Después de escuchar el informe del fiscal, Alejandro Gertz Manero, respecto del rancho Izaguirre –zona de exterminio y fosario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) –el caso actualmente parece más plagado de confusiones que de certezas; el funcionario negó que haya sido zona de muerte y también la existencia de hornos crematorios, afirmaciones que siguen sosteniendo las madres buscadoras que hallaron las escandalosas evidencias que ya le dieron la vuelta al mundo.
Gertz Manero responsabilizó de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, en la que desfilaron dos funcionarios en los últimos seis años, entre ellos, Octavio Solís, quien renunció al cargo aduciendo temas de salud y dejó casos pendientes y otros archivados, como el asesinato de Aristóteles Sandoval –cuyo expediente fue cerrado sin que se esclareciera quien ordenó su muerte –y miles de carpetas inconclusas con investigaciones por desapariciones y fosas clandestinas.
Lo sustituyó Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien concluyó su gestión en diciembre de 2024, tras finalizar el Gobierno de Enrique Alfaro, acusado públicamente de proteger las actividades del CJNG en esa entidad que ocupa el primer lugar en desapariciones y delitos de lesa humanidad.
El fiscal Gertz Manero, en su conferencia del miércoles 19, dijo que el racho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue explorado en 2024 por la Fiscalía estatal y acusó a esa dependencia de múltiples omisiones, pues no encontró las evidencias que sí hallaron los colectivos jaliscienses que entraron el predio a excavar, incluso con varillas, y pudieron desenterrar ropa, zapatos, cachuchas, entre otras evidencias, con las que las madres buscadoras concluyeron que ese lugar era zona de exterminio, pues dijeron que había huesos calcinados y hasta hornos, evidencias irrefutables, según los colectivos, que ahora la FGR minimiza al considerarlas como elementos insuficientes.
Esto último le dio la vuelta al mundo como escándalo informativo, pues hasta ahora nadie en México había hablado de campos de exterminio, sino de fosas clandestinas del crimen organizado. Cuando el término “campo de exterminio” fue utilizado por las madres buscadoras, el escándalo alcanzó niveles internacionales, más todavía, por las omisiones y el silencio de las autoridades que, pese a tener conocimiento de las actividades criminales en el rancho Izaguirre, prefirieron ocultarlas.
El Fiscal General –que ahora sí se le ve muy activo y no en el ostracismo como ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –destacó al menos 13 omisiones en las indagatorias que realizó en el predio la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, cuando el rancho fue descubierto por efectivos de la Guardia Nacional.
Dijo, enfático, que hasta que la Fiscalía jalisciense haga entrega de un peritaje definitivo sobre el predio y todas sus actuaciones vinculadas con el caso, la FGR no dirigirá las investigaciones de este asunto.
Lo expresó con estas palabras. “Este es un asunto muy importante y lo tenemos que manejar con mucha seriedad. A partir del momento en que tengamos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal, nos vamos a hacer responsables de esta investigación y todos sus resultados".
Gertz Manero lamentó el silencio de las autoridades de Jalisco sobre el caso –¿sólo las de Jalisco? --inaudito que nadie se haya dado cuenta – dijo -- pero nada contó respecto al silencio de la Federación, pues tanto la Fiscalía a su cargo como la Secretaría de Gobernación debieron tener información del caso por la existencia de evidencias de carácter federal, como las operaciones del CJNG en ese lugar de exterminio, entrenamiento de sicarios y entierros clandestinos.
Tras la conferencia del Fiscal Gertz, el Centro Pro se pronunció al respecto. Expuso en redes sociales que el informe presentado por el funcionario “es pobre” y cuestionó que la reforma al Poder Judicial no haya incluido otra para las fiscalías, donde también impera la corrupción.
“El análisis de la FGR es pobre”, reitera el centro de Derechos Humanos; carece de análisis de contexto (y) uso intensivo de tecnología, soslayando que la federación es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada. Es lamentable también que el tono que privó no haya sido de la solemnidad y empatía que ameritaba el caso”.
Y añade contundente: “Preocupa que la investigación Federal que eventualmente podría realizarse –pues la atracción aún no se confirma –lleve al sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente. Todas las hipótesis deben explorarse, incorporando la información contextual disponible”.
Breve historia del rancho Izaguirre
Las autoridades de Jalisco y el Fiscal Alejandro Gertz Manero aún no saben quién es el dueño del rancho Izaguirre. Algunos datos consultados con fuentes policiacas sostienen el predio fue comprado por el CJNG a la fuerza, ya que en 2012 despojaron al propietario pagándole “una ganga” por la hectárea. Y, después, los sicarios y reclutadores del grupo criminal empezaron a explotarlo como centro de entrenamiento, exterminio y cementerio.
Usada como puñal, la amenaza de los criminales dobló al dueño, impotente ante el crimen. Le dijeron que si no vendía se llevarían a su hija, la menor en brazos de un matón que apuntaba con su arma a la cabeza de la indefensa. Acorralado, el ranchero aceptó contra su voluntad, atenazado por la rabia contenida o el miedo paralizante. Lo extraño de todo esto es que, siendo un dato de primer orden, la Fiscalía de Jalisco no investigó quien era entonces el dueño del rancho o quienes han sido los propietarios de ese predio de origen ejidal.
En el año 2012, el Gobernador de Jalisco era Aristóteles Sandoval, ligado al cártel de Sinaloa, primero, y al CJNG, después. Sandoval gobernó otorgando prebendas, protección y entregando el territorio completo a sus socios, encabezados por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, con quien el entonces mandatario habría tenido diferencias en las postrimerías de su gobierno por la entrega de “El Menchito” a las autoridades de Estados Unidos, donde ya fue sentenciado a cadena perpetua. Otro dato apunta a que Sandoval se negó a pagar una cuenta pendiente al cierre de su Gobierno.
Ese hecho –“El Menchito” fue capturado y encarcelado en Jalisco y luego extraditado –no se lo perdonó “El Mencho” al entonces mandatario y se asegura que por esa razón ordenó que lo asesinaran. La investigación la encubrió Enrique Alfaro, otro de los que otorgó protección al CJNG, pues cerró la carpeta del caso sin dar con el autor intelectual ni el móvil del crimen. Luego, el fiscal renunció aduciendo problemas de salud.
Más allá de las omisiones de la Fiscalía Estatal de Jalisco, lo cierto es que el CJNG despojó al dueño original de su rancho. Se asegura que los hombres armados del CJNG arribaron a La Estanzuela, donde se ubica el predio; arribaron después a la casa del dueño, que en ese momento estaba con su hija adolescente y su esposa, y entraron a la fuerza. Uno de los sicarios tomó a la niña y amagó con hacerle daño, mientras que sus acompañantes, una docena por lo menos, presionaron al padre para que les vendiera el rancho en ese momento.
Poco después de consumarse el despojo comenzó la construcción de la barda en los 10 mil metros cuadrados del lugar. Se asegura que en ese terreno debe haber por lo menos mil 500 personas sepultadas. Antes de asesinarlas habrían sido entrenadas, utilizadas como sicarios, sepultureros de compañeros suyos y hasta de vigilantes de los hornos crematorios que, de acuerdo con los colectivos, operaban en el sitio, lo que las autoridades han negado, según afirman, por falta de evidencias.
En su reciente edición, la revista Emeequis documentó la historia del predio, el origen del dueño, cuyo nombre omitieron, y los pormenores del despojo con testimonios de los lugareños, quienes fueron testigos de ese hecho.
Sostiene la publicación que entre 2014 y 2015 (en pleno gobierno de Aristóteles Sandoval) se registró la construcción de algunas de las edificaciones en el rancho. Pero lo sorpresivo es que, tiempo después, particulares cambiaron el régimen de la propiedad: pasó de ser ejidal a privada, y se registró en el Catastro municipal sin los documentos correspondientes. Esto exhibe que un personaje con poder e influencias de Jalisco ordenó tales gestiones y se ejecutaron al pie de la letra.
En los años posteriores, el rancho Izaguirre se convirtió en un lugar acondicionado para la tortura, el castigo y el exterminio. También se usó como cementerio clandestino, rodeado del silencio oficial y también por el de los pobladores, quienes a pesar de que sabían –y saben -- lo que ahí ocurría preferían callar. Temían ser abatidos por los sicarios del CJNG que, además, tenían compradas a las autoridades.
Tras el escándalo derivado del hallazgo de evidencias humanas –osamentas calcinadas, ropa, zapatos y hasta cartas de despedida –llamó la atención la aparición de un video, el martes 18, un día antes de la conferencia del Fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que un grupo armado que dijo ser el CJNG acusó a los colectivos, confirmados por madres buscadoras, de señalarlos falsamente de la desaparición y muerte de sus familiares.
En un discurso cargado hacia el oficialismo –eso es bastante raro en los mensajes del CJNG –acusaron a los colectivos de mentir, pues aseguraron que el CJNG no es propietario del rancho Izaguirre ni lo usó como zona para asesinar a jóvenes reclutados por ellos.
En el video sostienen – cabe destacar lo bien producido que está, con un audio perfecto y el hombre que habla muestra una dicción exacta, no propia de un criminal –que el CJNG no opera en esa zona desde hace mucho tiempo y se desligan de toda responsabilidad respecto de lo que haya ocurrido en ese lugar. Llama poderosamente la atención el tono oficialista del documento visual y la carga acusadora, descalificativa para las madres buscadores, quienes se abocaron a rastrear a sus familiares en ese lugar a raíz de información que les filtraron algunos sobrevivientes; y por esa razón fue que descubrieron el rancho con toda la evidencia hasta ahora mostrada de haber sido usado como campo de exterminio.
No obstante que el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que está en abierta lucha contra los cárteles –para evitar los aranceles de Trump –lo curioso es que no haya habido ningún pronunciamiento oficial sobre el comunicado que emitió el grupo criminal que dijo ser el CJNG. Tampoco existe evidencia, hasta ahora, de quien grabó el video ni el lugar donde se realizó la producción en blanco y negro. Seguramente el autor es un avezado cineasta.
Reclutamiento de jóvenes
En esta misma semana, la Secretaría de Gobernación, cargo de Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el CJNG sigue realizando reclutamiento de jóvenes.
Según el modus operandis del CJNG dichas personas son enganchadas con ofertas de trabajo bien remuneradas y, luego, los entrena y utiliza en labores de halconeo, sicariato, venta de droga, “enganche” de candidatos al crimen organizado y hasta para entrenar a nuevos miembros del cártel, toda una empresa que parece dar más empleo que el Gobierno y la Iniciativa Privada.
El CJNG se ha caracterizado por realizar esta labor desde hace más de una década, usando, entre otros medios, las redes sociales, entre ellas, Facebook, una de las más socorridas para tales fines.
Y todo indica que han tenido mucho éxito con esta modalidad de contratación, pues de acuerdo con informes de la DEA, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el CJNG fue el que más creció en el país tanto en apertura de actividades delictivas como en control territorial. De esta manera, la DEA le quitó ese mérito al cártel de Sinaloa, a quien por cierto relacionan con el expresidente y con muchos miembros distinguidos del partido guinda.
Desde que tomó posesión como Presidente, en 2018, López Obrador ejecutó una política anticrimen que dio prioridad a la atención de lo que él mismo llamó “la atención de las causas” que derivan en criminalidad. De ahí surgió la frase --por cierto ya está muy choteada pero exhibe los tropiezos del exmandatario –de “abrazos y no balazos”, pues decía que la violencia no se combate con violencia.
Su estrategia resultó fallida y también terminaron en fracaso los programas sociales enfocados a la atención de los jóvenes (becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros) con lo que ofreció combatir al crimen evitando que los cárteles engancharan a la juventud.
Lo cierto es que hoy debemos preguntarnos por qué en seis años no hubo resultados con esos programas dedicados al rescate de los jóvenes; por qué se gastaron miles de millones de pesos y el crimen organizado continuó reclutando a sus nuevos sicarios --halcones y matones --. Para el gobierno, los programas sociales se aplicaron con honestidad, pero llama la atención la falta de resultados y el boyante crecimiento del crimen y del reclutamiento de jóvenes.
Más bien tendríamos que preguntarnos si los fondos de esos programas se dispersaron para atender a la juventud en riesgo de caer en las garras del crimen o terminaron siendo usados como programa clientelar, jugoso negocio del régimen que se propuso combatir la corrupción barriendo las escaleras de arriba hacia abajo y hablando con la verdad.
Con el caso del rancho Izaguirre, la expansión del CJNG y del crimen organizado por todo el país, el régimen de López Obrador ya está en entredicho, más aún, con el ruido que prima por doquier en el sentido de que en Estados Unidos ya existe hasta un presunto expediente que lo mismo lo ligaría a la protección del crimen organizado que con la atroz corrupción que nunca combatió.
En el caso del campo de exterminio de Jalisco, hasta López Obrador guardó silencio.
