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Sedena continuará construcción de edificio en Bacalar pese a protestas en contra

La Semarnat exentó a la Secretaría de la Defensa Nacional el trámite de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para realizar trabajos de mantenimiento y sustitución de materiales en la construcción que desarrolla en Bacalar, Quintana Roo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibió una exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para poder continuar con los trabajos de mantenimiento, construcción y sustitución de materiales al inmueble que ocupa en Bacalar, Quintana Roo, con la finalidad de “integrar componentes más sustentables y adecuados al espacio”.

Ambientalistas han calificado este edificio a las orillas de la laguna de Bacalar como un ecocidio. Los habitantes de la zona también se han manifestado contra la construcción del edificio, argumentando que pone en riesgo el ecosistema y el patrimonio histórico.

La Defensa informó en un comunicado que ocupa este inmueble como “espacio de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio” para ayudar en su recuperación.

Detalló que un inmueble fue construido en 1983 en un predio que le fue cedido por el gobierno del estado de Quintana Roo. La dependencia detalló que dicho edificio “presentó desgastes y daños estructurales”, por lo que se deberán realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

“La razón por la que se pidió dicha exención, con el número de trámite SEMARNAT-04-006, es porque el proyecto implica una intervención que no genera desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental”, señaló la Sedena.

“Causan un daño irreparable”, acusan habitantes

Los inconformes con el proyecto clausuraron en marzo de manera simbólica las obras de la Sedena e instalaron un plantón para intentar frenar el desarrollo, que consideran una amenaza grave para el ecosistema del principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.

El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados aprueban dar más opacidad al Ejército y eliminar Compranet

La reforma que elimina Compranet retoma una propuesta del sexenio de Enrique Peña Nieto para exceptuar el uso de la plataforma de contratos.

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual elimina el sistema electrónico CompraNet para sustituirlo con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la misma que también asumió las funciones el extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Adicionalmente, los legisladores aprobaron exentar al Ejército y la Marina de transparentar los contratos que firmen para construir obras mediante convenios con otras dependencias del gobierno.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y quedó avalado en lo general por 355 votos a favor, 98 en contra y 1 abstención, y en lo particular con 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención.


“Tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada Permanente en términos de los convenios de colaboración que celebren entre entes públicos, no les resultará aplicable la presente Ley“, dice lo aprobado por Morena y aliados.

Fuerzas armadas, contratista consentido

Desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los convenios y transferencias de recursos públicos a las Fuerzas Armadas se han multiplicado.

Tal como documentó la periodista Mariana Mora en el reportaje Más poder al poder: las transferencias millonarias al Ejército, las transferencias a las Fuerzas Armadas pueden rastrearse desde los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón en 2007.

“Pero es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potencia la práctica del Ejército Mexicano de recibir transferencias de recursos públicos”, expone la investigación. “Solo en 2019, el primer año de AMLO, se transfirieron 5 mil 218 millones de pesos: tres cuartas partes de la sumatoria de transferencias de todo el gobierno de Peña Nieto”.

El Ejército también ha sido en clave en megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso han sido responsables de la rehabilitación de infraestructura de hospitales del IMSS-Bienestar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El reportaje de Mora, publicado en septiembre del 2024, expone que en los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos a través de convenios, adicionales a su presupuesto validado por Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados Federal.

“Los convenios son documentos escuetos, firmados solo entre los directivos de las áreas ante un notario. Ni siquiera interviene el Órgano Interno de Control. Revelan muy poco sobre el destino del monto que se transfiere. Incluso, sus conceptos no dejan claro qué es exactamente lo que se compromete a hacer o construir el Ejército Mexicano“, expone la investigación.

Ahora, con la nueva Ley de Obras Públicas, los Diputados darán mayor opacidad a las Fuerzas Armadas.

Retoman opaca cláusula del sexenio de EPN

En 2015, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un borrador para reformar la Ley de Obras Públicas que provocó la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos que vieron como de riesgo era que permitía expetuar el uso de CompraNet a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente.

Ahora, la reforma de la 4T adapta este criterio a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, estableciendo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos excepcionales y justificados, “podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Adiós, Compranet

Compranet fue creado en 1996 con el objetivo de simplificar las actividades de contratación pública y aumentar su transparencia, no obstante la falta de mecanismos efectivos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia provocó que hasta el 40% de contrataciones no se publicaran en la plataforma, tal como documentó en 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Aun así, la plataforma permitió llevar a cabo investigaciones que revelaron casos de corrupción y la falta de competencia en las contrataciones públicas a lo largo de varios sexenios.

Por ejemplo, en 2020 el IMCO analizó 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal durante 2018 y 2019, revelando que “tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%”.

En agosto del 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la plataforma CompraNet eliminó todos los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023 por un total de 4.7 billones de pesos entregados mediante cerca de 2 millones de contratos

A finales del sexenio de AMLO, el Instituto mostró: “las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción”.

Ahora ese mismo gobierno incumplido plantea sustituir Compranet con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas con el objetivo de “estandarizar contrataciones y aumentar la transparencia”.

SESIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ingenieros militares construirán 7 nuevos hospitales del IMSS; entre ellos en SLRC y Los Cabos

Ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) construirán siete nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos de ellos en Los Cabos, Baja California Sur, y, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo el 28 de marzo de 2025, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que el beneficio sería para alrededor de 3 millones de personas. Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que los hospitales darían 70 mil empleos directos.

Según explicó el funcionario federal, los hospitales se construirían en Santa Catarina, Nuevo León; en San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Saltillo, Coahuila; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán de Rosales, Sinaloa y Guadalupe, Zacatecas.

Los nosocomios de Nuevo León, Sonora y Morelos ya tenían proyecto ejecutivo, señaló Robledo Aburto.

El Hospital General Regional de Santa Catarina, Nuevo León, tendría 260 camas y beneficiaría a 299 mil personas. Asimismo, contaría con 39 especialidades y daría empleos a 2 mil 531 trabajadores. La superficie de construcción sería de 50 mil 635 metros cuadrados.

Mientras que el Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado tendría 120 camas para 134 mil personas beneficiadas. Contaría con 28 especialidades, en una superficie de 32 mil 037 metros cuadrados.

Asimismo, en el Hospital General de Zona de Yecapixtla, Morelos, habría 90 camas para beneficio de 116 mil derechohabientes. Tendría 28 especialidades y generaría 984 empleos.

En el Hospital General de Saltillo, Coahuila, Habría 260 camas para beneficio de 736 mil personas. Tendría 28 especialidades y generaría 2 mil 351 empleos.

En tanto que el Hospital General de Zona de Los Cabos, Baja California Sur, tendría 216 camas para beneficio de 414 mil personas. Contaría con 44 especialidades y crearía 2 mil 531 empleos.

Mientras que en el Hospital General Regional de Guadalupe, Zacatecas, habría 216 camas, para 319 mil personas beneficiadas. Tendría 42 especialidades y también crearía 2 mil 222 empleos.

El Hospital General Regional en Culiacán de Rosales, Sinaloa, contaría con 216 camas para beneficiar a 962 mil personas. Habría 37 especialidades y se generarían 2 mil 222 empleos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ CEVEDO.

Laguna de Bacalar y una obra militar: un pueblo lastimado que logró suspender la construcción

Fuentes cercanas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron a Proceso que la obra se detuvo porque no tienen los permisos necesarios.

“¡No delante del fuerte!”, es la frase que caracterizó la protesta de los habitantes de la Laguna de Bacalar, quienes lucharon para frenar la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Militar (Sedena) a las orillas de la laguna. El 19 de marzo realizaron la primera protesta a la que se sumaron más de 100 personas. Hoy la obra fue suspendida por falta de permisos. 

Fuentes cercanas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron a Proceso que la obra se detuvo porque no tienen los permisos necesarios.

Sin embargo, no se han colocado los sellos de clausura en el lugar. 

La construcción inició desde el 15 de enero, pero fue hasta que ingresó maquinaria pesada dentro de la laguna y empezaron a rellenar con piedras, es que tomó mayor relevancia. 
“Nos dimos cuenta que estaba siendo destruida parte de la orilla de la laguna de Bacalar por maquinaria pesada, entonces, una serie de ciudadanos se organizaron para convocar al pueblo y exigir una rendición de cuentas y transparencia”, expresó en entrevista Jair Universo, habitante de Bacalar que participa en el movimiento de defensa de la laguna.
Los habitantes de Bacalar no fueron informados, ni consultados sobre la construcción militar. Para la ciudadanía representó un acto violento de intrusión al territorio de la comunidad. 
“Aquí estamos frente dos vertientes, la legal porque es evidente que no hay permisos. Tampoco se dio un comunicado o hubo una consulta ciudadana de la obra. Y hay un asunto ético, puesto que están destruyendo la naturaleza y están afectando al fuerte de San Felipe”, acotó.
En la defensa por el medioambiente y el patrimonio histórico de Bacalar, un grupo de habitantes se instaló frente a la construcción militar. A diario colocaban carteles para protestar y reunían firmas, lograron juntar más de 5 mil de personas que están contra la obra.

El 25 de marzo, tras la presión de la ciudadanía, representantes de la Sedena se reunieron con personas medioambientalistas y empresarias. 

En el encuentro les confirmaron la pretensión de construir una casa de descanso con tres habitaciones de 25 metros cuadrados de un piso, que usarían materiales como adoquines y adocretos para no lastimar a la naturaleza, y que también instalarían palapas y una piscina.

Aun así, aquel día, la Sedena advirtió que no detendría la construcción.

Para Catalina Roche, quien es parte del Consejo Ciudadano y Científico en Pro de la Restauración y Preservación del Acuífero y Sistema Lagunar de Bacalar, si las decisiones militares están por encima de la ciudadanía, se pierde el estado de derecho.

“Siguen argumentando  que es por seguridad nacional ¿De dónde es seguridad nacional? ¿Ya con esto pueden hacer lo que les dé la gana? ¿Ellos son ciudadanos de primera y nosotros de segunda?”, cuestionó. 

Los impactos de la construcción de esta casa de descanso militar a las orillas de la Laguna de Bacalar, no son únicamente ambientales. El patrimonio histórico que caracteriza al pueblo también está en riesgo, ya que el fuerte de San Felipe podría fracturarse. 

Un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien por seguridad pidió mantener su identidad en secreto, detalló los efectos de construir a metros del fuerte.

“Por el hecho de ser federal no tienen derecho a violar las leyes, por ningun motivo deben estar en contra del pueblo y el pueblo de Bacalar fue agredido porque están haciendo una construcción junto a un edificio emblemático y en el agua. Cuando los volquetes soltaban la piedra temblaba ahí y luego llegaron los habitantes y vieron cómo temblaba ahí”, relató.

Silencio gubernamental

El INAH guardó silencio sobre el tema. El área de comunicación social fue contactada para conocer si enviaron una comisión a la zona y si la Sedena tenía los permisos, ya que además, del fuerte de San Felipe, dentro de la propiedad militar hay cañones antiguos. 
“El INAH no quiere hacer absolutamente nada”, agregó el arqueólogo, Abraham. 
La Laguna de Bacalar se caracteriza por la belleza de sus siete colores y tiene una extensión de 42 kilómetros cuadrados. Si la comunidad recibe turismo es porque van a conocer este cuerpo de agua.

Catalina Roche no entiende por qué la Sedena decidió construir a la orilla de la laguna y frente al fuerte, dañando ambas cosas: la naturaleza y el patrimonio histórico. 

Dijo que si la excusa fuera por seguridad nacional, a 16 kilómetros del centro de Bacalar se encuentra la base militar de Xtomoc. “Se les propuso irse a este campo que tienen cercano”, argumentó.

En Bacalar hay ejemplos de cómo se puede construir respetando el lugar y sus características. En entrevista, la investigadora del Instituto de Ecología, Unidad Mérida, de la UNAM, Luisa Falcón Álvarez platicó del Ecoparque, realizado en 2022 por el gobierno federal. 
“Se tomó cuidado de no afectar la vegetación ribereña y se colocaron los pilotes de forma que acompañan el crecimiento del manglar y sale al cuerpo arenoso de la laguna, al no perturbar la orilla, el agua es transparente y la arena no está fangosa porque no hay gente caminando. En cambio donde está la obra de Sedena se ve café la orilla”, apuntó.
Antes de la publicación de este texto también se contactó a la Sedena para conocer si cuentan con los permisos para la construcción o sí están en trámite. No hubo respuesta.

La protesta para lograr la cancelación de la obra militar - una supuesta casa de descanso- frente a la Laguna de Bacalar continúa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Sentencian a militares a 40 años de prisión por la masacre de 5 jóvenes en Nuevo Laredo

El suceso ocurrió en 2023 cuando cinco jóvenes se encontraban camino a sus domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 40 años y 9 meses de prisión para cuatro cabos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, por su responsabilidad en los homicidios y tentativa de homicidio de cinco jóvenes el 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo.

En un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dio a conocer que los sentenciados son Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, quienes permanecen bajo custodia de la Guardia Nacional mientras se resuelve su sentencia definitiva.

El juez federal Juan Gonzaga Sandoval emitió la sentencia, reconociendo que los militares fueron responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras atacar a los jóvenes que se dirigían a sus hogares en una colonia popular de Nuevo Laredo.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el mismo lugar de la masacre, los abogados del Comité de Derechos Humanos, Edgar Netro Acuña y José Roberto Puente Martínez, junto con familiares de las víctimas, informaron sobre la condena.

Se dio a conocer que el Comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizada deberá ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas como parte de la sentencia, luego de que fueran injustamente criminalizados en redes sociales y medios de comunicación afines a las fuerzas armadas.

Los jóvenes, quienes celebraban el anuncio de Gustavo Ángel Suárez Castillo sobre la llegada de su primer hijo, fueron atacados sin motivo mientras viajaban hacia sus casas.

La persecución, llevada a cabo por al menos tres vehículos del Ejército Mexicano, terminó en el crucero de Méndez y Huasteca.

En el ataque, además de Gustavo Suárez, fueron asesinados Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez.

Otros dos jóvenes, Alejandro y Gerardo, sobrevivieron al ataque.

Piden la destitución del Comandante de la Guarnición de Plaza

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que destituya al General Brigadier Miguel Ángel Ramírez Canchola, actual Comandante de la Guarnición de la Plaza.

Ramos solicitó que el general fuera puesto a disposición de la Fiscalía General de la República “por la ejecución extrajudicial de cinco civiles en hechos ocurridos en septiembre de 2021 en la colonia Nueva Era de este municipio”.

Según Ramos, Ramírez Canchola fue reubicado para evitar ser investigado en la carpeta de investigación relacionada con esos hechos.

Además, el 2024, “soldados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron a otras víctimas bajo su mando”.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja formal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian destrucción de laguna de Bacalar por obras de Sedena

Organizaciones y colectivos defensores del medio ambiente interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra los trabajos de relleno, dragado y construcción realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la laguna de Bacalar, Quintana Roo.

Desde el pasado 15 de enero, los pobladores advirtieron la presencia de maquinaria pesada y camiones en el lugar “sin consulta ni información pública”, además de que hasta el momento no se conocen las autorizaciones ambientales para realizar las obras, señaló Greenpeace.

“No existe certeza de que la obra cuente con las autorizaciones ambientales necesarias conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental”, destacó la organización, que añadió que hasta la fecha “ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ni la Profepa han intervenido para detener esta obra que genera un impacto irreversible en el ecosistema de Bacalar”.

Frente a los daños ambientales, el pasado 19 de marzo habitantes de Bacalar clausuraron simbólicamente la construcción, ubicada sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, y denunciaron los impactos provocados por el relleno y compactación de la orilla del cuerpo lagunar.

De acuerdo con Greenpeace, las principales alertas del proyecto “son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su biodiversidad, así como vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región”.

La denuncia ante Profepa fue presentada por Grupo Gema del Mayab, Greenpeace México, Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, DMAS, entre otras organizaciones, además de por pobladores de la región que exigieron la inspección inmediata en el lugar.

COMUNICADO:

Greenpeace México se adhirió a la Denuncia Popular presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por las organizaciones ambientalistas Grupo Gema del Mayab A.C., Greenpeace México, Moce Yax Cuxtal A.C., Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel A.C., DMAS A.C., entre otras, así como de personas de la región para exigir que se detengan los trabajos de relleno, dragado y construcción que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realiza en la zona federal de la laguna de Bacalar.

El pasado 19 de marzo, habitantes de Bacalar clausuraron simbólicamente esa construcción que inició frente a la laguna. La protesta, que reunió a más de un centenar de personas, denunció daños ambientales severos debido al relleno y compactación de la orilla del cuerpo lagunar. De acuerdo a la ciudadanía, hasta ahora, ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ni la Profepa han intervenido para detener esta obra que genera un impacto irreversible en el ecosistema de Bacalar. 

Desde el 15 de enero de 2025, la comunidad de Bacalar detectó la presencia de maquinaria pesada y camiones que comenzaron trabajos de relleno y dragado sin consulta ni información pública.

La obra se localiza en un predio ubicado sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, frente al sitio conocido como el Fuerte de San Felipe.

No existe certeza de que la obra cuente con las autorizaciones ambientales necesarias conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las principales alertas que eleva un proyecto de esta magnitud son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su  biodiversidad, así como  vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región.

“La preservación de la Laguna de Bacalar es un deber de todos. No podemos permitir que proyectos sin autorización o transparencia pongan en riesgo este frágil ecosistema. La PROFEPA tiene la responsabilidad de actuar de manera inmediata para detener estas actividades y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental. Proteger la laguna de Bacalar es proteger la Selva Maya.”, señaló Carlos Samayoa. Coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva! de Greenpeace México.

Greenpeace México respalda la protesta pacífica de la ciudadanía de Bacalar y se suma a la exigencia para que la Semarnat y la Profepa detengan esta obra de inmediato.

“Es inaceptable que, pese a las denuncias y evidencias de alteración del ambiente, las autoridades no hayan intervenido. Esta obra contradice los compromisos nacionales e internacionales de México para proteger sus ecosistemas y biodiversidad. La Selva Maya está en riesgo frente a muchas amenazas. No podemos ir de una por una, por eso hemos estado pidiendo a la SEMARNAT que abra un espacio de trabajo multisectorial orientado a garantizar la protección íntegra de este pulmón verde de México. Es una tarea urgente”, agregó Samayoa.

Las organizaciones y ciudadanos que respaldan esta denuncia hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales para que actúen de inmediato y aseguren la protección de este patrimonio natural de México.

La Profepa, debe realizar una Inspección inmediata de la obra para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como suspender inmediatamente las actividades de relleno, dragado y construcción hasta que se garantice que no haya daños irreversibles al ecosistema de Bacalar. Las organizaciones denunciantes señalaron que es indispensable aplicar el principio de precaución para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente, como lo establece la jurisprudencia en materia de derecho ambiental.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marina designa al almirante Juan José Padilla como director general del AICM

Padilla Olmos asumió el cargo de  director general de Grupo Aeroportuario de la CDMX en enero de 2024, tras ser designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El almirante en retiro Juan José Padilla fue designado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el marco del proceso de fusión con dos paraestatales,

Mediante un comunicado, se informó que el almirante Padilla fungirá como director de las paraestatales Servicios Aeroportuarios (SACM) y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), aunque sólo percibirá una sola remuneración económica.

Padilla Olmos asumió el cargo de  director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en enero de 2024, tras se designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador mediante el consejo de administración.

“Se busca eliminar duplicidades en la estructura corporativa de dichas entidades aeroportuarias para optimizar operaciones y recursos, mejorar la rentabilidad de las empresas, la seguridad y la conectividad aérea del país en beneficio de las personas usuarias”, dice el comunicado.

Tras el proceso de fusión, el AICM fungirá como operador del aeropuerto Benito Juárez y será titular de las asignaciones en los aeropuertos internacionales de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros y Colima.

Además, de acuerdo con información oficial, ejercerá su participación accionaria en los aeropuertos internacionales de Toluca y Cuernavaca. 

“Adicionalmente, administrará y colaborara con el aeropuerto internacional de San Felipe y el nacional de Lázaro Cárdenas, respectivamente. En ese mismo tenor, paulatinamente incorporará a otros aeródromos del territorio nacional”, señala el comunicado.

Inversión millonaria

En enero pasado, se informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) invertirá 8 mil millones de pesos para ser remodelado previo al Mundial de futbol del 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

La remodelación contemplará la realización de obras mantenimiento y conservación, así como de remodelación y estética, incluyendo el mejoramiento de las vialidades internas y externas del AICM.

El GACM aseguró que los recursos para realizar las remodelaciones “no requerirán del presupuesto de la federación”, pues se harán con los propios recursos que genera el aeropuerto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae militar acusado de asaltar 8 comercios en 40 minutos en Veracruz

El militar presuntamente robó bebidas alcohólicas y pertenencias de la clientela.

El fin de semana, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), identificado como teniente de sanidad, y un taxista, fueron detenidos tras cometer varios asaltos en tiendas de conveniencia en diferentes puntos de la ciudad de Minatitlán, Veracruz .

En un lapso de menos de 40 minutos, el militar asaltó al menos ocho establecimientos, generando alarma entre trabajadores y clientes.

Los primeros reportes indican que los asaltos comenzaron en las colonias Cuauhtémoc y Tacoteno, y se extendieron hasta el centro de Minatitlán.

Posteriormente, el individuo se dirigió al fraccionamiento Soto Inés, donde fue finalmente capturado.

Según testimonios difundidos en medios locales, el militar ingresaba a los Oxxos con actitud agresiva, portando un arma de fuego, y exigía dinero en efectivo a los empleados.

Además, robó bebidas alcohólicas y pertenecías de los clientes presentes; se transportaba en un taxi.

Tras su arresto, el teniente fue trasladado a las instalaciones de la 29 Zona Militar, donde se encuentra a disposición de las autoridades castrenses.

Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.