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Semar y SeMujeres firman convenio para prevenir violencia de género en la Marina

Personal de la SeMujeres capacitará al de la Semar en materia de prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación.

Las secretarías de Marina (Semar) y de las Mujeres (SeMujeres) firmaron un convenio para capacitar al personal de Armada de México sobre igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia. 

En diciembre de 2019, Proceso documentó el caso de “Claudia”, una profesora de inglés que fue víctima de acoso, violación sexual y revictimización dentro de la Semar, entonces a cargo del almirante Rafael Ojeda.

En noviembre de 2021, el semanario también documentó el caso de Mary, quien fue agredida sexualmente y revictimizada quien denunció el delito y su agresor fue sentenciado. Sin embargo, esos casos no son los único que ha puesto en la mira a la institución de las fuerzas armadas de México por agredir a mujeres.  

Este jueves, la secretaría a cargo de Citlalli Hernández Mora informó de la firma del convenio, cuyo propósito es “fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”. 

Junto al titular de la Semar, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agregó que la intención también es establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en la planeación del ejercicio presupuestario de la primera. 

También consiste en promover la difusión de la “Cartilla de Derechos de las Mujeres” mediante el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en zonas de difícil acceso. 

En su turno, Morales Ángeles destacó que en la dependencia a su cargo se impulsarán acciones de capacitación y formación en igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia. 

El convenio implica que personal de la SeMujeres capacite al de la Semar en materia de prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación. 

Además, incluye la revisión y actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en entornos laborales y académicos, la implementación de campañas permanentes de prevención de la violencia de género y la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre ambas secretarías. 

Con dichas acciones, las secretarías hicieron el compromiso de fortalecer el marco institucional que garantice la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Detienen y procesan al general Víctor Chávez, exsecretario de Seguridad de Tabasco

El general, con tres décadas de experiencia en áreas de Seguridad de las Fuerzas Armadas, es el militar de más alto rango procesado por violencia sexual en contra de una mujer.

Este miércoles se dio a conocer que el General Víctor Hugo Chávez Martínez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, fue detenido y encarcelado para enfrentar un proceso penal por tres delitos.

Se trata del primer general de la Secretaría Defensa Nacional (Defensa) que es procesado por cargos de abuso y violencia sexual en contra de mujeres que estaban bajo su mando.

De acuerdo con fuentes castrenses, el general Chávez Martínez fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia Militar por una mujer de la Guardia Nacional que se encontrada bajo su mando por un caso grave de acoso y violencia sexual, por lo que el pasado 1 de junio fue separado de su cargo al frente de la Guardia Nacional en Colima.

Posteriormente, el 8 de julio fue ejecutada una orden de aprehensión en su contra y puesto a disposición de un Juzgado de Militar de Control Adscrito a la Quinta Región Militar con sede en Zapopan, Jalisco.

Tras analizar las pruebas presentadas por las partes, el juez militar dictó el auto de vinculación a proceso en contra del general Víctor Hugo Chávez por los delitos de violación, abuso de autoridad y abuso sexual agravado.

Además, el juez castrense ordenó prisión preventiva justificada en contra del general brigadier, por lo que fue internado en la prisión militar de La Mojonera, ubicada en Zapopan, Jalisco. A su vez, la mujer afectada fue trasladada a otra entidad, bajo fuertes medidas y protocolos de seguridad, con el fin de proteger su integridad.

El juez militar de control dio un plazo de tres meses a la Fiscalía Militar para concluir la investigación de este caso, aunque el plazo podría ampliarse hasta seis meses.

El sucesor de Hernán Requena en Tabasco

El General Víctor Hugo Chávez Martínez fue nombrado Secretario de Seguridad de Tabasco un mes después de la renuncia de Hernán Bermúdez Requena a ese mismo cargo.

Bermúdez Requena actualmente es buscado por la justicia a nivel internacional.

La sucesión de Chávez a Bermúdez no fue inmediata: el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, fungió como encargado de despacho de la dependencia durante poco más de un mes, hasta que finalmente el general Víctor Chávez, se hizo cargó de la Secretaría de Seguridad tabasqueña.

En febrero de 2025, el general Chávez Martínez salió de la Secretaría de Seguridad de Tabasco mientras el estado atravesaba una nueva ola de violencia.

En abril de 2025, el general brigadier fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Colima, cargo en el que duró apenas tres meses por la existencia de una investigación en su contra.

Esta tarde, el abogado y excandidato a ministro, César Gutiérrez Priego, publicó en sus redes sociales que:  “Víctor Hugo Chávez, sí se encuentra vinculado a proceso por delitos meramente del orden militar, en específico por presunto acoso sexual agravado a un elemento femenino bajo su mando, no tiene ninguna relación con su encargo como ex secretario de seguridad en el Estado de Tabasco”.


La captura ocurre mientras autoridades intentan dar golpes a la organización delictiva conocida como “La Barredora”, después de que se dio a conocer que la orden de captura contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco nombrado por el entonces gobernador y actual senador de la República, Adán Augusto López Hernández.


Archivos del Ejército, filtrados por el colectivo Guacamaya, apuntan que las fuerzas armadas sabían que este mando policial encabezaba “La Barredora”; la información era conocida por el gobierno federal mientras Adán Augusto se desempeñaba como secretario de Gobernación, en la administración de ‘su hermano’, Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Víctor Hugo Chávez Martínez?

En el boletín de su nombramiento en 2024, se apuntó que Víctor Hugo Chávez contaba con más de 35 años de servicio ininterrumpido en el Ejército.

Tenía el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor.

Contaba con experiencia en tareas de Fuerzas Especiales, cursos y diplomados en la Escuela Superior de Guerra, de la Policía Militar, y de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO, SEBASTIÁN BARRAGÁN.

Violencia vicaria: acusan a coronel de la Sedena de tráfico de influencias en Coahuila

El coronel José Barragán Chávez fue demandado desde 2022 por no reconocer la paternidad de una niña que tuvo con “Hatzy” en Coahuila. La madre, cuya hija padece hemiparesia, asegura que el militar tiene protección judicial y que la ha amenazado de muerte.

Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechaza reconocer a su hija, quien tiene una condición médica que requiere tratamiento especializado, y pagar su manutención, lo que ha logrado con la protección de autoridades judiciales en el estado de Coahuila.

Se trata del coronel de infantería de Estado Mayor José Barragán Chávez, quien desde el año 2022 fue demandado por Hatzy, nombre modificado por razones de seguridad, con quien tuvo una hija, para otorgar el reconocimiento de paternidad de ésta, pagar la manutención e inscribirla al servicio médico de las Fuerzas Armadas, debido a que la niña padece hemiparesia (debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo).

Proceso tuvo acceso a la demanda de reconocimiento de paternidad presentada por Hatzy contra el militar en la que relata que de 2019 a 2020 fue segundo comandante del 69 Batallón de Infantería, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, época en la que ellos se conocieron y sostuvieron una relación sentimental que duró dos años, pese a que él es casado.

Para enero de 2021, Barragán fue convocado a concurso de selección para cubrir plazas de Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las embajadas de México en el extranjero, donde resultó vencedor y fue asignado a la Embajada de México en Canadá, con residencia en Ottawa, Ontario.

En agosto de ese año, antes de que Barragán se fuera a Canadá, Hatzy quedó embarazada y le dio la noticia al futuro padre.
“Tal noticia fue recibida por José Barragán Chávez de una manera sorpresiva, manifestando enojo y cuestionándose sobre cómo nos había podido pasar eso, señalando incluso que precisamente por esa razón él no andaba con una jovencita, sino con una mujer inteligente y madura que no le pudiera ‘salir con una cosa así’”, detalló la mujer.
Conforme fue avanzando el embarazo la situación entre ellos era cada vez más tensa, llegando al grado en el que, en julio de 2022, tres meses después de que la hija de ambos nació y estando él en Canadá, Hatzy inició el litigio de reconocimiento de paternidad.

La estrategia del militar

En los tres años que lleva de iniciado el litigio por los derechos de su hija, Hatzy ha padecido violencia vicaria, institucional, impunidad y tráfico de influencias por parte de José Barragán Chávez.

Su demanda fue admitida a trámite por Daniel Abraham González Esquivel, juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar en Coahuila, bajo el número de expediente 1078/2022.

De manera provisional, en octubre de 2022 el juez decretó una pensión alimenticia a favor de la niña consistente en el 25% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de Barragán Chávez.

El militar contestó la demanda hasta febrero de 2023, por lo que el juez ordenó la realización de una prueba de ADN y designó como perito oficial a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, coordinador de Genética de la Fiscalía General de Coahuila.

Sin embargo, entre los abogados que el elemento castrense designó para representarlo, se encuentra Anel Concepción de la Rosa Padilla, media hermana del perito designado por el juez González Esquivel.

Para ese momento Hatzy no había reparado en la relación familiar entre ambos, pues acababa de recibir amenazas de muerte por parte de Barragán Chávez durante una videollamada que le hizo desde la Embajada de México en Canadá, razón por la que lo denunció por violencia familiar.
En una audiencia realizada el 3 de abril de 2023 ante el juez de Distrito, Benito Edgardo Hernández Luna, del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, el coronel compareció por videoconferencia acompañado por sus abogados y, de manera extemporánea, afirmó que ya sabía que el resultado de la prueba de ADN no saldría en su contra.
Fue en ese momento que Hatzy se dio cuenta de que la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito encargado de realizar la prueba para acreditar la paternidad de su hija comparten el apellido paterno, por lo que consiguió las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, razón por la que el 9 de abril solicitó declarar impedido a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado para que él no realice el dictamen pericial.

Sin embargo, al percatarse de esto, el 11 de abril siguiente, Barragán Chávez revocó a la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla, pero mantuvo al resto de su equipo legal, para que su medio hermano y perito designado por el juez Familiar no fuera declarado impedido.

El militar no sólo logró su cometido sino que el juez González Esquivel le impuso una multa a Hatzy por “faltas de probidad y lealtad” y ordenó realizar una anotación en su registro profesional por mala praxis legal.

Posteriormente, en el juicio familiar todas las pruebas de Hatzy fueron desechadas y sólo fue admitida una prueba de Barragán Chávez, que consistía en la declaración de la mamá de la niña.

En tanto, para la prueba genética ordenada desde el inicio, el juez determinó que no se permitiría a ninguna de las partes designar perito, se realizaría con un perito único: Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El perito tomó las muestras de ADN el 8 de mayo de 2023 únicamente a Hatzy y al militar, no a la hija de ambos, y en ningún momento se respetó la cadena de custodia que debe observarse para las mismas.
Para el 6 de julio de 2023 Hatzy debía presentarse al juzgado para desahogar la prueba que le fue admitida al militar, pero no acudió por razones médicas, y aunque presentó justificante, el juez ordenó investigarla, citó a su médico, requirió sus antecedentes clínicos y pidió informe al trabajo de ella para saber si había presentado incapacidad médica o no.

Ante las conductas del juez González Esquivel, Hatzy presentó una queja en su contra al Consejo de la Judicatura de Coahuila, donde se determinó el 28 de septiembre de 2023 iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra.

El juez se excusó de continuar con el juicio y envió el expediente al juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar.
En tanto, en el procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consejo de la Judicatura, el juez ofreció como testigo al perito de la Rosa Alvarado, quien acudió a declarar acompañado del abogado Osvaldo Espinoza Rodríguez, quien meses después, en enero de 2025, compareció como defensor de Barragán Chávez en una audiencia de medidas de protección solicitadas por Hatzy en la carpeta de investigación iniciada contra el militar por violencia familiar.
Sin embargo, el juez Daniel Abraham González Esquivel fue absuelto, por lo que Hatzy solicitó un amparo en el que el juzgado Quinto de Distrito le dio la razón en febrero de este año, pero dicha resolución ya fue impugnada.

“Existe un evidente desequilibrio de poder entre el demandado, coronel José Barragán Chávez, y yo, ello aunado a sus múltiples amenazas de que él movería las cosas a su favor aquí en Saltillo. Tengo temor de que siga cometiendo actos de corrupción e influyentismo para lograr su cometido, pues es evidente que el Poder Judicial local ha actuado en forma parcial a su favor”, comentó Hatzy para Proceso.

“Tengo temor de que siga ejerciendo actos de violencia, incluso temo por mi integridad o la de mi hija, pues fui informada en la Sedena que él ya culminó su comisión en la Embajada de México en Canadá y ya se encuentra en territorio nacional como comandante de Batallón de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La Sedena busca tirar 259 hectáreas más de selva para hacer rentable el Tren Maya

La deforestación de selva maya permitirá una terminal con almacenes de autopartes, químicos y tanques de combustible. El proyecto, de siete mil 700 millones de pesos, busca hacer rentable el megaproyecto mediante el transporte de carga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea deforestar otros 259 hectáreas de la selva maya para construir una terminal multimodal del Tren Maya, destinada a cargar y descargar mercancías en tráileres, la cual tendrá un costo calculado en siete mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que la Sedena entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la nueva terminal tendrá, entre otros, un almacén de residuos peligrosos, un alojamiento para la Guardia Nacional y otro para los tripulantes, un edificio aduanal, zonas de almacenamiento de combustible, e implicará la “remoción de vegetación forestal” en 259.59 hectáreas.

En el documento, la institución castrense indicó que la terminal multimodal servirá como “almacén temporal destinado a depositar la carga proveniente de vías terrestres de autotransportes para seguir su traslado por medio de vías férreas en el sureste mexicano”; se prevé que 117 personas trabajarán en ella durante su fase de operación, incluyendo 27 soldados de la Guardia Nacional.

Esta terminal multimodal, que no estaba contempladas en el programa original del Tren Maya, forma parte de la segunda etapa del megaproyecto, que consiste en la infraestructura para transportar carga en los más de mil 500 kilómetros de vías del tren. 

En abril último, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de esta segunda fase, que contemplará terminales en Poxilá y Progreso, en Yucatán; Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, y en Palenque, Chiapas, donde se conectará con el Tren Interoceánico; la presidenta informó que el gobierno planea invertir 40 mil millones de pesos en esta infraestructura.

Estas obras aumentarán el costo del Tren Maya, una de las más onerosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre de 2024 ya había costado 470 mil 428 millones de pesos, según documentó Proceso en su edición de junio.

Rentable con la carga

Con el transporte de carga, el gobierno federal pretende hacer un poco más rentable el Tren Maya y llegar a un “punto de equilibrio” en 2030, del que se encuentra muy lejos: en 2024 la empresa que opera el tren reportó ingresos propios de apenas 275 millones 831 pesos, un monto que no cubrió ni 10% de los dos mil 837 millones de pesos que informó como gastos de operación.

“Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en 2027-2028 ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos”, dijo Óscar David Lozano Águila, el director de la empresa castrense, durante la conferencia matutina del viernes.

Al preguntarle sobre el costo total del Tren Maya, el general aseveró que no tenía el “dato preciso”; reconoció que el megaproyecto apenas está en “etapa de maduración” y requiere que “se le inyectan recursos”; recordó que “muchas empresas mueren en los primeros tres años”, pero que “nosotros tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal”.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles”, de la Sedena, explicó que la institución castrense terminará las cuatro terminales “más rentables” en un año y medio, incluyendo la de Cancún, con el compromiso de tener una ruta ferroviaria de carga del sureste hasta Nogales, Sonora, a finales del sexenio.

Vallejo agregó que la terminal multimodal de Cancún estará conectada a la red ferroviaria del Tren Maya por una “vía secundaria” que permitirá “que los viajeros que viajan por la línea férrea del Tren Maya no vean estos inmensos patios de carga donde se pierde gran cantidad de vegetación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

No hay pruebas de colusión de instituciones con red de “huachicoleo”, afirma Harfuch

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó, el 18 de julio de 2025, que no había pruebas que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos o “huachicol” en el centro del país, recibiera protección desde la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tal como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.

“Con relación a la nota del Periódico Reforma donde refiere que había protección de @SEMAR_mx y de @FGRMexico a una célula criminal dedicada al robo de hidrocarburo preciso lo siguiente: Después de seis meses de trabajos de investigación realizado por personal de @SSPCMexico en coordinación con las áreas de inteligencia de @SEMAR_mx, la @FGRMexico obtuvo 12 órdenes de cateo y 7 órdenes de aprehensión”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X.

“Como resultado, se desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Fueron detenidas 32 personas, se aseguraron 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, diversos contenedores y un tanque estacionario, además de animales exóticos. Este es un hecho sin precedentes que muestra el compromiso de este gobierno para combatir estas operaciones delictivas. Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta red criminal”, recordó García Harfuch.

Según la investigación citada por el rotativo, misma que llevó a la cárcel a “Don Checo”, la FGR intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera aprehendido en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones supuestamente se constató que era protegido y que pagaba a servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

Reforma detalló que los cerca de dos mil audios grabados presuntamente revelaron que “Don Checo” ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba 25 mil pesos semanales a funcionarios de Inteligencia de PEMEX y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba “huachicol”.

Según el mismo diario, en una de las llamadas, registrada por la Fiscalía General de la República como “evento 800”, uno de los lugartenientes le comentó a “Don Checo”, que una de las tareas que tenía pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera paraestatal.

“Le tengo que dar 25 mil pesos cada ocho días al de Inteligencia, al nuevo, al Pérez, al director, que es un nuevo acuerdo, se darían 25 mil hoy de entrada y el lunes cada semana 25”, dijo el interlocutor del presunto líder delictivo. En otra escucha telefónica con número 1146, uno de sus subordinados le reportó a Rebollo Mendoza que tenía los sobres amarillos listos para entregarlos a funcionarios de la petrolera paraestatal mexicana.

“Ya tengo que dejar algo de dinero, ayer no les di, ayer le entregué al chilango, ya traigo tres sobres, uno de Inteligencia de PEMEX, uno de 74 que dice Municipal y otro de Investigación de PEMEX, son 55 mil pesos, que se los iban a dar a la licenciada Isela porque se los iba a dar al ‘Puma’, pero necesito que me traigan dinero porque no sé si puedo agarrar eso”, comentó el mismo supuesto lugarteniente de “Don Checho”.

Según Reforma, la conversación número 1079, una mujer le anunció a Rebollo Mendoza que le acababan de avisar que la FGR iba a catear un inmueble de la organización “huachicolera”, ubicado en el kilómetro 136 de la Autopista México-Querétaro, en el que guardaban combustible robado.

“Me acaba de hablar ‘El Güero Mantecas’, que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación… le dijeron que se va a proceder con la orden de cateo en el 136”, indicó la mujer, citada por el rotativo.

En otra de las llamadas intervenidas, con número 1153, Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”, mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, en el Estado de México, y también detenido en la misma causa, le pidió a “Don Checo” 5 mil pesos para gratificar a un Ministerio Público de la FGR y a un policía, por liberar a un cómplice de la organización detenido con un arma de fuego.

“Ya no agarré los sobres porque ya se los di a la licenciada Isela, ya me están pidiendo el recurso, son los 200 que tengo que dejar, 205 mil pesos. Los 200 que usted ayer me ofreció yo se lo di por todo, pero tengo que dejarle 5 mil a un policía, entre un policía y un MP que nos atendió, patrón”, expresó “El Mil Millones”.

“Claro, ¿pero ya los van a dejar? ¿Chivo dado, chivo brincado, su rancho pagado?”, respondió Rebollo Mendoza. “Sí”, contestó Molina Núñez. Según el rotativo, la FGR también hizo un reporte de la grabación registrada como el número 909, de la línea telefónica con terminación 8478, en la que “Don Checho” habló con un sujeto no identificado y dejó constancia de la supuesta complicidad de los marinos.

“El hombre refiere: ‘No, ya no me dio tiempo. Vaya con los amigos los marinos’. El hombre dos refiere: ‘Hay que ir con ellos pegados con el jefe, pero hoy a las 11 se va a chingar a su madre, y ya me dijo el amigo que ya yéndose me avisa y le damos para adelante’. ‘El amigo éste sí jala, pero él anda ahí como con los de la Marina y la estatal'”, reveló el reporte, citado por el diario Reforma.

El 9 de julio de 2025, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “Don Checo” y a cinco de sus supuestos operadores, por delincuencia organizada, con la finalidad para cometer delitos en materia de hidrocarburos. También, por los delitos de posesión y almacenamiento ilícito de petrolífero y sustracción ilícita de combustibles.

Los coprocesados fueron Luis Miguel Ortega Maldonado, “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González, Aurelio Hernández Lozano, “El Gepeto”, Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, y Eréndira Jacala García Hernández, “La Yeyé”.

El impartidor de justicia les fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la defensa y la Fiscalía General de la República reunieran los datos de prueba necesarios para un eventual juicio.

Al mismo tiempo, el juez les ratificó la imposición de la prisión preventiva de oficio, medida cautelar por la que los hombres permanecerían internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, EDOMEX, y García Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

El 28 y 29 de junio de 2025, elementos de Seguridad federales capturaron a 32 presuntos miembros de la organización que presuntamente lideraba “Don Checo” y que desde el 2015 operaba el robo de combustible a gran escala en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Rebollo Mendoza y sus presuntos operadores fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

En el operativo, las autoridades de Seguridad federales aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario y fueron clausuradas 2 tomas clandestinas.

Además, incautaron animales exóticos, 48 vehículos -algunos blindados y de lujo-, un autobús, 12 motocicletas y 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, dosis de droga y cajas de medicamentos controlados, y casi 16 millones de pesos en efectivo.

El Gobierno Federal identificó a “Don Checo” como el líder del grupo delictivo, mientras que a Ortega Maldonado lo catalogó como el principal operador y socio de la organización, en tanto que el ingeniero Hernández Lozano fue señalado como el encargado de elaborar estructuras de tanques y de ser el intermediario en la venta de los hidrocarburos robados.

Por su parte, a García Hernández le atribuyeron ser la responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales, así como del transporte, y a Molina Núñez de mantener los contactos con autoridades y “fabricar” documentos apócrifos para acreditar la procedencia de los combustibles.

Previo a este operativo, se libraron siete órdenes de aprehensión contra los mandos de este supuesto grupo delincuencial, de los cuales fueron detenidos seis, entre ellos “Don Checo” y sus presuntos cómplices ahora procesados. Los otros 26 fueron capturados en flagrancia durante la redada.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum dice que hay acuerdos con población de Bacalar para residencia de la Sedena

La presidenta aseguró que todo lo relacionado con la Manifestación de Impacto Ambiental está en regla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya hay acuerdos entre la población de Bacalar que se oponía a la construcción de una residencia para militares frente a la laguna, además de que todo lo relacionado con las manifestaciones de impacto ambiental está en regla. 

En la edición de julio, Proceso publicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzar la obra sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); además de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró no poder hacer nada “ante el aval de la Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha evitado pronunciarse sobre los efectos de la obra en los muros del Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII para contener la piratería en las costas de Caribe mexicano".  

Aunque la Sedena afirmó en principio que el inmueble sería destinado a soldados con afectaciones postraumáticas derivadas de sus labores, fuentes castrenses consideraron que sería para altos mandos, como comandantes de región y zona. También se reveló que se dio una autorización de exención de la MIA y que el inmueble contará con instalaciones como bar, jacuzzi, alberca, estacionamiento y área de juegos, entre otros elementos.  

Otro aspecto es que la población apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) “interpuso el amparo 313/2025, mismo que el 12 de mayo último resultó en una suspensión provisional de obra por determinación del Juzgado Primero de Distrito. La Sedena pasó por alto una primera suspensión provisional del mismo juzgado, emitida el 9 de abril último, así como la del 12 de mayo”.  

Sobre este inmueble, propiedad de la Sedena, a la orilla de La Laguna de Siete Colores y enfrente del Fuerte de San Felipe, la mandataria federal respondió:  

“Ya hay diálogo con ellos, ya hay diálogo, sí, ya se está llegando a un acuerdo. Y son instalaciones de la Secretaría de la Defensa, no es para una persona en particular, ni mucho menos, sino son instalaciones para el Ejército Mexicano”, afirmó. 

La presidenta reiteró: “Ya hay diálogo y va a seguir habiendo diálogo con la comunidad. Y están los Impactos Ambientales y todo lo que se requiera”, aunque se le insistió en algunos aspectos.  

-Sobre el asunto del Impacto Ambiental, había una solicitud de que fueran eximidos de que hubiera una Manifestación de Impacto. 

- No. Está todo en regla. 

- ¿Sí hubo una Manifestación? 

- Está todo en regla. 

- ¿Sin problema? 

- Sí.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Ejército sospechaba de vínculo del exsecretario Bermúdez Requena con el crimen organizado desde 2021

Un informe castrense, elaborado en 2021, señaló que el exfuncionario y sus colegas habrían ordenado el asesinato de "Kalimba, un líder criminal regional, al año siguiente, otro reporte lo ubicó al frente del grupo criminal conocido como La Barredora.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

“La Barredora” —grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol— se dividió a finales de diciembre de 2023, lo que desató una ola de violencia en Tabasco, mientras otros grupos delictivos luchan por conseguir el control que ostentaba.  

Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el exgobernador Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado y quién dejo su puesto como mandatario cuando fue nombrado secretario de Gobernación por el expresidente tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021.  

En su lugar, quedó Carlos Merino, quién ocupó su puesto hasta 2024 y mantuvo a Bermúdez a cargo de la seguridad pública.    

En un documento elaborado en 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Región (Cerfi) Sureste señaló que el asesinato de un líder criminal regional, alias “Kalimba”, había sido ordenado por “’El H’, posiblemente el secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena”, y sus colegas, ‘El Lic’, Tomás Díaz, asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía local, y un tal alias ‘Rayo’”, reveló “El País”. 

En agosto del 2022, en un documento también elaborado por el Cerfi y titulado: “Actividad Delictiva en Tabasco”, se ubicó a Requena al frente de “La Barredora”, junto a Tomás Díaz, y otros integrantes de la burocracia policial estatal, como José del Castillo, comisionado de la policía estatal, el inspector Leonardo Arturo Leyva, director general de la policía estatal, o Ulises Pinto, un expolicía federal.  

Sin embargo, Requena, siguió en el cargo hasta enero de 2024. En entrevista en el noticiero vespertino de Radio Fórmula, el general Miguel Ángel López Martínez aseguró que un juez ordenó su captura, el 14 de febrero de 2025 “ese día hay registros de que salió del país” aseguró.  

La última información de las autoridades militares es que se encuentra en Brasilia, en donde el gobierno mexicano está en contacto con la Interpol para aprehenderlo. 

El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de haber llegado al gobierno de Tabasco, el mandatario Javier May Rodríguez, también de Morena, aseguró que en la entidad todo mundo sabía que Bermúdez Requena era el cabecilla de “La Barredora”. Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.  

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena ocupó diversos cargos públicos, el último de ellos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, al cual renunció en enero de 2024. 

De acuerdo con reportes periodísticos, su carrera en el sector público inició en el gobierno de Manuel Gurría Ordoñez en Tabasco, en 1992, donde fungió como director de Seguridad Pública del estado.  

Desde 1995 y hasta 1997 se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social del Estado durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Finalmente, en 2019, dirigió la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco, hasta que pasó a convertirse en el titular de la SSPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena asigna otro contrato millonario a Sima, proveedora de equipo e insumos médicos

Por un monto aproximado de 530 millones de pesos, Sima cuenta con más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Tal como se preveía, una vez más la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó otro millonario contrato a la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, realizando el fallo de la licitación durante la madrugada, y justificando con un criterio de puntajes que es muy poco transparente.  

Con el contrato otorgado, correspondiente a la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos, esta empresa suma más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Como anticipamos en una publicación anterior, pese a que en esta licitación SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, en la publicación del fallo de la licitación la Sedena informó que de acuerdo con el “Criterio de evaluación por puntos y porcentajes”, fue la mejor calificada, mientras que declaró que las otras seis empresas no cumplían con el porcentaje mínimo, aunque no transparenta ni desglosa las calificaciones parciales.  

Lo anterior se suma a las sospechas y dudas sobre cómo, desde altos mandos de la Sedena se ha beneficiado a la empresa de Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, pues en otras contrataciones se han declarado desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa, a pesar de que diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA. 

Diversas publicaciones en medios, refieren que la falta de transparencia en las licitaciones de la Sedena proviene desde la administración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Destacando que en los últimos dos sexenios SIMA obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos en Sedena, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en los estados de Chihuahua, Jalisco y Veracruz. 

Además, en el mismo periodo se han denunciado irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, denuncias que han valido la observación de la Auditoría Superior de la Federación, situación que parece prevalecer, de acuerdo con el resultado de esta madrugada y los contratos otorgados en lo que va del año. 

En los primeros meses del presente año, SIMA obtuvo el contrato de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos. 

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos. 

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas, en donde SIMA concentra contratos en sectores estratégicos del abasto médico en la Sedena, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.