AUTOR: REDACCIÓN.
La ley establece que no se garantizará la seguridad de los manifestantes si no se notifica el evento con 48 horas previas al gobierno estatal.
Este lunes venció el plazo para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Borge, la cuál controla la realización de manifestaciones públicas en Quintana Roo.
Abogados de las organizaciones Artículo 19 y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha actuado de forma pasiva y optó por no impugnar esta legislación ante la Suprema Corte.
En este señalamiento también fueron incluidos el Congreso de Quintana Roo y la Comisión estatal de Derechos Humanos, los cuáles no usaron sus facultades para atacar la norma impulsada por el gobernador Roberto Borge, a la cual debe el nombre con que se le conoce.