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Confirma ONU criminalización y detención arbitraria de cinco defensores tseltales en Chiapas

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU confirmó la criminalización y detención arbitraria de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, que desde 2022 permanecen presos en Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 y fueron sentenciados por delitos fabricados a 25 años de prisión por el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

La sentencia contra los defensores fue emitida por una juez estatal en mayo de 2023, a pesar de que tres de los cinco tseltales declararon que, después de su detención arbitraria a manos de la policía municipal de San Juan Cancuc, de la Guardia Nacional y del ejército el 29 de mayo de 2022, fueron entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, «quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados», como denunció el Frayba en 2023.

Los otros dos indígenas sentenciados declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el 1 de junio de 2022, a las afueras del CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.

Frente al caso, el Grupo de Trabajo que integran nueve organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), envió una misiva en la que reconoció a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos y denunció que «su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español».

En la carta dirigida a las autoridades mexicanas, las organizaciones reiteraron que la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputaban. «Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal», acotaron.

Añadieron que las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios contra los defensores «muestran incongruencias», entre ellas la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. «A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver», destacaron.

Frente a las irregularidades, el Grupo de Trabajo exigió al gobierno mexicano la libertad inmediata de los cinco defensores tseltales y que les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional, así como que investigue de manera «exhaustiva e independiente» la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

COMUNICADO:

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |
Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

RNR exige al Estado presupuesto para refugios ante ola de violencia

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

En México, diez mujeres son asesinadas cada día., sin embargo, pese a este contexto de violencia extrema, la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que el Estado no ha publicado la segunda convocatoria del Programa Federal de Refugios, lo que ha dejado fuera a numerosos espacios de protección y ha expuesto al abandono a mujeres y niñas cuyas vidas están en riesgo.

Este retraso no es una excepción, pues en junio, la Red había alertado que, de los 100 proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, solo el 60% de los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil había recibido la primera ministración del recurso. Mientras tanto, los refugios gubernamentales aún no contaban con ningún presupuesto asignado.

Ante esta situación, la ONG en su informe semestral 2025, advirtió que los avances del actual gobierno “son mínimos y las respuestas institucionales siguen siendo fragmentadas, tardías y profundamente insuficientes”, especialmente frente a la incertidumbre presupuestal, la escasez de recursos y el nulo reconocimiento institucional que enfrentan los refugios en el país.

De acuerdo con el PEF 2025, el «Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos» fue asignado con 484 millones 740 mil 910 pesos, lo que representa una disminución nominal de 933 mil 088 pesos respecto al 2024. Aunque, al tomar en cuenta la inflación, la reducción real asciende a 21.8 millones de pesos.

No obstante, pese a este panorama desolador, el gobierno mexicano ha declarado en diversas audiencias y comunicados que no ha habido disminución presupuestal para los refugios. La RNR sostiene lo contrario ya que la reducción de recursos se ha registrado desde 2019, y la asignación para 2025 no solo agrava esta situación, sino que obliga a operar con un presupuesto apenas superior al de 2022.

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, refirió que el gobierno ha preferido apostar por la instalación de 607 ‘centros libres’ en menos de dos meses con un presupuesto de 754.6 millones de pesos, frente al aletargamiento en el ejercicio del PEF 2025 y las deudas pendientes con los refugios, lo que refleja su indolencia e indiferencia.
“Los refugios no son muros: son alas. Son territorios de dignidad, resistencia y vida. Espacios que salvan vidas, previenen feminicidios y restituyen derechos. Acceder a un refugio no es un favor: es un derecho humano que el Estado debe garantizar por encima de cualquier interés partidista.  Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR.
Todo esto ocurre a pesar de que la demanda de atención ha aumentado de forma alarmante. Durante el primer semestre de 2025, los Centros Externos de Refugios de la RNR registraron un incremento del 502% en la atención a mujeres en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras muestran el aumento de la violencia y la falta de una respuesta estatal con enfoque de urgencia y responsabilidad.

Durante ese mismo periodo, la RNR brindó acompañamiento integral y gratuito a más de 7,399 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias. Del total de mujeres atendidas, el 76% reportó haber sufrido violencia familiar, y en el 87% de los casos sus hijas e hijos también fueron víctimas del mismo agresor. El 29% vivió violencia psicológica, el 16% física y el 4.5% sexual.

Asimismo, la atención a niñas y niños en los Centros Externos de Refugios aumentó un 169%. Sin embargo, la violencia vicaria sigue siendo invisibilizada por el Estado: el 44.8% de las niñas y niños no pudo ingresar a los refugios con sus madres, quedando expuestos a convivir con sus agresores debido a omisiones gubernamentales que los privan de protección y perpetúan el ciclo de violencia.

Respecto a los agresores, el 66.6% eran parejas o exparejas; el 21% mantenía vínculos con instituciones militares o cargos políticos; el 40.5% utilizaba armas de fuego y el 38% tenía antecedentes penales.

Ineficiencia institucional

No solo se ha acusado al Estado mexicano de recortar y retrasar el presupuesto destinado a los refugios; también se le señala por su incapacidad para atender adecuadamente a mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR), del total de mujeres que acudieron a sus espacios, el 7% había buscado ayuda previamente en la Secretaría de las Mujeres, el 6% en fiscalías y el 73% en otras instituciones gubernamentales que no les ofrecieron atención adecuada. En muchos casos, estas instancias no solo fueron omisas, sino que incurrieron en violencia institucional y revictimización.

Clariza, de 23 años, beneficiaria, compartió con la RNR su experiencia:
“Me sentía sin salida, nadie me creía. Te anuncian que es tiempo de mujeres, ¿pero de qué mujeres? ¿Para qué mujeres el acceso a la justicia es real? No solo soy yo; al llegar al refugio mis compañeras me dijeron que se enfrentaron a lo mismo: cuestionamientos de por qué hasta ahora, ‘no tienes daños visibles, entonces será difícil’, ‘tienes que probar lo que dices’ (…). Hoy me felicito por haberlo hecho. Hoy estoy con vida, me creen y mi hija sonríe y ya duerme sin miedo”.
Casos como el de Clariza evidencian no solo el fracaso institucional, sino también quiénes son las que buscan espacios seguros: el 65% de las mujeres que llegaron a los refugios tenía entre 21 y 35 años, lo que demuestra que las juventudes son quienes más recurren a estos lugares en busca de acompañamiento libre de juicios y violencia institucional.

Omisiones ante la CEDAW

Durante las audiencias del décimo informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado informó que elaboró un nuevo manual de operación para refugios y albergues, con el objetivo de unificar los criterios de atención. Sin embargo, la RNR manifestó su preocupación al no haber sido convocada ni informada durante su diseño, consulta o redacción.

Esta exclusión ocurrió a pesar de los reiterados intentos de diálogo institucional con la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
“En reiteradas ocasiones hemos comentado la urgente necesidad de actualizar el Modelo de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y, en su caso, para sus hijas e hijos, y hemos ofrecido nuestra colaboración altruista para que esto sea posible”, señaló la RNR.
Recomendaciones urgentes de la RNR al Estado mexicano

Ante este panorama de omisiones, retrocesos y violencia institucional, la Red Nacional de Refugios (RNR) emitió una serie de recomendaciones que exige sean atendidas con carácter de urgencia. Entre ellas, destacó la necesidad de garantizar un presupuesto justo, suficiente y sin retrasos para los refugios y sus centros de atención externa, incluyendo el pago puntual de honorarios al personal que los conforma. A la par, solicitó la publicación inmediata de la segunda convocatoria del Programa Federal de Refugios, de manera transparente y sin exclusiones.

Asimismo, instó al Estado mexicano a cumplir cabalmente con las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, en especial aquellas vinculadas con los refugios, la violencia institucional, los feminicidios y el acceso a la justicia. En ese sentido, hizo un llamado urgente a legisladoras y legisladores a comprometerse verdaderamente con una agenda legislativa construida desde la perspectiva de género.

Finalmente, exigió a la Secretaría de las Mujeres la instalación de mesas de trabajo efectivas, así como el acceso transparente a la información relacionada con el nuevo manual de estandarización de atención en refugios.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Actual Diputado de Morena le abrió Tabasco a Bermúdez Requena, el jefe de “El Mamado”

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Ulises Pinto Madera, apodado “El Mamado” e identificado como el segundo en la jerarquía del cártel “La Barredora” de Tabasco, era también un mando de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Hernán Bermúdez Requena encabezó ese grupo criminal como Secretario de Seguridad Pública estatal, designado por el Gobernador Adán Augusto López Hernández, revelan documentos oficiales.

Se trata de otro caso que vincula el crimen con la política, porque Bermúdez Requena llegó Tabasco de la mano de dos políticos que eran priistas y ahora militan en partidos antagónicos: Jaime Humberto Lastra Bastar, Diputado federal de Morena, y Juan José Rodríguez Prats, exsenador panista, y secretario de Gobierno en 1992.

Rodríguez Prats recuerda lo ocurrido hace 33 años: “Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo. ‘Es tu bronca’, le dije’”.


Ese es el origen de Bermúdez Requena en Tabasco, jefe de Pinto Madera, el segundo al mando de “La Barredora” que fue detenido, el miércoles 23, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un municipio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que gobierna el parido Movimiento Ciudadano desde que ganó ahí Enrique Alfaro, en 2010.

La declaración patrimonial de Ulises Caballo Pinto Madera, como se le identifica oficialmente en Tabasco, ingresó a la FGE el 1 de junio de 2019 como policía de investigación y estaba adscrito a la Dirección General de la Policía de Investigación, cuyo titular era Bermúdez Requena y el Fiscal era Jaime Humberto Lastra Bastar, amigo de López Hernández durante décadas.

Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Cuando Bermúdez Requena fue ascendido a Secretario de Seguridad Pública, el 11 de diciembre de 2019 —a menos de un año de iniciado el gobierno de López Hernández—, “El Mamado” siguió en la FGE y ahí permaneció hasta el 2022, fecha en la que presentó la última declaración patrimonial que el reportero obtuvo y que, pese a ser de 27 cuartillas, toda la información que contiene está clasificada, salvo el nombre, fecha de inicio del empleo y grado de estudios.

Esta declaración patrimonial, presentada el 22 de mayo de 2022, establece que “El Mamado” terminó la carrera de derecho, en marzo de 2017, en la Universidad de las Naciones.
El único antecedente oficial de Ulises Caballo Pinto Madera, alias “El Mamado”, son las declaraciones patrimoniales que presentó como policía federal, a partir de 2002 y hasta 2008, cuando se identificó como suboficial de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna.

En esas declaraciones informó que había terminado el bachillerato en la Preparatoria La Salle, y que estaba adscrito a la Comisaría de La Tinaja, Veracruz, con ingresos anuales netos de 143 mil pesos.

Entre 2008, cuando presentó su última declaración patrimonial como policía federal, y el 2019, cuando ingresó como policía de investigación en Tabasco, no hay información de Pinto Madera en archivos oficiales, pero en 2009 se le ubicó en Cancun Quintana Roo como integrantes de los Zetas.

El medio digital Cambio22, de Cancún, publicó en febrero de 2024, que los antecedentes públicos de Pinto Madera se remontan a mayo del 2009, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en esa ciudad a Rafael del Ángel Vélez Morales y/o José Manuel Figueroa (a) “El Fayo”, encargado de la plaza de Quintana Roo para el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillen y él representaba a “Los Zetas”, su brazo armado.

Al momento de su detención, “El Fayo” procedía del Puerto de Veracruz, a donde fue llamado por los líderes de la Organización para recibir instrucciones respecto de la expansión del área de influencia de dicha estructura criminal en la Península de Yucatán, argumentando que en “próximas fechas recibiría un cargamento de armas, granadas de mano y equipo táctico diverso, para pertrechar e incrementar el número de sicarios”.

Según este medio, “El Fayo estaba acompañado por cuatro personas, entre ellas Ulises Pinto Madera, quien se identificó como elemento activo de la Policía Judicial Federal. El Fayo confesó que recibía la protección de diferentes autoridades del estado logrando establecer el control de las actividades ilícitas relacionadas con tráfico de personas, secuestro, piratería, extorsión y principalmente el narcotráfico y que su fuente principal de ingresos la constituía la extorsión a empresarios y comerciantes de la zona turística de Cancún en las que Ulises Pinto jugaba un papel importante y fue señalado de participar en la autoría del secuestro y ejecución de los hermanos Omar y Joel Reza Martínez el 19 de Enero del 2008 en Cancún”.

La declaración patrimonial de “El Mamado” confirma que después de haber sido policía federal, y presuntamente miembro de “Los Zetas”, asumió como policía de investigación de Tabasco al mando de Bermúdez Requena, conocido del Senador López Hernández desde que ambos eran miembros del Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, como lo recuerda el exdiputado panista Juan José Rodríguez Prats, quien era el Secretario de Gobierno.

Rodríguez Prats aceptó ser el secretario de Gobierno y le recomendó a Gurría que el encargado de Seguridad Pública fuera Jaime Lastra Bastar, quien había trabajado con él en la delegación Venustiano Carranza y era funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuyo procurador era Renato Sales y el jefe de la policía Jorge Obrador Capelini.

El 29 de enero de 1992, Salinas destituyó a Neme y nombró a Gurría, quien le preguntó: “¿Quién ese güerito cachetón? Ese va a ser su director de Seguridad Pública. Entonces yo tomo posesión de la Secretaría de Gobierno y Jaime Lastra toma posesión de la dirección de Seguridad Pública”.

Rodríguez Prats sólo duró cien días como Secretario de Gobierno, debido a la crisis política que había en el estado con las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador, y renunció el 31 de mayo.

Pero antes fue testigo del nivel de relación del actual diputado de Morena y Bermúdez Requena: “Días antes de mi renuncia, Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo’. ‘Es tu bronca’, le dije”.

Añade Rodríguez Prats: “Son áreas que son muy difíciles para encontrar el perfil idóneo. Yo ya ni me enteré cuál fue su actuación, porque a los diez días me regresé a México. Me sustituyó Enrique Priego, quien ascendió a Adán Augusto a subsecretario, yo lo había hecho presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje”.

Y fue así que, con López Hernández como Gobernador, Jaime Lastra llegó como fiscal de Tabasco, con Bermúdez Requena como el jefe de la policía y “El Mamado” como su subordinado, los jefes de “La Barredora”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO GÓMEZ.

El Gabinete de Seguridad apoya en el caso de Irma; no habrá impunidad, dice Sheinbaum

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal colaborará con las autoridades de Veracruz para investigar el asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández, privada de la vida presuntamente por negarse a pagar una extorsión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que su Gabinete de Seguridad está colaborando con las autoridades de Veracruz para esclarecer el asesinato de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista que haría sido privada de la vida por negarse a pagar la extorsión de un grupo criminal, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.
“Desde que se denunció la desaparición de esta persona hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del estado de Veracruz, y obviamente con la Gobernadora [Rocío Nahle García] para llegar al fondo de estos hechos y que no haya impunidad”, dijo durante su conferencia matutina.
Al ser cuestionada sobre si este hecho representa un desafío del crimen organizado al Estado, Sheinbaum Pardo respondió que es necesario analizar el caso: “Hay que ver las condiciones en que esto ocurrió y, sobre todo, apoyar para que no haya impunidad”.


Además, Sheinbaum recordó que su Gobierno ha estado trabajando de manera específica en combatir el delito de extorsión y reiteró que este caso será investigado hasta sus últimas consecuencias.

Respecto a la difusión de un video en el que se muestra a Irma Hernández amagada por el crimen, antes de ser asesinada, la mandataria mexicana pidió que sea el Gabinete de Seguridad quien aclare el contexto de dicha grabación y las circunstancias de la muerte de la maestra.

“Primero pediría que se aclarara. Yo prefiero que lo vea el Gabinete de Seguridad. Primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer y, de acuerdo con la información que se tiene, cuál fue el contexto de esta información. Por supuesto que es lamentable que esto ocurra”, expresó.


Sheinbaum sostuvo que su Gobierno trabaja todos los días para erradicar este tipo de delitos y que se ha implementado una nueva estrategia contra la extorsión, la cual, afirmó, está dando resultados.

A la Jefa del Ejecutivo le preguntaron nuevamente y con insistencia que si el asesinato representaba un reto para el Estado mexicano, pero evitó hacer una declaración directa y sólo comentó: “Yo quisiera que lo mencionara directamente el Gabinete de Seguridad”.

Finalmente, adelantó que su Gobierno está brindando apoyo tanto a la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como a la Fiscalía estatal para fortalecer la investigación y garantizar justicia en el caso.
Gabinete de Seguridad investiga asesinato de maestra en Veracruz

Previamente, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que colaborará con las autoridades estatales de Veracruz para investigar el asesinato de Irma Hernández.

A través de una publicación en redes sociales, las fuerzas de seguridad federales se comprometieron a coadyuvar en las indagatorias para dar con los responsables de este crimen y coincidieron en que no habrá impunidad en el caso.
Finalmente, el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, actualmente investiga "una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas" en Veracruz.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

La UIF congela cuentas de Bermúdez Requena, de sus socios, empresas y de familiares

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

El jueves, un Juez negó una suspensión definitiva para frenar la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno del morenista Adán Augusto López Hernández, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.
"Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, la UIF y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares", dio a conocer la dependencia en una nota informativa.
"Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas", añadió.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco. Estos establecimientos contaban con dos formas de operar, uno virtual y otro físico.
"Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México", concluyó la dependencia.

Juez rechaza suspensión definitiva a Bermúdez Requena

Un Juez negó una suspensión definitiva para frenar la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Diputados en Morena.

Bermúdez Requena había conseguido una suspensión provisional para evitar que se ejecute cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no fuera imputado por delitos graves.


Fue Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Décimo Segundo de Distrito de Baja California, con residencia en Tijuana, quien había admitido a trámite un amparo solicitado por Bermúdez y le había concedido la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameritaran prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, este martes se dio a conocer que la Fiscalía de Tabasco lo imputa por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, por lo que la suspensión provisional nunca tuvo efectos.

En noviembre de 2024 la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició una carpeta de investigación al exsecretario y desde febrero fue librada una orden de aprehensión en su contra.

Según el reporte, el exservidor público promovió el juicio de amparo el 18 de abril y fue admitida a trámite tres días después por Flores Padilla, Juez Décimo Segundo de Distrito en Baja California, quien le concedió la suspensión provisional, que ya ha quedado sin efectos.


El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló la mañana del martes que Bermúdez Requena es buscado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y que es el Gobierno de esa entidad quien encabeza principalmente las labores para su localización tras la orden de aprehensión que fue girada en su contra desde febrero de este año.
En febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario. “Él, a partir de febrero de 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, detalló Harfuch.
Asimismo, recordó que como parte de las acciones de búsqueda, se activó una ficha roja de Interpol a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las alarmas suenan desde 2006

“No, nunca sospeché, sino lo hubiésemos, inmediatamente, separado del cargo”. Esas fueron las palabras que utilizó el Senador Adán Augusto López Hernández en la única entrevista que ha concedido hasta ahora, como respuesta y en un intento por apaciguar la ola de cuestionamientos y críticas sobre Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco que es acusado de secuestro y ser el jefe del cártel “La Barredora”.


Sin embargo, textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.
En 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Bermúdez fue detenido junto a otras cuatro personas; pero la denuncia no prosperó y fue liberado.
Años después, en 2019, Adán Augusto lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, cargo que mantuvo incluso después de que López Hernández fuera designado Secretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, así como de los morenistas Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ante problema de aguas residuales en río Tijuana, EU y MX invertirán 693 mdd en 13 proyectos

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , , ,

Los gobiernos de México y Estados Unidos concretaron, el 24 de julio de 2025, un nuevo acuerdo de cooperación para atender los problemas sanitarios y ambientales que afectaban a la cuenca del río Tijuana, en Baja California y la zona de San Diego, en California, una región que sufría desde hace décadas por el colapso del sistema de alcantarillado y los constantes derrames de aguas residuales, para lo que invertirían 693 millones de dólares en 13 proyectos.

Durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, dieron detalles del acuerdo alcanzado con Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Bárcena Ibarra informó que Estados Unidos pondría 600 millones de dólares para una obra. Dicha acción sería la ampliación de la planta de San Isidro, que estaba situada en territorio estadounidense. En tanto, en el lado mexicano se invertiría 93 millones de dólares en las obras que les correspondían.

En su turno, el director general de la CONAGUA explicó que las obras tenían que ver con interceptores, colectores y plantas de bombeo, que iban a servir para que las descargas de las zonas urbanas se pudieran colectar “de mejor manera” y se pudieran conducir a lo largo del río, para ser enviadas a dos fuentes de tratamiento, una a la planta de San Antonio de los Buenos, en Rosarito, Baja California, y la otra a la planta de San Isidro, en San Diego, California.

Morales López comentó que, aparte, México ya había invertido mil 129 millones de pesos durante 2022, 2023 y 2024, en labores que buscaban el saneamiento del río. Por su parte, Sheinbaum Pardo enfatizó que era un acuerdo muy importante para sanear el Río Tijuana, así como las playas de Rosarito y San Diego.

“Es un acuerdo muy importante, ya había habido una primera firma en el periodo del presidente López Obrador y ahora se fortalece ese acuerdo con la ampliación también de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Y de estas obras que tenemos que hacer y vamos a hacer durante 2026 y 2027 y Estados Unidos se compromete a ampliar la planta de San Isidro. Entonces es un acuerdo integral bilateral muy importante, lo más importante que es sanear el Río Tijuana y las playas de Rosarito y de San Diego”, agregó la mandataria nacional.

Los gobiernos de México y Estados Unidos concretaron, el 24 de julio de 2025, un nuevo acuerdo de cooperación para atender los problemas sanitarios y ambientales que afectaban a la cuenca del río Tijuana, en Baja California y la zona de San Diego, en California, una región que sufría desde hace décadas por el colapso del sistema de alcantarillado y los constantes derrames de aguas residuales.

La titular de la SEMARNAT, y el administrador de la EPA, suscribieron el Memorando de Entendimiento, en el marco de la 32 sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con la participación de autoridades de Canadá.

“Con pleno respeto a nuestras soberanías, firmamos con @epaleezeldin el primer acuerdo entre Estados Unidos y México por instrucciones de la presidenta @Claudiashein. El Memorándum refuerza la colaboración para atender desafíos ambientales y de salud de la frontera norte”, escribió Bárcena Ibarra, en su cuenta de la red social X.

“Estamos tratando de resolver, de una vez por todas, el problema de las aguas residuales del río Tijuana, y lo estamos haciendo de manera conjunta en donde ambos países tomamos compromisos, desde luego México tiene compromisos muy importantes, Estados Unidos también”, dijo la funcionaria federal mexicana, durante la firma del Memorando.

La titular de la SEMARNAT detalló las acciones que se habrían a emprender a raíz de este acuerdo para los siguientes años, como ampliar la planta de San Antonio para duplicar su capacidad; la rehabilitación del colector Insurgentes, así como de El Matadero y Los Laureles, de los interceptores poniente y oriente, del colector Carranza.

Asimismo, según lo explicó Bárcena Ibarra, se realizaría construcción, durante 2027, para mejorar las plantas de tratamiento de Arturo Herrera y La Morita; la fase 2 del colector internacional; la rehabilitación de la tubería del impulsor antiguo, el cárcamo de bombeo e impulsor del Cañón de Santa Sáenz a la planta Herrera.

“Estamos muy interesados en ampliar la planta de San Antonio de los Buenos, aunque sabemos que la planta internacional de tratamiento de Salt Lake se va a ampliar también y eso nos va a permitir resolver en su totalidad el problema de las aguas internacionales que en este momento llegan hacia Estados Unidos”, dijo la funcionaria federal mexicana.

“En la Ciudad de México, en nombre de Estados Unidos y la administración Trump, firmo un Memorándum de Entendimiento detallado con México para lograr una solución 100% PERMANENTE y URGENTE a la crisis de aguas residuales del río Tijuana, que dura décadas. Se han cumplido los tres objetivos/hitos principales de la administración Trump en este acuerdo:
  • México obligará los fondos restantes del Acta 328 que aún no había obligado;
  • Se ha reducido el plazo para la finalización de los proyectos restantes del Acta 328;
  • Se han agregado varios nuevos proyectos necesarios del lado de México para lograr una solución 100% permanente”, indicó Zeldin, por su parte, también en X.
“Como enviado de @POTUS @realDonaldTrump en 🇲🇽, es un honor recibir al administrador de la @EPA, @epaleezeldin, para la firma con la secretaria @aliciabarcena de un nuevo Memorando de Entendimiento que aborda la histórica crisis de aguas residuales que afecta a Tijuana y San […] Por primera vez, contamos con una ruta clara: metas definidas, inversiones conjuntas y soluciones reales. Este avance refleja la cooperación orientada a resultados entre los presidentes @realDonaldTrump y @Claudiashein. Nuestra cooperación da resultados”, destacó, también en X, Ronald Johnson, titular de la Embajada de EE. UU. en México.

FUNTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Más negocios, menos formalidad: crece el país de la precariedad laboral: INEGI

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La informalidad avanza y la productividad se estanca. Según los Censos Económicos 2024 del Inegi, más de 3 millones de negocios en el país operan al margen de la ley y aportan apenas el 3.6% del valor agregado nacional. Mientras tanto, los negocios formales van en retroceso. Expertos advierten que, sin políticas integrales y reales incentivos, el país seguirá acumulando emprendimientos precarios condenados a la invisibilidad económica.

En México, la informalidad sigue siendo la norma y no la excepción. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de negocios que operan en condiciones de informalidad creció en 1.7 puntos porcentuales entre 2018 y 2023, al pasar de 62.6% a 64.3% del total nacional, lo que equivale a alrededor de 500 mil nuevas unidades económicas en esta condición.

Esta tendencia deja un panorama donde más de tres millones de negocios en el país no cuentan con registro ante la seguridad social ni llevan contabilidad formal, y en su mayoría emplean a menos de cinco personas, lo que los mantiene al margen del sistema fiscal y laboral.
FORMALIDAD A LA BAJA, APORTACIÓN DISPAR

Mientras la informalidad crece, los negocios formales se reducen: pasaron de 37.4% en 2018 a 35.7% en 2023, con un total de 3 millones 516 mil establecimientos registrados. Esta pérdida de dos puntos porcentuales revela una persistente dificultad para mantener o transitar hacia esquemas formales, ya sea por la carga regulatoria, los costos de operación o la falta de incentivos gubernamentales eficaces.

Pese al gran volumen de negocios informales, su peso en la economía es limitado. Según explicó Susana Pérez, titular de la Unidad de Estadísticas Económicas del Inegi, estos establecimientos aportan solo el 3.6% del valor agregado a nivel nacional, lo que subraya la baja productividad estructural del sector informal.

“Los informales los definimos como aquellos que son muy pequeños, que tienen en promedio cinco personas ocupadas, no hacen pagos a la seguridad social y no llevan contabilidad formal. Bajo esa definición, el 64% de las unidades económicas del país en 2023 son informales, pero apenas contribuyen con el 3.6% del valor agregado”, puntualizó Pérez.

UN IMPULSO EMPRENDEDOR QUE DEBE SER COMPRENDIDO

A pesar del predominio de la informalidad, hay señales de dinamismo en el ecosistema emprendedor. Mauricio Márquez, vicepresidente del Inegi, destacó que durante 2024 se han registrado 240 mil nuevos establecimientos, que generaron empleo para alrededor de 400 mil personas.

“Esto refleja un impulso emprendedor que debe ser comprendido y atendido. Es necesario facilitar condiciones para que ese espíritu emprendedor pueda traducirse en negocios sostenibles y formales”, expresó Márquez.

El desafío, concluyen los expertos, es doble: reducir la brecha entre la informalidad y la productividad, y al mismo tiempo crear condiciones atractivas para que los nuevos emprendimientos ingresen al circuito formal, sin ahogarlos con trámites, cargas fiscales excesivas o inseguridad jurídica.

UN PANORAMA QUE EXIGE POLÍTICAS INTEGRALES

El crecimiento de la economía informal no es nuevo, pero sí persistente. Factores como la inseguridad pública, la inflación, los altos costos de insumos, la baja demanda de bienes y servicios, y la falta de financiamiento, explican por qué millones de mexicanos prefieren emprender sin entrar al sistema formal.

Para diversos analistas, este diagnóstico del Inegi es una llamada de atención urgente para el nuevo gobierno federal, que deberá poner el foco en programas de regularización simplificada, educación financiera, digitalización, acceso al crédito y protección social para emprendedores.

Sin una estrategia clara, México corre el riesgo de seguir acumulando negocios que, aunque numerosos, contribuyen poco y están condenados a la precariedad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cinco detenidos en "Operación Liberación" reciben prisión preventiva por extorsión

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

Estas cinco personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la "Operación Liberación" que desmanteló una red de extorsión de "La Familia Michoacana" en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer este jueves que cinco personas detenidas durante el "Operativo Liberación", llevado a cabo en la entidad por Fuerzas Armadas en contra de una red criminal de "La Familia Michoacana", obtuvieron prisión preventiva justificada y permanecerán recluidas mientras prosigue la investigación en su contra por el delito de extorsión.
"En la celebración de audiencias de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Gonzalo 'N', Jorge 'N', Antonio 'N', Alicia 'N' y José Fernando 'N', la autoridad judicial estableció prisión preventiva justificada para estas cinco personas detenidas dentro del despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales", explicó la institución.
Estas cinco personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la "Operación Liberación", que investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos "a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos, o servicios, en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo", detalló la FGJ-Edomex.

A través de un comunicado, la Fiscalía mexiquense precisó que el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba en contra de estos cinco individuos, por lo que un Juez les fijó dicha medida cautelar.

Para Alicia "N" y José Fernando "N", puntualizó la Fiscalía, la próxima audiencia será realizada el viernes 25 de julio. En tanto que para Gonzalo "N", Jorge "N" y Antonio "N", su comparecencia se celebrará el sábado 26 de julio, para que se resuelva su situación jurídica.
¿Quiénes son los detenidos de la "Operación Liberación"?

Las autoridades mexiquenses identifican a Gonzalo "N" como supuesto líder del Sindicato "Bradosva" y de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía mexiquense, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.

El ahora detenido es indagado por extorsión agravada. La Fiscalía del Estado de México apuntó que el 20 de febrero de 2025, en conjunto con varios sujetos armados, interceptó a una de sus víctimas sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigirle el pago de "derecho de piso" y así poder entregar material de construcción en la zona. Además, añaden las autoridades, le impuso una cuota de 15 mil pesos por ingreso y dos mil 500 por cada viaje de material que realizara.

Por su parte, Jorge "N" sería el presunto líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo. De acuerdo a las indagatorias, cometió extorsión agravada, puesto que el pasado 20 de junio, presuntamente habría amenazado a un comerciante de madera, a quien le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos. A partir de ese momento, la víctima tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.


En el caso de Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, la Fiscalía estatal lo señala de ser el encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán. El pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, presuntamente amenazó con privar de la vida a la víctima en caso de que se negara a "comprar carne de res y de cerdo con él" y adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.

Alicia "N" y José Fernando "N", al parecer también laboraban para "La Familia Michoacana", y son investigados por extorsión agravada, hechos perpetrados el pasado 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento. En caso de negarse, amenazaron con  "impedirle seguir trabajando" y causarle daño.

"Los detenidos se encuentran internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra", concluyó la Fiscalía.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 JULIO 2025.

El segundo de Bermúdez Requena en "La Barredora" gana suspensión para evitar tortura

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Ulises Pinto Madera, identificado como el segundo al frente de "La Barredora", obtuvo una suspensión para evitar tortura e incomunicación tras ser detenido en Jalisco.

Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", identificado como el segundo al mando del grupo delictivo "La Barredora", obtuvo este jueves una suspensión de plano por parte de un Juzgado Federal, la cual impide que las autoridades lo incomuniquen o sometan a actos de tortura bajo su custodia.

De acuerdo con las investigaciones, el recurso legal fue admitido a trámite por el Secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, luego de que el detenido reclamara actos de aislamiento, agresiones físicas y psicológicas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros efectivos de seguridad.
“De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: detención ejecutándose incomunicación (confinamiento y/o aislamiento), malos tratos (tratos inhumanos y/o golpes), tortura. Suspensión de plano respecto a los actos reclamados b), c) y d) Vista al Agente del Ministerio Público adscrito Diligencias [...] Notifíquese personalmente a la directa persona quejosa", resolvió.
Ulises Pinto fue detenido ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar); quienes también capturaron a su escolta, Jaime Gómez Delgado.

Tras su detención, el presunto criminal fue trasladado a la Ciudad de México y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la FGR, como parte de una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa agravada.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 JULIO 2025.

Resultados de elección judicial 2025 son 'estadísticamente imposibles' sin coordinación externa

Por: Draco Dracul on viernes, julio 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

El informe denuncia que 'las violaciones graves de este proceso derivan de una operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación paquetizada mediante el uso de acordeones'.

Los resultados de elección judicial del pasado 1ero de junio, exhiben un patrón estadísticamente inverosímil que, según José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro y Jorge Alberto Medellín Pino, maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional, constituye evidencia de una “cooptación electoral y captura institucional”.

El informe ‘Elección Judicial 2025’ de los abogados, se basa en los cómputos distritales judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y en información digitalizada del proceso electoral. A partir de estos datos, se identificó que miles de casillas reprodujeron patrones idénticos de votación, lo cual, de acuerdo con los autores, “rompe cualquier lógica de dispersión natural y pluralidad territorial que caracteriza una elección auténticamente libre”.

Según el informe, esta homogeneidad no puede atribuirse a una coincidencia o preferencia ciudadana espontánea, sino a la implementación de mecanismos de control político como el uso de “acordeones” —listas con los nombres de los candidatos a votar— que habrían sido distribuidos entre el electorado.

“La probabilidad de que millones de votantes, sin coordinación, reproduzcan la misma lista de ganadores es más baja que ganar el Melate”, escribieron los autores, citando al consejero Martín Faz del INE.

En las gráficas que comparan una simulación de votación dispersa con los resultados reales, se observa que los nueve candidatos ganadores para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtuvieron votaciones con trayectorias paralelas en la mayoría de los distritos judiciales. “Los 9 candidatos ganadores muestran líneas prácticamente paralelas, con el mismo orden y jerarquía en la gran mayoría de los distritos”, indica el documento.

La participación ciudadana fue baja. Solo el 13.02% del listado nominal votó en la elección de ministros de la SCJN. De ese total, únicamente el 10.04% emitió un voto válido para alguno de los 64 candidatos. “Esto significa que solo 1 de cada 10 mexicanos dentro del listado nominal ejerció un voto válido”, subraya el informe.

Además, el documento detalla que en 16,423 casillas ganaron los mismos nueve candidatos, lo que equivale a más del 50% del total de casillas. En 43,967 casillas —es decir, el 52.18%— ganaron al menos seis de los nueve candidatos más votados. “Esta uniformidad no es indicio de consenso ciudadano, sino evidencia de imposición estructurada, que elimina la posibilidad de competencia real y priva de legitimidad al proceso”, advirtieron los autores.


En cuanto a los gastos de campaña, el informe destacó una discrepancia entre el bajo perfil público de los candidatos ganadores y la alta cantidad de votos obtenidos. “La mayoría de los candidatos ganadores no eran figuras públicas reconocidas, ni contaban con presencia significativa en medios o redes sociales”, señalaron. Aun así, los votos que recibieron superaron el millón en algunos casos. El costo por voto, estimado con base en el tope autorizado de gastos, fue inusualmente bajo: entre $0.24 y $0.45 pesos, en contraste con los $7.67 a $68.84 que se reportan en elecciones tradicionales.

El informe también denunció que “las violaciones graves de este proceso derivan de una operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación paquetizada mediante el uso de acordeones”. Estas prácticas, afirmaron, “anularon la libertad del sufragio y convirtieron la elección en una simulación democrática con resultados previamente definidos”.

Los autores concluyeron que el comportamiento de la votación judicial de 2025 es estadísticamente incompatible con una elección auténtica. “Validar este proceso como legítimo no solo vulnera la legalidad, equidad y certeza electoral, sino que abre la puerta a la normalización de prácticas que socavan los fundamentos mismos de la democracia constitucional”.

Finalmente, el informe enfatizó que, en contraste con el supuesto fraude de 1988, “el fraude del 2025 se imprime en gráficas que nadie quiere ver. El patrón homogéneo y la ausencia de dispersión son la nueva ‘caída del sistema’: la democracia se calcó”.

INFORME:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Operación Liberación: así extorsionaba una banda del Edomex con materiales de construcción, pollo y paquetería

Por: Draco Dracul on jueves, julio 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

A través de falsos sindicatos, una banda obligaba a la población del sur del Estado de México a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, cemento y otros productos de la industria de la construcción.

Una banda delictiva vinculada al cártel de La Familia Michoacana operaba en al menos 14 municipios del sur del Estado de México, donde estableció una amplia red dedicada al cobro de extorsión y el secuestro exprés.

Así lo revelaron ayer autoridades del Gobierno federal y de la Fiscalía del Estado de México, que anunciaron la captura de ocho integrantes de esa banda delincuencial que tejió un complejo entramado para, por medio de una serie de establecimientos comerciales distribuidos por el sur y también el norte de la entidad, vender productos y materiales de construcción a un precio mucho mayor que el del mercado.  

Esta banda también extorsionaba a través de minas, carnicerías, expendios de huevo, granjas de pollo y porcinas, así como establecimientos de venta de alimentos y forrajes.

Las detenciones se produjeron en el marco de la denominada ‘Operación Liberación’, la cual surgió a raíz de la estrategia nacional contra la extorsión anunciada por autoridades federales el pasado 6 de julio.

Así operaba la red criminal de extorsión en Edomex

El grupo criminal desmantelado controlaba parte del sector de la construcción en la región sur del Estado de México. Para ello, disolvió por medio de prácticas violentas las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó otras organizaciones, como el ‘Sindicato Libertad’ y el ‘Sindicato Bradosva’, los cuales se encargaban de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcatitlán.

La Fiscalía mexiquense explicó que, a través de estos supuestos sindicatos, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y otros productos utilizados en el giro de la construcción.

En el municipio de Valle de Bravo, por ejemplo, los comerciantes eran obligados a adquirir materiales a través del ‘Sindicato Bradosva’, así como con las casas de materiales ‘Jimex’, propiedad de Eli ‘N’, uno de los detenidos, que operaba para La Familia Michoacana. El otro establecimiento ‘autorizado’ por la banda eran ‘Construrama’ y ‘Aceros Arriaga’.

“En los referidos establecimientos algunos productos de construcción alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 %, en relación al precio normal”, detalló la Fiscalía.

Por ejemplo, en ese municipio, estas tiendas controladas por la delincuencia ofrecían la tonelada de varilla en 23 mil 950 pesos, un 33.5 % más alto que el precio de mercado; la tonelada de cemento en 5 mil 700 pesos, un 20.5 % más alto; y el Millar Block lo daba en 20 mil pesos, hasta un 122 % más caro.

Quien adquiriera materiales de construcción en lugares supuestamente ‘no autorizados’, o utilizara servicios de transporte diferentes a los que la banda determinaba, era despojado de la mercancía. Además, los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo criminal y amenazados.

En los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra, quienes querían comprar material de construcción tenían que acudir a las oficinas del ‘Sindicato Libertad’, en donde les entregaban un ‘vale’ que era cambiado solo en lugares ‘autorizados’ por la organización criminal.

Este grupo también operaba en las minas ‘San Juan’, ‘Michoacana’, ‘Nieto’ y ‘Velázquez’, ubicadas en Donato Guerra. “Estos sitios también formaban parte presuntamente de los esquemas extorsivos”, apuntó la Fiscalía, que agregó que estas minas solo podían entregar y trasportar el material adquirido a través del ‘Sindicato Libertad’.

En Ixtapan, la banda tenía varias casas de materiales bajo su dominio, como ‘Ávila’ y ‘Omega’, propiedades también de Eli ‘N’. También operaban otros establecimientos comerciales delictivos, como ‘El Boulevard’, ‘Grupo Vulcano’, ‘Aceros Omega’, ‘Vidriera Liverpool’, y la maderería ‘Santa María’, con los que acaparaban y controlaban el mercado de la construcción en esta región sur.

Secuestros exprés en el Estado de México

De entre los detenidos, Eli ‘N’ es investigado por secuestro con fines de extorsión. En enero de este año, en complicidad con otra persona, habría interceptado a una víctima, a quien, al parecer, amenazó y subió por la fuerza a un vehículo, a bordo del cual le exigieron un pago inicial y un porcentaje semanal de sus ventas para el cártel de La Familia Michoacana. También le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales únicamente en el establecimiento del detenido.

El grupo criminal también encomendó a Yareli ‘N’, Alicia ‘N’ y José Fernando ‘N’, que convocaran a comerciantes de Ixtapan de la Sal, Tonatico y otros municipios de alrededor, a alojarse en un hotel de la zona. Ahí, expuso la Fiscalía, “les hablaban de la importancia de estar alineados con el grupo criminal”. Si estos no obedecían, “los comerciantes eran privados de su libertad por grupos de personas que portaban armas de fuego”.

Estas prácticas extorsivas y de secuestro exprés, también fueron identificadas al norte de la entidad, donde, a partir de más establecimientos comerciales bajo dominio del grupo criminal, podían controlar la venta, distribución y costos de más productos.

Por ejemplo, en San Felipe del Progreso, tenían la tienda ‘Materiales Santa Cruz’ y ‘Grupo Ferretero Macoll’, así como ‘Casa el Cerro’, ‘Grupo Coloso’, y ‘Materiales Torrefuerte’.

En Villa Victoria, tenían las casas de materiales ‘Franco Ordóñez’. Y en Ixtlahuaca, la tienda ‘Mac’.

También extorsionaban con la carne

En el municipio de Texcaltitlán, las autoridades de investigación catearon la carnicería ‘Don Celes’, donde Antonio ‘N’ los martes habilitaba una báscula para pesar ganado que se comercializaba en un mercado. A todos los clientes les imponía una suma económica de 5 pesos por kilogramo del animal que pasaban por la báscula.

Y lo mismo hallaron en un criadero de cerdos en Temascaltepec, y también en otra carnicería en el municipio de Sultepec. Mientras que, en el municipio de Tejupilco, el grupo criminal obligó al cierre del rastro municipal. A unos metros de distancia, estableció otro rastro bajo su control que no tenía permisos. El rastro se ubica en la zona conocida como ‘Lodo Prieto’.

“En este lugar, si bien no existía la venta directa de cárnicos, sí se identificó el cobro de cuotas con costos relevantes por el sacrificio de animales y la reventa de los cárnicos”, señaló la Fiscalía.

Algunos ejemplos de cómo, a través de estos esquemas extorsivos, se vendía pollo, res y cerdo más caro que en otras tiendas no controladas por el grupo criminal, son los siguientes:

En Sultepec, estas tiendas daban el kilo de pollo entero en 115 pesos, un 53 % más que el precio de referencia; el kilo de pierna y muslo en 120 pesos, hasta un 140 % más caro. Mientras que el kilo de retazo, lo daban en 100 pesos, un 300 % más caro.

En el mismo municipio, y también en estas carnicerías, el kilo de costilla se daba en 250 pesos, un 47 % más que el valor de mercado.

Banda de extorsionadores acaparan mercado de paquetería en zonas de Edomex

Otra actividad delictiva que realizaba esta banda era el acaparamiento de establecimientos de paquetería. Así sucedió en Tejupilco, donde todo paquete debía llegar y pasar por su establecimiento.

“En este lugar era interceptada toda paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o Fedex. Posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto. En caso de no pagarlo no le era entregado. Y en otros casos, si a los integrantes del grupo criminal les resultaba de interés el artículo, se quedaban con él”, explicó la Fiscalía mexiquense.

En total, a partir de la llamada ‘Operación Liberación’, las autoridades federales y del Estado de México llevaron a cabo cateos en 63 establecimientos comerciales de 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.

Esta no es la primera vez que se lleva a cabo de manera coordinada con autoridades federales un operativo en el Estado de México.

Ya a inicios de este año, se puso en marcha el llamado ‘Operativo Enjambre’, a partir del cual se realizaron numerosas detenciones de funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por su presunta relación con el crimen organizado.

Por ejemplo, en Santo Tomás de los Plátanos fueron detenidos el alcalde electo y su esposa, titular del DIF municipal, por presuntos vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.

En Amanalco, los detenidos fueron una regidora y el secretario de seguridad pública, quienes habrían intervenido en el secuestro exprés de la actual presidenta municipal para que se bajara de las pasadas elecciones municipales. Además, también está detenida la exalcaldesa, acusada de extorsión y el homicidio de dos personas.

La mañana de ayer martes, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes anunció que van más de 60 sujetos detenidos y sujetos a proceso por la ‘Operación Enjambre’.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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