Este jueves 31 de julio se cumplen 10 años del multihomicidio cometido en la colonia Narvarte en julio de 2015, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín y la maquillista Alejandra Negrete. 

A pesar del tiempo transcurrido, organizaciones, familiares y amigos de las víctimas, siguen exigiendo justicia, pues hasta la fecha, ninguna línea de investigación ha sido agotada y se ha denunciado que aunque tres implicados en el multihomicidio ya han sido sentenciados, según datos de Artículo19, hay otras dos personas que participaron de cerca en los hechos, y al menos otras 10 participaron mediante una red de comunicación. 

Las víctimas fueron halladas en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón. El escenario evidenció la violencia con la que las víctimas fueron asesinadas: con disparos en la cabeza y signos de tortura.

Líneas de investigación sin cerrar

Diversas líneas de investigación fueron señaladas desde el primer año del caso, sin embargo, ninguna ha sido agotada.

Durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta –que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochixtlán de diciembre de 2019 a mayo de 2021– desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, concluyó una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho periodo.

El monto de este desvío equivale a 80 % del recurso público ejercido en ese periodo por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamada Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz –quien luego fue víctima de desaparición forzada, por agentes del mismo ayuntamiento–, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización. Tras el vencimiento del plazo, Animal Político obtuvo esta auditoría especial a través de una solicitud de información pública.

Uruchurtu denunció estos hechos ante el gobierno estatal del priista José Murat, actualmente senador de Morena. También acudió a la Secretaría de Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, y a la Presidencia de México, encabezada en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. La activista no obtuvo respuesta de ninguna de esas instancias.

La única denuncia de Claudia Uruchurtu que tuvo alguna consecuencia fue la que presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Oaxaca (OSFE), el 26 de agosto de 2019.

Esta denuncia derivó en la realización de una “auditoría por situación excepcional” a los primeros seis meses de la gestión de Lizbeth Victoria Huerta. Esta revisión sólo analizó un tercio del presupuesto asignado en ese periodo.

Dos meses antes de que la autoridad concluyera su auditoría excepcional, empleados del ayuntamiento de Nochixtlán raptaron y desaparecieron a la activista Claudia Uruchurtu, luego de que participó en una manifestación afuera de la presidencia municipal, el 26 de marzo de 2021. Hasta la fecha, el paradero de Claudia Uruchurtu sigue sin ser determinado.

Este criterio en beneficio de Lizbeth Victoria Huerta fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluso cuando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que son “autores del delito” los funcionarios que físicamente privan de la libertad a la víctima, así como los superiores jerárquicos que oculten o nieguen información sobre los hechos, tal como hizo la exalcaldesa al obstruir las investigaciones realizadas.

“Ninguna autoridad investigó las denuncias de corrupción presentadas por Claudia, como el motivo por el cual fue desaparecida forzosamente”, detalla Sara Uruchurtu, otra hermana de la activista. “Nosotras siempre insistimos en que ocultar esos actos de corrupción de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huera era el móvil del crimen cometido contra nuestra hermana, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que ese era un delito diferente, desvinculado, y si queríamos una investigación específica, teníamos que iniciar un proceso separado. Nunca fueron a fondo.”

Todas las autoridades que omitieron estas investigaciones, tanto federales como estatales, pertenecían o estaban subordinadas a Morena.

Investigaciones por desvío de recursos públicos de Nochixtlán sigue inconclusa

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá por 15 minutos a congresistas estadunidenses, a dos días de que entren en vigor la amenaza del 30 por ciento de aranceles a productos mexicanos; pero afirma que abordará la situación migratoria de mexicanos. 

“Los voy a recibir el día de hoy unos 15 minutos, vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, la preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ellos”.

“Entendemos su dolor” expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las exigencias de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, y aseguró que para el 4 de septiembre puedan “darles mayor visión de hacia dónde van las investigaciones”.  

“La fiscalía está apoyando el gabinete de seguridad, particularmente el sistema nacional de inteligencia e investigación, en nuevas herramientas de investigación, nuevos métodos que yo por lo que sé ha ido avanzando, que han tenido la oportunidad de presentarme, pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad”.

A cinco meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo especial para esclarecer el caso Ayotzinapa, no hay claridad sobre cuál es la nueva estrategia ni hacia dónde apuntan las nuevas líneas de investigación comprometidas por la mandataria, sostuvo el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra. 

En entrevista con Proceso, el abogado contó que en la más reciente reunión llevada a cabo este martes 29 en Palacio Nacional, el nuevo fiscal especial, Mauricio Pazarán, y el subprocurador de Derechos Humanos, Arturo Medina, presentaron informes sobre acciones realizadas en materia de investigación y búsqueda, y que “hubo molestia” por parte de los padres de los normalistas porque consideraron que el reporte del encargado de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) evidenciaba retrocesos.

Al menos tres integrantes del gobierno de la morenista Mara Lezama ocuparán las magistraturas de los tribunales Superior de Justicia y de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo. Se trata de funcionarios como José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora; Marco Antonio Torre Constantino, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Nelsy Lucely Trejo Puc, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Lezama no sólo logró colocar como candidaturas para la elección judicial a personas afines a su gobierno o partido, también consiguió que todas sus propuestas para las nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resultaran ganadoras.

“Se aprobó la asignación de las candidaturas electas en favor del listado de candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, en las elecciones de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces integrantes del Poder Judicial en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025”, se lee en un boletín del Instituto Electoral local.

Esto ocurrió porque, como te contamos en este texto, la ciudadanía de Quintana Roo no votó por candidaturas en lo individual, sino por planillas. Las boletas mostraron la lista de aspirantes postulados por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en tres bloques y, para votar, sólo se pudo tachar en conjunto.

Aunque el espíritu de la reforma judicial era no politizar las elecciones, Mara Lezama, por medio de una solicitud que interpuso Carlos Felipe Fuentes del Río, su consejero Jurídico, logró cambiar el diseño original de las boletas electorales, según documentó Proceso.

Esto permitió garantizar que ciertos perfiles, avalados por distintos comités de evaluación, tuvieran un lugar seguro en el Poder Judicial estatal. Por ejemplo, siete de las 12 candidaturas al TSJ tenían garantizado su lugar, pues se repetían en las listas de los comités de los tres poderes; mientras que para el TDJ, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados.

Dos funcionarios del gobierno de Lezama al Tribunal de Disciplina

Con medio año de retraso, el Senado iniciará este miércoles las comparecencias para elegir a las nuevas personas integrantes del Consejo Ciudadano Honorífico del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que permanecerán en el órgano hasta 2027.

En junio pasado, exintegrantes de ese Consejo, que terminaron su gestión en 2024, advirtieron que la ausencia de reuniones del Sistema Nacional de Búsqueda en el primer semestre de este año ha contribuido a un estancamiento institucional y ha agravado la crisis de desapariciones en México.

Durante tres días —del 30 de julio al 1 de agosto—, comparecerán 44 aspirantes a integrar el Consejo: 12 familiares de personas desaparecidas, 11 integrantes de organizaciones civiles y 21 especialistas. Al finalizar todas las comparecencias, las legisladoras propondrán 13 perfiles —cinco familiares, cuatro integrantes de organizaciones sociales y cuatro especialistas— ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta para su posterior votación en el pleno.

Ricardo Nava Rueda; Xóchitl Guadalupe Rangel Romero; Mónica Silvy Morales Ríos; Eberth Castañón Torres; Luis Enrique González Araiza; Alfredo Velázquez Lara; Silvia María Morales Gómez; Mario Alberto Omaña Mendoza; Ulises Jerónimo Ramos López; Fabiola Olvera Aldana; Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez y Víctor Veloz Espejel.

September Vélez denunció que, a pesar de que el doctor Armando S., fue vinculado a proceso el 23 de julio por el delito de sustracción de menores y que además existe otras denuncias en su contra por intento de feminicidio y por violencia contra los niños, desde hace 74 días ella ha sido privada de contacto con sus hijos. 

“Hoy son 74 días que no veo a mis hijos, ni tengo ningún tipo de contacto con ellos. Me los quitaron para castigarme por atreverme a alzar la voz”, denunció September Vélez en su cuenta en Instagram. Desde el 26 de mayo pasado usó las redes sociales para mostrar un video en el que se ve al médico dándole una golpiza.

A un año de la desaparición del joven Pablo Jared Vallejo Adame, familiares y amigos realizaron una manifestación pacífica en la carretera Torreón-San Pedro de las Colonias, a la altura del ejido Albia, donde se perdió su rastro.  

Su madre Janeth Adame señala que sus investigaciones y mensajes recibidos la llevaron a considerar la participación de policías del municipio de Francisco I. Madero.

A más de tres meses de su desaparición, fue localizado el panista Enrique Monroy Sánchez, expresidente municipal de Villa de Álvarez, informó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima (CBPEC). 

El organismo sólo publicó la respectiva ficha de búsqueda con la leyenda “Localizado” en letras rojas, sin precisar las condiciones del hallazgo, y la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha mantenido hermética frente a este asunto, pero una fuente extraoficial cercana a la investigación confirmó que el exfuncionario fue localizado sin vida en el municipio de Comala.

Monroy Sánchez, de 43 años, fue visto por última vez el pasado 24 de abril, en la capital del estado, y la denuncia fue presentada al día siguiente por sus familiares ante las autoridades correspondientes. 

En los primeros dos años del trienio 2009-2012 Monroy Sánchez fue alcalde suplente de Villa de Álvarez y a partir de diciembre de 2011 ocupó el cargo de manera interina cuando la titular, Brenda Gutiérrez Vega, solicitó licencia para asumir la candidatura del blanquiazul al Senado 

En el momento de su desaparición, Enrique Monroy formaba parte del equipo de la diputada federal y dirigente estatal panista, Julia Licet Jiménez Angulo.  

En las últimas dos décadas, fue regidor suplente en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez; asesor del Grupo Parlamentario del PAN en la LV Legislatura del Congreso del Estado; secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, director de Participación Ciudadana y secretario particular de presidente Municipal. 

Tras el silencio de las autoridades sobre la condición en que fue hallado Monroy, este miércoles, el Comité Directivo Estatal del PAN confirmó y lamentó el fallecimiento.

La Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno Federal reportó, el 29 de julio de 2025, el fallecimiento de María Pérez López, una mujer de 86 años de edad, ocurrido el día 21 del mismo mes y año, debido a complicaciones derivadas de un carcinoma epidermoide y una infección por Cochilomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador. El deceso tuvo lugar en el poblado de Candelaria, Campeche.

La institución -cuyo titular es David Kershenobich Stalnikowitz- explicó que Pérez López padecía el carcinoma desde hace 10 años y presentaba hipertensión arterial sistémica. Según el comunicado, la paciente falleció por complicaciones oncológicas tras contraer la miasis, en mayo de 2025.

La mujer recibió tratamiento y fue referida para valoración oncológica, aunque no se especificaron detalles adicionales. Pérez López presentó úlceras en la piel y trastornos de la conciencia y sensibilidad, según el último reporte epidemiológico. La SSa Federal no proporcionó más datos respecto a las causas específicas del fallecimiento, ni sobre medidas adicionales implementadas.

El 17 de abril de 2025 se registró el primer caso de miasis por gusano barrenador en México, afectando a Juana Gómez Hernández, de 77 años de edad, residente del municipio de Acacoyagua, Chiapas. Hasta el día 30 de julio del mismo año, las autoridades federales reportaron 35 casos en total, con 31 en Chiapas y dos en Campeche. La Ssa detalló que tres personas permanecían hospitalizadas y cinco recibían atención ambulatoria.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó, el 30 de julio de 2025, que el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.7 por ciento, durante el segundo trimestre de 2025, con respecto al periodo enero-marzo del mismo año, según cifras preliminares desestacionalizadas.

El órgano constitucional autónomo detalló que las actividades secundarias, que incluyen manufacturas, crecieron 0.8%, mientras que las actividades terciarias, relacionadas con servicios, avanzaron 0.7%. Por su parte, las actividades primarias, que engloban agricultura, pesca y ganadería, disminuyeron 1.3% en el mismo periodo.

A tasa interanual, el PIB mostró un incremento de 0.1% en comparación con el segundo trimestre de 2024, según datos originales del INEGI. Este resultado se ubicó por debajo del 0.8% registrado en el primer trimestre de 2025.

El INEGI anunció que los datos definitivos del PIB correspondientes al segundo trimestre de 2025 serán publicados el 30 de agosto del mismo mes y año.

En un contexto internacional, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), reportó que el PIB de ese país creció a una tasa anualizada de 3% entre abril y junio de 2025, superando las expectativas de analistas, que estimaban un 2.4%, según una encuesta realizada por Reuters.

El DOC indicó que el comercio y los inventarios influyeron significativamente en el cálculo del PIB, afectados por las políticas comerciales del presidente Donald John Trump, que incluyen aranceles a importaciones. Economistas consultados por la agencia británica señalaron que las ventas finales a compradores privados serían un indicador clave para evaluar el crecimiento económico subyacente en Estados Unidos.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango de 4.25% a 4.50 por ciento, tras una reunión de política monetaria concluida el 30 de julio de 2025, según un comunicado oficial.

Oronda, insensible, evidentemente molesta y con un dejo de desprecio hacia todo lo que no fluya a su parecer, la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, dijo frente a la prensa en una conferencia en el estado que dirige: “es de miserables, es de miserables a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo”.

Se refiere a la información publicada en medios nacionales y en muchos locales de los Estados de la República, sobre el fatal destino de una buena ciudadana, Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada que, para completar su quincena, como suele decirse coloquialmente, se convirtió en taxista en un pueblo de Veracruz, solo para encontrar la muerte a manos del narcotráfico.

Irma, como muchos otros mexicanos trabajadores que se desempeñan con ahínco en los diferentes sectores económicos, fue víctima del clima de inseguridad y violencia que prevalece en México, ante la impunidad de la gozan los cárteles de la droga y las células que los componen, para extorsionar a las mujeres y los hombres de bien. Para cobrarles piso cuando ven que están generando ingresos. Así sea el propietario de una tortillería en el Estado de México, agricultores de Michoacán, Sinaloa o Nayarit, yonqueros, pescadores, restauranteros de Baja California. Si el sector genera dinero, el narcotráfico llega a amenazar para quedarse con una tajada.

Pero este clima amenazante es minimizado por las autoridades, en Baja California, por ejemplo, la fiscal María Elena Andrade, amiga de confianza de la gobernadora morenista Marina Ávila Olmeda, ha declarado públicamente: “No existe el cobro de piso como tal, porque no hay denuncias, sí recibimos algunas llamadas, sin embargo, no hemos dado seguimiento, es obligatorio ir a poner la denuncia ante la Fiscalía para que pueda proceder como tal”, entonces si no lo ve, no existe.

¿Cómo van a denunciar las víctimas si tienen su vida amenazada? Pero en el caso de Irma Hernández Cruz, sí hubo una denuncia, no presentada ante la fiscalía, pero sí ante la ciudadanía. Y no a manera para ejercer presión sobre la autoridad procuradora de justicia, sino para amedrentar a otros que, como Irma, se negaron a pagar piso a los criminales.

Irma fue privada de la libertad el 18 de julio, se supone atando los cabos de la historia no contada a plenitud, cuando se negó a pagar piso a los narcotraficantes por su trabajo de taxista.

Una imagen que particularmente rosa al gobierno de Rocío Nahle, que es desgarradora, dolorosa, terrible, y paradigmática de lo que sucede en México, es la que se aprecia en un video tomado por los criminales que privaron de la vida a Irma. Ella hincada, maniatada, cubierta por una manta blanca, pero aun en esas circunstancias con la cabeza erguida, la frente en alto, rodeada de cobardes criminales que cubren sus rostros con pasamontañas y máscaras mientras visten de un negro que refleja la clandestinidad en la que se mueven causando terror con sus armas largas empuñadas y colocadas al pecho. 

Las armas las sostienen con el cañón hacia abajo, cuando la única persona en esa mira es Irma Hernández Cruz, hincada, sometida y obligada a mandar un mensaje: “Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota o van a terminar como yo”. La frase revela que ella se negó a pagar “su cuota”, se negó a compartir con la célula criminal el dinero producto de su trabajo como taxista, no cedió ante la amenaza del cobro de piso, de la extorsión cuya prensa es el respeto a su vida a cambio de dinero producto de su trabajo lícito, del empleo que consiguió una vez jubilada del magisterio para sobrevivir en un país sin oportunidades.

Después del video ya no se supo más de Irma. Hubo una búsqueda ciudadana sobre su persona, se emitieron fichas para indagar sobre su paradero, pero ocho días después de la privación de su libertad, la encontraron muerta. Era de esperarse, su fatídico final había sido anticipado no solo por la privación de la libertad de que fue objeto por un grupo armado, sino por el mensaje que ella transmitió: “paguen su cuota o van a terminar como yo”. No hacía falta decir que muertos, se escuchaba en el amenazante mensaje, y su caso los criminales lo hicieron público precisamente para causar terror en la población y obligarlos a “pagar la cuota”.

Lo que siguió después fue de una indignación social que no ha parado, dado la leña que el gobierno de la República y el del Estado de Veracruz le han metido al fuego social. Un día después de descubrirse el cuerpo de Irma Hernández Cruz, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aun cuando como de cajón, dijo que no habría impunidad y que se colaboraba con el gobierno de Veracruz para dar con los responsables, en dos ocasiones obvio el nombre de la víctima.

Primero justificó el “trabajo” de las autoridades para localizar a la maestra jubilada autoempleada como taxista, diciendo: “Desde que a esta persona se denunció su desaparición desde ese momento hubo colaboración con el gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del estado de Veracruz, y obviamente con la gobernadora, para llegar al fondo de estos hechos y que no haya impunidad”:

“Esta persona” es una forma hasta despectiva de referirse a una víctima como Rima Hernández Cruz, quien ciertamente ha entrado a la fría y masiva estadística de la inseguridad y la violencia en México, convirtiéndose en un número más de los asesinados por los cárteles de la droga, pero ni aun así le valió ser recordada por la primera mujer que encabeza el gobierno de la República.

La titular del Ejecutivo Federal, quien en su discurso inaugural dijo que no llegaba sola, que llegaban todas, en referencia a las mujeres, en un segundo momento volvió a minimizar a la víctima, categorizándola como “esta mujer”, cuando dijo: “Entonces, primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer, también que de acuerdo a la información que se tiene cuál es el contexto de esta situación. Eso en primer lugar, siempre hay que tener la información completa”. Por supuesto que se refería entonces a la versión que ha defendido la gobernadora Rocío Nahle, que Irma murió de un infarto. Como si eso acabara con los altos índices de violencia en su estado y en el país.

Rocío Nahle ha hecho lo suyo. Justificó que los cobros de piso han incrementado en todo el País, como si eso la eximiera de la responsabilidad de crear un entorno de seguridad y tranquilidad para sus gobernados, acusó de utilizar el caso de Irma para “maximizar la violencia en Veracruz”, justificó que “es de miserables, a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo”, en un intento por minimizar el hecho, algo que en los gobiernos de Morena se ha vuelto una costumbre: minimizar para restar importancia, para salir airosos de una situación a la que han contribuido, la de la inseguridad y la violencia, la de la impunidad a las células criminales.

La gobernadora de Veracruz casi a gritos reiteró que Irma Hernández Cruz, murió de un infarto, aunque se contradijera palabras adelante, presumiendo la aprehensión de cuatro personas “por este asesinato”.

A Irma la privaron de la libertad, la torturaron, la violentaron psicológicamente apuntándole con armas para que transmitiera un mensaje en el que anticipaba su propia muerte como muestra de lo que les sucederá a los taxistas que, como ella, se nieguen a pagar una cuota. El terror que causan las células del narcotráfico, la violencia que ejercen contra los ciudadanos, son efectivamente letales, de infarto en todo caso, de dolor, y para acabar  revictimizando ahora a Irma por el dolo de gobiernos que juramentaron protegerla a ella y a todos los mexicanos, pero claramente sus prioridades son otras.

El diputado morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, cuestionó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, específicamente la iniciativa que plantea eliminar a los legisladores plurinominales y adoptar el modelo de “primera minoría”.

En un documento titulado “Repensar la representación”, Monreal reconoce las deficiencias del actual sistema de representación proporcional, aunque sostiene que no debe suprimirse “sino buscar fórmulas intermedias que permitan corregir sus fallas sin renunciar a sus virtudes”.

El legislador advierte que si bien el esquema de primera minoría “podría mejorar la inclusión en comparación con un modelo puramente mayoritario”, su alcance “resulta restringido”, ya que “en cada contienda territorial solo accederían al Congreso el primer lugar y el segundo”.

Esto implica que “las fuerzas políticas situadas en tercera posición o más —aun con porcentajes relevantes de apoyo— quedarían sistemáticamente fuera”. En consecuencia, argumenta que “el modelo tiende a concentrar la representación en dos polos, lo que podría empobrecer la pluralidad del debate legislativo” y “conducir a un esquema de cuasi bipartidismo”.

Para democracias con “mayor fragmentación social y política —como la mexicana—, la representación proporcional ha funcionado como un mecanismo de contención y de inclusión”, asegura.

Todo se queda en familia. Sobre todo cuando se habla de los secretos del morenismo: tratos, contratos y amistades que ocurren dentro de la Cuarta Transformación. Y también los desencuentros, como ocurrió con la familia de Manuel Bartlett Díaz y la del hoy prófugo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder de La Barredora. 

El suceso ocurrió en 2015, como así lo revelan documentos en poder de EMEEQUIS. El conflicto fue mediado por el Poder Judicial de Tabasco. Y es que Manuel Bartlett tiene una de sus empresas funcionando en Tabasco: Comercial Lebasi, S.A. 

Comercial Lebasi, S.A. tiene contratos de arrendamiento, por ejemplo, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Se sabe que Lebasi es de la familia Bartlett por la información disponible en el Registro Público de Comercio. Ahí aparecen como inversionistas Isabel Díaz González de Castilla (mamá de Manuel Bartlett), Manuel Bartlett Díaz (él), Gabriel Bartlett Díaz (hermano), María de los Ángeles Bartlett de Turueño y María de la Concepción Bartlett Haro.

Verónica Bermúdez es hija de Hernán Bermúdez Requena, como se puede constatar a través de la revista Splendor & Rostros en su boda entre ella y Pablo Jiménez en mayo de 2023, donde también aparece junto a sus padres, el exsecretario de Seguridad en Tabasco y Verónica Encalada.

Además, se ordenó el pago por consumos de servicios como electricidad, teléfono, internet y agua, así como otros gastos de mantenimiento. A partir de la resolución, se otorgaron cinco días hábiles para el cumplimiento de la sentencia, que fue publicada el 18 de septiembre de 2019.