En materia energética no es aconsejable que el sector privado abra más frentes de batalla, aseguró Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien reconoció que el gobierno federal y la iniciativa privada no se están comunicando bien para fortalecer la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, el funcionario dijo que el mandatario tiene directrices claras como fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana que no le va a entregar el presupuesto a los gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Y dijo que no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: “ni un peso”, aseguró.

No es la primera ocasión que un Gobernador amenaza con romper el pacto federal, pero salirse no es una cuestión rápida y sencilla cuando la mayoría de las entidades tienen problemas como una deuda alta –como es la situación de algunos de los estados que integran la Alianza Federalista– y con la dependencia que se tiene a las transferencias federales, que componen el 80 por ciento de sus recursos.

Hasta ayer, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que ya analizan realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal. Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, donde Enrique Alfaro afirmó por la mañana del martes que sí la llevará a cabo, esto en respuesta a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la discusión de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por salirse del pacto fiscal ante la falta de resolución de sus demandas respecto al presupuesto para 2021, el Secretario de Hacienda la calificó como “muy agitada” y expresó su aval por “una deliberación ordenada”. “Necesitamos tener los hechos claros”, escribió Herrera en Twitter y aseguró que el pacto actual “no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón”, por lo que sorprende que sean miembros del PAN quienes cuestionen el formato.

De 3 mil 552 agencias del Ministerio Público que hay en todo el país, solo 177, menos del 5%, tienen alguna especialización en delitos contra las mujeres, reveló este lunes la Secretaría de Gobernación (Segob) en la conferencia mensual del Grupo Interinstitucional para atender violencias de género.

Solo 4.2% de agencias se especializa en perseguir delitos contra mujeres y 4.1% en violencia intrafamiliar, a pesar de que el segundo delito por el que más denuncias se presentan en todo el país, solo por debajo de los distintos tipos de robo, es la violencia familiar. Este año se han abierto 163 mil 868 carpetas de investigación por esta causa, que representan el 12% de todas las denuncias del fuero común, y muestran una tendencia de cinco meses al alza.

“Prefiero ir a un juicio oral, no me interesa negociar un procedimiento abreviado. No soy culpable”, dijo Rosario Robles poco antes de volver a la cárcel en la que ya lleva más de un año presa.

Con sus palabras concluyó ayer la audiencia judicial en la que, una vez más, un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado en contra de la exfuncionaria federal por presuntas omisiones que habrían facilitado el desvío de más de cinco mil millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu, y dio luz verde para que se presenten las pruebas y sea enjuiciada por ello.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) informó que desconoce el paradero de la activista Kenia Hernández, quien el pasado fin de semana fue aprehendida por tercera ocasión, ahora por el delito de ataques a las vías de comunicación.

La noche del sábado 24, una jueza del Estado de México determinó que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” podía enfrentar en libertad la segunda acusación en su contra por presunto robo con violencia.

La jueza federal de la Corte de Distrito del estado de Florida en Estados Unidos,  Lauren Fleischer, aplazó la audiencia de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez,  hasta el 14 de enero de 2021.

Inicialmente, la diligencia se llevaría a cabo el 10 de noviembre, pero este martes fue reprogramada para enero del año entrante, informó el Consejero Jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés.

A causa del covid-19, 13 trabajadores de San Lázaro y un diputado federal han fallecido mientras que de un total de 67 legisladores enfermos, 47 se han recuperado y 19 permanecen contagiados.

Sólo en la reciente semana se infectaron de covid-19 seis diputados.

El gobierno de México informó sobre las fechas en que será depositado el siguiente monto de pensión para adultos mayores, correspondiente al último bimestre del año.

El 3 de noviembre se efectuará el depósito para quienes cobran por tarjeta bancaria, detalló la Secretaría de Bienestar, en un comunicado.

Adicionalmente, apuntaron las autoridades, “del 3 al 30 de noviembre se llevará a cabo el operativo para quienes acuden a recibir la pensión directamente, para lo cual se instalarán diez mil 753 puntos de pago en igual número de localidades de todo el país”.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) estima un gasto de mil 499 millones 392 mil 669 pesos para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado.

Dicha propuesta de presupuesto para la consulta que se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021 será sometida a consideración del Consejo General del Instituto.

Campesinos de Chihuahua liberaron las vías del tren tras dos meses de bloqueos y pérdidas de más de 400 millones de pesos diarios (más de 19 millones de dólares) por el conflicto del agua con Estados Unidos, indicó este lunes la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, reconoció la intervención “fundamental” del Gobierno para gestionar con los agricultores del norte de México y con Washington un acuerdo para saldar la deuda del Tratado de Aguas, cuyo plazo venció el sábado pasado.

El Juez Juan Pablo Gómez Fierro emitió la sentencia que benefició a las empresas Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2 y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, pero le dio “efectos generales”, es decir, extensiva a todas las compañías del sector de las energías limpias. Rocío Nahle defendió el acuerdo del Cenace y dijo que el Ejecutivo está a espera de “dar continuidad a dicho acuerdo” o su determinación en las Cámaras del país.

El convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de México, en el que se reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, es un “acto de corrupción para tratar de beneficiar indebidamente a Aleatica y a su accionista de control IFM Investors”, acusó el abogado Paulo Díez Gargari, quien presentó el lunes una denuncia penal en contra de Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la dependencia federal.

Este acuerdo entre ambas partes –publicado el pasado viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México– tomó por sorpresa a los legisladores del Congreso mexiquense, quienes pedirán a la SCT federal información sobre el tema, pues señalaron que las concesiones otorgadas a Aleatica cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador fueron “en contra del interés público” de la entidad.

Alrededor de 200 pobladores de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, bloquearon las obras del tramo 12 del Tren Maya para exigir la presencia de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que se esclarezca el manejo de fondos de indemnizaciones.

Los pobladores bloquearon los trabajos desde la mañana del lunes y acusaron a las autoridades del desvío de recursos del pago de derecho de vía.

El bloqueo en Quintana Roo se suma a las guardias que iniciaron los pobladores del municipio indígena de Maxcanú, en Yucatán, para evitar el avance de maquinaria pesada encargada de desmontar los terrenos por los que atravesará el tramo 3 del Tren Maya.

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que tomó el pasado 12 de octubre las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), reiteró que sus demandas «no se reducen solamente a vivienda», como indicaron las autoridades capitalinas, sino también son por «educación, salud, alimentación, trabajo, democracia, libertad y justicia».

Los otomís también exigieron una plaza para vender y producir sus artesanías y recalcaron que su lucha inició por el «desprecio, discriminación e indiferencia gubernamental» a sus demandas para una vida digna.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la mañana de este martes que ayer le informaron que dio positivo a la prueba de COVID-19.

“Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y @incmnszmx. Hasta ahora sin síntomas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, aseguró esta mañana que hará una consulta a los habitantes de la entidad para saber si están de acuerdo con romper el pacto federal, tal y como lo propuso esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar que haya democracia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó esta mañana a los 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista que si son demócratas, le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista.

Alfonso Durazo Montaño, quien en estos días dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para irse a competir por la gubernatura de su natal Sonora, asegura que ninguna zona del país, como sí ocurrió en el pasado, está dominada por el crimen organizado. También sostiene que no hay organización delictiva que tenga capacidad para retar al Estado, y defiende la política que en la materia aplica la presente administración: “nuestra estrategia no ha fallado.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, sostiene.