Ante la falta de explicaciones oficiales y el temor por su seguridad, Velasco Gordillo se ha visto forzada a abandonar su hogar, sin que las autoridades le hayan ofrecido hasta el momento ninguna aclaración o protección.
Explicó que, en el primer cateo, las cámaras de video vigilancia que mantiene en la entrada de su domicilio registraron, la noche del 11 de julio a las 23:39 horas; primero llegó una camioneta Suzuky Jimny color blanca con quemacocos, sin ningún sello oficial.
“Llegan alrededor de 20 personas con chamarras y algunos con las manos en los bolsillos; son policías municipales, personal militar y civiles, dos más personas se acercan al portón de la casa, ven la forma de la chapa y los sostenes de candado, aparece una mujer uniformada, mientras que, en la calle, 16 vehículos cierran la calle suman”.
Velasco Gordillo relató que, al no abrir el portón, lo rompieron a la fuerza, “entonces entran los que están armados y con linternas comienza a inspeccionar, entran a la casa otros 10 y otros 10 elementos armados, se quedan afuera, unos llevan armas otros las manos en el bolsillo. Uno de ellos parece anotar. Luego de 10 minutos de estar con linternas, se van como llegaron, dejan el portón a medio cerrar, y vuelven a la mañana siguiente 12 de julio con mayor número de elementos, desplegándose con preponderancia”.
Para la fotoperiodista, la ejecución de dos cateos agrava la percepción de hostigamiento, por lo que tiene miedo y ha decidido no regresar a su casa, por temor a nuevas represalias y por su seguridad.
Señaló que, hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no le ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de estos cateos. Tampoco se ha presentado ninguna orden judicial que justifique los allanamientos.
Velasco Gordillo comentó que el día que hizo la denuncia pública recibió una llamada del Fiscal de Distrito de Comitán, quien solo le comentó que el cateo obedeció a una denuncia ciudadana que acusó narcomenudeo.
“Exijo una investigación a fondo, quien hizo esa “llamada ciudadana”, así como también demandó la explicación y transparencia de esos cateos, y que se garanticen mis derechos humanos y de los que me rodean”.
La periodista reitera que estos hechos están directamente relacionados con su trabajo, ya que ha cubierto temas sensibles como la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza de Chiapas. Ella teme que estos allanamientos busquen intimidarla o, incluso, “sembrar” pruebas en su contra para criminalizarla.
El caso ha generado una amplia condena y preocupación en la comunidad periodística y en organizaciones de derechos humanos, quienes ven en este acto una grave violación a la libertad de expresión y un riesgo para el ejercicio del periodismo en México.
La falta de una respuesta clara por parte de las autoridades y la situación de desprotección y miedo que vive Luz del Alba Velasco, ponen de manifiesto los desafíos y riesgos que enfrentan los periodistas en Chiapas, un estado donde la violencia y la impunidad son una preocupación creciente.
La periodista ha dirigido cartas a diversas autoridades y organismos de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19, solicitando su intervención y, crucialmente, medidas de protección para garantizar su integridad y su seguridad.
