La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) publicó este lunes el anteproyecto de decreto que busca expropiar un terreno de 24,384.16 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, para la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El decreto propuesto justifica la expropiación al ser el proyecto planteado de utilidad pública y solicita exentar la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio.

Según la Comisión, aún no se ha establecido una fecha para la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

“Esta obra es considerada parte de la infraestructura complementaria y de la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, específicamente en el cruce con la vía férrea. Con base en lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 36, fracción IV, de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, se solicita exentar la propuesta regulatoria de la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio“, dice el anteproyecto.

Según lo planteado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una vez terminada la ampliación, el AIFA quedará unido al centro de la Ciudad de México con un trayecto de 39 minutos.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que el próximo 29 de octubre realizará una movilización masiva y bloqueo de las principales vías de la Ciudad de México, ante la falta de respuesta del gobierno capitalino sobre el aumento del pasaje y la entrega de un bono al combustible.

El anuncio de la movilización ocurre días después de que en el Estado de México se aprobó un aumento de 2 pesos a la tarifa del transporte público, que pasó de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos, medida que entró en vigor el 15 de octubre, según la Gaceta de Gobierno estatal.

“En la SEMOV decimos NO al aumento en la tarifa del transporte público. Vamos a defender la economía de la gente”, escribió enfático Daniel Sibaja el 11 de octubre de 2023 en su cuenta de X, poco menos de un mes después de que Delfina Gómez tomó posesión como gobernadora del Estado de México y lo designara titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOV).

“Seguiremos luchando contra los males que nos heredaron y los viejos sectores que no sueltan sus privilegios”, dice la publicación del funcionario, en la que también presume una portada de diario comprometiéndose a no aumentar la tarifa del transporte público. Dos años después, incumplió a la ciudadanía estas promesas. 

Este miércoles 15 de octubre, entró en vigor la nueva tarifa al transporte público mexiquense, con un costo de catorce pesos por el pasaje mínimo de cinco kilómetros, aumentando 25 centavos por cada kilómetro adicional.

En abril próximo se cumplirán 10 años del inicio de las obras para ampliar la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio —4.6 kilómetros— y todavía no hay fecha para poder concluirlas.

De acuerdo con Jesús Esteva, secretario de Infraestructura del Gobierno de México, el retraso no se debe a falta de recursos, sino a la complicación que ha resultado concluir el túnel por la presencia de acumulaciones artificiales de materiales como suelo, roca, escombros o desechos conocidos como “rellenos antrópicos”.

Se trata de un túnel de 4.6 kilómetros,a 30 metros de profundidad, que permitiría la habilitación de dos estaciones adicionales: Álvaro Obregón y Valentín Campa. La tercera estación sería la terminal Observatorio y ahí se acondicionaría un depósito para trenes.

El plan también incluye la compra de 12 nuevos convoyes para con ello tener una flotilla de 42 trenes férreos que permitieran dar el servicio en beneficio de más de 500 mil usuarios.

Además de la Línea 1 que siempre ha tenido como terminal Observatorio y cuya renovación se entregará en noviembre próximo —con casi dos años y medio de retraso de la fecha prometida—, a este Centro de Transferencia Modal (Cetram) llegará la ampliación de la Línea 12, así como el Tren Insurgente, una obra que también ya suma 11 años de ejecución y que se proyecta sea concluida a finales de este año o a inicios de 2026, de acuerdo con el secretario de Infraestructura.

Actualmente “El Insurgente”, como fue nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece servicio de Toluca a Santa Fe.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó este jueves que a mediados de noviembre podrían reabrir las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio que faltan para concluir la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La flota de trenes tras concluir la remodelación, la flota será de 34, de los cuales 29 son nuevos, lo que permitirá una reducción en el tiempo de viaje entre terminales y un intervalo de 2.5 minutos entre cada estación.

El exdirector del Metro, Guillermo Calderón, quien está a cargo del proyecto de remodelación, informó que 150 mil pasajeros se van a incorporar en las tres estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

La Línea 1 del Metro se renueva para las personas usuarias en la #CapitalDeLaTransformación.

Recorrimos las nuevas instalaciones que cuentan con una transformación que mejora la seguridad y movilidad digna para todas y todos.@MetroCDMX,@LaSEMOVI. pic.twitter.com/q2yrpGmbIo

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 9, 2025

A 34 años de su inauguración, la Línea A del Metro (que va de Pantitlán a La Paz) suma problemáticas en su operación diaria, las cuales -a pesar de ser conocidas y reconocidas por las autoridades- no han sido atendidas, lo que ha derivado no solo en el deterioro del servicio, sino en la constante suspensión de este, por ejemplo, a principios de junio cuando el servicio estuvo interrumpido y los pasajeros fueron desalojados.

Convivencia forzada en el pilotaje automático de los trenes, filtraciones, hundimientos diferenciados en el terreno, talleres insuficientes y refacciones descontinuadas son algunos de los problemas que enfrenta esta línea metropolitana y que fueron enlistados en el Plan Maestro del Metro 2018-2030 dado a conocer por el Gobierno capitalino y en el cual participaron asociaciones, expertos y exdirectores del Metro.

“Al inicio de cada administración no existe un proceso de formulación del Plan Institucional que sea participativo interinstitucionalmente para definir esta herramienta de planeación que orienta y evalúa el desempeño del Sistema a corto y mediano plazo”, se alerta en el documento.

Mientras el proyecto de rehabilitación se da a conocer y se cuenta con los recursos suficientes, los usuarios continuarán padeciendo las averías y problemas en el funcionamiento de la Línea A que diariamente transporta a unos 260 mil usuarios.

Taller de la línea A del Metro en estación La Paz tardó 8 años en habilitarse

En febrero pasado Clara Brugada entregó la modernización de los talleres en la estación La Paz, de la Línea A, una obra que desde 2017 no solo se había considerado como prioritaria para atender la problemática de esta línea, sino a la que se le habían destinado 70 millones de pesos, de acuerdo con las carteras de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, a lo largo de 8 años no hubo avances, a pesar de que en la descripción del proyecto se alertaba que no era posible atender más de una avería a la vez.

“Actualmente es imposible la realización oportuna de los trabajos de mantenimiento mayor correctivo en los trenes de la Línea A, con lo que se enfrenta la imposibilidad de reparar en tiempo y forma diversos elementos integrantes de los sistemas y subsistemas de los bogies y cajas de estos trenes, lo que por ende, repercute en la disminución de fiabilidad de los mismos, pues la presencia de averías mayores repetitivas es cada vez más frecuente, originando un incremento en el tiempo de su atención, con los consecuentes costos de mantenimiento correctivo que de ello se deriva”, se detalla en el Informe Ejecutivo que el STC presentó en octubre de 2017 para justificar la necesidad de la intervención.

En el documento se explica que en 2016 los trenes de la Línea A presentaron un total de 4,064 averías, de las cuales 717 fueron clasificadas como mayores: 635 correspondieron a fallas en las cajas de los trenes y las 82 restantes a los bogies, que son los bastidores con ruedas sobre los que descansa la carrocería y que permiten el movimiento del tren sobre las vías.

“Para la reparación de dichas averías mayores, actualmente la capacidad promedio para la atención de averías o trabajos de mantenimiento mayor correctivo de la que se dispone en los Talleres La Paz es de 1 avería mayor en un bogie cada 3 días de turnos completos de trabajo y de 1 avería mayor en una caja de tren cada día de turnos completos de trabajo”, se describe.

Retrasos en trenes de la Línea A del Metro causados por sistemas incompatibles

La suspensión del servicio debido a que las vías están inundadas es otra cotidianidad de la Línea A del Metro.

“Las condiciones del suelo de la Ciudad de México, compuesto principalmente de arcillas saturadas y con un nivel freático alto, así como las constantes precipitaciones pluviales y las condiciones actuales de la red hidrosanitaria, han ocasionado afectaciones al sistema de vías en Línea “A” (…) por lo que es necesario realizar el tratado y sellado de filtraciones en el cajón estructural, así como el mantenimiento del canal cubeta y la limpieza de cárcamos y drenajes en toda la Red”, se informó en el Plan Maestro del Metro 2018-2030, sin embargo, a la fecha tampoco ha habido una intervención al respecto.

Reforzamiento de pasarelas de estaciones de la línea morada del Metro

Dado el importante crecimiento en la población usuaria de esta línea, en 2018 también se alertó sobre la necesidad de reforzar las pasarelas de las estaciones de la Línea A, ya que debido a que se encuentran en una zona con problemas de subsuelo, se habían presentado hundimientos diferenciales que originan separaciones en su estructura.

“Aunado a esto, el incremento constante de población en la zona oriente del Valle de México y el aumento de usuarios que hacen uso de esta Línea en los últimos años, podría generar una eventualidad en caso de un movimiento sísmico por la pérdida del punto de apoyo”, se lee en el documento.

En dos semanas incrementó 44% la cantidad de denuncias ciudadanas sobre pinchazos en el transporte público de la capital mexicana, en cuyos casos “se pudo confirmar que hubo una posible punción”.  

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dijo que hasta el 27 de mayo se contabilizaron 65 casos denunciados, “en los que se pudo confirmar que hubo una posible punción por pinchazo”.

El Congreso capitalino llevó al Código Penal el tema de los pinchazos en el Metro, delito para el que estableció una pena de dos y hasta cinco años de prisión.

La pena prevista se incrementará hasta en una mitad cuando: la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; ponga en peligro la vida o salud de la víctima; la víctima sea niño, niña, adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor o de un grupo de atención prioritaria; se cometa en medios de trasporte; tenga como finalidad la comisión de otros delitos; se realice por dos o más personas; o se efectúe en un lugar cerrado o con acceso restringido.

Por lo tanto, se podrían establecer hasta 7.5 años de cárcel por este ilícito.

La reforma se tituló ‘en materia de sumisión química por pinchazo’ y fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena) resaltó la importancia de actualizar e incorporar nuevos tipos penales para proteger a la población de nuevas formas de criminalidad.

Recordó que en las últimas semanas se ha registrado en la Ciudad de México un incremento de las denuncias por presuntos “pinchazos” en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Indicó que esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental.

De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después de recibir el “pinchazo”, lo que evidencia un riesgo para su integridad, salud y autonomía personal.

Destacó que la legislación penal vigente “no contempla de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos, lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo”, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.

La reforma aprobada establece que se adiciona un Capítulo III Ter Administración subrepticia de sustancias al Título Primero Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Libro Segundo Parte Especial y un artículo 141 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.

Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) expresó que a pesar de que inicialmente se dijo que era una campaña negra, se ha tenido que reconocer este problema, ya que los casos han continuado. Aseguró que esta propuesta es un avance, pero no resuelve el problema, por lo que se requiere una pena mayor en los años de prisión preventiva y en la multa estipulada.

La legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (Morena) señaló que con esta aprobación se da un paso significativo para proteger los derechos de las personas usuarias del transporte público, con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso local. Desde ahora, dijo, “ningún tipo de violencia será minimizado o ignorado”.

El congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) recalcó que este dictamen reafirma el compromiso del gobierno capitalino con los derechos humanos y la construcción de una ciudad más segura, “estamos hablando de prácticas criminales que lejos de ser aislados, pueden escalar a delitos más graves”.

En tanto el congresista Federico Chávez Semerena (PAN) planteó aumentar la pena de prisión, sanciones económicas más altas, generar operativos de vigilancia real y crear una fiscalía que haga este tipo de investigaciones, “el transporte público no puede ser un espacio de riesgo”.

La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (Morena) aseguró que nunca se desconoció la problemática de los pinchazos, sino que se abordó de forma responsable, y celebró que el gobierno de la ciudad se haya ocupado con el apoyo de cinco mil elementos en la vigilancia del metro.

Tras reconocer que los poderes Ejecutivo y Legislativo locales han admitido y atendido dicho tema, la legisladora Claudia Susana Pérez Romero (PAN) apoyó el dictamen, que busca la seguridad de las y los ciudadanos, y llamó a atender otros pendientes de movilidad y salud, entre otros.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población, con un dictamen que responde a las exigencias de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, ante agresiones mediante la administración de sustancias químicas, que no se limitan al transporte público, ya que también se han presentado en bares, antros, fiestas y gimnasios donde se adulteran bebidas.

En su intervención, la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) aseveró que esta iniciativa no ataca las causas del problema ni representa una solución integral, pues no sólo se debe tipificar el delito, también se requiere adoptar un enfoque más amplio y preventivo, garantizar la respuesta eficaz de las dependencias correspondientes y modernizar el sistema de vigilancia.

El legislador Pablo Trejo Pérez (PRD) comentó que ahora se responde con firmeza a un reto que ha conmocionado a la población dentro del STC Metro, columna vertebral de la movilidad diaria de la capital, y ahora con esta aprobación del dictamen, nadie queda fuera de la protección legal, con medidas emergentes en normas permanentes y efectivas.

El diputado Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) consideró necesario que el Código Penal local tenga la adecuación de la realidad social y no se actúe por presiones políticas, sino con responsabilidad.

La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) dijo que la tipificación de los pinchazos es un paso hacia la justicia, ya que ningún ciudadano que use el transporte público debería de viajar con miedo. “El dictamen es un mensaje claro de que no habrá agresiones sin consecuencias, en el Congreso sí se escucha y sí se actúa para la gente”.