Recordemos que el próximo 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajarán a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico. México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
A penas en 2014 el matrimonio infantil se prohibió; sin embargo, el Código Civil Federal permitía que una mujer pudiera casarse cuando cumplía los 14 años. Esto continuó hasta que, en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes en la que consideraba la violación del derecho al no permitir a las infancias contraer matrimonio.
La SCJN determinó que se debía eliminar todas las dispensas o permisos que permitían el matrimonio infantil convirtiéndose ahora en una restricción. En junio de ese mismo año, entró en vigor las reformas al Código Civil Federal para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, por lo que autoridades locales o familiares ya no podrían conceder permiso para llevarlo a cabo.
Asimismo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos reformó varios de sus artículos como el 10°, 11°, 28° y 29° para establecer las sanciones para quienes incurran en este delito.
No obstante, datos del INEGI señalan que, en 2019, mismo año donde se eliminaron los permisos para llevar a cabo el matrimonio infantil forzado, se registraron 58 uniones en donde las mujeres tenían entre 12 y 17 años, siendo Chihuahua, Durando y Zacatecas los estados con mayores registros. En los años posteriores, la cifra se fue modificando de la siguiente manera: en 2020 se registraron 24 casos, en 2021 aumentó a 42 casos, en 2022 disminuyó a 27 casos.
Además, reportó que los mecanismos de denuncia y protección como el Programa Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Protocolo de Atención a Niñas y Adolescentes en Riesgo de Matrimonio Infantil; la reforma del senado que exige que los tres niveles de gobierno implementen estrategias integrales que garanticen la protección de la infancia; o la resolución de la SCJN que ratificó la prohibición absoluta del matrimonio infantil en todo el país, no han sido suficiente.
A nivel estatal, 31 de 32 entidades federativas establecer los 18 años como requisito absoluto, a excepción de Yucatán que permite dispensas al ser el Poder Ejecutivo capaz de autorizar matrimonios infantiles. Algunos estados (Querétaro, Guanajuato) enfatizan la eliminación de dispensas anteriores. Otros (Campeche) detallan protocolos de verificación de edad por registros civiles.
En varios casos se especifica que las reformas implican la derogación de artículos que permitían dispensas (como en Coahuila, Hidalgo o Sonora) y la reubicación de las disposiciones legales en códigos familiares (como en Michoacán y Oaxaca), lo que refleja un esfuerzo por alinear los marcos jurídicos estatales con los estándares internacionales en derechos humanos; sin embargo, el informe sombra denunció que: «incluso en los estados donde se ha prohibido el matrimonio infantil, este se realiza sin dificultad».
Matrimonios infantiles, una práctica violenta que no acaba
El Estado de la Población Mundial 2020 del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas advirtió que existen 650 millones de niñas y mujeres que se casaron siendo niñas, además se estimó que para 2030 se sumaran 150 millones de niñas más.
De acuerdo con el informe sombra, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.
Las abismales diferencias entre las edades de una mujer y su conyugue revelan que muchas se casan con hombres mayores cuando aún son adolescentes de entre 15 a 19 años. Esto toma relevancia al considerar que cuando las infancias comienzan un matrimonio, este repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.
«El matrimonio infantil y las uniones tempranas son prácticas perjudiciales, nocivas que tienen un impacto negativo en el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, exponiéndolas a violencia, el abuso sexual, sobrecarga de trabajo de cuidados, así como de explotación en el trabajo doméstico y agrícola», apunta el informe.
Otro de los apuntes que hace el informe es que los matrimonios infantiles en áreas rurales no tienen la misma connotación cultural y social, incluso en contextos de pobreza la situación se agrava. Por ejemplo, el 30.9% de las mujeres en zonas rurales se casaron antes de los 18 y solo el 19% lo hicieron las mujeres en zonas urbanas.
El Censo 2020 del INEGI demuestra que a nivel nacional 27 mil 800 mujeres indígenas de 12 a 17 años estaban casadas o en unión conyugal, representando el 7.5% de la población femenina indígena en ese rango de edad, de las cuales el 1.2% eran niñas entre los 12 y 14 años.
En la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres y marginadas de México, las niñas indígenas se enfrentan a matrimonios forzados desde los 12 años, transaccionadas mediante trueques bajo usos y costumbres patriarcales. A veces, el intercambio se da económicamente por 250 mil pesos con la complicidad de autoridades locales.
«Las víctimas son sometidas a esclavitud doméstica y violencia, sin acceso a educación ni protección. La pobreza extrema, la omisión estatal y la falta de políticas públicas perpetuán esta violación sistemática de derechos humanos (…) sin que existan mecanismos efectivos para erradicarla», denunció el informe.
Embarazo y venta de niñas, dos problemáticas arraigadas al matrimonio infantil
Se estima que 2 de cada 100 mujeres en América Latina parieron antes de los 15 años. Si bien, México no encabeza la lista de países con mayores registros, se observa el alza en sus números. Siguiendo los datos del INEGI 2022, existen 60.3 hijas e hijos por millar en dentro del rango de 15 a 19 años y una razón de 1.69 nacimientos por millar para las niñas de edades que van entre los 10 y 14 años.
Esto cobra relevancia si se toma en cuenta que el 90% de los nacimientos adolescentes tienen lugar en el contexto del matrimonio infantil, según la organización Girls Not Brides, por lo que existe una correlación entre embarazo adolescente y matrimonio infantil.
Una de las consecuencias que se derivan es la muerte materna en donde «las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo, experimentar un embarazo en la adolescencia duplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años”, señala la OMS. El matrimonio infantil, no solo vulnera los derechos de las niñas y adolescentes, sino que pone en riesgo su vida cuando llegan a embarazarse.
En 2015 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con el objetivo de reducir el número de embarazos en adolescentes en México y siendo una meta para el 2030: disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
Por el contrario, la CONAPO estima que a nivel nacional la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años se ha reducido 16.7%, pero entre niñas menores de 14 años, esta ha aumentado. Entre 2015 y 2022 la razón de fecundidad en niñas de 10 a 14 años pasó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas de 10 a 14 años, específicamente en adolescentes de 12 a 14 años, la tasa de fecundidad pasó de 2.71 a 2.81 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años en el mismo periodo.
Como dos factores de este fenómeno, el informe sombra contempla la violencia sexual, la cual, según indica el INEGI, el 50% de adolescentes se ha enfrentado a violencia emocional, 40% violencia sexual y 30% sufrieron violencia física. Otros datos como el de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2022) muestran que 12.6% de mujeres en México fueron víctimas de abuso sexual alguna vez durante su infancia:
El 9.3% indicaron que le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento, 4.7% intentaron forzarla a tener relaciones sexuales, 4% la obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las partes íntimas de otra persona, 3.3% la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza y 1.1% la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos.
El segundo factor ha sido el protagonismo de las instancias religiosas que mantienen fuerza en las políticas públicas que no permiten a las mujeres acceder a sus derechos sexuales y reproductivos como la interrupción legal del embarazo (ILE), sobre todo en estados donde la presencia religiosa es más fuerte como Guanajuato.
Por otro lado, la venta de niñas ha cobrado relevancia, incrementando la vulnerabilidad de mujeres y niñas que puede derivar en varias formas de violencia como física, psicológica, inmolaciones, ataques con ácido o incluso su asesinato «si no cumplen con las expectativas relacionadas con el pago». No obstante, esta práctica es común en cinco estados registrados: Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
El INEGI señala que, en 2020, el 1% de las niñas de entre 12 y 14 años en Chiapas, Guerrero y Tabasco estaban casadas o en unión libre. Entre las jóvenes de 15 a 17 años, la proporción ascendía a 11.8 % en Chiapas, 11.1 % en Guerrero y 10.2 % en Michoacán. En Tamaulipas se han reportado casos donde madres obligan a sus hijas a prostituirse a cambio de dinero o acceso a la educación bajo el argumento de la “tradición” o para salir de la pobreza, donde familias venden o arreglan matrimonios entre niñas y hombres adultos a cambio de bienes como ganado o bebidas alcohólicas.
El informe sombra sobre el panorama de matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) revela una realidad cruda: aún con la prohibición legislativa, desde el patriarcado se ejerciendo violencia contra las niñas y adolescentes del país.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.
