En esta reunión, tuvieron los tres mandos la posibilidad de presenciar el ejercicio final de adiestramiento conjunto con efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional de México.

Además, informan que se intercambiaron “experiencias y resultados de las operaciones concurrentes (espejo), que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Comando Norte, en la frontera terrestre y marítima común”.

Para dar continuidad, se destaca la posibilidad de realizar una visita similar, ahora en Estados Unidos, “en fechas próximas”.

Finalmente, ambos funcionarios militares reiteraron la disposición de las Fuerzas Armadas Mexicanas para continuar coordinándose con el Comando Norte en temas relacionados con la seguridad fronteriza y regional, eso sí, “observando los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos en ambos países”.

La construcción a cargo de la Defensa se encuentra en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Frente a la obra se encuentra el Fuerte de San Felipe, un monumento patrimonio histórico del estado de Quintana Roo.

El amparo promovido por Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) denuncian que la construcción es un proyecto hotelero que arrancó sin contar con los permisos ambientales necesarios.

De acuerdo con los colectivos, esta construcción es ilegal ya que inició sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni un proceso de consulta pública para la comunidad. 

Por lo que un  juez de Distrito en el estado de Quintana Roo otorgó suspensión provisional para detener de inmediato la construcción de este proyecto que pone en riesgo el medioambiente y la cultural de Bacalar.

Animal Político publicó que, en su momento, la Defensa Nacional solo se limitó a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero no presentó alguna justificación o pruebas que respalden dicha afirmación.

En un comunicado conjunto, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) señaló que el 28 de abril fue la fecha que se fijó para celebrar la audiencia incidental en la que se analizará si se concede la suspensión definitiva.

Al cierre de esta nota, ni la Sedena ni Semarnat han emitido un comunicado sobre la continuación de las  obras pese a que existe una suspensión provisional vigente.

El martes 6 de mayo último en la sierra, sobre la carretera estatal 24 que conduce a Parral, Chihuahua, una pick up negra venía bajando, buscando el regreso a Culiacán después de un paseo. El camino en varias zonas se encontraba atajado. Luego comenzaron los disparos, que en una primera versión se adjudicaron a un enfrentamiento entre militares y presuntos civiles, pero que en los días posteriores cambió.

Leydi, de 7 años, y Alexa, de 11, eran primas y viajaban en la pick up con sus familias, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, de Badiraguato, cuando se encontraron con los militares y éstos habrían disparado. Así lo explica una familiar de ambas, quien pidió el anonimato por temor. Las niñas murieron y otras cuatro personas quedaron heridas y fueron llevadas a hospitales de Culiacán.

Ningún investigador se les había acercado en las horas posteriores al ataque.

Al día siguiente, el miércoles 7, el gobernador Rubén Rocha Moya leyó un comunicado en donde advirtió que buscarían por todos los medios que el ataque no quedara impune y se castigara a los responsables por la muerte de las niñas, ambas alumnas de la primaria “Rafael Ramírez”, en Culiacán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el martes en entrevista de radio con Ciro Gómez Leyva que los militares que participaron en esos eventos en Badiraguato están “retenidos” o a “disposición”.

El batallón o destacamento al cual pertenecen los militares involucrados no ha sido dado a conocer, sin embargo, en Culiacán se encuentra la IX Zona Militar, la cual pertenece a la Tercera Región Militar.

La Sedena ha guardado silencio sobre lo ocurrido y sobre la situación de los militares.

De acuerdo con medios de la región, el convoy del Ejército fue emboscado mientras brindaba protección a peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaban diligencias en la zona por los enfrentamientos del lunes 5 de mayo en La Lapara.

El lunes 12 de mayo, en la primaria “Rafael Ramírez”, en la colonia Infonavit Humaya, familiares, amigos de las familias de Leydi y Alexa y la comunidad estudiantil rindieron un homenaje a las niñas. Ahí, Leticia, familiar de ambas menores, confirma la versión de un ataque directo.

“Los padres a nosotros nos contaron que ellos nomás venían y los encontraron y en el transcurso del camino les dispararon. Se regresaban al rancho porque estaba tapado el camino y se toparon con los militares, pero nunca les hicieron la parada ni nada, nada más les dispararon”.

Y agregó:

“No había enfrentamiento, eso es pura mentira, eso lo dijeron ellos por taparlo, pero eso no es cierto, nunca hubo ningún enfrentamiento de nada, porque ellos llegaron y se regresaron porque el camino estaba tapado y cuando ya iban de regreso les dispararon”.

Horas más tarde, el gobernador Rubén Rocha advirtió la posibilidad de que el ataque sí haya sido directo en contra de esta familia. La declaración la dio la mañana del lunes 12 durante su conferencia semanera.

“Fíjense bien lo que voy a decir, y lo voy a decir, aunque no soy investigador, no fue que hayan sido (asesinadas Leydi y Alexa) derivado de un fuego cruzado y finalmente estuvieron en el lugar equivocado, seguramente que tendrán que averiguarse muy bien las circunstancias”, señaló.

Aunque el gobernador insistió en que esa versión no puede ser divulgada por medios sin antes haber agotado la investigación. Además, adelantó que será la FGR la encargada de brindar más detalles sobre los avances al respecto.

“No podemos que el común se diga esto. ¿Por qué?, porque lamentablemente los enfrentamientos que hay entre los delincuentes y las autoridades normalmente nos han dado algunos resultados de víctimas colaterales. Lo que tenemos que decir es que hay que averiguarlo bien y hay que tenerlo claro, porque para que haya justicia necesita haber una investigación ordenada, rápida, pronta, expedita, pues, y con el rigor debido, con la única intención de sacar en claro quiénes son los responsables de la muerte de Alexa y de Leydi y que vayan a ser castigados por la propia justicia, ése es el tema y yo quiero decirles que en eso estamos”.

Las pérdidas

La guerra entre Chapitos y Mayos había cobrado la vida de por lo menos 39 niños y adolescentes, víctimas de homicidio doloso, hasta los asesinatos de Leydi y Alexa. Si se trata de ataques indirectos o directos por enfrentamientos, eso no ha sido revelado, pero al menos los últimos registrados durante este 2025 han sido víctimas de esta guerra.

El primer caso de 2025 ocurrió en enero, cuando los hermanos Gael y Alexander sufrieron un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán. Viajaban a bordo de un vehículo junto a su padre y un primo de ellos fue el único sobreviviente del atentado.

El crimen provocó una movilización masiva que derivó en la toma del Palacio de Gobierno y la vandalización de la oficina del gobernador Rocha. Con un atril que sostenía una copia de la Constitución rompieron paredes y puertas en el lugar.

Después, en Villa Juárez, un enfrentamiento dejó herida a Regina, menor de 14 años, quien más tarde falleció a causa de las heridas de bala. El enfrentamiento se registró el 27 de febrero y la adolescente murió en un hospital el 4 de marzo.

El Ejército mexicano, durante la Guerra Sucia, realizó 54 vuelos y desapareció 350 personas en el mar. Mejor conocidos como los vuelos de la muerte. De acuerdo con los periodistas Jacinto Rodríguez Munguía, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna, en su investigación “Cinco años de vuelos de la muerte”, el Ejército desarrolló con bitácoras y documentos sobre estos hechos.

En su texto señalan que la operación para asesinar y arrojar los cuerpos de cientos de disidentes al mar fue autorizada por el más alto mando militar: el secretario general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Asimismo, en dichas bitácoras se indica el atroz modus operandi de la ejecución y de cuántos vuelos fúnebres salieron de la Base Aérea Militar #7, con sede en Pie de la Cuesta, Guerrero.

El 6 de septiembre de 1974 se hizo primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones a las que Fábrica de Periodismo ha tenido acceso.

Para el 28 de agosto de 1974, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

De esta forma, había constancia de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar mexicana y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo, indica el reportaje de Jacinto Rodríguez, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna.

Tres meses después del inicio de los vuelos de la muerte, durante los cuales realizó al menos 10 “traslados” al mar, la primera tripulación del Aravá matrícula 204 fue recompensada con un ascenso por acuerdo directo de Cuenca Díaz.

El vínculo de Cuenca Díaz con la Guerra Sucia fue revelado después de que, por órdenes de Vicente Fox en su sexenio, hace más de 20 años, el Ejército realizara una investigación inédita a sí mismo sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.

Detalló que un inmueble fue construido en 1983 en un predio que le fue cedido por el gobierno del estado de Quintana Roo. La dependencia detalló que dicho edificio “presentó desgastes y daños estructurales”, por lo que se deberán realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

“La razón por la que se pidió dicha exención, con el número de trámite SEMARNAT-04-006, es porque el proyecto implica una intervención que no genera desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental”, señaló la Sedena.

“Causan un daño irreparable”, acusan habitantes

Los inconformes con el proyecto clausuraron en marzo de manera simbólica las obras de la Sedena e instalaron un plantón para intentar frenar el desarrollo, que consideran una amenaza grave para el ecosistema del principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.

El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar.

Desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los convenios y transferencias de recursos públicos a las Fuerzas Armadas se han multiplicado.

Tal como documentó la periodista Mariana Mora en el reportaje Más poder al poder: las transferencias millonarias al Ejército, las transferencias a las Fuerzas Armadas pueden rastrearse desde los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón en 2007.

“Pero es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potencia la práctica del Ejército Mexicano de recibir transferencias de recursos públicos”, expone la investigación. “Solo en 2019, el primer año de AMLO, se transfirieron 5 mil 218 millones de pesos: tres cuartas partes de la sumatoria de transferencias de todo el gobierno de Peña Nieto”.

El Ejército también ha sido en clave en megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso han sido responsables de la rehabilitación de infraestructura de hospitales del IMSS-Bienestar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El reportaje de Mora, publicado en septiembre del 2024, expone que en los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos a través de convenios, adicionales a su presupuesto validado por Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados Federal.

“Los convenios son documentos escuetos, firmados solo entre los directivos de las áreas ante un notario. Ni siquiera interviene el Órgano Interno de Control. Revelan muy poco sobre el destino del monto que se transfiere. Incluso, sus conceptos no dejan claro qué es exactamente lo que se compromete a hacer o construir el Ejército Mexicano“, expone la investigación.

Ahora, con la nueva Ley de Obras Públicas, los Diputados darán mayor opacidad a las Fuerzas Armadas.

Retoman opaca cláusula del sexenio de EPN

En 2015, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un borrador para reformar la Ley de Obras Públicas que provocó la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos que vieron como de riesgo era que permitía expetuar el uso de CompraNet a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente.

Ahora, la reforma de la 4T adapta este criterio a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, estableciendo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos excepcionales y justificados, “podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Adiós, Compranet

Compranet fue creado en 1996 con el objetivo de simplificar las actividades de contratación pública y aumentar su transparencia, no obstante la falta de mecanismos efectivos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia provocó que hasta el 40% de contrataciones no se publicaran en la plataforma, tal como documentó en 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Aun así, la plataforma permitió llevar a cabo investigaciones que revelaron casos de corrupción y la falta de competencia en las contrataciones públicas a lo largo de varios sexenios.

Por ejemplo, en 2020 el IMCO analizó 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal durante 2018 y 2019, revelando que “tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%”.

En agosto del 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la plataforma CompraNet eliminó todos los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023 por un total de 4.7 billones de pesos entregados mediante cerca de 2 millones de contratos

A finales del sexenio de AMLO, el Instituto mostró: “las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción”.

Ahora ese mismo gobierno incumplido plantea sustituir Compranet con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas con el objetivo de “estandarizar contrataciones y aumentar la transparencia”.

Según explicó el funcionario federal, los hospitales se construirían en Santa Catarina, Nuevo León; en San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Saltillo, Coahuila; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán de Rosales, Sinaloa y Guadalupe, Zacatecas.

Los nosocomios de Nuevo León, Sonora y Morelos ya tenían proyecto ejecutivo, señaló Robledo Aburto.

El Hospital General Regional de Santa Catarina, Nuevo León, tendría 260 camas y beneficiaría a 299 mil personas. Asimismo, contaría con 39 especialidades y daría empleos a 2 mil 531 trabajadores. La superficie de construcción sería de 50 mil 635 metros cuadrados.

Mientras que el Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado tendría 120 camas para 134 mil personas beneficiadas. Contaría con 28 especialidades, en una superficie de 32 mil 037 metros cuadrados.

Asimismo, en el Hospital General de Zona de Yecapixtla, Morelos, habría 90 camas para beneficio de 116 mil derechohabientes. Tendría 28 especialidades y generaría 984 empleos.

En el Hospital General de Saltillo, Coahuila, Habría 260 camas para beneficio de 736 mil personas. Tendría 28 especialidades y generaría 2 mil 351 empleos.

En tanto que el Hospital General de Zona de Los Cabos, Baja California Sur, tendría 216 camas para beneficio de 414 mil personas. Contaría con 44 especialidades y crearía 2 mil 531 empleos.

Mientras que en el Hospital General Regional de Guadalupe, Zacatecas, habría 216 camas, para 319 mil personas beneficiadas. Tendría 42 especialidades y también crearía 2 mil 222 empleos.

El Hospital General Regional en Culiacán de Rosales, Sinaloa, contaría con 216 camas para beneficiar a 962 mil personas. Habría 37 especialidades y se generarían 2 mil 222 empleos.