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"No es de mi interés la autonomía de las fiscalías", dice Claudia y descarta reforma

Sheinbaum destacó que el trabajo de las fiscalías debe revisarse, pero descartó que sea de su interés influir en las Fiscalía General de la República.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, al menos por parte del Ejecutivo, no existe y no hay ninguna propuesta en la mesa para reformar la Fiscalía General de la República (FGR) ni para una gran reforma profunda a las fiscalías de los estados. No obstante, reconoció que sí es necesario analizar bien el funcionamiento de estos organismos de procuración de justicia, ya que, destacó que todas las fiscalías, incluyendo la FGR, tienen cosas que mejorar.

Hoy durante su conferencia matutina y cuestionada sobre diversas versiones que aseguran que Morena tiene un proyecto para reformar las fiscalías a fin de quitarles la autonomía a esos órganos, la mandataria respondió de manera tajante, lo que ya incluso había mencionado en meses anteriores, que no existe una propuesta de Gobierno sobre el tema.
“No es ningún interés nuestro, como no es interés la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, tampoco es interés de la Presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la fiscalía, pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”, aseveró.
Aunque Sheinbaum insistió que no hay un plan para cambiar la Ley, sí resulta indispensable evaluar cómo operan las instituciones responsables de perseguir delitos.

“Es evidente que tiene que revisarse la autonomía de las fiscalías, y evidentemente pues ya en algunos estados tiene más tiempo , (la reforma que le dieron autonomía a las fiscalías) y a nivel federal desde 2019. Entonces tienen que analizarse, pero no es una propuesta del Gobierno federal, para poder quitar la autonomía de las fiscalías", puntualizó.

La Presidenta indicó que las fiscalías son “indispensables” para reducir la violencia, porque finalmente son los Ministerios Públicos quienes arman las carpetas de investigación y las presentan ante los jueces, en tanto que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplen tareas preventivas y de apoyo pericial.

Sin embargo, a nivel nacional el desempeño de las fiscalías, dijo la mandataria, no es igual “algunas fiscalías locales funcionan bien, otras presentan rezagos; la FGR, dijo, “funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

Por esos motivos dijo que sí es necesaria una revisión profunda: “Entonces creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y que otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no, es otra cosa, pero creo que es importante, mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia."


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Sheinbaum evalúa “sensibilidad social” y dominio del inglés para nombrar cónsules

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 20 de junio de 2025, que para designar a los titulares de los consulados de México en el extranjero evaluó la sensibilidad social y el dominio del idioma inglés, sin importar si los seleccionados formaban parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la presidenta dijo que los perfiles fueron seleccionados con base en su capacidad para atender las necesidades de las comunidades mexicanas en el exterior, así como por su habilidad para comunicarse en inglés.

La mandataria nacional también reconoció la labor de algunos cónsules, como Carlos González Gutiérrez, en Los Ángeles, California, y anunció que en los próximos meses se realizará un cambio en algunos titulares para fortalecer la red consular, lo que requiere aprobación del Senado de la República.

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional-, y ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue designado, el 18 de junio de 2025, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Según oficio firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la titular del Poder Ejecutivo Federal también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidente municipal de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como cónsul general en Boston, Massachusetts, también en EE. UU.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California, Estados Unidos.

Mientras que, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente signado por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo titular del Consulado General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la Administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Liberan al Parra

La madrugada de este viernes 20 de junio, Óscar Parra Aispuro, recobró su libertad luego de dos audiencias que se llevaron a cabo la tarde del jueves, donde se decretó -primero- que la medida cautelar de prisión preventiva era desproporcionada a su acusación; y posteriormente se decretó la audiencia de no vinculación a proceso.

Alrededor de las 5 de la tarde se llevó la primera audiencia derivada de una demanda de amparo donde se obtuvo una revisión de la medida cautelar, toda vez que la defensa de Parra Aispuro consideró que había suficientes elementos, desde arraigo, ubicación y negocios, que pudieran ayudarlo para llevar su proceso en libertad.

Luego de una hora de juicio, el juez federal consideró que había elementos suficientes para ello y decidió modificar la medida cautelar y permitirle llevar su proceso, con el compromiso de acudir a firmar.

Horas después se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso donde la defensa presentó evidencia en video del momento de la detención y donde evidenció que la intervención militar no ocurrió como lo había anunciado la Fiscalía, según el parte otorgado por autoridades federales.

En videos, a los que también tuvo acceso ZETA, se pudo confirmar que el hallazgo del arma de fuego no se dio como se reportó por parte de la autoridad. Por el contrario, el arma fuego, supuestamente, le fue hallada al escolta del Parra entre sus pertenencias, lo que confirma que no se ubicaba en el portavasos.

Tras la evaluación de las pruebas presentadas por la defensa, el Juez federal consideró que no había elementos suficientes para considerar que el Parra estuviera armado ni llevara drogas al momento de la intervención.

Luego del análisis, se decretó la no vinculación a proceso por el delito de posesión de un arma y fentanilo, por lo que al no tener otro delito por el cual ser relacionado ni en el fuero común ni federal, se ordenó su liberación.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Grupo Salinas condena fallo que lo obliga a pagar 2 mil mdp por adeudo de Elektra

Grupo Salinas destacó que el Tribunal actuó "con sesgo y consigna política", por lo que buscará revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Grupo Salinas se pronunció este viernes en contra de la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que ordena a Elektra pagar un total de dos  mil millones de pesos por adeudo de impuestos desde 2012.

Por medio de un comunicado, la compañía de Ricardo Salinas Pliego afirmó que la decisión del Tribunal muestra una de las consecuencias más graves de lo que llamó "farsa electoral judicial" ante las resoluciones guiadas por "intereses y presiones políticas" de las que se dijo "víctima" de ello.

De acuerdo con la compañía, el sesgo de los magistrados confirmó un "patrón alarmante" ante la postura a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo "cobros abusivos y arbitrarios".
Grupo Salinas aseveró que, pese a los "actos de consigna judicial", defenderá sus causas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional del caso.

Con ello, reiteró su intención de combatir cobros que consideran "ilegales, abusivos y desproporcionados" mediante los procedimientos correspondientes y permitidos por la Ley.
"Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al Máximo Tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica. Seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias", concluye el boletín.
Durante la tarde de ayer, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado fallaron en contra de Elektra, lo que representa una nueva derrota para el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantenía un litigio por el pago de impuestos del consorcio desde hace 13 años.

Previo al fallo, la empresa quiso detener nuevamente la resolución del asunto, como lo ha hecho en la mayoría de sus juicios fiscales, presentado escritos de último minuto donde se cuestiona la imparcialidad de los juzgadores, sin embargo, estos fueron desechados por el Tribunal Colegiado al señalar que sólo pretendían dilatar el dictado de la sentencia.

Cabe mencionar que a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia.


De estos, tres impedimentos y ocho recursos de reclamación han sido resueltos, mientras que cuatro conflictos de competencia fueron desechados, dejando 27 medios aún pendientes.

A raíz de ello, el empresario aseguró que ninguno de los litigios en los que está envuelto –más allá de los fiscales– “tendrá algún efecto adverso significativo en sus negocios o situación financiera”.

Sin embargo, las pérdidas de la empresa el año pasado alcanzaron alrededor de 11 mil 153 millones de pesos, casi un tercio de los 34 mil millones de pesos que adeuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en pagos de impuestos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protesta colectivo feminista frente a Segob; escalan reja para exigir audiencia

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

La tarde del jueves, mujeres integrantes del colectivo feminista Holy Yash, se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la alcaldía Cuauhtémoc, en denuncia contra un presunto caso de abuso sexual que no ha sido atendido.

Las manifestantes se ubicaron a las puertas del inmueble, escalando incluso la reja perimetral, para exigir una audiencia cara a cara con la titular, Rosa Icela Rodríguez.

Según las denuncias que llevaron a la movilización, en mayo de 2019 una menor de edad fue víctima de abuso sexual en un retén militar en Ixtapaluca, Estado de México; su caso, con ya casi seis años, no ha habido respuesta por parte de autoridades federales y se mantiene inmune.

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

Videos compartidos en redes sociales, y fotos tomadas por agencias presentes durante la movilización, retrataron la escena en que dos de las mujeres escalaron por la reja del edificio. Fue especialmente por esta escalada en la protesta que se movilizó un equipo de seguridad integrado por personal de seguridad del inmueble, Protección Civil y Guardia Nacional; es importante destacar que no se reporto intervención de los anteriormente mencionados, así como choques o enfrentamientos con las manifestantes.

Al momento, y tras los hechos, no ha habido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido; tampoco el colectivo ha informado de una respuesta a sus demandas de audiencia con Rodríguez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'El Guacho', yerno de 'El Mencho', se declarará culpable en EU por lavado de dinero

La sentencia de Gutiérrez-Ochoa está programada para el 7 de noviembre de este año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, alias “El Guacho”, miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se declaró culpable de un cargo de conspiración internacional de lavado de dinero.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, “Gutiérrez-Ochoa admitió que era miembro del CJNG conectado con el liderazgo superior del cartel”.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde al menos 2023 hasta su arresto en 2024, Gutiérrez-Ochoa y otros integrantes del CJNG emplearon métodos sofisticados de lavado de dinero que involucraron transacciones inmobiliarias, empresas fantasma y transferencias internacionales para blanquear las ganancias provenientes del narcotráfico.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de esas operaciones, “Gutiérrez-Ochoa y otros realizaron dos transferencias electrónicas por un total de 1.2 millones de dólares de ganancias del narcotráfico del CJNG para adquirir una residencia de lujo en Riverside, California, a nombre de una entidad mexicana controlada por el CJNG”. Al momento de su detención, ocurrida en noviembre de 2024, el señalado residía en esa propiedad bajo una identidad falsa.

Durante el arresto, las autoridades encontraron en su posesión dos armas de fuego ilegales y no rastreables, aproximadamente 2.2 millones de dólares en efectivo obtenidos del narcotráfico del CJNG, así como numerosos artículos de lujo comprados con dinero ilícito, incluyendo joyas, relojes y vehículos.

Asimismo, se informó que la sentencia de Gutiérrez-Ochoa está programada para el 7 de noviembre y que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez federal determinará la condena considerando las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

“CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas, influyentes y despiadadas que amenazan nuestra seguridad pública y nacional. Cada líder y asociado del CJNG que enfrenta justicia en Estados Unidos nos acerca un paso más a desmantelar esta organización terrorista”, señaló el administrador interino de la DEA, Robert Murphy.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Chepa”, cuñado de “El Mencho” y ex líder de “Los Cuinis”, sentenciado a 30 años de prisión en EU

José González Valencia, alias “La Chepa”, “Camarón” o “Santy”, señalado junto a sus hermanos como uno de los líderes de “Los Cuinis” -operadores financieros de su cuñado, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, fue sentenciado, el 20 de junio de 2025, en Estados Unidos, a 30 años de prisión, “por su papel en una importante conspiración de tráfico de drogas”.

“Según documentos judiciales, José González Valencia, de 49 años y originario de Michoacán, México, fue uno de los principales líderes, junto con sus hermanos Gerardo González Valencia y Abigael González Valencia, de Los Cuinis, un importante cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

“Los Cuinis financiaron la fundación y el crecimiento de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países, y es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción”, recordó el Gobierno estadounidense.

“En febrero de 2025, el presidente Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Según documentos judiciales, el máximo líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, es cuñado de los hermanos González-Valencia. Estrechamente aliados, Los Cuinis y el CJNG forman una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas del mundo, responsable del envío de enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y de ejercer una violencia extrema para lograr dicho objetivo”, detalló el DOJ.

“Hoy, la División Penal asestó dos golpes devastadores más al CJNG y Los Cuinis con la sentencia de José González Valencia y la condena de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa”, declaró Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU., citado en el comunicado.

“Estos hombres y los cárteles que dirigieron son responsables de una muerte y destrucción inconmensurables en Estados Unidos y México. El Departamento de Justicia continuará desmantelando al CJNG, Los Cuinis y todas las demás organizaciones criminales transnacionales que inundan nuestras calles con drogas peligrosas y recurren a la violencia extrema para controlar sus operaciones”, abundó Galeotti.

“El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas, influyentes y despiadadas que amenazan nuestra seguridad pública y nacional. Cada líder y socio del CJNG que comparece ante la justicia en Estados Unidos nos acerca un paso más al desmantelamiento de esta organización terrorista. La DEA seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero del CJNG y destruir sistemáticamente su red”, dijo, por su parte, Robert Murphy, administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Según documentos judiciales, al menos entre 2006 y 2016, José González Valencia dirigió y coordinó numerosos cargamentos de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos por aire, tierra, mar y submarinos. En 2007, la Guardia Costera estadounidense incautó un cargamento de un semisumergible que transportaba al menos 4.000 kilogramos de cocaína desde Colombia a México para su posterior distribución a Estados Unidos”, destacó el Gobierno de EE. UU.

“Como uno de los principales líderes de Los Cuinis, José González Valencia dirigió actos de extrema violencia para promover sus actividades de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un individuo que presuntamente robó un cargamento de aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína de Los Cuinis, según documentos judiciales. José González Valencia portaba personalmente armas de fuego para promover sus actividades de narcotráfico y suministraba armas y municiones al CJNG”, reveló el DOJ.

“En 2015, José González Valencia se ocultó en Bolivia -país que no extraditó a nadie a Estados Unidos entre 2001 y 2023, a pesar de la existencia de un tratado de extradición- y residió allí durante más de dos años bajo una identidad ficticia. En 2017, José González Valencia fue arrestado en Brasil durante sus vacaciones y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El tratado de extradición de Brasil exige que el Gobierno estadounidense no recomiende una condena superior a 30 años”, explicó el Departamento de Justicia.

“La sentencia de hoy de González-Valencia […] siguen a varios ataques recientes al círculo más íntimo del CJNG. El hermano mayor de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, y Erick Valencia Salazar, presunto cofundador del CJNG y asesor cercano de El Mencho, estaban entre los 29 líderes de cárteles buscados que fueron puestos bajo custodia en Estados Unidos el 27 de febrero de 2025”, enfatizó el Gobierno de EE. UU.

“Poco después, el 7 de marzo de 2025, el hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años consecutivos y se le ordenó confiscar más de 6 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Antes de su arresto, Oseguera González era el segundo al mando del CJNG y lo dirigió durante casi siete años. Es responsable del tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y de supervisar laboratorios de drogas que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina en México”, insistió el DOJ.

“En 2013, fue uno de los primeros en contribuir a la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, prometiendo ‘hacerlo a lo grande’ y construir un imperio a partir de pastillas de oxicodona falsificadas mezcladas con fentanilo. Como lo demostraron las pruebas del juicio, también cometió atroces actos de violencia. Según declaraciones realizadas en el tribunal y testimonios durante el juicio, Oseguera-González ordenó el asesinato de más de 100 personas, algunas de las cuales asesinó él mismo”, comentó el Gobierno de EE. UU.

“La DEA y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal han desmantelado sistemáticamente la cúpula del CJNG y Los Cuinis al más alto nivel. Hasta la fecha, la investigación en curso ha resultado en la imputación de aproximadamente 30 objetivos de alto valor del CJNG y Los Cuinis, incluyendo siete Objetivos de Organización Prioritaria Consolidada (CPOT), los principales líderes del narcotráfico. Hasta junio de 2025, 12 acusados ​​habían sido condenados, dos de ellos en juicio”, indicó el DOJ.

“Varios líderes del CJNG y Los Cuinis acusados ​​permanecen prófugos, incluyendo a El Mencho, cuya recompensa por captura se incrementó recientemente a 15 millones de dólares en virtud del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado. Abigael González Valencia, otro alto líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho, fue arrestado en 2015 por las autoridades mexicanas en virtud de la acusación estadounidense, pero desde entonces ha luchado contra su extradición a Estados Unidos”, agregó el Gobierno de EE. UU.

“La División de Campo de la DEA en Los Ángeles investigó los casos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial para obtener evidencia extranjera y lograr la extradición de José González Valencia a Estados Unidos. Los abogados litigantes Lernik Begian y Douglas Meisel de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando los casos”, finalizó el DOJ.

El 12 de febrero de 2018, “La Chepa” exigió que el Gobierno Federal mexicano solicitara a su homólogo brasileño su extradición a México. Fue detenido el 27 de diciembre de 2017, en la ciudad de Fortaleza, por elementos de la Policía Federal de Brasil.

A través de un amparo, el hermano de Abigael González Valencia, “El Cuini”, reclamó que el Gobierno de México había sido omiso, porque no había solicitado su extradición. La demanda de garantías fue interpuesta por “La Chepa”, en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

El juez Jorge Antonio Medina Gaona solicitó a las autoridades federales mexicanas, información de las acciones que se habían realizado para reclamar al connacional, entre ellas, a la entonces directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mónica María Antonieta Velarde Méndez.

Además de al entonces titular de la SRE, Luis Videgaray Caso, así como al titular de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto de Icaza González, y al subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana.

Según las autoridades, González Valencia escapó de México a Bolivia en 2015, después de la captura de su hermano “El Cunini”. En territorio boliviano expidió una credencial falsa con el nombre de Jefett Arias Becerra, y luego, el 22 de diciembre 2017, ingresó a territorio brasileño, acompañado de su familia.

Según la Policía Federal brasileña, González Valencia fue detenido “en un lujoso” complejo turístico, ubicado en la región metropolitana de Fortaleza, al noreste del país sudamericano, con base en una orden de arresto expedida por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ante una petición de extradición hecha por el Gobierno Estados Unidos, en donde se le acusaba de narcotráfico.

“La extradición fue solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos bajo la acusación de haber practicado el crimen de tráfico de drogas en ese país y en México, así como de integrar el Cartel de Jalisco Nueva Generación”, según un comunicado de la Policía Federal de Brasil, que también indicó que el capo mexicano, quien no se resistió al arresto, estaba con su familia de vacaciones en una residencia alquilada en la exclusiva playa de Taíba, donde era vigilado por las autoridades brasileñas.

Según el comisario de la Policía Federal brasileña, Aldair Rocha, uno de los responsables de la captura de González Valencia, el mexicano fue conducido a las celdas de la sede de la Superintendencia de la corporación en Fortaleza, en donde quedó a disposición de la máxima Corte brasileña, que tenía que pronunciarse sobre su extradición.

El 23 de enero de 2018, la Corte Suprema de Brasil se negó a tramitar en sigilo el proceso de extradición que seguiría contra González Valencia. El STF informó, a través de un comunicado, que rechazó la petición hecha por los abogados del mexicano, para proteger con el sigilo judicial el proceso de extradición a Estados Unidos del supuesto capo.

La defensa de González Valencia había solicitado que el proceso fuese tramitado bajo secreto, para “poder preservar la intimidad del extraditando y de sus familiares que se encuentran en Brasil”, ante “la fuerte repercusión que su detención tuvo en el país”.

Según la agencia española EFE, la propia presidenta de la Corte Suprema brasileña, Carmen Lucia Antunes, la magistrada encargada de resolver los asuntos urgentes durante el actual receso judicial, alegó que “la regla del proceso judicial es la publicidad” y que “no había cualquier situación excepcional que justificara el sigilo en este caso”.

La máxima corte de Brasil también rechazó la petición hecha, tanto de la Policía Federal brasileña, como de la defensa del mexicano, para que González Valencia fuera trasladado desde las celdas de esa institución en Fortaleza, a un presidio en la misma ciudad, mientras respondía al proceso de extradición.

La Policía Federal brasileña alegó que sus celdas eran “deficientes” para albergar por varias semanas a un extraditable, pero la magistrada Antunes respondió que dicha institución no presentó cualquier documento que comprobara dicha situación. La defensa alegó, además, la “flagrante precariedad” de las celdas de la PF, al pedir la transferencia del mexicano a un presidio de Ceará, estado del que Fortaleza es capital.

Según el diario La Jornada, con fuentes de mandos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), “La Chepa” pertenecía al “Estado Mayor” del CJNG, y era el encargado de las finanzas de toda la organización, así como el jefe de una estructura de seguridad que opera en los estados de Jalisco y Colima, misma que protegía a “El Mencho”.

Informes del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a los que el referido diario afirmó haber accedido, “La Chepa”, era cuñado de “El Mencho” y sustituyó a su hermano “El Cuini” -detenido el 28 de febrero del 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco- en las operaciones financieras, las alianzas con grupos criminales en Asia y Europa, lugares a donde el CJNG enviaba cargamentos de drogas sintéticas.

González Valencia -originario de Aguililla, Michoacán- también se encargaba de la relación con los grupos de traficantes de armas que operaban en Estados Unidos y Centroamérica, y se le consideraba responsable de los ataques contra policías estatales, federales y efectivos del Ejército.

“La Chepa” contaba con el apoyo de otro lugarteniente del CJNG, identificado como Rogelio Guízar Camorlinga, alias “El Doctor”, originario de Aguililla, Michoacán, quien, según fuentes policiacas de otro diario, Excélsior, era el responsable de los operativos para eliminar enemigos y matar a policías.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Riesgo de reforma electoral, tras elección del Poder Judicial: Integralia

En su Noveno Reporte Electoral, difundido este jueves 19 de junio, Integralia Consultores estableció que tras la elección del Poder Judicial, en la que se eligió jueces, magistrados y ministros, existe riesgo de que se promueva una reforma con efectos en la integración del Consejo General del INE y la forma de elegir a los consejeros electorales.

La empresa consultora, dirigida por Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral, observó que a inicios de año la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que una vez celebrados los comicios del 1 de junio enviaría una segunda propuesta de reforma electoral, en materia de plurinominales, financiamiento público a partidos, costos de organización electoral, entre otros conceptos.

“La postura crítica de varias consejerías electorales respecto a la baja integridad de la elección, que Morena y el gobierno rechazan, podría estimular que la eventual iniciativa incluya una nueva conformación del Consejo General del INE o incluso una nueva forma de elegir a sus integrantes”, reportó.

El 15 de junio el Consejo General del Instituto Nacional Eelectoral declaró la validez de la elección de ministros con base en una votación divida, en la que apenas 6 consejeros se pronunciaron a favor de validar y cinco, en contra.

Durante la sesión correspondiente el consejero Jorge Montaño remarcó que, si bien se permitió que los votantes elaboraran sus propias guías de votación, estaba claro “que no se podía inducir al voto”. De manera que “seremos firmes en sancionar esta conducta en los casos que así lo ameriten”, subrayó.

El consejero Martín Faz dijo hacer “votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos”. Sostuvo que “de ser así se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema”.

La consejera Dania Ravel señaló que en la primera Elección Judicial, celebrada con fundamento en la Reforma Electoral decretada el 15 de septiembre de 2024, hubo “casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% de su listado nominal”. Explicó que “en una elección con una participación ciudadana del 13% a nivel nacional parece poco creíble que eso ocurra”.

Igualmente habló de “casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100%”, circunstancia a propósito de la cual recalcó: “no puede ocurrir”.

Integralia Consultores indicó que “la elección judicial federal estuvo marcada por una muy baja participación y una alta inducción del voto”. Detalló que “las 16 personas que aparecían en los acordeones ‘oficiales’ y que competían para cargos del ámbito nacional (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala superior) obtuvieron triunfos” y que tratándose de las Salas Regionales del Tribunal Electoral “se observó el mismo efecto” con una integración idéntica a la que concentraban las guías de votación que se difundieron, con excepción de la Sala Regional Toluca.

La empresa de consultoría refirió sobre otro riesgo: “que en nombre de la austeridad se asignen menos recursos para las elecciones de 2027 y con ello se obligue al INE a reducir el número de casillas, la calidad del material electoral o a modificar la legislación para que los votos se cuenten en los Consejos Distritales del Instituto –tal cual sucedió en el caso de la Elección Judicial”.

En 2027 se elegirán cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la mitad que falta por renovar de los cargos de Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

En el ámbito del Poder Ejecutivo se elegirá gobernador en 16 entidades federativas, presidentes municipales, en tanto que en el del Legislativo, la totalidad de diputados federales.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.

Descubren narcotúnel de 600 metros de longitud que conecta Tijuana con EU

Elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República, de la Defensa Nacional y Marina, junto con autoridades locales de Baja California, cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud cuando localizaron el túnel.

Un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud para el trasiego de drogas, que conectaba México con Estados Unidos, fue descubierto en la ciudad de Tijuana, Baja California, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República, de la Defensa Nacional y Marina, junto con autoridades locales de Baja California, cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud cuando localizaron el túnel.
Apenas el martes 17, elementos del Ejército mexicano detuvieron en Tijuana a Pablo Edwin “N”, alias “Flaquito” y a tres personas más. "Flaquito" es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región e identificado por las autoridades como uno de los principales operadores del cártel de Tijuana (Arellano Félix).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte declara inconstitucional el cobro de 2% de impuesto a apps de reparto de alimentos

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el cobro del 2% a plataformas de servicio de repartidores por el uso de vialidades públicas de la Ciudad de México es inconstitucional.

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, impulsado por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, en esta ocasión la Sala no returnó el asunto a otro ministro para que presente un nuevo proyecto, sino que el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez asumió directamente la redacción de la sentencia final en el sentido de amparar a la empresa contra la aplicación del artículo.

Los ministros que votaron en mayoría, Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos, que acudió a la Segunda Sala para desempatar el asunto, indicaron que el cobro del 2% por el uso de infraestructura pública no constituye un aprovechamiento sino un impuesto y que el Congreso capitalino no puede legislar en materia de comercio electrónico ni establecer contribuciones sobre ingresos derivados de un modelo de negocios como las aplicaciones de servicio de repartidores, pues esta facultad la tiene exclusivamente al Congreso de la Unión.

El precedente de la Corte no es de aplicación obligatoria pero puede ser considerado para otros casos similares como el amparo de Uber contra el mismo cobro cuya resolución está pendiente en la Primera Sala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum defiende prisión preventiva oficiosa ante inseguridad en el país

Ante el proyecto de resolución que busca reinterpretar esa figura, la mandataria argumentó que se se debe de mantener “frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces".

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum consideró que, ante la situación de inseguridad que se vive en el país, la prisión preventiva oficiosa continúe aplicándose automáticamente para ciertos delitos y que esto no dependa del análisis de los jueces. 

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta enfatizó que esta figura está prevista en el artículo 19 constitucional, mismo que establece un catálogo de delitos por los que las personas deben llevar sus procesos penales en prisión.

Dicho catálogo incluía delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y delincuencia organizada, sin embargo, en el año 2019 fue ampliado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para incluir delitos de corrupción, fiscales, en materia de hidrocarburos, entre otros. 

“Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como el homicidio o delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa”, dijo la presidenta. 

“Esto tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”. 

El tema fue abordado por la mandataria federal a propósito de la programación de la discusión de un proyecto de resolución, elaborado por la ministra de la ministra Margarita Ríos Farjat, que establece que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en automático, conforme al delito que se imputa, es inconvencional y prevé reinterpretar la figura para que los juzgadores analicen caso por caso y determinen si los imputados deben seguir sus procesos penales en la cárcel o no. 

Este criterio coincide con los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos García Rodríguez y otros vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en los que declaró que la forma en la que se aplica la prisión preventiva oficiosa en el país no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se hace en automático si una persona es acusada de alguno de los delitos del catálogo del 19 constitucional, sin tomar en consideración las particularidades de cada caso. 

El proyecto no tiene fecha fija de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, la presidenta Sheinbaum reprochó que la oposición tenga intenciones de que todo el tiempo se aplique prisión preventiva justificada (la solicita el ministerio público y está obligado a ofrecer pruebas para su imposición) sin aportar mayores propuestas al conflicto de convencionalidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Sanciona Tribunal Electoral a ciudadana de Hermosillo por cuestionar en redes sociales a diputada del PT

Karla María Estrella, ciudadana originaria de Hermosillo, Sonora, fue sancionada por cuestionar en redes sociales a Diana Karina Barreras, del PT, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Una ciudadana de Hermosillo, ama de casa y usuaria de redes sociales, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Todo inició en 2024 cuando la hermosillense Karla María Estrella, quien usualmente dedica publicaciones en redes sociales para señalar las deficiencias de autoridades y figuras políticas, recibió una notificación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fue el 24 de febrero cuando Karla dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter) que Barreras Samaniego había solicitado medidas cautelares en su contra “por la presunta comisión de hechos que podrían constituir violencia política en razón de género”.

Lo anterior, después de que Karla realizara la siguiente publicación el 14 de febrero de 2024:

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.


En esa publicación, Karla se refería a la postulación de Barreras Samaniego como candidata a diputada federal por el distrito 3 de Hermosillo, impulsada por la coalición de la 4T.

Días después, el 27 de febrero, la Unidad Técnica Ejecutiva del INE notificó a Karla de la queja de la diputada Barreras Samaniego por su publicación. La institución le refirió que debía contestar “cuál era el objetivo” de su tuit y presentar “documentación que justifique” las afirmaciones.

“¿No les parece un uso faccioso de la Violencia Política Contra Las Mujeres en Razón de Género? Pero además, el INE incluyó mi dirección y mi nombre completo en los acuerdos, a pesar de que yo no los publico ni utilizo públicamente, ¿le entrega copia a la denunciante de esa información?”, cuestionó.
Ahora, más de un año después, Karla dio a conocer que, pese a haber impugnado la resolución del INE en su contra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), éste determinó que sí existió violencia política de género por parte de su parte contra la diputada sonorense.

“El día de hoy se votó la propuesta de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón donde decía que no había violencia de género, sino una crítica ciudadana a un posible caso de nepotismo”.

“Pero la votación estuvo dividida y el voto de calidad lo tuvo la magistrada presidenta donde dice ‘que el contenido implícito de mi tuit sugiere que’. O sea, se pusieron a analizar qué es lo que creen que quise decir y no lo que realmente dije”, apuntó.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

“La expresión realizada por la recurrente se limitó a hacer una crítica a un servidor público que presuntamente ejerció nepotismo o influyentismo, con el propósito de favorecer a su cónyuge”, sostuvo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, fue la magistrada presidenta Mónica Soto quien rechazó esta visión y defendió la sanción contra Karla.

“Uno de los argumentos que se utilizan de manera muy recurrente para invisibilizar o menoscabar las capacidades de las mujeres es llevarlas siempre a la esquina de la pertenencia o la dependencia de algún hombre”, dijo durante la sesión.


Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes coincidió en que el comentario de Murrieta no cuestionaba la postulación desde un análisis político, sino que desestimaba los méritos de la diputada al reducir su candidatura a una supuesta influencia de su esposo.

Ahora, tras la resolución del TEPJF, la ciudadana Karla María Estrella deberá pagar una multa, ofrecer disculpas públicas por 30 días, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus redes sociales, además de que será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE por 18 meses.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/PROYECTO PUENTE.
AUTOR:                           /JOSÉ MANUEL ÁVALOS.

Empresa minera deja a comunidad sin apoyo para enfrentar secuelas en salud tras años de extracción de oro en Carrizalillo

En Carrizalillo, Guerrero, funciona una Casa de Salud que depende de las aportaciones de Equinox Gold, donde se brinda atención médica a personas con padecimientos asociados a la explotación minera, pero el servicio en esta clínica está en riesgo sin el subsidio de la empresa.

Silvia, quien rondaba los 30 años, llegó quejándose de un agudo dolor en el abdomen el pasado lunes por la noche al campamento de los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo, instalado en una de las casetas que tenía la minera canadiense Equinox Gold en el camino hacia el pueblo. Al día siguiente murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, por un probable tumor en el estómago del que nunca supo.

La médica Nancy Olivia Guzmán, una de los tres doctores que atienden la Casa de Salud en Carrizalillo, dijo que la muerte de Silvia pudiera tener alguna relación con enfermedades asociadas a la explotación minera.

El de Silvia fue un deceso rápido e intempestivo. El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, recibió ese martes la noticia por teléfono y exclamó con sorpresa: “¡Se murió!”. Para ningún habitante es una información ajena, porque si no son familia, seguro se conocen.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.


Es por eso que Silvia llegó al lugar. Quienes la vieron y escucharon cuentan que gritaba de dolor. En la Casa de Salud atendieron algunas veces a Silvia por la diabetes que padecía. Pero esta vez era algo más grave y el personal la trasladó durante la madrugada al hospital de Chilpancingo, unas horas después murió.

La Casa de Salud, que atiende diariamente entre 10 y 20 personas, depende en este momento en un 100 % del Comisariado Ejidal de Carrizalillo. El financiamiento de las acciones de la mesa ejidal está vinculado a su relación con la empresa, por lo que el funcionamiento de los servicios de salud se sostienen, en realidad, con las reservas presupuestales que la mesa tiene previstas para este año.

El presidente del comisariado, en una actitud optimista, cree que pueden mantener los gastos de la Casa de Salud por seis meses o, quizá, un año, pero en un golpe de realidad, la médica Nancy le dice que los tratamientos que ofrecen son costosos, porque atienden padecimientos derivado de la contaminación por la explotación minera. 

Cada mes, dice la médica, se podrían gastar en medicamentos hasta 700 mil pesos, de esos, la empresa daba unos 200 mil, y la mesa ejidal ponía el resto.

Las enfermedades más comunes en el pueblo son las respiratorias, de la piel y las oculares. “Una tos te dura normalmente una semana, es el ciclo normal de la enfermedad, aquí nuestros pacientes duran hasta tres meses, no les funciona un jarabe, una pastilla, los tenemos que nebulizar. Es una de las preocupaciones ahora que no tenemos el ingreso de la mina, son medicamentos caros; las ampolletas nada más para nebulizarte cuestan casi 600 pesos, además de los aparatos e insumos de ese tratamiento” agrega.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR:                           /MARGENA DE LA O.

México se convierte en el país más peligroso del mundo para alcaldes y funcionarios locales

Con un 29% más de violencia que en 2023, los servidores públicos mexicanos están más expuestos que en zonas de conflicto, advierte la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados. Sinaloa, Michoacán y Veracruz, los estados más peligrosos.

La iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) alertó que México es el país del mundo más peligroso para funcionarios públicos locales, entre ellos alcaldes, concejales y empleados de gobiernos subnacionales como el de la Ciudad de México.

En su más reciente informe, correspondiente a 2024, reseña 324 eventos de violencia (asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones) contra servidores públicos locales, un 29% más que en 2023, lo que supera a países con conflictos armados internos, como Myanmar.

En la categoría de funcionarios públicos locales, la organización internacional incluye a empleados de gobiernos subnacionales, como es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, quienes fueron asesinados por un sicario el 20 de mayo último en esta capital.

También al presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, victimados a balazos durante la madrugada del 4 de junio.

La analista principal de la ACLED para América Latina, Sandra Pellegrini, dice a Proceso que estos ataques son “un indicador preocupante de que en 2025 las figuras políticas, especialmente a nivel local, continúan estando bajo amenaza”.

Sin embargo, explica, “no necesariamente podemos afirmar que 2025 será un año más violento, a pesar de estos episodios recientes”. Asegura que en los primeros cinco meses de este año se han producido menos ataques contra funcionarios locales que en el mismo periodo de 2024, un año electoral que fue especialmente violento en México.

De acuerdo con la experta en seguridad, este año también se observa que los procesos electorales, especialmente los locales, siguen siendo un motor importante de violencia. 

Explica que el caso de Veracruz es un buen ejemplo, donde, según los datos recopilados por la ACLED, muestran que entre mayo último y lo que va de junio se produjo un repunte en los incidentes contra actores políticos locales, incluyendo a autoridades electorales, así como episodios de protestas y disturbios poselectorales.

Al mismo tiempo las disputas por el control político entre distintos actores locales de poder y los ataques presuntamente vinculados al crimen organizado continúan ocurriendo al margen del calendario electoral, señala.

Pellegrini plantea que, en ese sentido, el proceso de reconfiguración de la delincuencia organizada, en particular el vinculado a las disputas al interior del Cártel de Sinaloa, “también podrían estar generando nuevos focos de disputa criminal y un mayor riesgo para las figuras políticas.

Éstas, agrega, “podrían convertirse en blanco de grupos armados que buscan reforzar su control de recursos y posiciones de poder a nivel local”.

Estados críticos

El informe de la iniciativa ACLED señala que la violencia en México se ha concentrado especialmente en estados disputados por grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.

La competencia entre contendientes políticos locales también avivó la violencia en torno de las elecciones generales del año pasado, al igual que los incidentes relacionados con el descontento por los resultados, indicó el organismo.

Agrega que en Chiapas, el segundo estado más violento para los funcionarios locales, casi la mitad de los ataques ocurrieron en el contexto de las elecciones, y la mayor parte se debió a que simpatizantes de partidos dañaron material electoral y propiedades para obstruir o impugnar los resultados. 

“El estado también es un foco de tensión en una disputa territorial criminal por el control de la frontera”, dice el informe.

En el estudio aparecen como los países más violentos de 2024 para funcionarios locales México, Myanmar, India, Nigeria y Filipinas.

Aunque el año pasado fue particularmente violento en México por las elecciones presidenciales, legislativas y locales, la base datos sobre violencia Data Cívica reporta que entre enero y marzo de ese año fueron asesinados 33 funcionarios públicos y en el mismo periodo de 2025 ya van 43 las víctimas fatales.


Más allá de las elecciones

La ACLED expone que los picos de violencia provocados por el cambiante panorama criminal en México muestran que el riesgo para los funcionarios locales no se limita a los periodos electorales y de transición política.
En Sinaloa –detalla– la violencia contra funcionarios se había mantenido históricamente baja debido al dominio del Cártel de Sinaloa y a sus antiguos vínculos con las autoridades locales. Sin embargo, el estallido de una lucha interna de poder entre Los Chapitos y Los Mayos, en septiembre pasado, desencadenó un aumento de los incidentes.
En 2024 más de la mitad de todos los ataques contra funcionarios locales en Sinaloa, incluyendo robos de vehículos contra los alcaldes de Mazatlán y San Ignacio, ocurrieron tras el estallido del conflicto, aseguró la ACLED.

De acuerdo con el informe, los ataques a funcionarios locales responden a intentos de los grupos armados de presionar a las autoridades para que favorezcan sus intereses en detrimento de los de sus rivales en su disputa territorial y refuercen el control y la influencia en las operaciones policiales. 

Además, “a medida que se debilita el control del Cártel de Sinaloa, sus rivales podrían intentar llenar cualquier vacío de poder y coaccionar a los funcionarios para asegurar el control territorial”.

En el Índice de Conflictos 2024 de la ACLED, México había aparecido como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

El organismo señaló que el gobierno mexicano tiene “el poder, pero no el control” de todo el territorio y sostuvo que México registra “una guerra civil de cárteles” de la droga.

De acuerdo con el informe, a medida de que los conflictos armados, la polarización política y el malestar social continúan generando desorden político, los funcionarios locales seguirán expuestos a intensos niveles de violencia.

En 2024, la ACLED registró 680 incidentes de violencia contra funcionarios locales en América Latina y el Caribe, lo que la convierte a la región en la segunda más peligrosa del mundo para estos servidores públicos, después de Asia-Pacífico; 47% de esas agresiones ocurrieron en México.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: RAFAEL CRODA.

El PAN impugna la elección judicial ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte

Dirigentes y legisladores panistas intentarán que 90 millones de ciudadanos que no participaron en la elección sean considerados "terceros interesados".

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar anular los resultados de la elección judicial del 1 de junio. 

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional y legisladores del PAN afirmó que, con la impugnación, busca representar a los poco más de 90 millones de mexicanos que repudiaron la reforma y la elección judicial, y por ello diseñaron una estrategia de defensa jurídica con la figura de “terceros interesados”. 

Los panistas afirmaron que se acreditaron irregularidades en 818 casillas y que hubo 37 modelos de acordeones distribuidos en 15 entidades federativas; un 70% de inconsistencias en Chiapas, así como una coincidencia promedio con acordeones cargos nacionales: 80 por ciento. 

El abogado Roberto Gil Zuarth explicó que el PAN presentará ante las autoridades competentes, en un plazo de 72 horas, una impugnación sustentada en la figura del tercero interesado, contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Detalló que, mediante este recurso, se solicitará tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nulidad total del proceso debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral. 

“Hemos encontrado una manera de concurrir a las impugnaciones que se van a presentar por cientos de jueces y magistrados a través de una figura procesal que nos reconoce la posibilidad de sostener una posición jurídica y, correlativamente, la obligación de los órganos jurisdiccionales de escuchar esos argumentos, de atender esos argumentos, de ponderar los argumentos y las pruebas, y de pronunciarse en el sentido de la pretensión postulada por el tercero interesado. 

“Por cierto, existe mucha literatura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los terceros interesados y sobre la obligación de los estados de oír esos argumentos, de ejercer el derecho a la participación por la vía institucional y el derecho a recurrir a una justicia eficiente, pronta, expedita. No vamos a permitir que con argumentos leguleyos, no vamos a permitir que con trampitas dejen sin representación a 90 millones de ciudadanos”, resaltó. 

Por su parte, el coordinador de Asuntos Jurídicos del CEN del PAN, Santiago Torreblanca, cuestionó la legalidad de una elección marcada por casillas con más votos que votantes y coincidencias exactas con los acordeones distribuidos, a pesar de la existencia de cientos de combinaciones posibles. 

Además, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, afirmó que su partido busca representar a millones de mexicanos que no acudieron a votar, que expresaron su rechazo a este proceso, su desinterés en este proceso, su desconfianza a este proceso, no acudiendo a las urnas o acudiendo a las urnas para anular un voto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pierde litigio fiscal por 2 mil millones de pesos

La empresa intentó frenar la resolución presentando escritos de último minuto, con los que buscaba poner en duda la imparcialidad de los juzgadores y frenar el dictado de la sentencia.

Después de cinco años de batalla legal, Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perdió un litigio fiscal clave por la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012.  

Este jueves 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en sesión ordinaria que Elektra debe cubrir aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de esa omisión.

“La resolución fue aprobada por unanimidad por los tres magistrados que integran el Tribunal”, confirmaron a Proceso fuentes con conocimiento directo del caso. 

Como ha ocurrido en otros procedimientos similares, la empresa intentó frenar la resolución presentando escritos de último minuto, con los que buscaba poner en duda la imparcialidad de los juzgadores y frenar el dictado de la sentencia. Sin embargo, esta vez el tribunal desechó los recursos bajo el argumento de que no aportaban elementos nuevos y sólo pretendían dilatar el proceso. 

“Los magistrados determinaron por unanimidad que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos por dicha irregularidad”, confirmó una fuente fiscal consultada por Proceso. 

Este caso es parte de una serie de litigios que Salinas Pliego mantiene abiertos contra resoluciones del SAT. 

La empresa aún tiene la posibilidad de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque esto dependerá de si se acredita que el asunto es de interés constitucional. 

En caso de que se admita, la revisión quedaría en manos de la nueva conformación del alto tribunal, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.