AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. Bajo sospecha de ser producto de una imposición del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el reciente nombramiento de Perla Gómez Gallardo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por parte de la Asamblea Legislativa (ALDF) ya está siendo sometido a procesos judiciales y administrativos.
El baluarte con el que Gómez Gallardo asumió la presidencia del organismo público –la transparencia– fue puesto en duda por los anteriores aspirantes al cargo y organizaciones civiles que los respaldaron.
Hasta el cierre de esta edición los tribunales federales analizaban dos solicitudes de amparo, y la oficina de transparencia de la ALDF había recibido al menos tres solicitudes de información de excandidatos que exigían conocer los criterios de selección, además de la evaluación de cada uno de los 29 participantes en el proceso para relevar a Luis González Placencia.
El anterior defensor renunció a que su ratificación –dictaminada dos meses antes por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF– fuera sometida a votación en el pleno, sabedor de que no contaba con los 44 sufragios mínimos para permanecer otros cuatro años al frente del organismo, pese a contar con el respaldo de unas 400 firmas de organizaciones civiles y de académicos.