El pasado 17 de noviembre fue hallado en la carretera federal 74, a la altura de Mecatán, municipio de San Blas, el cuerpo sin vida de Juan Carlos “N”, un chofer de la plataforma InDriver, que presentaba 29 heridas con arma punzo cortante; por el homicidio vincularon a proceso a dos policías y a un civil.

A los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y para los tres, el plazo de cierre de investigación de 3 meses para definir su situación legal.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso un juez por el caso Agronitrogenados, lo que ya había ocurrido también en el caso de Odebrecht, pero esa no la apeló.

Este recurso de apelación se turnará a un Tribunal Unitario, que determinará si la medida impuesta debe prevalecer.

La prisión preventiva justificada en este caso fue impuesta el pasado 10 de noviembre, cuando el ex funcionario ya se encontraba detenido por el proceso judicial de Odebrecht.

El Gobierno mexicano presumió este martes de una “reducción cuantiosa” y “sostenida” de los casos de COVID-19 y de una “intensidad epidémica menor” tras dejar atrás la tercera ola de contagios.

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que casi 76 millones de personas han recibido una dosis contra la COVID-19, lo que representa una cobertura nacional del 85 por ciento.

En la conferencia de prensa matutina, López-Gatell Ramírez dio a conocer que de los 75 millones 955 mil 466 que han sido vacunados, solamente el 15 por ciento está en espera de recibir la segunda aplicación, por lo que hizo un llamado a la población que no se ha inmunizado para prevenir riesgos de contagio.

La Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos de una porción de legisladores del PRI, sin los cuales no podrán salir adelante los cambios propuestos a la ley que buscan revertir las modificaciones hechas en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

La Reforma Eléctrica que ha presentado López Obrador se ha vuelto la prioridad para los legisladores de Morena quienes tendrán que lidiar con la resistencia de los partidos de oposición. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) busca impugnar el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, por el que los proyectos y obras del gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.

En un comunicado, el Inai aseguró que “sus áreas especializadas estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Reducción de la calidad del agua, altos niveles de toxicidad, afectaciones a la flora y fauna, son algunas de las consecuencias permanentes que se viven en México por la huella tóxica que deja la minería con las filtraciones de sus presas de jales. En caso de derrames o rompimientos, el riesgo es para comunidades completas

Los impactos ambientales que tienen a largo plazo las presas de jales –depósitos de residuos tóxicos de la industria minera– son: la reducción de la calidad de agua, los altos niveles de toxicidad, afectaciones a la flora y fauna, explica en entrevista la doctora Julieta Lamberti, directora de Investigación en la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas por el gobierno de México respondieron formalmente a Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, para solicitar que se desestimen los argumentos contra las compañías.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), divulgó un documento que enumera las respuestas de las armadoras, quienes cuestionan la legalidad de la demanda.

Un joven murió luego de recibir un disparo por parte de un elemento de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, al cruzar la frontera desde Estados Unidos hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, el fin de semana pasado. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que, “de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes”, el elemento de la Guardia Nacional accionó su arma “al verse en riesgo”, pues el joven presuntamente apuntó con un arma corta al oficial.

La Presidencia de la República publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno de México, para garantizar su terminación oportuna.

El gobierno federal decidió no asignar recursos al programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como “Tandas del Bienestar”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, uno de los programas sociales estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus apenas tres años de existencia, el programa no cumplió su objetivo de constituirse como una alternativa a las instituciones bancarias para otorgar créditos sin intereses a personas de escasos recursos para que emprendieran negocios, como documentó Animal Político.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria para determinar si existieron actos de corrupción o negligencia de parte de funcionarios o exfuncionarios federales, estatales o municipales, que propiciaron la inundación del pasado 6 de septiembre en el municipio de Tula, Hidalgo, hechos que ocasionaron la muerte de 14 personas en un hospital del IMSS ubicado en esa localidad.

La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y se inició luego de que Animal Político publicó que la tragedia no es atribuible a la lluvia que cayó o a situaciones imprevistas, sino resultado de a una serie de decisiones y respuestas que premeditadamente se tomaron. A partir de dicha publicación la senadora, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal.

La minera trasnacional Peña Colorada solicitó autorización en materia ambiental para desarrollar su proyecto denominado “Ampliación centro industrial Paticajo”, que consiste en la construcción y operación de un depósito de residuos o jales secos, en conjunto con obras asociadas, que afectarían una superficie de 439.57 hectáreas de bosque de encino y selva baja caducifolia.

Aunque la empresa reconoce que “el proyecto generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa, de los cuales, los de mayor relevancia son: la pérdida de cobertura vegetal, pérdida del hábitat y modificación del patrón hidrológico”, asegura que ningún impacto ambiental comprometerá la continuidad de los procesos naturales.

Andrés Manuel López Obrador tildó como un rumor la presunta renuncia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

El colectivo ‘Seguridad sin guerra‘ llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no dar un “cheque en blanco” a las fuerzas armadas, en la discusión en la que decidirá sobre la controversia constitucional que se interpuso por un acuerdo presidencial que les permite estar de forma permanente en tareas de seguridad.

Bertina Parada, de 62 años, vio por última vez a su hijo, Carlos Alberto Osorio Parada, hace una década. El joven, de 27 años, partió de Sonsonate, El Salvador, con destino a Estados Unidos. Nunca logró su objetivo. Tomó un autobús de Monterrey a la frontera y en algún punto del trayecto alguien lo interceptó y le obligó a bajarse.

Su cuerpo se encontró en las fosas clandestinas descubiertas en abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Dos años después, la mujer recibió la noticia: su hijo era uno de los 196 cuerpos encontrados en aquel lugar convertido en símbolo del horror sufrido por los migrantes en su trayecto a través de México.

Los delitos catalogados como feminicidios por el gobierno disminuyeron 14.8% en octubre con respecto al mismo mes del año pasado, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Dicha disminución convertiría el mes pasado en el octubre con menos feminicidios en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En un desplegado que se publica este lunes, medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles reclaman al gobernador Miguel Barbosa Huerta respetar la libertad de ejercer un periodismo libre y crítico en esta entidad, y dejar de replicar prácticas autoritarias que criticó en el pasado reciente.

En el escrito, los firmantes se solidarizan con el director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, y con Carolina Fernández Galindo, directora del periódico El Popular, y sus respectivos equipos de trabajo, que han denunciado que Barbosa Huerta desató una campaña de acoso judicial y administrativo en contra de esos medios a partir de que han mantenido una línea editorial crítica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para la sesión pública del próximo 24 de noviembre, el debate y eventual votación de la controversia constitucional 90/2020, presentada por la presidencia de la Cámara de Diputados para impugnar el acuerdo presidencial que dispone del uso de las fuerzas armadas regulares, pertenecientes al Ejército Mexicano y la Armada de México, para desempeñar tareas extraordinarias de seguridad pública, incluyendo labores de investigación contra civiles.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020, el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” fue impugnado por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, sin que fuera sometido al Pleno de San Lázaro, ya que la mayoría parlamentaria de Morena se oponía a dicho recurso legal.

Los señalamientos surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.