La Fiscalía General de la República (FGR) informó que llevó a cabo una “investigación exhaustiva” de los contratos que suscribió Tomás Zerón de Lucio en 2014 para la compra del software Pegasus, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Fue Zerón, quien como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) firmó el contrato para la adquisición de Pegasus con el Grupo Tech Bull, representado entonces por Luis Armando Pérez Herrero.

“Observamos varios patrones de represión al movimiento de mujeres, donde destaca la violencia física y psicológica; tratos crueles y degradantes; presencia de policía sin uniforme; el uso excesivo de la fuerza y el abuso policiaco”, señala Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Además de la estigmatización y criminalización de la protesta, también se ha utilizado el derecho penal, principalmente con cargos como delitos patrimoniales, para castigar a las mujeres, explica Chimiak en entrevista telefónica, y agrega que en la manifestación del 9 de julio en Guadalajara, donde la policía detuvo a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas, se les acusó de pandillerismo.

El aluvión de información que ha surgido en los últimos días sobre el espionaje instaurado desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto a miles de objetivos con el software Pegasus parece no tener resonancia en la Fiscalía General de la República (FGR), que el día de ayer reconoció no saber quién es el responsable, ni dónde están los contratos suscritos entre la empresa israelí NSO Group y las entidades del Gobierno, a la par que admitió apenas haber realizado un cateo a la empresa operadora del sistema espía cuyo dueño se escapó hace más de dos años.

La reacción de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal se da luego de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos del spyware Pegasus, revelaran que el espionaje implementado en el sexenio de Peña Nieto habría sido mayor al conocido en 2017 ya que abarcó a más de 15 mil personas, de las cuales 25 son periodistas. De hecho, salvo Carme Aristegui, ningún periodista espiado ha reportado que le fueran recogidos o inspeccionados sus celulares u otros equipos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo esta mañana que el espionaje con equipo y software sofisticados empezaron con Felipe Calderón Hinojosa y continuaron con Enrique Peña Nieto, y que también se registraron compras de gobiernos como el de Veracruz y el del Estado de México.

Desde Palacio Nacional, Nieto Castillo presentó una amplia investigación de la Unidad que apunta a que al menos dos empresas recibieron recursos públicos y los transfirieron a cuentas en el extranjero, mayoritariamente en Israel y Estados Unidos.

Samuel García ganó la gubernatura de Nuevo León con trampa. Lo dice la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Se apoyó en dinero de su propia familia, incluyendo a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Por esto, al Gobernador electo se le impondrá una multa de 55.6 millones de pesos por la difusión de fotos e historias que su esposa hizo en Instagram durante su campaña electoral.

El mismo Gobernador electo reveló parte de la información del INE en lo referente a su esposa. Lo consideró ridículo. La Unidad Técnica aseguró que la influencer debió cobrarle a Samuel García 27.8 millones de pesos por publicaciones en la red social. Por cada fotografía, el Instituto decidió fijar un monto de 40 mil pesos, y por cada historia la multa será de 20 mil pesos.

La Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora denunció la desaparición de 10 indígenas yaquis en un tramo carretero que va de Loma de Bacum al rancho el Coyote.

Los 10 hombres fueron vistos por última vez el pasado 14 de julio cuando transitaban por este camino, de acuerdo con las fichas de búsqueda.

Durante la tercera ola de COVID-19 en México, incluso cuando una entidad pase a semáforo rojo, ya no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades, aseguró este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia ya que la perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no sólo en México, sino en el mundo, declaró.

En los primeros dos años de administración de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, adquirió tecnologías israelíes de espionaje masivo por 5.6 millones de dólares a la empresa Neolinx de México, que había vendido material de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto, informó El País el 14 de abril pasado.

Según un reportaje publicado hoy por la periodista Zorayda Gallegos en El País, diversas instancias de la FGR celebraron al menos cuatro contratos con Neolinx, y los pagó a través de una “partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional”, con clave 33701, la cual fue usada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado para comprar el spyware Pegasus.

Dos personas murieron y una más resultó lesionada, durante un accidente ocurrido esta mañana por desprendimiento de rocas en el interior de una mina de plomo y zinc, en el municipio de Ocampo, 320 kilómetros al norte de esta capital, informó el Gobierno del Estado.

La Secretaría del Trabajo de Coahuila recibió el reporte del accidente que ocurrió en la mina La Pasión, ubicada 100 kilómetros al norte de la cabecera del mencionado municipio, en el Ejido Acebuches.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero analiza el caso del surgimiento de un grupo de autodefensa en Pantelhó, Chiapas para determinar si se trata de una confrontación política o expresión genuina contra la inseguridad.

Además, dijo que también se investiga el origen de las armas que exhibieron los integrantes del grupo armado en los Altos de Chiapas.

Alfredo Martínez Sánchez, de 34 años, desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la noche del 17 de enero de 2020. Trabajaba como operador de tráiler en la empresa Transportes Brenda, había entregado la caja con la carga y al día siguiente debía dirigirse a Monterrey, Nuevo León. A las 8 llamó a su esposa, Greta Martínez, y habló con ella durante 20 minutos.

Habitualmente, cuando viajaba a la ciudad fronteriza acudía a un bazar de productos de segunda mano llegados desde Estados Unidos. Así que le dijo que iba a sacar dinero y le mandaba fotos de la ropa que encontrase para que ella eligiese la que más le gustaba. Nunca llegaron aquellas imágenes.

Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable.

La Fiscalía General de la República (FGR), con la colaboración como testigo de la periodista Carmen Aristegui, encontró los datos necesarios para establecer que la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba una compañía operadora mexicana para realizar espionaje telefónico.

En marzo de 2019 una agencia de inteligencia del reino de Marruecos ingresó, en una plataforma del spyware Pegasus, el número de uno de los dos teléfonos que Emmanuel Macron, presidente de Francia, utiliza regularmente desde 2017, lo que pudo implicar una tentativa de hackeo del dispositivo.

En caso de haberse instalado Pegasus en el celular –algo imposible de probar hasta el momento--, la agencia marroquí hubiera tenido acceso a prácticamente toda la vida privada del jefe de Estado, pudiendo consultar su agenda, sus mensajes de texto, sus correos –potencialmente confidenciales-- y sus llamadas telefónicas. También habría tenido la oportunidad de prender el micrófono o activar la cámara para sacar una fotografía.

“Es una vergüenza y prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático que violaba los derechos humanos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al caso del espionaje masivo orquestado a través del malware denominado Pegasus durante el gobierno de su antecesor, Enrique peña Nieto.

El mandatario descartó interponer una denuncia por el espionaje del que fue objeto su entorno familiar, entre ellos su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus tres hijos mayores, así como su cardiólogo, argumentando que desde 1979 ha sido víctima de espionaje desde la Dirección Federal de Seguridad que encabezó hace 43 años Miguel Nassar Haro.

Este 2021, para hacer frente a la potencia electoral de Morena impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional (PAN) y el moribundo Partido de la Revolución Democrática (PRD) concretaron una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la coalición Va Por México, cobijada por una parte del sector empresarial que encabeza Claudio X. González Guajardo.

Pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente priista ya había concretado una alianza de intereses prácticamente idéntica: lo hizo con el Pacto por México, mediante el cual obtuvo la anuencia del PAN y el PRD para aprobar las reformas estructurales que promovía su grupo político de la mano con la cúpula empresarial.

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) afirmó, este martes 20 de julio, que el Gobierno Federal resolvió el desabastecimiento de medicamentos, ello tras invertir 76 mil 969 millones de pesos en licitaciones propias y otras con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el funcionario federal informó de la compra de un total de mil 842 claves, que representan más de 2.62 millones de piezas, un avance del 93.5 por ciento del volumen requerido.

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó, ayer lunes 19 de julio, que el Gobierno israelí obstaculice la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en respuesta a la “diplomacia de ojo por ojo” contra México, que ha apoyado las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a las acusaciones de crímenes de guerra contra Palestina, tal como lo afirmó un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times (NYT).

“Con referencia al artículo publicado en el #newyorktimes (17.7) ‘Tomas Zeron buscado por la justicia de Mexico (sic) se refugia en Israel’ quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”, indicó el diplomático israelí en su cuenta de la red social Twitter.

La Fiscalía General de República (FGR) informó esta tarde que aún no sabe quién o quiénes fueron los responsables del espionaje que alcanzó a miles durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no ha localizado los contratos relacionados al software Pegasus. 

La autoridad ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno Federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH TRACK, operadora mexicana de la israelí NSO Group, porque utilizaba el software Pegasus para espiar teléfonos.

La empresa era administrada por Víctor “R” y cuyo propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, quien huyó del país hace más de dos años.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendría que pagar una multa de 40 millones de pesos, además de perder durante un año sus prerrogativas de radio y televisión, por la campaña en la que incluyó “influencers” cuando el país se encontraba en veda electoral, determinó este día la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

El castigo, sin embargo, podría no sólo quedar ahí, pues el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Lo mismo en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.