue aprovechada por la mandataria morenista para colocar en el nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial del estado a algunos de los candidatos a magistrados afines a ella, que perdieron en la pasada elección judicial.

Con ello, la gobernadora pudo recuperarse de la derrota política que representó la elección judicial pasada, donde los candidatos cercanos a Nahle solo ganaron dos de 21 magistraturas en juego.

En el estado de Veracruz se votó para elegir a 98 personas juzgadoras: 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 1 magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina judicial; además de 77 juezas y jueces de primera instancia.

El equipo político de Rocío Nahle García perdió en las urnas las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); del Tribunal de Contención y Arbitraje (TECA) y del nuevo Tribunal de Disciplina, debido a que esas tres posiciones se asignaron al candidato o candidata más votada. Ninguno de los tres candidatos más votados apareció en el acordeón “oficial”, ligado a la gobernadora veracruzana.

Sin embargo, el pasado 4 de julio, en un acto considerado como un “madruguete”, el pleno del TSJE designó a cinco integrantes del nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial de Veracruz; figura que, desde ahora, es vista como un fuerte contrapeso en el renovado ente autónomo.

Con la reforma judicial, desaparecerá el Consejo de la Judicatura y sus funciones las realizarán, a partir del 1 de septiembre de 2025, el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración. El primer ente se conformará por cinco magistrados y evaluará el trabajo de todas las personas juzgadoras; lo que incluye sanciones de ser necesario.

El Órgano de Administración también se integrará por cinco personas, pero entre sus funciones está administrar más de 2 mil 500 millones de pesos anuales presupuestados al Poder Judicial de Veracruz, y asignar los centros de trabajo de todos los jueces de primera instancia, entre ellos los 77 recién electos.


El pasado 4 de julio, el pleno del TSJE sesionó para nombrar a las y los 5 integrantes del Órgano de Administración. En la ley —en el articulo 62 constitucional—, no se especifica la fecha en que deben hacerse estos nombramientos y, en consecuencia, si es facultad del pleno actual o del que se conformará con los nuevos funcionarios, a partir del 1 de septiembre.

Nahle se impone en designación del Órgano de Administración

Gracias a ese vacío legal, el pleno del TSJE designó a los cinco integrantes del Órgano de Administración por un periodo de seis años, donde la presidencia se definirá mediante insaculación. Los ya funcionarios son: Diana Adivedh Cruz Violetas, exdirectora general de administración del Consejo de la Judicatura; Víctor Luis Priego López, exsecretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura; ambos funcionarios cercanos a la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. 

Los otros tres integrantes tienen un común denominador: son exmagistrados que perdieron en las urnas el pasado 1 de junio y muestran afinidad a la gobernadora Rocío Nahle: Antonio Sobrevilla Castillo, exmagistrado que compitió por la magistratura del TECA, pero perdió contra la próxima presidenta: Luz María López Aburto; María del Socorro Hernández Cadena, exmagistrada adscrita a la sala penal que perdió en la elección de la misma materia; y Alma Rosa Flores Caballos, exmagistrada en la Quinta Sala en materia Penal hasta el pasado 4 de julio.

El pasado 9 de julio, Rocío Nahle se reunió con la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rosalba Hernández, y con los integrantes del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración del Poder Judicial. A la reunión en el Palacio de Gobierno también asistió la actual presidenta del TSJE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, considerada una mujer de confianza de la gobernadora. 

Nahle García escribió en sus redes sociales que mantendrá coordinación con los nuevos representantes del Poder Judicial local. “Mi gobierno mantiene una buena coordinación y conducción con el poder judicial en Veracruz. Hoy me reuní con quienes conformarán la presidencia, el órgano administrativo y el órgano de disciplina de dicho poder, esto después de la elección judicial que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. Nuestro compromiso y deber es servir al pueblo de Veracruz”.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
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“Ni los animales se libran del cártel”: refugio Pergatuzoo en Edomex denuncia extorsión del crimen organizado

El refugio Pergatuzoo, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, enfrenta amenazas de supuestos integrantes del Cártel Jalisco, quienes les exigen pagos de 25 mil hasta 50 mil pesos a cambio de no dañar a los animales o quemar el albergue.

Era un ataúd clásico. De color marrón, crucifijo dorado en la tapa, tamaño estándar para un adulto, y seis agarraderas de color plata a los costados. 

Nada extraordinario, salvo por dos detalles: el primero, que el féretro yacía abandonado en plena noche y en plena calle bajo la luz tenue y anaranjada de unas viejas luminarias; y el segundo, la sábana blanca con la que alguien lo cubrió y que contenía un mensaje.

Quien habla es Miguel Ángel Vargas Hernández, uno de los dueños del refugio para animales Pergatuzoo, ubicado en el municipio mexiquense de Nicolás Romero.

Miguel explica que el hallazgo del ataúd se produjo la noche del viernes 6 de julio del año pasado y que fue el resultado de meses previos de intentos de extorsión al albergue animal que, luego de detenerse por un tiempo tras la intervención de autoridades federales, se han vuelto a reactivar, pero ahora supuestamente por criminales del mismo grupo basados en la vecina Ciudad de México, en contubernio con autoridades policiacas. 

Bajo un cielo gris y encapotado –por momentos comienza a lloviznar–, Miguel camina la mañana del miércoles 9 de julio por las calles laberínticas y estrellas de la colonia, a la que se le conoce con el apodo de ‘la bolsa’ debido a que aquí, explica el vecino, “si no te conocen, o no te ubican, es fácil que te roben la bolsa”. 

Al final de una de esas callejuelas estrechas, el hombre se detiene sobre la pequeña avenida que atraviesa el lugar, y que se bifurca en otras dos callejuelas empinadas. 

En mitad de esa bifurcación, a unos pocos pasos de la casita que hace de ‘dique’ entre ambas calles, Miguel señala con el brazo en alto que justo en esa intersección, donde ahora hay estacionado un coche de color oro deslavado, fue el lugar en el que los criminales dejaron la amenaza con forma de ataúd.

—Llegamos al albergue como al mediodía, y nos sorprendió que vimos a la Guardia Nacional. El ataúd ya no estaba, pero dos de nuestros empleados sí alcanzaron todavía a verlo. Nos dejaron una manta diciendo que el cártel ya había llegado al barrio y que nos teníamos que alinear… o que nos atuviéramos a las consecuencias. 

Esa, añade el hombre enseñando en su celular la foto del féretro abandonado en mitad de la calle, ha sido la amenaza más macabra que han recibido, pero no la única.
Tiempo atrás, en marzo, les enviaron otros mensajes por redes sociales diciéndoles que, o pagaban la cuota al cártel, o entrarían al albergue que actualmente da refugio a más de 2 mil animales, entre perros, gatos, caballos, burros, jabalíes y hasta peces y tortugas, y lo quemarían con todo lo que hubiera adentro. Y en otra ocasión, José Francisco, el velador del refugio, recibió una paliza de seis jóvenes, muy cerca del lugar donde el cártel dejó el féretro; uno de los jóvenes le tumbó buena parte de la dentadura con la cacha de una pistola, y el resto de jóvenes lo golpearon con unos tubos las piernas, lo que le provocó una cojera permanente. 

—Lo único que alcancé a escuchar mientras me pegaban era que no me creyera que, porque me protegía la doctora —Ana Vargas, hermana de Miguel y directora del albergue Pergatuzoo—, me iba a librar —cuenta el velador.

“Si no quieren que quememos el albergue, tienen que pagar”

Miguel, que viste unos jeans desgastados, una sudadera de color gris con capucha y una gorra ya deslavada por tanto uso, camina ahora por una de las calles empinadas de la colonia. Es también una calle estrecha, con viviendas a ambos lados y tienditas de abarrotes. En uno de los lados hay muchos vehículos estacionados, dificultando el paso de otros coches que transitan despacio por la zona con las ventanillas abajo y la música a todo volumen. 

En uno de los pocos lugares de estacionamiento que están libres, el hombre se detiene.

—Aquí empezó todo —dice con ambas manos metidas en la sudadera, mientras un par de jóvenes arriba de una moto pasan y lo miran de reojo. 

Miguel cuenta que, por lo estrecho de la calle, no hay lugares suficientes de estacionamiento, y por eso se convirtieron en un valor muy preciado para los vecinos. Y por ello, un día su sobrino llegó al albergue diciendo que un señor le comentó que tenían que pagar 50 pesos para estacionar en la calle. Ni a Miguel ni a su hermana Ana se les hizo una cantidad desorbitada, por lo que aceptaron pagar. 

Sin embargo, cuando a la calle llegaban camionetas a nombre del albergue, a alguien se le prendió el foco.

—Cuando vieron el movimiento de personas voluntarias que llegaban con alimento de perro o de gato, además de los camiones de forraje para los caballos y los burros que pedimos al menos una vez al mes, a alguien se le ocurrió que aquí había mucho dinero. Y entonces, de 50 pesos pasaron a pedirle a mi hermana 25 mil. 

Ana Vargas, la directora de Pergatuzoo, dice que trató de hacer entrar en razón a los extorsionadores, que ya decían actuar a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Les explicó que darles 25 mil pesos, implicaría no poder alimentar a los animales durante una quincena, y tendrían que cerrar. 

Pero la respuesta de los criminales, apunta Miguel, fue contundente. 

—Nos dijeron: ‘háganle como puedan. Y si no quieren que hagamos daño a los animales o que quememos el albergue, tienen que pagar esa cantidad’.

A continuación, el hombre hace una pausa. 

—Es triste —reflexiona quitándose la gorra—, pero los criminales ya no perdonan ni a los animales. Nosotros aquí no hacemos una labor comercial, sino una labor social y humanitaria. Les tratamos de explicar esto a esas personas… pero simplemente no les importa.

Animales entre el abandono, la santería, y la amenaza del cártel

Miguel está ahora dentro del albergue que fundó en 2010 su padre, el doctor Felipe Ángeles Vargas Hernández. Llevan desde entonces, explica, haciendo malabares para poder mantenerlo y dar cabida a todo tipo de animales que ellos mismos rescatan de las calles, o les llevan a sus instalaciones. 

Especialmente a raíz de la pandemia, el flujo de animales abandonados se disparó. Bien sea porque muchos dueños murieron por el virus, o bien porque otros ya no podían hacerse cargo económicamente de animales como caballos, vacas, o burros, el albergue vio crecer rápidamente su población hasta llegar a los 2 mil 300 animales, que en su mayoría son perros abandonados. 

El aumento de la población ha sido tal en los últimos años, que han tenido que duplicar esfuerzos, tanto de mano de obra, como para buscar recursos económicos, para dar cabida a la mayor cantidad de animales posible. Aunque el propio Miguel comenta que por eso mismo también han recibido críticas y acusaciones de que los tienen “hacinados”; una acusación que niega, asegurando que en el refugio dan un “trato digno” a todas las especies que rescatan, pues les proporcionan alojamiento, alimento, vacunación y atención veterinaria.

A lo largo y ancho del albergue hay historias de todo tipo. En su mayoría, tristes y desgarradoras, especialmente las de cientos de perros abandonados a su suerte en las calles o vías públicas –Ana Vargas pide al cuidador del refugio que muestre al perrito boxer completamente desnutrido, en los huesos, que acaban de rescatar–, o que incluso fueron víctimas de violencia sexual.

También hay historias tan macabras, o más, como la del ataúd: en el albergue hay alojados borregos y chivos que fueron mutilados en los rituales de santería que tanto abundan por la zona montañosa de Nicolás Romero. 

Una de esas historias, cuenta ahora Ana mientras da de comer a una burrita que nació ciega y que no querían en la granja porque no les servía como animal de carga, es la de ‘Satanás’, un chivo negro que fue encontrado en un cerro rodeado de otros chivos, perros y gatos negros, todos mutilados y muertos.

En el lugar donde fue hallado habían hecho un ritual de brujería, y solo ‘Satanás’ había sobrevivido. Las personas lo rescataron, pero la leyenda urbana cuenta que cuando el borrego negro llegó al pueblo se hizo un gran remolino de viento y dejó de llover por mucho tiempo. 

—Y pues empezaron las creencias y los mitos de que el chivo era un demonio que traía la desgracia —cuenta Ana.

Los vecinos querían matar a ‘Satanás’, pero nadie se atrevía a hacerlo porque creían que eso desataría una maldición. Así que alguien se armó de valor y lo dejó en la puerta de Pergatuzoo, donde lleva años conviviendo con el resto de animales. 

Con una sonrisa cansada, Ana y Miguel aseguran al unísono que no creen que los intentos de extorsión tengan nada que ver con el pobre chivo. Más bien, culpan a la problemática de violencia que lleva años azotando a México, y en particular al Estado de México, que con 2 mil 049 casos de extorsión en lo que va de nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum es la entidad con más denuncias en el país, por delante de Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México. De hecho, apenas el pasado 6 de julio, el Gobierno Federal incluyó al Edomex como una de las 8 entidades prioritarias de atención en la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión.  

Sin embargo, los directores de Pergatuzoo creen que, si no se pone un alto a la corrupción de las autoridades policiacas y de investigación, de poco o nada servirá esa nueva estrategia.

“Ahora son 50 mil”

Después de que unos desconocidos le dejaran en julio del año pasado un féretro tirado en la calle como amenaza, el asunto de la extorsión al albergue Pergatuzoo llegó incluso a la ‘mañanera’ del expresidente López Obrador. 

Miguel explica que en primera instancia acudieron ante el Ministerio Público local, pero a denunciar que “la autoridad y los policías municipales estaban coludidos con los criminales”. De hecho, recuerda que, luego del hallazgo de 10 cuerpos en dos fosas clandestinas, Nicolás Romero fue de los primeros municipios mexiquenses donde se ejecutó la llamada ‘Operación Enjambre’ para detener a policías municipales que habían sido cooptados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Por ello, acudieron a la Presidencia, que envió a la zona elementos de la Guardia Nacional y la Marina para calmar la situación. 

Pero, este verano las extorsiones y las amenazas volvieron a reactivarse. 

Apoyado en una pared desnuda de pintura muy próxima a la puerta metálica del refugio, Miguel cuenta que el 17 junio de este año un sobrino que los apoya fue a llevar las gorras de los trabajadores a lavar al local de un amigo suyo, ubicado en la colonia Federal de la Ciudad de México, muy cerca del aeropuerto. 

Ahí, estando ya en el local, unos desconocidos se le acercaron. 

–Le dijeron: ‘sabes qué, allá en Nicolás Romero se salvaron, pero aquí ya no se salvan. Somos del Cártel Jalisco y los tenemos bien ubicados. Sabemos dónde viven, cómo viven, y todos sus movimientos. Y ahora ya no son 25 mil, ahora son 50 mil pesos. De lo contrario, van a vivir un infierno. 

El sobrino se puso nervioso y salió de inmediato del local. Se subió a su camioneta y los criminales hicieron lo mismo para impedirle la salida, chocando su auto. El joven huyó entonces corriendo y encontró a una patrulla de la policía capitalina, a quien le solicitó auxilio. Eran las 8:30 de la noche. 

—Mi sobrino nos llamó diciendo que había tenido un problema. Fui con mis dos hermanas al lugar y cuando llegamos, uno de los sujetos nos dijo delante de la policía: ‘Somos del Cártel Jalisco, ni le muevan’. Le pregunto al policía: ‘Está diciendo abiertamente que es de un cártel, ¿no lo va a detener?’ Y dijo que no, que no estaba armado y que no iba a hacer nada.

El problema, apunta Miguel, no solo fue que no hizo nada el policía, sino que además los presuntos integrantes del cártel acusaron al sobrino de haber chocado su camioneta, dando como resultado que los tipos fueron liberados, mientras que el sobrino fue detenido por daño a la propiedad ajena –con el agravante de un supuesto intento de fuga-, y enviado al reclusorio luego de que, denuncia Miguel, el ministerio público capitalino le exigiera 40 mil pesos para dejarlo en libertad y no querer pagar esa cantidad. Finalmente, el sobrino salió libre poco después, el 21 de junio, gracias a que un juez de control calificó la detención como ilegal. 

Por si fuera poco, Miguel denuncia que el 19 de junio los policías del Ministerio Público capitalino, cuando su sobrino estaba detenido, se llevaron el auto donde el joven llevaba varios bultos con comida para los animales del albergue.

—Los policías sustrajeron del vehículo más de la mitad de los alimentos. Los robaron. Por eso mi hermana está reclamando que le regreses esos alimentos. Fue una pérdida para los animales del albergue, porque los policías no debieron de haber incautado esos costales. Fue un abuso de autoridad del MP. 

Tras lo sucedido con su sobrino, Miguel asegura que las amenazas por redes sociales también se reactivaron. Les volvieron a decir que, si no pagaban la cuota, quemarían el refugio con todo lo que haya en su interior. Por eso, vuelven a pedir la ayuda de las autoridades. 

—Ayer salió una nota de que quemaron un almacén en Ciudad de México vinculado con el tema de la extorsión. ¿Qué te dice eso? –cuestiona Miguel—. Pues que esa gente no se anda con inventos, que es un modus operandi que tienen para quienes no pagan. Por eso –dice mientras acaricia el lomo marrón de un caballo rescatado-, aquí todos vivimos con terror. 

¿Te interesa conocer más y ayudar al refugio Pergatuzoo?, aquí puedes conocer más información: https://www.instagram.com/albergue_pergatuzoo/?hl=es

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Exjefe de policía que fundó su propio cártel es morenista. Luisa: Analizamos echarlo

De acuerdo con el padrón de afiliados de Morena, que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora” y quien se encuentra prófugo, es militante de Morena desde 2023. Al ser cuestionada por el caso, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que no habrá impunidad para nadie.

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de ser el líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023, año en el que el actual Senador Adán Augusto López Hernández, su impulsor, era Secretario de Gobernación y luego buscó ser candidato presidencial de ese partido político.

Bermúdez Requena se afilió a Morena el 20 de marzo de 2023 y la fecha de actualización como tal fue el 31 de diciembre del año pasado, según el padrón de afiliados de este partido político, que cualquier persona puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  No obstante, la dirigente nacional de morena Luisa María Alcalde indicó que la afiliación se dio en 2022.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó este jueves que inició un Procedimiento Sancionador de Oficio contra Requena, en el que se adoptó como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidarios, misma que mantendrá vigencia en tanto no se concluya.

Previamente, Luis María Alcalde dijo en entrevista con el Heraldo de México que el procedimiento se daba con miras a su expulsión de Morena y comentó que: "Nosotros no somos tapadera de nadie y bueno lo importante es que no haya impunidad".

Bermúdez Requena se afilió a Morena cuando era Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco. El 23 de diciembre de 2023 sufrió un atentado en su residencia del fraccionamiento Campestre de Villahermosa, que derivó en su renuncia al cargo, el 5 de enero de 2024, cuando López Hernández se perfilaba para el Senado después de no ganar la candidatura de ese partido.

El miércoles, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue cuestionada sobre Hernán Bermúdez. Alcalde aseguró que en el partido no habrá impunidad, ni se protege a nadie. "Aquí lo importante es que no haya impunidad”, sostuvo la dirigente morenista.
“La enorme diferencia entre ellos [los de la oposición] y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe haber y está habiendo es una investigación, y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido. No hay impunidad. Eso es lo importante: que quien cometa un delito sea castigado por ese delito y esa falta que comente hacia la sociedad", resaltó en conferencia de prensa.
Ese mismo día, todo el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado cerró filas con Adán Augusto López Hernandez, su coordinador, por haber mantenido a Bermúdez Requena como su Secretario de Seguridad. Los senadores morenistas calificaron como “campañas de sospecha, difamación y desinformación” en su contra y “golpeteo” orquestado desde la derecha, con la “intención evidente de sembrar división y desconfianza para debilitar el proyecto de la 4T”.

Los senadores morenistas sostuvieron que no hay ninguna investigación judicial ni señalamiento formal que lo involucre en algún ilícito o irregularidad durante su gestión como Gobernador de Tabasco, en la que Bermúdez Requena fue su jefe de policía. También ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación contra el morenista Hernán Bermúdez Requena.

La Presidenta expuso en su "mañanera" que el Gabinete de Seguridad de su Gobierno está ayudando a la investigación y localización de esta persona, pues se encuentra prófuga de la justicia. Además, aclaró que la orden de aprehensión contra Bermúdez viene de tiempo atrás y no es de días recientes. "Son ambas [fiscalías], la del estado y la FGR. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión. Recuerden que para abrir una carpeta de investigación se requieren pruebas. Eso lo hace la Fiscalía", dijo.


Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

Bermudez Requena, expolicía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual Diputado federal de Morena y Notario Público, Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Fue en noviembre de 2024 cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel “La Barredora”. "Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora'. ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Ciertamente se trataba de un señalamiento de tiempo atrás. En octubre de 2022, cuando se publicó esta filtración, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. López Obrador la atribuyó a la “prensa conservadora” y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen.

Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

No obstante, a su salida del cargo, en declaraciones a Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: “Quiero dejar cons­tancia de mi reconocimiento y agra­decimiento primero al Gobernador Adán Augusto López Hernández, y luego al Gobernador Carlos Ma­nuel Merino por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron pa­ra lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia”.

El policía de Madrazo

Hernán Bermúdez Requena fue el jefe de Policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza (Grijalvo): “En la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.


En ese mismo libro, de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de Gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de tres millones, el ánimo social en la entidad era complicado con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera recurrió a blindar la sede del Ejecutivo estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena.

Así lo relata López Obrador: “Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México (para Roberto Madrazo) que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado”.

Hernán Bermúdez Requena fue director de Seguridad Pública en el Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y director del Centro de Readaptación Social del estado en el de Roberto Madrazo Junto. Fue junto al español Ramón Requeijo Abad, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México en el 2002, con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva.

Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el Gobierno de Roberto Madrazo y es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Zetina, dueño del diario Tabasco Hoy, como consignó en 2006 el semanario Proceso.

Años después, en junio del 2006, Hernán Bermúdez Requena estuvo en calidad de presentado y arraigado durante 11 días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, como presunto implicado en el secuestro y homicidio del ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes.

En años recientes, luego de ser incorporado como Secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto y luego con Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder de “La Barredora”, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez.

FUENTE: SIN EMBARGO.

Sheinbaum critica sanción del TEPJF que exige a ciudadana disculparse durante 30 días

El mes pasado, el Tribunal Electoral sancionó a Karla María Estrella por considerar que ejerció violencia política de género, esto luego de haber publicado un mensaje donde cuestionaba la candidatura de la Diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la mañana de este jueves como "un exceso" la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con Diana Karina Barreras, Diputada federal del Partido del Trabajo (PT), por 30 días consecutivos en redes sociales, ya que fue acusada de ejercer violencia política de género. Lo debe hacer sin mencionar su nombre y dirigiéndose a ella únicamente como "Dato Protegido".
"Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir: ‘No hubo fundamento. Es bueno que haya una disculpa pública’. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos", dijo durante su conferencia de prensa matutina.
"Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral, que tiene que analizar el propio Tribunal con sus criterios, pero para todas y todos, el poder es humildad. No es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás y también aquí hay derecho a criticar de lo que sea. Nadie lo impide", destacó Sheinbaum Pardo.


Desde Palacio Nacional, explicó que existe el derecho de réplica "porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararlo". "Entonces yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces pongan todo en su justo término", comentó al ser cuestionada por la polémica que generó el caso.

De acuerdo con Sheinbaum, es muy distinto "cuando hay una ofensa personal a una Diputada, Senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer". Es decir, detalló, "esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí, de diversos personajes que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer: de qué color se pinta el cabello, el peso que tiene".
"Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad que debe acabarse. Eso no está bien. Eso no tiene que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general. Eso no va a cambiar a algunas personas, que esa es su forma de ser, pero por lo menos socialmente que se reconozca que está equivocado", concluyó.
Hace unos días, el término "Dato Protegido" comenzó a circular fuertemente en redes sociales, acompañado de una disculpa pública por parte de la usuaria de X @KarlaMaEstrella.
El caso de esta ciudadana inició desde el 14 de febrero de 2024, cuando, como usuaria de X, antes Twitter, difundió en su cuenta un mensaje sobre la candidatura de la entonces Diputada sonorense Diana Karina Barreras Samaniego, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Ella escribió: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Diana Karina Barreras interpuso una demanda ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual le ordenó eliminar la publicación. Sin embargo, la sanción no quedó en eso, ya que la ciudadana sonorense Karla Estrella fue acusada de ejercer violencia política de género, por lo que durante 30 días, a partir del 12 de julio de este año, comenzaron las disculpas públicas en dicha red social.

Además de las disculpas, se le impuso una multa, una capacitación, sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contras las Mujeres en Razón de Género del INE.

Las disculpas que ha emitido Karla Estrella son a "Dato Protegido", esto porque la resolución del TEPJF tapó el nombre de Karina Barreras.
El día de ayer, la Diputada del PT, Diana Karina Barreras, acusó que la están atacando y revictimizando, luego que el Tribunal Electoral emitiera una sentencia en contra de la ciudadana Karla Estrada Murrieta.

Afirmó que muchas personas le sugirieron que ya no saliera en redes sociales para no generar más reacciones, pero cuestionó por qué deberían esconderse las mujeres, ya que, añadió, minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres es violencia política.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México defiende estrategia contra fentanilo; pide a EU reconocer su crisis de consumo

La mandataria federal recordó que México ya aplica sanciones severas contra la producción ilegal de fentanilo, y pidió a Donald Trump reconocer la crisis de consumo en su propio país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este jueves la estrategia de México contra el fentanilo y cuestionó las recientes declaraciones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, por tener desinformación y fines políticos.

Durante su intervención, la mandataria mexicana destacó que México se adelantó desde hace tiempo con leyes y sanciones específicas para enfrentar la producción, el tráfico y la venta de fentanilo ilegal. Incluso, aclaró que esta sustancia tiene un uso médico legal, principalmente en anestesia, pero que las autoridades mexicanas han enfocado su estrategia en combatir su uso ilícito.
“Lo que firmó el Presidente [Donald] Trump ya existía como medida temporal; ahora lo convirtió en Ley. Nosotros ya habíamos avanzado en eso”, señaló la titular del Poder Ejecutivo.

También recordó que en México se han impuesto penas más severas desde hace años, y que incluso en el Artículo 19 de la Constitución se establece el control de precursores químicos, medidas que se aplican con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras instancias del Gobierno federal.

Además, la Presidenta Sheinbaum Pardo reprochó la visión que Trump tiene desde su primer mandato, al asegurar que parte del territorio mexicano estaría controlado por el narcotráfico: “No somos como aquellos gobiernos que permitieron la entrada indiscriminada de agencias extranjeras y declararon una guerra al narco sin atender las causas”.

A su vez, aprovechó para compartir nuevamente que su homólogo estadounidense ha reconocido en varias ocasiones las campañas que México impulsa para prevenir el consumo de drogas, y que incluso ha difundido en redes sociales algunos de los anuncios oficiales. Sin embargo, insistió en que el problema de fondo en Estados Unidos es su crisis interna de consumo.


“Mientras no reconozcan el grave problema de adicción entre los jóvenes, no bastan los operativos ni las agencias. Allá hay una crisis de salud pública que también deben atender”, afirmó Sheinbaum.
Ante este escenario, informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a elaborar un informe detallado sobre las acciones emprendidas por México, con el fin de que lo conozcan tanto el Gobierno estadounidense como el propio Presidente Trump.
“Trabajamos todos los días. La reducción en homicidios dolosos, y el volumen de incautaciones de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas son resultado de una estrategia integral, no sólo de fuerza, sino basada en principios”, dijo.


Para cerrar el tema, Sheinbaum Pardo reiteró que México no busca confrontaciones, pero dejó en claro que mantendrá su posición con firmeza: “No queremos conflictos con Estados Unidos, pero nuestra prioridad es la soberanía y el no injerencismo”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los convenios de Tabasco: Bermúdez Requena recibía millones de litros de combustible

El combustible para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco debía entregarse "en especie" directamente a Bermúdez Requena, quien después sería señalado por vínculos con un grupo relacionado con el huachicol. Esta trama implicó el manejo de millones de litros de combustible por parte del secretario designado por Adán Augusto López.

Una revisión exhaustiva de los convenios suscritos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) de Tabasco cuando estaba bajo la dirección de Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, revela un mecanismo poco convencional y altamente cuestionable para la administración de recursos. 

Contrario a las prácticas habituales en corporaciones de seguridad, los contratos establecen que el combustible para el parque vehicular de la Secretaría debía entregarse “en especie” directamente a Bermúdez Requena, dejando a la SSPC la logística del abastecimiento.

Esta trama implicó el manejo de millones de litros de combustible y, de forma aún más alarmante, la “donación” de considerables sumas de dinero –en valor de combustible– por parte de la Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER) de Tabasco al exsecretario de Seguridad, ahora evadido de la ley.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera designado en 2019 secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, se encuentra actualmente prófugo de la justicia, con una ficha de búsqueda emitida por la Interpol. 

Las acusaciones que pesan sobre él son graves: supuestamente brindó protección a un grupo delictivo conocido como “La Barredora”, dedicado al robo de combustible, una práctica conocida popularmente como “huachicol”.

Reportes de inteligencia militar, señalan directamente a Bermúdez Requena como cómplice de una organización criminal especializada en la sustracción ilícita de hidrocarburos en el estratégico puerto de Dos Bocas.

En 2022, Mexicanos contra la Corrupción publicó informes de inteligencia militar en los que se menciona al entonces secretario de Seguridad de Tabasco y a dos de sus colaboradores como cómplices del grupo criminal “La Barredora” dedicado al huachicol.

No fue sino hasta que la situación de inseguridad en el estado se volvió insostenible que Bermúdez Requena renunció al cargo en enero de 2024.

Actualmente tiene orden de aprehensión vigente desde febrero pero que fue confirmada apenas este 16 de julio por el gabinete de seguridad federal y la presidenta Sheinbaum, sin embargo, hasta el momento Adán Augusto López está fuera de cualquier carpeta de investigación de la Fiscalía local o FGR, de acuerdo con la propia presidenta. 

Habría salido del país el 26 de enero de este año.

CONVENIOS BAJO SOSPECHA: LOS DOCUMENTOS CLAVE

La evidencia documental es contundente. El Convenio de Coordinación SEDENER-3235-020-SSYPC-2022 es un ejemplo paradigmático. Este acuerdo, celebrado entre la SEDENER, representada por su titular Lic. Sheila Guadalupe Cadena Nieto, y la SSPC, a cargo de Hernán Bermúdez Requena, estipulaba la aportación de recursos en especie por hasta 1,800,000 (un millón ochocientos mil) litros de gasolina magna y 150,000 (ciento cincuenta mil) litros de diésel.

El convenio hace referencia a una “autorización de donación” de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con fechas y fichas específicas (DCAS/3118/2020, DCAS/3235/2021, GRS/MR/007/2021 del 18 de diciembre de 2021), y un contrato de donación inicial del 18 de diciembre de 2020, con un convenio modificatorio un año después.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

La investigación sugiere que, a pesar de estas especificaciones, el control sobre el destino final de esos millones de litros de combustible se diluía en un esquema que, en la práctica, podría facilitar el desvío y el beneficio indebido.

Esto coincide con los reportes de inteligencia militar sobre la supuesta protección oficial a grupos huachicoleros. La fuga de Bermúdez Requena añade un capítulo más a este complejo entramado de presunta corrupción y crimen organizado desde las oficinas del poder en Tabasco.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

En una parte del documento se establece que Bermúdez Requena estaba facultado para firmar los acuerdos porque fue designado por Adán Augusto López:

“El 11 de diciembre del 2019, el Lic. Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; por tanto, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente instrumento”.

Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando solicitó licencia para asumir el cargo de secretario de Gobernación. Sin embargo, su secretario de Seguridad siguió al frente hasta enero de 2024.





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FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Comandantes bajo fuego: ejecutan a dos mandos en 48 horas en Culiacán

En menos de 48 horas, dos comandantes policiacos fueron ejecutados en distintos puntos de Culiacán, reviviendo el patrón de violencia selectiva contra mandos en Sinaloa. Las víctimas, conocidos como "Comandante Nitro" y "Comandante Richard", fueron atacadas mientras circulaban por zonas transitadas. Con 44 agentes asesinados en 10 meses, crece la preocupación por la impunidad y el control criminal sobre la capital del estado.

Por segunda noche consecutiva, las ráfagas de armas largas rompieron el silencio en Culiacán. Dos comandantes de alto rango fueron ejecutados en menos de 48 horas en distintos puntos de la ciudad, reviviendo la sombra de la violencia selectiva contra mandos policiacos en Sinaloa.

EJECUTADO EN PLENA HUIDA: EL COMANDANTE RICHARD

La noche del miércoles 16 de julio, Ricardo Heleno Sánchez Quintero, conocido como “Comandante Richard”, fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta Ford Ranger roja por el sur de Culiacán. El ataque ocurrió sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, frente a una plaza comercial y una sucursal bancaria, en plena zona urbana.

Con 11 años de servicio en la Policía Municipal y al mando del escuadrón motorizado, Richard tenía su base en el Parque 87. Pero al momento del ataque, estaba fuera de servicio. Según testigos, al percatarse de que era seguido por un grupo armado, intentó escapar, conduciendo incluso en sentido contrario. Sin embargo, fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. La camioneta quedó inmovilizada con las llantas ponchadas y el cuerpo del comandante recostado en el asiento, aún con el motor encendido.

Un video difundido en redes sociales captó el sonido de más de 30 detonaciones, lo que confirmaría la violencia del ataque. La escena fue asegurada por agentes estatales y federales, y la Fiscalía General del Estado inició la investigación, aún sin sospechosos detenidos.
EL PRIMER GOLPE: LA EJECUCIÓN DEL ‘COMANDANTE NITRO’

El crimen de Richard ocurrió apenas 24 horas después del asesinato de Cristóbal David, apodado “Comandante Nitro”, miembro del Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva. Nitro fue atacado el martes 15 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan sobre el bulevar Pedro Infante, a la altura de la colonia Country Club, muy cerca de la Secretaría de Educación Pública.

En el vehículo lo acompañaban su esposa, Gabriela Elizabeth, quien resultó herida, y otro agente que también fue blanco del ataque. La emboscada fue directa y precisa. Aunque se desplegó un operativo inmediato, no se han reportado capturas.

ESCALADA CONTRA LA POLICÍA: VAN 44 AGENTES ASESINADOS

La ejecución de ambos comandantes expone una escalada alarmante de violencia contra mandos policiacos en Sinaloa. De acuerdo con el medio local Noroeste, en los últimos 10 meses han sido asesinados al menos 44 elementos de seguridad en la entidad. Tan solo a finales de junio, otro agente municipal, Jesús Alejandro “N”, fue ejecutado en el fraccionamiento Los Ángeles.

Estos asesinatos reflejan un patrón inquietante: los ataques no solo están dirigidos a policías en activo, sino también en sus días de descanso, con métodos de persecución propios de células criminales entrenadas. La impunidad reina en la mayoría de los casos.

Mientras las autoridades locales y federales guardan silencio o emiten declaraciones de rutina, la ciudadanía vuelve a acostumbrarse a convivir con el terror. Los ejecutados no son solo nombres más en las cifras, sino símbolos de una guerra soterrada entre el Estado y los grupos criminales que no han soltado el control de la capital sinaloense.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Fiscalía debe ver si hay algo relacionado con Adán Augusto en el caso Requena: CSP

Ante los señalamientos hacia Adán Augusto López Hernández por su presunta relación con el caso que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía debe ser la encargada de averiguar si existe algún nexo. Asimismo, afirmó que su Gobierno no encubrirá a ninguna persona.

La Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar si Adán Augusto López Hernández está involucrado en el caso de Hernán Bermúdez Requena, declaró hoy la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien afirmó que su Gobierno no encubrirá a nadie, siempre y cuando se presenten pruebas de que ha incurrido en acciones delictivas.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos hacia el exgobernador de Tabasco y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, luego de darse a conocer que quien fuera su Secretario de Seguridad es buscado por la Interpol por vínculos con el narcotráfico, Sheinbaum Pardo afirmó que debe indagarse todo alrededor del tema y no simplemente realizar acusaciones al aire.
"La Fiscalía en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto, y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene todo este conocimiento de esta persona", mencionó la mandatara federal.
Asimismo, aseguró que, en caso de llegar a haber elementos que comprueben una complicidad entre Adán Augusto y Bermúdez Requena, su Gobierno no actuará en favor del Senador morenista.
"Nosotros no cubrimos a nadie, pero tienen que haber pruebas, no un dicho, una suposición de cualquier persona, y particularmente del Senador Adán Augusto", apuntó.


Al ahondar sobre el tema, la titular del Ejecutivo federal mencionó que es de gran importancia averiguar desde cuándo comenzaron las investigaciones contra Bermúdez Requena, sobre quien no existían indagatorias previas.

Sheinbaum explicó que fue a raíz de una ola de violencia que se registró en Tabasco cuando el Secretario de Seguridad de Adán Augusto fue removido de su cargo, a partir de lo cual empezaron a realizarse "muchas investigaciones".
"Cuando el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, pudo haber sido [20]21-[20]22, que entra el Gobernador [Carlos Manuel] Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco, se remueve a esta persona y se integra un nuevo Gabinete", agregó.
Por otra parte, resaltó que la transparencia es vital para su Administración, por lo que solicitó al Gabinete de Seguridad informar sobre todo lo que llegue a averiguarse respecto a este caso.
"¿Qué nos corresponde a nosotros? Informarle a la ciudadanía, a través del Gabinete de Seguridad, desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo, incluso en Tabasco porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco", sostuvo la doctora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Elección judicial: 'Una farsa documentada paso a paso' por el Observatorio Electoral Judicial

El informe final de Di-Sentir, México Evalúa, Laboratorio Electoral y Práctica documenta irregularidades, simulaciones y violaciones sistemáticas durante el proceso electoral judicial 2025.

El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), conformado por las organizaciones Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia, presentó su informe final sobre la elección judicial 2024-2025, en el cual concluyó que el proceso careció de integridad y fue operado desde el poder con violaciones sistemáticas a los principios constitucionales.

“El PEE fue una elección carente de autenticidad, se operó desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio”, señala el Observatorio. Esta elección, según el informe, no puede ser considerada democrática ni en su fondo ni en su forma.

De acuerdo con el documento, “la elección judicial de 2025 fue un retroceso histórico. De fondo y de forma”. Según los hallazgos, el proceso respondió a una lógica de concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos, en lugar de mejorar el acceso a la justicia. “Esta fue —y no es exageración— la primera elección, desde la transición democrática, que no puede calificarse como democrática”.

El OEJ documentó irregularidades desde la fase de reforma constitucional hasta la jornada electoral. Uno de los ejemplos destacados es el diseño de las boletas, el cual generó ventajas estructurales para ciertas candidaturas. “Según sus estimaciones, de las 133 personas con altísimas probabilidades de ganar por el simple diseño de la boleta, 108 resultaron electas. Del otro lado, de las 304 con bajísimas probabilidades, 275 perdieron”.

El informe también reveló que 394 personas candidatas fueron beneficiadas con propaganda ilícita en redes sociales, con una inversión estimada de entre 2.2 y 3.1 millones de pesos. “Tal fue el impacto que la propia Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó al Observatorio que entregara la información. Lo hizo. Pero nada pasó”.

En cuanto al papel de las autoridades, el OEJ afirmó que “el INE resultó muy bueno para acosar a periodistas y organizaciones, pero pésimo para investigar ilegalidades y acordeones”. Además, advirtió que la Sala Superior del Tribunal Electoral “no se comporta como un tribunal constitucional, sino como una oficina de trámites del régimen”.


El informe final también denunció que el diseño geográfico de la elección judicial careció de criterios poblacionales y fue improvisado, afectando la representatividad. “La elección, por tanto, no fue un simple fracaso institucional, sino una manifestación de captura, donde las reglas y los árbitros se alinearon con el poder para producir un resultado predeterminado”.

El informe final incluye una serie de recomendaciones específicas para evitar que se repitan las irregularidades documentadas en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. En primer lugar, el OEJ propone que toda reforma judicial se base en un proceso de consulta amplio e incluyente, que involucre a jueces, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía

Además, sugiere fortalecer la independencia judicial mediante mecanismos claros para la selección, nombramiento y remoción de personas juzgadoras, así como establecer un marco temporal realista para la implementación de las reformas.

“Una reforma judicial efectiva y la garantía de elecciones democráticas en México requieren un enfoque multifacético que priorice la transparencia, la participación y la independencia institucional”, señala el Observatorio.

Entre las recomendaciones para los comités de evaluación, el informe enfatiza la necesidad de establecer requisitos mínimos objetivos que aseguren la independencia e imparcialidad de sus integrantes. También propone diseñar metodologías estandarizadas para la evaluación de candidaturas, evitar la duplicidad de postulaciones, prever criterios de idoneidad como los del esquema “8 de 8”, y prohibir que una misma persona se postule simultáneamente a cargos políticos y judiciales.

Asimismo, el OEJ recomienda que se garantice la publicidad permanente de toda la información generada durante el proceso y que las autoridades judiciales respeten las resoluciones emitidas por jueces y tribunales.

INFORME:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a buscador del Colectivo 10 de Marzo tras omisión de autoridades

Gabriel Hernández contaba con una orden judicial de protección desde abril, la cual había sido girada por un juez de distrito a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para salvaguardar su integridad, pero fue incumplida.

El Colectivo 10 de Marzo A.C., conformado por familiares de personas desaparecidas, informó en sus redes sociales sobre el asesinato de Gabriel Hernández, miembro activo del grupo, ocurrido este miércoles.

“Lloramos el asesinato del señor Gabriel Hernández, miembro de este colectivo y Asociación, quien fue anteriormente fue secuestrado y seguía en acecho de sus agresores hasta el día de su muerte”, indicaron en un comunicado.

La organización señaló que Hernández contaba con una orden judicial de protección desde abril, la cual había sido girada por un juez de distrito a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para salvaguardar su integridad.

Sin embargo, el colectivo denunció que esta medida no fue cumplida.
Con su vida arrebatada, dejamos el precedente de la falla sistemática del Estado Mexicano para protegernos.
Versiones preliminares señalan que el suceso ocurrió durante la noche del miércoles, en la colonia Loma Real de Jara China Sur, cuando Hernández fue presuntamente perseguido por personas armadas cuando viajaba en su camioneta. 

Tras recibir disparos perdió el control de su camioneta y cayó a un canal de aguas negras.

En 2021, Gabriel Hernández, empresario, fue secuestrado por integrantes del Cártel del Golfo durante casi un mes y denunció los modus operandi de la organización e identificó a víctimas de desaparición presuntamente relacionadas con ese grupo.

Pidió al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que le ayudará a buscar a los familiares de las cuatro víctimas que identificó durante su cautiverio.

En un video, Hernández relató que un presunto sicario del Cártel del Golfo lo amenazó mientras supervisaba uno de sus negocios.

“Se sacó una pistola que traía en la cintura y me la puso en el estómago, luego me dijo que decía ‘La Chispa’ que dejara las cosas como están, porque si no se iba a meter la gente de ‘Miguelito’ a Reynosa a rafaguearnos”, señaló entonces.

Tras el asesinato del buscador, el colectivo solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal, el cual consideran ineficiente.

“Rogamos a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención también para depurar los mecanismos de protección que no funcionan. No queremos más madres ni buscadores y defensores de Derechos Humanos asesinados, por favor”, publicaron.

El colectivo también expresó su preocupación por otros integrantes, en particular una pareja de padres buscadores, quienes a pesar de contar con una orden judicial desde el pasado 10 de julio para ser incorporados al Mecanismo de Protección Federal, no han sido trasladados a un lugar seguro fuera de Reynosa.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el homicidio.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.