El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza la posibilidad de generalizar el proceso electoral para que solamente haya un órgano universal que se encargue de realizar todas las elecciones; además, su Reforma Electoral incluirá eliminar a diputados y senadores de representación proporcional, llamados plurinominales, y reducir a la mitad el presupuesto para elecciones.

Sujetos armados, uno de ellos de la policía del Estado de México, interceptaron a integrantes de los doce pueblos de Tecámac y periodistas que documentaban los impactos ambientales por la actividad extractiva en el cerro de Chiconauhtla, en el ejido del pueblo de San Pablo Tecalco, por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los doce pueblos originarios denunciaron que mientras documentaban las afectaciones por el AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material construcción, una camioneta llegó a interrumpir la grabación, exigiendo a los campesinos y periodistas «retirarse del lugar con amenazas y borrar las grabaciones y fotografías», además de que realizaron varios disparos al piso, golpearon a uno de los integrantes y robaron el expediente de una denuncia dirigida a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señalaron que “todavía hay oposiciones internas” dentro de la Fiscalía General de la República para acceder a la información sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, describió cómo ha sido la lucha de los investigadores para obtener gradualmente los expedientes del caso.

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusó a Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), de orquestar su detención.

Salvador Acosta Guerrero, exalcalde del municipio de Villagrán, fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en un corralón de una empresa de autotransporte de la familia Acosta en el bulevar Luis Donaldo Colosio en la colonia La Venta.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron el martes estar “cansados” y “decepcionados” con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total “simulación” en la primera versión oficial del caso.

El 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, elementos de la Marina estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, supuestamente, los jóvenes fueron asesinados y calcinados.

Horas después de esa actuación de la Marina, que se realizó sin presencia de más autoridades y no consta en el expediente de investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la detención de cuatro presuntos implicados en la desaparición y, por primera vez, dio a conocer al público que tenía indicios de que el basurero de Cocula había sido el punto de exterminio de los estudiantes, en lo que la administración priista llamó la “verdad histórica” del caso.

Al escuchar los aplausos y los gritos que estallaron pasadas las 2 de la tarde en las escalinatas de acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Centro Histórico de la capital mexicana, Gonzalo Castillo Cuevas interrumpió la entrevista y se llevó ambas manos a la cara. 

“Al fin, se acabó esta pesadilla”, murmuró emocionado, mientras con la mirada buscaba a sus dos hermanos, Alonso y Ana Paula, para fundirse en un abrazo con ellos.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) recolectó más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62 y .223, así como una granada calibre .40 milímetros, de la escena de la masacre ocurrida la noche del domingo 27 en el municipio de Zinapécuaro, cuyo saldo fue de 20 personas muertas y cuatro heridas.

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, ya fueron identificadas diez de las víctimas, entre quienes se encuentran el dueño del palenque en el que se registraron los hechos, Abiel A., de 59 años, y el hijo de éste, Salvador A.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que se arreglará el problema de la escasez del agua en la entidad, al salir de la reunión que tuvo este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en palacio nacional.

“Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana”, señaló Samuel García quien a su llegada declaró que llevaba su carta a Santa Claus en varias materias porque “nos hemos portado muy bien y merecemos una justa retribución”.

Al intentar asegurar un vehículo con reporte de robo, policías municipales de San Agustín Tlaxiaca, en la zona metropolitana de Pachuca, fueron atacados a tiros por un comando armado de presuntos huachicoleros; este es el ataque número 49 de ordeñadores de combustible a elementos de seguridad en este estado, desde el 5 de septiembre de 2016, cuando asumió el cargo la administración del gobernador Omar Fayad Meneses.

Con base en el informe de la policía, los agentes fueron agredidos esta mañana por al menos 10 sujetos con armas de grueso calibre. Las balas percutieron la patrulla municipal con placas HG-052-2. Aunque los integrantes de la corporación repelieron el ataque, en el intercambio de disparos no hubo muertos ni lesionados.

La participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014  y la simulación en las investigaciones por parte de autoridades del gobierno mexicano, se confirmó en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) publicado el lunes 28 de marzo.

Este martes, madres y padres de los normalistas se presentaron ante medios de comunicación junto a Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, para exigir que se abra una carpeta de investigación al Ejército y solicitar una pronta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El 27 de marzo falleció la niña Benita Hernández Bautista en el Hospital rural IMSS- Bienestar de Tlaxiaco, en Oaxaca. Los motivos de su muerte: la pobreza y la desnutrición en que se encuentran las comunidades desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji desde el 22 de octubre de 2021.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que acompaña a las familias desplazadas, publicó un comunicado en el que señala la violencia que sufrió Benita y su familia por parte de las autoridades de San Esteban Atatlahuca, quienes quemaron las casas de más de 300 familias de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.

Tres jóvenes -dos mujeres y un hombre- originarios de San Miguel de Allende desaparecieron desde el 5 de marzo en un viaje a la Huasteca Potosina; antes de perder contacto avisaron a sus familiares que habían sido detenidos, presuntamente por policías municipales en Ciudad Valles.

Uno de los tres jóvenes explicó a su familia, en una llamada hecha ese día 5, que los tres deberían pasar 36 horas de arresto en los separos policiacos y pidió que fueran por ellos. Sin embargo, posteriormente ya no fue posible comunicarse con ninguno de ellos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el almirante de la Secretaría de marina (Semar), responsable del operativo que se realizó en el basurero de Cocula previo a que se informara que presuntamente en ese lugar habían incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, aseguró que “toda la información” que tiene el Ejército del caso Ayotzinapa, se ha puesto a disposición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la Fiscalía especial.

A 10 años de que el GTDFI publicara un amplio informe sobre este problema, luego de realizar una visita a México, Gabriella Citroni y Luciano Hazan reconocen el posicionamiento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer la crisis humanitaria que representan las desapariciones en el país, de aceptar la competencia del CED para investigar casos individuales y la visita de sus integrantes, pero alertan sobre pendientes para abordar la tragedia.

En próximos días, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República enviará un citatorio a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para que acuda a una mesa de trabajo en comisiones y explique el conflicto que vive el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde el 29 de noviembre pasado cuando se nombró a José Antonio Romero Tellaeche como director general. 

En breve entrevista con Animal Político, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, confirmó que la convocatoria será enviada en breve y con ello se cumplirá el compromiso que los legisladores asumieron con la comunidad cideíta el pasado 14 de diciembre luego de que alumnos, profesores y trabajadores administrativos se manifestaran afuera del Senado.

Campesinos y ejidatarios de Puebla protestaron en el sembradío de fresas, arándanos y frambuesas de la empresa canadiense Driscoll’s, instalada en la comunidad de San Andrés Payuca, Puebla, para denunciar el saqueo y la sobreexplotación del agua en el riego de los cultivos, en el marco del séptimo día de la “Caravana por el agua y por la vida: Pueblos unidos contra el despojo capitalista”.

México no ha logrado impulsar un cambio paradigmático en materia de derechos humanos porque no ha enfrentado el gran legado de impunidad que han dejado los gobiernos a lo largo de varias décadas, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI).

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas dio a conocer que inició una carpeta de investigación con perspectiva diferenciada que dicta el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión luego de que un comando atacara el domicilio de un periodista en el municipio de Valparaíso.

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que se estableció de manera inmediata comunicación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México para llevar a cabo las acciones correspondientes.