Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por Claudio X. González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal, aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Reveló que mediante ese mecanismo –denunciado por el gobierno federal como una vía para la evasión fiscal– en la organización MCCI “meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos”.

La solicitud del Comité se deriva de una petición enviada por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Justicia Transicional en México (JTMX), luego de que Pérez Becerra fuera detenido el pasado 28 de enero.

En un comunicado, la Red TDT recordó que la casa de la activista fue allanada entre la noche del pasado 2 de febrero y la madrugada del día 3, mientras Campbell se encontraba en una cena con el equipo del obispo Raúl Vera.

El 11 de noviembre de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, por mayoría de seis votos, que las violaciones de derechos humanos que se cometieron contra la periodista Lydia Cacho no cumplían el parámetro de gravedad que marcaba en ese momento el artículo 97 de la Constitución y el antecedente del caso Aguas Blancas.

Datos oficiales provenientes de cinco censos nacionales de procuración e impartición de justicia de INEGI revisados por Animal Político revelan que el 95 por ciento de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias no están resueltas. Es decir, los posibles ataques siguen impunes.

“No habrá impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un mensaje posterior al anuncio de Fiscalía. A pesar de la contundencia del mandatario, esta no es la primera ocasión en la que agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno que él preside son señalados por graves vulneraciones a los derechos humanos.

Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor sin partido en la ciudad de Tecate, fue asesinado esta tarde en las cercanías del ayuntamiento. Horas antes había participado en un evento con la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, de Morena.

A las 16:40 el también presidente de la Comisión de Seguridad del cabildo recibió varios disparos mientras se encontraba en el estacionamiento de un comercio ubicado en el callejón Libertad, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, a unos cuantos pasos de las oficinas de la presidencia municipal.

Felipe Calderón logró colocar como candidatos a diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) a varios personeros: Margarita Zavala (esposa), Francisco Ramírez Acuña (exsecretario de Gobernación), Roberto Gil Zuarth (exsecretario particular), Ana Teresa Aranda (exdirectora del DIF), Juan Miguel Alcántara (exsubprocurador) y Jorge Zermeño (embajador en España).

La Comisión Organizadora Electoral del PAN aprobó el registro de candidatos a diputados de mayoría, por el método de designación, y Margarita Zavala Gómez del Campo será candidata a diputada federal por el distrito 10 de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo, que actualmente tiene en su poder Morena con Javier Hidalgo Ponce.

Pero hay más problemas que atender… Tras el cierre de las aulas y la reducción de sus matrículas, existe la urgencia de resolver la salud emocional de la comunidad escolar, golpeada por el confinamiento y las pérdidas humanas, coincidieron investigadores y representantes del sector educativo.

Una persona muerta y dos heridos fueron el saldo de un ataque armado contra una camioneta en la que viajaban 25 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en Huimanguillo, Tabasco, denunció el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) el pasado martes.

De acuerdo con las víctimas, quienes los atacaron eran elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes señalaron que al llegar a la caseta de cobro en la autopista Ocozocoautla- Coatzacoalcos los empezó a seguir una camioneta con insignias de Migración, en la que iban cuatro personas a bordo. Éstas ordenaron al conductor de la unidad en la que viajaban los migrantes a detenerse, y al ver que no accedía comenzaron a disparar.

Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

De éstas 942 fueron hechas por hombres y 133 por mujeres. Del total, 77 corresponden a integrantes de pueblos originarios.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ausencia del presidente López Obrador, quien se recupera de Covid-19, Paulina Téllez detalló que de todas la solicitudes de amnistía, “760 son por delitos contra la salud; 175 son delitos que no proceden y 769 que están en espera de información por falta de datos personales”.

Los estados con mayor número de Fiscalías son la Ciudad de México, con ocho; Chihuahua cuenta con cuatro; Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con tres cada entidad. Mientras que el Estado de México y Guerrero cuentan con dos Fiscalías especializadas en la atención e investigación a la violencia de género.

El primer paso para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo en la región Triqui, enclavada en la mixteca oaxaqueña, es el retorno de decenas de familias que han sido desplazadas de Tierra Blanca Copala, recientemente baleadas y despojadas de sus pertenencias a punta de metralla, y la detención y enjuiciamiento de paramilitares y sicarios responsables de asesinatos de indígenas. Ello, porque líderes indígenas coinciden en que sin justicia no se puede hablar de pacificación.

Los tres principales representantes triquis acusan que ese ataque armado ocurrido hace unas semanas fue perpetrado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con el respaldo del presidente municipal de Juxtlahuaca, el morenista Nicolás Feria Romero, y del gobernador priísta Alejandro Murat.

La participación de policías estatales en el asesinato y calcinación de 19 migrantes en el municipio de Carmargo, Tamaulipas, “no es un hecho aislado, sino consecuencia de una serie de abusos de autoridad”, aseguró Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

De acuerdo con Ramos, los abusos de autoridad han caracterizado la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y agregó que la aprehensión de 12 agentes estatales implicados en el caso de los 19 migrantes centroamericanos incinerados sólo busca quitar presión a las autoridades tamaulipecas, así como que las detenciones “son insuficientes” para hacer justicia en el caso.

El Instituto Nacional de Migración (INM) separó del cargo a ocho funcionarios de la Oficina de Representación en el estado de Nuevo León que presuntamente retuvieron una de las camionetas involucradas en el hallazgo de 19 personas calcinadas, en Camargo, Tamaulipas.

De acuerdo con el Instituto, hubo una “omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento”, al retener la camioneta Toyota que se encontró en diciembre de 2020, durante la identificación de personas migrantes en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Morena está a la cabeza de las preferencias para renovar el Congreso federal con un respaldo del 38 por ciento —nivel que ha mantenido desde septiembre del año pasado—, muy por encima del 11 por ciento del PAN, el 10 por ciento del PRI y el tres por ciento del PRD, aunque cerca del 33 por ciento de entrevistados que no sabe por quién votaría, revela una encuesta de El Financiero.

El estudio escrito por el reportero Alejandro Moreno indica que con el respaldo conjunto de los partidos que integran los dos principales bloques, Morena y sus aliados llegan al 40 por ciento, contra el 24 por ciento de la oposición que se ha conformado en la alianza “Va por México”.

Jorge Pérez era uno de los cientos de trabajadores de limpieza contratado por outsourcing por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A pesar de que el Hospital 20 de noviembre se destinó a pacientes de coronavirus, nunca se le brindó un Equipo de Protección Personal (EPP) y así, él a diario tuvo que limpiar oficinas, pasillos y baños.

Pasados algunos meses de la pandemia, el señor Jorge, de más de 60 años de edad, se atrevió a denunciar sus condiciones de trabajo a través de medios de comunicación; días después, la empresa lo despidió.

Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), sufrió una descompensación durante la audiencia inicial que se llevaba a cabo en su contra en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por lo que ésta fue suspendida.

Debido a una descompensación en sus niveles de azúcar, alrededor de las 2:00 horas, y con poco menos de tres horas acumuladas de la audiencia, Ancira comenzó a sentirse mal mientras contestaba algunas preguntas, por ello, tuvieron que llamar a una ambulancia.

La periodista Lydia Cacho comentó que buscará que le den al menos 20 años de cárcel al ex gobernador Mario Marín, por su protección a una red de trata de personas y la tortura que ella sufrió al dar a conocer dicha red en su libro Los demonios del edén, hace casi 15 años.

En entrevista para Aristegui en vivo, además recordó cómo la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, la “traicionó” cuando en la Suprema Corte votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar en 2007 que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron las garantías individuales de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución.