Adela Navarro ya denunció ante la Fiscalía del estado las amenazas de las que fue víctima cuando Manuel Cisneros Romero se presento en el  Semanario ZETA acompañado de guardaespaldas armados y abogados. 

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, padre del joven asesinado Omar Cisneros Salcedo, llegó al medio acompañado de escoltas armados y rodeado de cámaras para exigir verla y confrontarla por una nota sobre el crimen de su hijo.

La Fiscal Ma. Elena Andrade confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros Romero quien llevó hombres armados y en forma intimidatoria requirió a la periodista Adela Navarro Bello, codirectora de #ZETA
Los detalles en: https://t.co/NwtopV8FTi pic.twitter.com/54SC84UdpV

— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) November 6, 2025

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, este 4 de noviembre, confirmó la denuncia presentada por Navarro Bello y calificó el hecho como “una comparecencia intimidatoria”.

“Ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado, acompañado de abogados y hombres armados”, declaró la funcionaria estatal.

De lo que sucede en Baja California, un hombre, padre de un hijo asesinado, socio de empresa bloqueada por el @USTreasury y la UIF, va a ZETA, lleva medios y amenaza al Semanario y a quien esto escribe https://t.co/Gtg1YSVsI6

— Adela Navarro Bello (@adelanavarro) November 1, 2025

La fiscal confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros: “Al llegar esta persona en esas condiciones, levantando la voz, tomamos la denuncia presentada por los abogados de la periodista. Se le ha brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones”, declaró Andrade Ramírez.

Agregó que se ha ofrecido protección especial a la periodista debido a la vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta tras el incidente. “Ella se siente vulnerable al recibir amenazas que, aunque sean verbales, también lo son. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, subrayó la fiscal.

LLEGÓ CON HOMBRES ARMADOS

De acuerdo con información publicada por el propio semanario, Cisneros Romero llegó gritando frente al edificio:

“Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro por la nota publicada sobre mi hijo. Se atreven a decir que está vinculado con los cárteles. Quiero que me dé la cara y me muestre las pruebas”. 

El empresario incluso acusó al medio de recibir dinero a cambio de publicar la investigación y advirtió que “vamos a ir por todo”, sin detallar a qué se refería.

📢 Exigimos a las autoridades @Mecanismo_MX, @FGEBC, @BCGobierno, que protejan la integridad de @adelanavarro y de las personas que integran el semanario @ZETATijuana ante los actos intimidatorios realizados ayer en su contra.

🔴 Recordamos que en el último año el semanario ha…

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) November 1, 2025

Artículo 19 insiste: “Las autoridades deben garantizar que los ataques a la libertad de prensa no queden impunes. ZETA no está sola”.

ZETA BAJO PRESIÓN

Periodistas de Uruapan denunciaron que han comenzado a recibir amenazas y acoso, sobre todo en redes sociales, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, por lo que han hecho un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Mecanismo Federal de Protección para iniciar un expediente y brindarles protección. 

A través del Colectivo #NiUnoMás Michoacán, se lanzó la alerta sobre el riesgo en que se encuentran varios periodistas; mencionan entre ellos los casos de los reporteros Lucero Díaz Estrada y Alfredo García, del noticiero Radiofónico Enlace Informativo en Uruapan, y Dalia Villegas, reportera de Quadratín en Morelia.

 

🔴 La @ProReporMor condena la retención y agresión vs la periodista Dalia Villegas Moreno, a quien elementos de la Guardia Civil en Michoacán despojaron de su celular y obligaron a borrar material.
Exigimos a @GobMichoacan sancionar a los responsables.
#LibertadDeExpresión pic.twitter.com/3Lgq1YHJ16

— Red de Mujeres Periodistas de Morelos (@ProReporMor) November 3, 2025

153 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en el mundo en lo que va de año, una cifra que “nunca había sido tan alta en diez meses”, denunció la Campaña Emblema de Prensa (PEC), que subrayó que dos tercios de las muertes se produjeron en conflictos armados.

La Franja de Gaza ha sido especialmente peligrosa para los profesionales de la información, con 57 periodistas asesinados en lo que va de año. Le siguen la guerra de Ucrania y Yemen, sumido en una contienda civil desde 2015, con otros once cada uno.

México se posiciona como el país sin un conflicto armado donde más periodistas han sido asesinados, 10, superando incluso a Sudán, con 7.

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

El periodista Francisco Abigail Hernández, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue víctima de amenazas y bloqueo informativo por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina mientras realizaba una cobertura periodística el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo sobre una protesta vecinal y una movilización magisterial. El comisario Humberto Canún Silva se acercó junto con tres marinos y le exigió retirar su motocicleta, su herramienta de trabajo, bajo el argumento de que estaba en “zona prohibida”. Aunque explicó que se encontraba en una carretera federal sin restricción alguna, minutos después el mando policial regresó para amenazarlo con detenerlo.

El reportero relató que, al advertir por teléfono a un contacto que informara a la presidenta municipal sobre el intento de arresto, el jefe policiaco se retiró del lugar. La organización ARTÍCULO 19 México y Centroamérica documentó el caso y recordó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia frente a cualquier agresión a la libertad de expresión y de prensa.

ARTÍCULO 19 exigió al Ayuntamiento de Tehuantepec abstenerse de intimidar y obstaculizar el trabajo periodístico, así como capacitar a sus cuerpos policiales en materia de derechos humanos. También llamó al Gobierno de Oaxaca a garantizar la seguridad de periodistas en todo el estado y a reconocer su papel como representantes de la sociedad civil.

COMUNICADO:

Un escolta de la presidenta Claudia Sheinbaum golpeó al director de la radio universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) y corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, cuando trataba de salir de las vallas metálicas que fueron colocadas en el campo de fútbol del Polideportivo donde se desarrolló el evento público de la mandataria.

José Miguel Sánchez, reportero de El Sur, relató que cuando terminó el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum los escoltas los encerraron en un corral de vallas metálicas.

Tras la agresión al periodista, casi un centenar de miembros de la prensa condenaron el hecho y exigieron que se abra una investigación contra el sevidor público federal.

“En el hecho reprobable también resultó agredido el compañero reportero José Miguel Sánchez del periódico El Sur”, dice el documento firmado por los periodistas de Guerrero.

Al respecto, la Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno de la República informó que ofreció una disculpa al periodista Sergio Ocampo.

También informaron que la persona involucrada en la agresión fue suspendida en tanto se realizan las investigaciones “y se tomarán las medidas en consecuencia”.

Asimismo, la Coordinación de Comunicación Social de Guerrero publicó en sus redes sociales que mantienen un “respeto absoluto a la labor periodística” y lamentaron los hechos ocurridos esta tarde en Chilpancingo, entre un colaborador del Gobierno Federal y el periodista Sergio Ocampo Arista.

La organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) denunció el acoso judicial de la Fiscalía General de Aguascalientes en contra de la periodista María del Refugio Martínez Guardado, quien desde 2022 ha sido vulnerada en su derecho al ejercicio de la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.  

En un pronunciamiento la organización expuso que, como directora del medio Péndulo Informativo, Martínez Guardado “ha enfrentado diversas formas de violencia: amenazas, hostigamiento y acoso judicial como represalia por su labor periodística”.