La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en enero próximo se habilitará un registro único para que los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas de salud.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en enero del próximo año se habilitará un registro en el Sistema Nacional de Salud, con el que se buscará que los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas y sus historiales médicos se puedan compartir.
“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar de acuerdo con lo que ellos nos digan o lo que cada persona diga”, señaló en conferencia.
“Para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa, si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”.
Destaca “fortalecimiento” del IMSS Bienestar
En su discurso por el primer año de su gobierno en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el IMSS Bienestar “se fortalece cada día” en las 23 entidades de la República Mexicana en las que opera.
Señaló que a finales de este año se habrán inaugurado 31 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La mandataria federal destacó que durante su gobierno se implementó el programa Laboratorio en tu Clínica.
“En la gran mayoría de los centros de salud podrá haber laboratorios para poder diagnosticar adecuadamente a las personas. En diciembre será realidad para los 23 estados de la República, y también para Yucatán que se incorpora al IMSS Bienestar.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar alcanzan hasta 97% de cobertura, con 96% en medicamentos oncológicos, aunque persiste un rezago de 3% a 8%.
El IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar alcanzan ya niveles de abasto de medicamentos cercanos al total con hasta 97% en algunos casos y 96% en oncológicos aunque persiste un rezago de entre 3% y 8% que, de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, no se debe a fallas logísticas del gobierno sino al incumplimiento de varias compañías nacionales y extranjeras que desde junio no han entregado las piezas comprometidas.
Este martes, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Clark detalló sobre el abasto que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, 138% más que en mayo, cuando ingresaron 78 millones, mientras que en junio y julio se contabilizaron 150 y 159 millones respectivamente, y para mediados de septiembre ya se habían recibido 97 millones con otros 107 millones en proceso de entrega.
Empresas con mayores incumplimientos
El funcionario señaló que entre los casos más graves se encuentra el de BioXIntegral Servicios, que no ha entregado una sola pieza de las que le fueron solicitadas, lo que equivale a un incumplimiento del 100%.
Productos Farmacéuticos Serral acumula un 88.6% de incumplimiento, con casi 150 mil piezas pendientes de un total de 169 mil 378. Comercializadora Ucin y Distribuidora de Consumibles Médicos y Comercializadora Ocin presentan 83.7% y 83.6% de rezago.
En tanto, Abastecedora Higiénica de Sonora dejó de entregar 2.4 millones de piezas de las 3 millones comprometidas, lo que representa 78.6% de incumplimiento.
El volumen más alto de incumplimiento corresponde a Puerta del Sol Capital, que ha dejado sin entregar cerca de 14 millones 196 mil 582 piezas de las 21 millones 349 mil 161 pactadas.
Otros proveedores con rezagos importantes son Global Business Group, Médica Polaris y Labco Soluciones Médicas, que rondan el 75% de incumplimiento; Gelpharma, que no ha entregado 108 mil 155 piezas de medicamentos de especialidad (66.8%); y Grupo Médico Castro Díaz, con 2 millones 182 mil 853 piezas incumplidas.
El punto crítico: los oncológicos
La situación resulta especialmente crítica en los medicamentos oncológicos. Clark subrayó que, en este rubro, incluso pequeños volúmenes pendientes pueden afectar seriamente a los pacientes, ya que el sistema de salud requiere alrededor de 150 mil piezas al mes para cubrir la demanda nacional.
Clark destacó el caso de Novag Infancia, con un millón 698 mil 46 piezas oncológicas, que representan un 16.7% del total, que no han sido entregadas. Laboratorios Pisa mantiene pendientes 12 millones 852 mil 645 piezas de un total de 76 millones 421 mil 599 contratadas.
Zurich pharma suma 56 mil 386 piezas incumplidas, Zeux Lifesciences mantiene 3 mil 427 pendientes y Amarox Pharma acumula 457 mil 847 piezas que no han llegado a los hospitales.
El subsecretario reconoció que la industria ha respondido en las últimas semanas con una mayor entrega de oncológicos, pero advirtió que las empresas mencionadas siguen siendo un obstáculo para alcanzar el 100% de abasto. Recordó que, en el caso de estos medicamentos, cada caja no entregada significa un paciente que se queda sin tratamiento.
“En estos cuatro meses ha habido mejoras, pero hay proveedores que no han entregado ni la mitad de lo comprometido. Necesitamos que cumplan, porque detrás de cada caja no entregada hay un paciente que lo necesita”, enfatizó Clark.
La tarde de este lunes 22 de septiembre fue colocada una manta en el cerco de las instalaciones del Hospital General de Mexicali, para solicitarle a un presunto capo de narcotráfico que apoye económicamente con insumos para el sector salud.
Alrededor de las 17:30 horas, se emitió el reporte de emergencia donde se hizo referencia a que junto al área de urgencias del Hospital General de Mexicali, ubicado sobre la calle Del Hospital, en los alrededores del Centro Civico, se había colocado un mensaje donde se hace referencia al Ruso, líder de la agrupación delictiva que se identifica con su apodo y que forma parte de esta estructura del Cártel de Sinaloa.
Policías acudieron al nosocomio y confirmaron la presencia de la manta amenazante, la cual estaba escrita con tinta roja.
El mensaje decía lo siguiente:
“SEÑOR RUSO. Dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar AO”
El texto se da en el contexto de protestas del sector salud por la falta de insumos en dichos oficiales cuya función recae -en gran medida- en la autoridad federal, luego de la entrada en vigor del IMSS bienestar.
Médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz denunciaron que laboran sin insumos básicos desde hace más de seis meses, en condiciones que afectan su salud y su formación profesional. La mañana del 11 de septiembre realizaron una protesta pacífica para exigir una respuesta inmediata de las autoridades.
“Estamos expresando nuestra inconformidad ante las condiciones que vulneran nuestra formación académica y ponen en riesgo nuestra salud”, declaró Citlali Ríos, una de las residentes. Afirmó que el hospital carece de guantes, cubrebocas, batas quirúrgicas, medicamentos y material de curación. “Estamos careciendo de muchos insumos, tanto de equipo personal médico como del cuadro básico de medicamentos”, añadió.
Los residentes aseguraron que han tenido que cubrir con recursos propios el equipo de protección, así como materiales para realizar prácticas médicas y tareas administrativas. “Hemos estado trabajando con lo que tenemos y en muchas ocasiones hemos tenido que adquirir nuestros equipos”, dijeron. Señalaron que su protesta no tiene relación con becas o recursos económicos, sino con la exigencia de condiciones dignas para aprender y atender a la población.
Durante la protesta, los servicios médicos del hospital no se suspendieron. El personal en formación se organizó para continuar con la atención a pacientes mientras otras y otros salieron a manifestarse. A pesar de las denuncias, señalaron que ninguna autoridad ha respondido a sus demandas y advirtieron que no dejarán de exigir condiciones seguras para trabajar.
Por: Draco Draculon martes, septiembre 09, 2025/Comentarios: 0Nacional,
Sector salud
Durante el primer semestre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum dejó sin ejercer casi 37 mil millones de pesos en salud, según el último informe trimestral de la SHCP. Los programas más afectados incluyen atención médica y medicamentos gratuitos de IMSS-Bienestar, con un subejercicio de 27,034 millones de pesos, así como recursos del ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud. La falta de ejecución impacta hospitales, infraestructura y programas clave, generando carencias en insumos y atención para pacientes, pese a las promesas de cobertura universal y fortalecimiento del sistema de salud
El gobierno de Claudia Sheinbaum dejó sin ejercer casi 37 mil millones de pesos en salud durante el primer semestre del año, de acuerdo con el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las instituciones más afectadas son el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.
Entre los programas más golpeados está el de Atención médica y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social, operado por IMSS-Bienestar, que presenta un subejercicio de 27,034 millones de pesos, el mayor en todo el sector.
¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?
Para conocer el gasto real en salud, se analiza la clasificación funcional del presupuesto, que agrupa los recursos según su finalidad (salud, educación, seguridad, etc.). Esta herramienta permite identificar cuánto se destinó y cuánto se ejerció, sin mezclar funciones dentro de una misma dependencia.
En total, al menos ocho ramos federales tienen asignaciones relacionadas con salud: Secretaría de Salud, SEDENA, Marina, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, así como los ramos 19 (Aportaciones a Seguridad Social) y 33 (Aportaciones Federales a Estados y Municipios).
Los mayores subejercicios ocurrieron en las siguientes instituciones:
ISSSTE: -15,658 millones de pesos
Secretaría de Salud: -11,139 millones de pesos
IMSS: -6,594 millones de pesos
IMSS-Bienestar: -5,727 millones de pesos
HOSPITALES EN NÚMEROS ROJOS
Más de la mitad de las instituciones adscritas a la Secretaría de Salud presentan subejercicios. Estos son los 10 principales subejercicios en el primer semestre por institución:
Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva: -980.6 MDP
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia: -717.9 MDP
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”: -643.7 MDP
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades: -452.1 MDP
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: -296.4 MDP
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía: -241.4 MDP
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez: -185.7 MDP
Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones: -153.2 MDP
Hospital Juárez de México: -144.8 MDP
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis: -143.5 MDP
PROGRAMAS PARALIZADOS
En términos programáticos, la afectación es aún más clara. Algunos de los principales subejercicios fueron:
Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (IMSS – Bienestar): -27,034 MDP
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social (IMSS): -6,777 MDP
Atención a la Salud (Secretaría de Salud): -6,555 MDP
Atención a la Salud (ISSSTE): -4,391 MDP
Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud (Secretaría de Salud): -2,329 MDP
Prevención y control de enfermedades (SSalud): -2,009 MDP
Suministro de Claves de Medicamentos (ISSSTE): -1,716 MDP
Salud materna, sexual y reproductiva (Secretaría de Salud): -762.1 MDP
Prevención y control de enfermedades (ISSSTE): -719 MDP
Programa de Vacunación Infantil (Secretaría de Salud): -716 MDP
Proyectos de infraestructura social (ISSSTE): -530.2 MDP
Vigilancia epidemiológica (Secretaría de Salud): -371.3 MDP
Fortalecimiento a la atención médica (IMSS – Bienestar): -360.1 MDP
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS (Secretaría de Salud): -145.1 MDP
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (Secretaría de Salud): -92.2 MDP
¿Y LA PROMESA DE LA SALUD UNIVERSAL ESTILO DINAMARCA?
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han insistido en que la transformación del sistema de salud es una de sus prioridades. Sin embargo, los datos oficiales revelan lo contrario: subejercicios y programas clave sin ejecución.
Este gasto sin ejercer contrasta con los mensajes oficiales sobre el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la cobertura universal o el abasto de medicamentos. Mientras tanto, hospitales reportan carencias, médicos denuncian falta de insumos y pacientes siguen esperando tratamientos.
La pregunta que queda en el aire es simple: ¿por qué no se ejercieron los recursos si ya estaban aprobados y asignados para uno de los sectores más urgentes del país?
Subejercicios en ramos
Subejercicios en dependencias de la Secretaría de Salud:
A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.
En el 2024, gobiernos de los 32 estados del país recortaron más de 8 mil millones de pesos en la función de salud, a pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, mientras que incrementaron su gasto en comunicación oficial a más del doble de lo inicialmente aprobado para ese año. Así lo revela la “Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024”, un análisis del proyecto ‘Ojos al Gasto’ de la organización Política Colectiva.
El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.
Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.
Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.
Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.
Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.
El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.
Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales
Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.
El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.
En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.
Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.
Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.
“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.
El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo y judicial, así como fideicomisos y otros.
Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.
Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.
Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.
Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.
Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.
Los consultorios privados, entre ellos muchos adyacentes a farmacias, se han convertido en opción de empleo para médicos recién egresados que no obtienen una plaza o una residencia en el sector público.
Desde hace tres años, Brian Cejudo es médico en un consultorio junto a una farmacia en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México. Ha sido su única oportunidad de empleo desde que egresó de la UNAM.
“Entrar en una institución llega a ser un poco más difícil. Entonces, uno busca la opción de trabajar y ejercer la carrera, y en este tipo de lugares es más fácil empezar a generar ingresos, empezar a agarrar experiencia”, dice en entrevista antes de iniciar su jornada.
El costo de la consulta es de 60 pesos, una cantidad razonable para quienes carecen de seguridad social o tienen ingresos que no les permitirían pagar más. Pero, por otro lado, representa una precarización para los profesionales de la salud.
“Son muchos años de carrera como para cobrar muy poco. La gente luego no sabe cuánto cuestan los libros, los uniformes, el transporte, todo lo que conlleva la carrera. Hay quien exige que inclusive sea más barata la consulta. Pero aunque es poco el pago, también tenemos esa parte humana, donde nos ponemos en el lugar del paciente y se entiende un poco”, comenta el médico.
Brian puede hacer hasta 20 consultas en un turno completo. Eso significa mil 200 pesos de ingreso en un día, pero también hay ocasiones en que sólo hace la mitad de atenciones y, por tanto, obtiene la mitad de ingreso.
El joven describe su trabajo como un convenio entre él y la farmacia: “La farmacia nos ayuda a nosotros a tener pacientes y nosotros a que vendan sus productos. En este tipo de trabajos tenemos ese convenio: te presto el consultorio, por decirlo de una manera, y tú me mandas a comprar los productos”.
Sin embargo, médicos como Brian no tienen un salario fijo, ni prestaciones de ningún tipo, ni siquiera de salud, paradójicamente.
Aunque deciden su horario, si no trabajan, no ganan.
La precarización laboral
La flexibilización de horario, que es visto como ventaja, sobre todo para los más jóvenes, más bien es una precarización laboral, ante la ausencia de contratos, antigüedad y con largas jornadas de trabajo. Esto, en realidad, los inserta en el sector informal de la economía.
“La progresiva precarización del trabajo parece no ser privativa de las actividades terciarias de subsistencia (comercio al por menor o negocios familiares) sino también en la ocupación de los recursos humanos en salud”, advierte el estudio “Condiciones de empleo y precariedad laboral de los médicos de México: análisis basado en una encuesta nacional”, realizado por los investigadores Julio César Montañez-Hernández, Sandra Patricia Díaz-Portillo, Germán Guerra y Hortensia Reyes-Morales, del Instituto Nacional de Salud Pública.
Gandhy Salgado, médico internista de 37 años, trabajó en consultorios de farmacias durante tres años, antes de realizar su examen para la especialidad en 2012. Su experiencia le hace reconocer que el motivo principal por el que un médico decide trabajar en un consultorio adyacente a farmacia es por necesidad, “porque no es un lugar tan agradable para trabajar”.
Trabajó en esos consultorios en 2012, en la colonia Aragón en la Ciudad de México, un espacio “aclientado”, por lo que hacía hasta 40 consultas al día por 30 pesos cada una. Ganaba mil 200 pesos la jornada, pero aún así era un monto mucho mayor a los 4 mil pesos quincenales que entonces cobraba un médico general en una institución pública.
Después trabajó en Guadalajara, en Farmacias Tapatías, mientras hacía un curso de preparación para el examen de admisión a la especialidad. Ahí sí tenía sueldo base de mil pesos, aunque había menos gente. Sin embargo, la mayor ventaja de estos trabajos, dice, es que en esos consultorios siempre hay vacantes. “Prácticamente te quedas a trabajar inmediatamente”, admite.
Sin embargo, el estudio de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública advierte que éstas no son ventajas, sino condiciones laborales que traen consecuencias: “A corto plazo puede afectar su salud, calidad de vida y la de sus familias, además de limitar las posibilidades de crecimiento profesional. A medio plazo, puede influir en las tasas de desocupación y desperdicio laboral. Asimismo, puede afectar la calidad de los servicios brindados a la población”.
De ahí que los investigadores recomiendan “la formulación y el establecimiento de una política de recursos humanos en México que considere conjuntamente la formación de los profesionales de la salud y las necesidades de salud de la población, y que a su vez regule el mercado público y privado”.
Sin embargo, no existe ninguna iniciativa gubernamental enfocada en no sólo proteger los derechos laborales del personal médico, ni supervisar la práctica médica, pese a que el crecimiento de los Consultorios Adyacentes a Farmacias han sido una constante en al menos 15 años.
Aumentan médicos en el sector privado
Gandhy Salgado logró hacer la especialidad en Medicina Interna, lo que le permitió dejar los consultorios de farmacia y buscar mejores oportunidades en el sector público, aunque en realidad tampoco significó una mejoría.
En plena pandemia de Covid 19, en 2020, entró a trabajar al Hospital General de Zihuatanejo, perteneciente entonces al Seguro Popular y la Secretaría de Salud, con un contrato por honorarios.
Estuvo siete meses, de los cuales cuatro no le pagaron a tiempo debido a la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se haría cargo de su salario, pero que nunca se concretó. “No puedo trabajar de gratis”, pensó entonces y renunció.
Al mismo tiempo también trabajaba en el Hospital General de Zona número 8 en Zihuatanejo, perteneciente al IMSS, pero la experiencia no fue la mejor. Su contrato se llamaba “de sustitución 08”, pese a que me habían dicho que sería de modalidad “base 02” y aunque había tres plazas de base vacantes, nunca se la dieron.
“Además tenían una forma muy cuadrada de trabajar, había demasiada burocracia y tenía entre 15 y 20 pacientes solo a mi cargo. En plena pandemia terminaba trabajando 10 horas con el traje de protección puesto”.
Finalmente decidió abandonar el sector público, y optó por la práctica privada. Desde hace cinco años tiene su propio consultorio en Zihuatanejo y sus ingresos han mejorado, además de que controla su agenda y tiene más tiempo para su vida personal.
Si bien la práctica médica en el sector público es “más gratificante” y desafiante porque llegan otro tipo de pacientes, y además “ayudas a la gente, tampoco iba a permitir que pisotearan mis derechos laborales ni soportar un trato indigno”, sentencia.
Salgado es parte del aumento de 6 % de médicos en el sector privado entre 2018 y 2024, de acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras en 2018 había 89 mil médicos trabajando en el sector privado, para 2024 aumentó a 95 mil.
Y es que el sector público tampoco puede absorber a los 17 mil 500 alumnos de pregrado egresados de la carrera de médico cirujano al año, más los 9 mil 300 especialistas. Esto pese a que México tiene un déficit de personal médico. Hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 3.5.
Si bien el IMSS aumentó su número de médicos en 40 % (14.565 médicos) entre 2003 y 2015 y el Seguro Popular, creado en 2003, permitió el cambio de estatus laboral de 24 mil 534 trabajadores que estaban contratados por honorarios en 2009, no fue suficiente.
En el sexenio pasado, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en cinco años había crecido la oferta de plazas médicas. Pasó de una oferta de 4 mil 537 plazas en 2018, a 9 mil 509 en 2023, lo que representa un 105 % más en especialidades como Medicina Familiar, de Urgencias, Interna y Cirugía General. Además presumió que, en 2023, el IMSS sumó al 83 % de médicos egresados de residencias.
Sin embargo, en el subsistema de salud que atiende a las personas sin seguridad social la precariedad laboral también es una constante, de ahí que el personal médico ha salido a manifestarse en los últimos años.
Sobre todo porque en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció Seguro Popular y fue sustituido por el Insabi, lo agudizó la incertidumbre laboral dado el descontrol administrativo. El Instituto desapareció a los dos años de operación y ahora el sistema está a cargo del IMSS-Bienestar.
Incluso, apenas este 8 de junio, un grupo de personal médico protestó frente a la presidenta Claudia Sheinbuam, interrumpiendo su discurso durante la inauguración de dos nuevas áreas en el Hospital de la Niñez Poblana.
El reclamo fue por la carencia de prestaciones de ley, seguridad social y un salario justo, pues su ingreso ascendía a 3 mil 200 pesos. “Seguimos siendo olvidados. Nos dijeron que va a llegar y no nos dicen cuándo, no nos han dado ningún tipo de opción, no nos han convocado para decirnos algo”, declararon al Sol de Puebla.
Entre 2019 y 2022, la proporción de personas en situación de pobreza que acudió a centros de salud públicos pasó de 36 % a 25 %, mientras que la atención en consultorios anexos a farmacias subió de 13 % a 23 %, lo que implica un aumento en el gasto de los mexicanos para su salud.
Andrea Genaro, de 52 años, tenía un dolor en el estómago que no la dejaba estar en paz. Acudió a la Clínica 5, de los servicios de salud de la Ciudad de México, donde atienden a personas sin seguridad social como ella. Para su sorpresa, esperó poco para ser atendida por una médica y tres días después recibió los resultados de los estudios de sangre y orina que le mandó a hacer.
Al regresar a consulta, la doctora le dijo que tenía infección en las vías urinarias, pero no tenían medicamento para darle. “Me seguí sintiendo mal. Y (pensé) si ya me hicieron el estudio y no me dieron nada, pues mejor voy a otro lado. Y fui al Similar”.
Pagó 60 pesos por la consulta y la doctora nuevamente le mandó a hacer estudios, pero esta vez, Andrea tuvo que pagar 350 pesos en un laboratorio de la misma cadena de farmacias. Gracias a eso le detectaron una bacteria en el estómago y le recetaron antibióticos por los que pagó otros 200 pesos.
Su curación le costó 610 pesos, lo que gana, si le va bien, en tres días de venta de las artesanías que tiende en el piso en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. “Hay días que uno vende algo, hay días que nada. A veces vendo 50 pesos, 60 pesos, pero eso no alcanza ni para la comida; cuando cae algo puedo vender unos 200 pesitos”.
Lo que gana Andrea, de piel morena acentuada por las horas bajo el sol y de menos de 1.50 metros de estatura, le alcanza apenas para comer junto con su esposo y sus dos hijas. Aunque ellas también trabajan, la familia no ha podido comprar un refrigerador.
Aún cuando tiene que gastar lo poco que tiene en su salud, sabe que es la única forma de atenderse. “Uno busca la forma, cómo hacer para pagar, porque tiene la necesidad de curarse”, dice. Aunque la bacteria ya cedió, aún tiene un dolor en el brazo que le persiste desde el año pasado, pero tendrá que esperar.
“Tengo que juntar otro poquito (de dinero) y ya después voy al médico y ya pues que me dicen. Porque si me dicen ‘tienes que comprar esto o tienes que hacer un estudio’, si no tengo ¿cómo?”.
Andrea sólo es un caso de millones. Hasta 2022, seis de cada 10 personas se atendieron en servicios privados de salud, de acuerdo con datos del INEGI. Entre las opciones estuvieron los llamados Consultorios de Atención Adyacente a Farmacias (CAF), el lugar más recurrente para los estratos económicos más bajos.
En 2019 sólo 13 % de los más pobres del país se atendían en farmacias, y 36 % en centros de salud de la Secretaría de Salud que brinda servicio a quienes no tienen seguridad social, pero para 2022 la proporción fue opuesta: 23 % acudió a farmacias, y 25 % a centros de salud.
Los datos de atención también confirman ese cambio. El número de consultas de la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022, y ya sin la pandemia de Covid-19 que había afectado los servicios. Significó una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para personas sin seguridad social.
Esto implica que los mexicanos gastan más de su bolsa para atender sus padecimientos. Y, peor aún, el mayor aumento de gasto ocurrió entre los más pobres: mientras en 2018 desembolsaron 1,729 pesos al año para tratar algún padecimiento, en 2022 gastaron 2 mil 679 pesos. Esto es un aumento de 54 % en cuatro años, de acuerdo con datos del INEGI analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Ese dinero termina en las empresas que, ante la demanda, ofrecen servicios de atención básica de manera rápida y medicinas a bajo costo. Aunque ha sido una industria en crecimiento constante desde hace varios gobiernos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró el mayor número de permisos para nuevos establecimientos de los últimos 23 años, de acuerdo con datos oficiales.
Desde el 22 de mayo, Animal Político preguntó a la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero no hubo respuesta. Al final de esta nota podrás ver el cuestionario enviado.
Los más pobres pagan por atención médica
A través de solicitudes de información, Animal Político obtuvo la estadística de los nuevos “Avisos de Funcionamiento”, un permiso que cualquier establecimiento privado que quiera dar servicios de salud debe tramitar ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Se trata de consultorios que un médico puede abrir incluso en su casa, consultorios adyacentes a farmacias, consultorios en torres médicas, e incluso de atención dental.
Los datos demuestran que en el sexenio pasado se tramitó el mayor número de permisos. En 2010 se emitieron 4,148 avisos de funcionamiento y la tendencia se mantuvo, en los siguientes años con un pico registrado en 2013, con más de 6 mil.
En 2018, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 4 mil 556 avisos para nuevos establecimientos, pero en 2023, un año antes de terminar la gestión de López Obrador las solicitudes prácticamente se duplicaron, al llegar a 9 mil 235 avisos de funcionamiento de nuevos establecimientos.
En Chiapas, el estado donde más población carece de servicios de salud, con 66 % de su población y en el que 6 de cada 10 habitantes se encuentran en pobreza, hubo 421 permisos de funcionamiento en 2023, mientras que en 2019 apenas hubo 31; un crecimiento de 1,258 % en cuatro años.
En tanto, el Estado de México, donde 44 % de su población no tiene acceso a servicios de salud, es la entidad con el mayor número de nuevos establecimientos: 1,064 en 2023, el doble de los que hubo en 2019, con 495.
Mientras que al comparar por tasa de habitantes, el mayor incremento se registró en Quintana Roo, que hasta 2023 tuvo 15 establecimientos nuevos por cada mil habitantes, seguido de Aguascalientes, con 13, y Baja California Sur con 12.
El número de nuevos registros no se puede contabilizar en acumulable, puesto que algunos establecimientos dejan de operar. De ahí que hasta 2023 funcionaban 18 mil consultorios adyacentes a farmacia. Lo que representó un crecimiento de 38 % en comparación con los 10 mil que había en 2013, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).
En la Ciudad de México, por ejemplo, sólo al hacer el recorrido de tres calles en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Santa María la Ribera, existen cuatro consultorios adyacentes a farmacias y un laboratorio privado. Todo, a unos metros de la clínica 2 del IMSS.
Las personas aseguran que prefieren acudir a las farmacias cuando enferman de gripe, infecciones estomacales o revisión de sus padecimientos como hipertensión o diabetes, aún cuando sean derechohabientes de instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
Gabriela López es una de ellas. Es ama de casa y está esperando turno en el consultorio de una farmacia para que revisen a su bebita de dos años. Prefiere eso que “ir al IMSS a formarme en la unifila a las 6 de la mañana y esperar tres horas a que me den una ficha y exponerla (a la bebé) tanto tiempo afuera en la calle. Prefiero venir aquí por la rapidez”. En las ocasiones en que la bebé no mejora después de consulta en estas farmacias, la lleva con un pediatra privado, cuya consulta ronda los 700 pesos.
A lado de Gabriela está María Palma, octogenaria, que acude para tratar su gripe. Ella trabajó como modista y su esposo, ya fallecido, era mesero. Nunca tuvieron seguridad social, aunque algunos años se atendió en los centros de salud de la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, pero tras su eliminación y sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desaparecido a los dos años de su creación, dejaron de atenderla.
Así lo explica Luis Gustavo Jiménez, amigo de su marido, quien la acompaña. “La señora tuvo Seguro Popular durante muchos años. Cuando cambia de nombre ya tuvo dificultades. También iba aquí al hospital de Xoco y ya no la atendieron y yo no tuve la oportunidad de ver por qué. Entonces la traemos acá (consultorio de farmacia). Esta es la salvación. Esta es la solución”, dice Luis.
Sin embargo, tiene la esperanza de que las promesas del expresidente se cumplan. “Mientras esto siga siendo así, hasta que funcione bien el IMSS-Bienestar, que es para la gente que no tiene seguridad social, yo creo que esto (los consultorios de farmacia) va a atenuarse. Porque mientras no tengamos ya un servicio de salud como el que queremos, esto es lo que va a seguir aliviando al país lamentablemente”, remata Luis.
María sólo vive de la pensión para Adultos Mayores, el principal programa social impulsado por el expresidente López Obrador, y utiliza parte de esos 6,200 pesos bimestrales para pagar el médico y medicinas en farmacias que venden medicamentos genéricos.
Estos establecimientos también ayudan a aminorar el impacto del desabasto de medicamentos en el servicio público, que, de acuerdo con cifras oficiales, al menos 15 millones de recetas no fueron surtidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Bertha Mercedes, jubilada de 63 años, es una de ellas. Es hipertensa y necesita medicación permanente que no siempre consigue en el IMSS. “Cuando no hay medicamentos en el seguro, los vengo a comprar aquí porque es más económico. Por ejemplo, el mes pasado no hubo. Si lo compro aquí son como 200 pesos. Si lo compro de patente, un medicamento me sale en 600 pesos. Y desde la pandemia ya no trabajo, entonces, pues está más difícil el asunto”.
Andrea, Gabriela, María y Bertha son sólo una muestra de un patrón creciente en el país: los mexicanos gastan cada vez más no sólo en pagar una consulta, sino en las medicinas para tratar sus padecimientos.
La compra de medicinas aumentó en 39 % entre 2018 y 2022 a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del INEGI. Pero al desagregar por ingreso, nuevamente los más pobres gastaron más. Su desembolso pasó de 211 pesos en 2018 a 427 pesos en 2022, prácticamente el doble.
¿Dónde termina ese dinero?
La iniciativa privada, el gran ganador
El pionero en ofrecer servicios de salud a bajo costo es el empresario Víctor González Torres, parte de la familia de políticos que creó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde 1999 constituyó el Grupo Por un País Mejor, que incluye los Laboratorios Best, Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos Similares y Sistemas de Salud del Dr. Simi (Análisis Clínicos).
De acuerdo a la información publicada en su página de internet, tiene 9,600 “unidades de negocio” llamadas Farmacias Similares en México y Chile, y 268 establecimientos de laboratorios clínicos a nivel nacional.
Pero también están Farmacias Benavides con una red de “más de 1,100 farmacias, 450 consultorios médicos y un centro de distribución”, según su página de internet; además de Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias YZA y Farmacias San Pablo.
Datos de la Ensanut revelan que estos establecimientos ofrecen al menos 10 millones de consultas al mes. Si se tomara una media de 50 pesos como costo por cada consulta, significan 500 millones de pesos mensuales, únicamente en el primer contacto de atención, y aún se sumaría las ganancias por la venta de medicinas.
De ahí que otro de los empresarios más ricos del país entrará al negocio con “Más Salud”. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca y tiendas Electra, lanzó el primero de 30 consultorios en todo el país con los que pretende alcanzar a 50 millones de personas. Su modelo de negocio consiste en ofrecer consultas médicas, estudios, pruebas rápidas, procedimientos auxiliares y una farmacia, todo en el mismo lugar.
Además, así como tiene un modelo de financiamiento de electrodomésticos a altos intereses para la población más pobre del país, en Más Salud incorporará “mecanismos de financiamiento inmediato” a través del Préstamo de Emergencia Más Salud, “que permite a los usuarios cubrir consultas, análisis y tratamientos sin necesidad de posponer su atención por falta de recursos”.
Si bien estos establecimientos tuvieron aún mayor demanda durante la pandemia, el primer gran incremento ocurrió en 2010, cuando las autoridades mexicanas regularon la prescripción de antibióticos que previamente se vendían sin receta médica. Esto provocó que las personas buscaran atención médica en mayor medida y los consultorios adyacentes a farmacias fueron la oferta a esa demanda.
Así lo explica el estudio “Utilización de servicios de salud en México: cascada de atención primaria en 2022”, del Instituto de Salud Pública. “Aunque este tipo de establecimientos a menudo cuentan con instalaciones muy básicas, y el hecho de ser anexos que pertenecen a las farmacias plantea un potencial conflicto de interés para los médicos que atienden en ellos, la población los utiliza con frecuencia”.
Entre los motivos para acudir a estos establecimientos está el acceso como la ubicación o el horario, en 71 %; 21 % tiene relación con la calidad y 8 % con otros motivos.
Sin embargo, aunque resuelven una necesidad, estos establecimientos únicamente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica ambulatoria de pacientes, vigente desde el 16 de octubre de 2010; y el Aviso de Funcionamiento de la Cofepris.
Entre estos requisitos está, por ejemplo, tener un aviso de responsable sanitario con título profesional, rótulo donde indique el horario de su asistencia, así como el horario de funcionamiento del establecimiento, título profesional del médico que brinda la atención médica a la vista del público, y otros referentes a infraestructura.
Además, la Cofepris realiza inspecciones para revisar el cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, no hay ningún otro mecanismo sobre la práctica médica, sobre todo para identificar que los tratamientos recetados estén relacionados con la mejor decisión de atención y no con un componente comercial alentado por la empresa propietaria de las farmacias.
De ahí que incluso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló “la necesidad de crear un régimen que supervise y controle la expansión de este sistema privado, particularmente por su rápido crecimiento en el sector, y considerando su accesibilidad geográfica y burocrática, con el fin de garantizar los requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud y minimizar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes”.
Cuestionario solicitado a la Secretaría de Salud
Este es el cuestionario íntegro enviado por Animal Político desde el 22 de mayo a la Secretaría de Salud.
1) ¿Cuál es el diagnóstico de la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud, sobre todo relacionados a la primera atención en consultorios adyacentes a farmacias y a viviendas? ¿Cuáles son los motivos que encuentran para explicar este incremento?
2) ¿Además del aviso de funcionamiento, qué otro elemento existe para que el Estado vigile la atención prestada en estos establecimientos?
3) ¿El incremento de este tipo de establecimientos es considerado un problema o ayuda para el Estado en la atención de primer nivel de la población?
4) Otro indicador es que los mexicanos gastaron 39 % más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. ¿A qué le atribuyen este incremento?
5) Sobre los seguros privados de salud, también hubo un incremento, al pasar de casi 1.7 millones de personas con este tipo de servicio contratado en 2018, a 8.3 millones en 2023, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). ¿Cuáles serían los motivos de este incremento, de acuerdo a la Secretaría de Salud?
6) Tenemos casos de médicos especialistas del sector público y que optan únicamente por prestar servicios privados. ¿La Secretaría de Salud ha identificado esto como un fenómeno/patrón? ¿Tienen estadística sobre el número de especialistas que ha renunciado entre 2012 y 2024?
7) ¿Estos indicadores comprobarían que la salud en México se está privatizando?
8) ¿Cuáles son las estrategias de la Secretaría de Salud para aumentar la atención pública de primer nivel y cuáles son las metas y para qué periodos?
