Por más de diez horas, policías antimotines encapsularon, golpearon y detuvieron a integrantes de las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que la madrugada del lunes fueron desalojadas del campamento provisional instalado desde febrero de 2021 en Bellas Artes y que rechazaron ser trasladadas a un “albergue” en condiciones insalubres, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Entre los detenidos también se encuentran integrantes de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, de medios de comunicación y de organizaciones indígenas e internacionales que forman parte de la Caravana por el Agua y por la Vida, quienes acompañaban a las familias triquis para protestar por el desalojo y la reubicación cuando los granaderos los encapsularon.

El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del excandidato nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán.

El gobierno mexicano desmanteló una unidad especializada que colaboraba de manera cercana con agentes antidrogas de Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre el estado actual de la cooperación bilateral y la confianza entre ambos gobiernos para tratar con información sensible.

El 21 de abril, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno disolvió “hace más de un año” una Unidad de Investigaciones Especiales (SIU por sus iniciales en inglés) que trabajaba en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) para desmantelar redes criminales.

Las declaraciones se dieron unos días después de que la agencia Reuters publicara un reportaje informando sobre el hecho. Antes de esa fecha, el ejecutivo mexicano no había hecho pública esta decisión.

“A las autoridades les pido que hagan su trabajo como les corresponde, que juzguen con perspectiva de género, como no lo hicieron desde un principio”. Este es el llamado que hace Roxana Ruiz, una mujer que podría volver al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por defenderse de una violación sexual, lo que terminó en la muerte de su agresor.

En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos que debieron invertirse en seguridad, empoderamiento de las mujeres y apoyo a los más pobres. ¿Cómo? La operación incluyó empresas de traslado de valores, cheques y una red de compañías fantasma.

El primer paso fue emitir facturas millonarias a empresas que no tenían infraestructura ni la capacidad para hacer servicios, cuyos dueños son empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos; posiblemente, se trata de prestanombres. 

En el primer trimestre del año, en México se han registrado 234 feminicidios, de acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de marzo. 

Además, en el tercer mes de este año, el número de mujeres presuntas víctimas de corrupción de menores alcanzó su máximo histórico mensual desde 2015, con 193 casos. La cifra ha ido creciendo desde principios de año, con 98 registros en enero y 149 en febrero. Baja California, Quintana Roo y Guanajuato ocupan los primeros lugares por tasa (número de delitos por cada 100 mil mujeres).

La demanda civil, cuya copia en exclusiva tiene Proceso, fue presentada ante la Suprema Corte del estado de Nueva York el pasado 8 de febrero, firmada por Jason C. Webster, de The Webster Law Firm; y Patrick J. Sheehan de Whatley Kallas, LLP. El primer despacho es especialista en defensa de víctimas de accidentes de construcción y asociado de la firma mexicana Carbino Legal, que representa legalmente en México a 24 víctimas de la tragedia, entre lesionadas y familiares de fallecidos.

Once personas fallecieron en un ataque armado la noche del domingo en un carril de carreras de caballos en el seccional de El Sauz, en el estado de Chihuahua.

Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), confirmó esta mañana que se trata de 11 hombres los fallecidos en una confrontación de grupos criminales en esa carrera clandestina de caballos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) intentará imputar a empresas supervisoras de la construcción de la Línea 12 del Metro los delitos de homicidio culposo y lesiones, pues, por omisiones en su calidad de garantes, tendrían responsabilidad en el colapso de un tramo elevado que hace un año provocó la muerte de 26 personas y lesiones a más de 100.

“El día 2 tengo audiencia, se estuvo posponiendo, y el día 2 de mayo tengo la audiencia donde vamos a hacer imputación a 10 servidores públicos y dos de las empresas supervisoras”, afirmó la fiscal Ernestina Godoy, en breve entrevista con Proceso, al término del informe de incidencia delictiva realizado en el Museo de la Ciudad de México.

Mónica Peyro, quien desde abril de 2020 denunció al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las niñas, no ha logrado alcanzar la justicia y ahora enfrenta una acusación en su contra y el riesgo de ser procesada. 

La denuncia en contra de la mujer, de su hermano y de su padre es por violencia familiar y la interpuso el padre de las menores.

Una jueza ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no desaparecer las escuelas con jornada escolar ampliada y servicios de alimentación de La Escuela Es Nuestra (LEEN) para 2022, informó la organización Mexicanos Primero.

La jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó la decisión tomada hace unas semanas y emitió una suspensión definitiva que ordenó a la SEP no aplicar las Reglas de Operación de la LEEN para este año, con lo que se detendría la desaparición de las escuelas de tiempo completo.

Alonso Castillo Cuevas, hijo mayor de Alejandra Cuevas, denunció la existencia de una carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos contra el ambiente, iniciada en la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero y que se había mantenido hasta ahora oculta.

La investigación fue iniciada el 8 de octubre de 2021 y radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, cuyo titular es Alberto Ramos Ramos y que depende directamente del Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que “dobló” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa “Quédate en México”.

En un mitin realizado en Ohio el sábado pasado en apoyo a JD Vance, quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman, el exmandatario dijo que doblegó a López Obrador con el despliegue de miles de soldados mexicanos en las frontera sur y norte para detener la ola migratoria en 2019.

Con la eventual intervención de cuatro senadores estadunidenses y del fiscal general de Joe Biden, Merrick Brian Garland, el periodista Alonso Castillo Cuevas busca que las autoridades de ese país apliquen la Ley Global Magnitsky, sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con lo cual podrían congelarse bienes y cuentas del funcionario mexicano en Estados Unidos.

Nieto de Laura Morán Servín –pareja del finado Federico Gertz Manero– e hijo de Alejandra Cuevas Morán, ambas absueltas de “homicidio por omisión de cuidados” en agravio del hermano del fiscal Alejandro Gertz, por sentencia unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alonso Castillo se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para exponerle las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el caso de su madre.

La Fiscalía General de Baja California activó una Alerta Amber para localizar a la menor Luz Esthela Castillo Molina de 14 años de edad, ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y puede ser víctima de algún delito, o de sufrir un daño en su salud.

De acuerdo al reporte, Luz Esthela Castillo Molina fue vista por última vez el 23 de abril de 2022, en su domicilio ubicado en avenida Los Pinos del fraccionamiento Los Ramos de Playas de Rosarito, Baja California.

En México hay 24 mil niñas y mujeres desaparecidas, por lo que se requiere actuar en coordinación y con profesionalismo para que sean encontradas, afirmó, el 25 de abril del 2022, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“Ojalá esta indignación que tenemos todas el día de hoy, todas y todos, y esta tristeza nos haga direccionar nuestro profesionalismo, nuestras capacidades que son muchas, hacia la búsqueda de todas. Por Debanhi [Susana Escobar Bazaldúa] y las más de 24 mil. Ni una más”, expresó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), aprobado por el Congreso mexicano y que obligaría a los usuarios a entregar sus datos biométricos para poder hacer uso de celulares, es inconstitucional.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes que le “cae bien” el exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien este fin de semana presumió de haber “doblado” al Gobierno de México cuando ocupaba la Casa Blanca.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México (2012-2018), habría solicitado personalmente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pagarle a Ricardo Anaya Cortés el soborno para que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados votara a favor de la Reforma Energética, dio a conocer este lunes el diario Milenio.

Cientos de policías capitalinos desalojaron el campamento de las familias triquis, desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que desde hace 15 meses exigían seguridad y ser retornadas a su comunidad frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

De madrugada, los policías llegaron al campamento y cercaron a las familias, mientras que personal de limpieza comenzó a desarmar el plantón y a tirar a la basura sus pertenencias.