Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”,  presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está siendo investigado en la Unidad Técnica de Fiscalización por las presuntas aportaciones de Cinépolis a las campañas electorales del tricolor por un monto de 25 millones de pesos, una procedimiento para el cual se tienen hasta cinco años.

Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.

La Fiscalía de Chihuahua localizó a los hermanos Berrelleza Rábago, quienes habían sido vistos por última vez el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, fecha en que el capo de la zona, apodado “El Chueco”, asesinó a dos padres jesuitas.

Jesús Armando fue encontrado con vida. En otra acción se localizó el cuerpo de Paul Osvaldo, que fue enterrado en un punto del Cerro Colorado, ejido de Cerocahui.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por un presunto desvío millonario de fondos federales detectado en su gestión como gobernador de Campeche, así como por un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias penales o administrativas en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La FGR inició una nueva carpeta de investigación contra el líder priista por diversos hechos que podrían constituir delitos. Una línea de investigación está relacionada con los presuntos desvíos de Campeche y el supuesto tráfico de influencias. Otras líneas paralelas son por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal, según confirmaron a Animal Político autoridades federales.

La creación de la Comisión de la Verdad constituye un proyecto y un propósito importantes, necesarios, “para empezar”, dice a modo de advertencia David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, el maestro rural de Ayotzinapa que fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Luego de este reconocimiento, no puede sino hablar de la decepción y enojo que le provocaron enterarse que con el anuncio del inicio de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia también se buscaría reivindicar a las Fuerzas Armadas y darles trato de víctimas de la Guerra Sucia.

Conocida simplemente como Comisión de la Verdad –e instalada el 10 de diciembre pasado como Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990–, tuvo el pasado de 22 de junio la venia presidencial para ingresar a las instalaciones militares y acceder a los archivos de inteligencia militar, hasta ahora vedados para los civiles.

Aun con la denuncia del Gobierno mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Vulcan Materials por daño ambiental, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sigue abierta la puerta para negociar una salida.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020.

Así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de concluir que la entrega de esta información, solicitada vía transparencia, no pone en riesgo la seguridad nacional.

El lunes 4 de julio, en su primer viaje juntos, una pareja abordó el vuelo 7028 de la aerolínea Wingo en Bogotá, Colombia, con destino a Cancún, México. Su única intención era aprovechar la luna de miel que les había regalado el papá de él. 

Después de aterrizar, en el módulo de migración les preguntaron por sus documentos y, pese a las comprobaciones, los agentes decidieron que debían pasar a una segunda revisión —que, según la ley, solo puede durar un máximo de cuatro horas—, sus pasaportes y celulares les fueron retirados para ser retenidos por más de 12 horas en el Aeropuerto Internacional de Cancún y, finalmente, fueron deportados.

Rumbo a las elecciones de 2023, el partido de Morena se adelantó y convocó a sus aspirantes a registrarse para la candidatura a la gubernatura del Estado de México (Edomex).

El anuncio de Morena se da a pesar de que las autoridades electorales establecieron en el calendario que el proceso formal comenzará en enero de 2023.

El gobierno mexicano rechazó este jueves la orden ejecutiva antimigrantes emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, consistente en dar a la Guardia Nacional de Texas la facultad de detener a personas indocumentadas y devolverlas a México por los cruces fronterizos.

La Cancillería condenó la medida, bajo el argumento de que en Estados Unidos “la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal” y no estatal, por lo que, agregó, “esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas”.

Cuerpos mutilados dentro de bolsas negras fueron localizados al interior de la cajuela de un vehículo que fue abandonado sobre la carretera La Estacada a Epenche Chico, al ingreso del municipio de Mazamitla.

Los restos humanos estaban en el interior de un Sentra gris, placas JST-7832, que fue abandonado con los vidrios abajo y la cajuela abierta.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estará a cargo de un militar, luego que el vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, fue designado como nuevo director general del Aeropuerto Benito Juárez.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal, un crítico público de que los militares se hagan cargo de las tareas civiles como la construcción de obra pública, dio posesión al cargo este jueves al vicealmirante, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gneral en retiro Mauricio Ávila Medina, compareció en calidad de indiciado, desde las 09:00 horas del 7 de julio del 2022, por la indagatoria CI/FGJM/SC/229/2022-2, que le abrió la Fiscalía General de Justicia Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por generar “tensión” en las filas castrenses, con sus desacuerdos con decisiones federales y de Administraciones estatales.

“Me permito solicitar a usted, comparezca en calidad de indiciado. Debiendo traer consigo el original y copia del documento que acredite su personalidad militar; en el concepto que deberá hacerse acompañar de abogado particular que lo asista durante el desahogo de la diligencia, en caso contrario, se le nombrará un Defensor de Oficio Militar”, indicó un oficio fechado el 5 de julio del 2022 y firmado por el coronel Jesús Rosario Aragón Valenzuela, Fiscal General Adjunto.

Luego de una semana con un alza de homicidios en donde suman 106 muertes en el presente año,  este jueves 7 de julio apareció una manta con un mensaje de amenaza.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, luego de que la familiar que se los envió obtuvo depósitos por 47 millones de pesos durante su administración en el Gobierno federal.

Por segunda quincena consecutiva, la papa y otros tubérculos, al igual que el pollo y las loncherías, encabezaron la lista de los 10 productos más caros en el mes de junio, en el que además se registró la inflación más alta en 21 años, con un 7.99 por ciento anual.

Asimismo, de la decena de artículos encarecidos en el sexto mes del año más de la mitad fueron alimenticios.

Organizaciones de derechos humanos llamaron al Estado mexicano a detener la criminalización hacia el defensor y párroco Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, luego de que el pasado 21 de junio la Fiscalía General del Estado presentara una solicitud de orden de aprehensión en su contra.

Las organizaciones, entre las que se encuentra Front Line Defenders y Sipaz, señalaron que Marcelo Pérez ha sido víctima de criminalización desde 2014, y que además «ha sido víctima de amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas que han aumentado considerablemente desde 2020».

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) rechazó que el gobierno federal haya aceptado levantar un monumento para los militares que participaron en los hechos violentos de 1965 a 1990 en México, y aseguró que «los victimarios estaban del lado del Estado y no son héroes».

«Estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la llamada Guerra Sucia», señaló la OCSS en un comunicado, en el que además cuestionó que las investigaciones sólo abarquen hasta 1990 y no contemplen los crímenes cometidos por el Estado en años posteriores.