Sus hermanos, Jesús Guzmán y Amado Guzmán, también han ocupado la presidencia municipal; su hermana, Rosario Guzmán, ha sido senadora y diputada federal por el PAN, y su otro hermano, Omar Enrique Guzmán, también fue funcionario municipal y diputado.

La familia entera ha ocupado cargos municipales y legislativos en Veracruz, pero entre ellos destaca Joaquín Guzmán, quien llegó a ser presidente estatal del PAN de 2017 a 2021, año en el que intentó reelegirse -sin éxito- en un polémico proceso que fue resuelto en el Tribunal Electoral.

En la actual campaña para renovar los 212 ayuntamientos de Veracruz, Joaquín Guzmán volvió a acaparar los reflectores, cuando el pasado 22 de mayo denunció una agresión por parte de hombres armados en contra de su equipo de campaña y un candidato a regidor.

Historia de un cacicazgo familiar

Todo comenzó en 1997, cuando Joaquín Guzmán Avilés abandonó el PRI, que le cerró las puertas para ser su candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca. Curiosamente, quien operó para ello fue el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien a la larga terminaría haciendo una amistad de décadas.

Al perder la postulación priista, Guzmán buscó a la dirigencia estatal del PAN, que lo hizo su candidato y consiguió la victoria en el ayuntamiento en una apretada contienda que se definió por menos de cien votos.

En 2000, el PAN volvió a ganar Tantoyuca, esta vez con Héctor Lara Argüelles, quien había sido director de Obras Públicas de Joaquín Guzmán y fue obligado a colocar a Omar Enrique Guzmán como tesorero municipal y a Jesús Guzmán como síndico. En ese año, Joaquín Guzmán fue electo diputado local.

Cuatro años después, en las elecciones de 2004, Joaquín regresó como candidato y ganó con un margen amplio, para iniciar meses después un segundo periodo como presidente municipal.

En 2007, su hermano Jesús fue el candidato panista en Tantoyuca, pero perdió las elecciones frente al priista Trinidad San Román, quien interrumpió -tan sólo por tres años- la dinastía de los Guzmán Avilés.

Actualmente, el candidato de Morena que disputa la presidencia municipal y busca terminar con este cacicazgo es el diputado Roberto Francisco San Román, hijo de aquel priista que gobernó entre 2007 y 2010.

Ese año, el PAN decidió postular al expriista Miguel Ángel Yunes a la gubernatura de Veracruz, pero perdió frente a Javier Duarte.

Quien no perdió en los comicios veracruzanos de 2010 fue Joaquín Guzmán, quien fue electo por tercera vez presidente municipal de Tantoyuca, dando inicio a un periodo de 15 años ininterrumpidos de gobiernos encabezados por los tres hermanos.

En un caso inédito de nepotismo municipal, en 2014 Jesús Guzmán recibió el poder de su hermano Joaquín; en 2018, Amado Guzmán sucedió a su hermano Jesús, quien a su vez volvió a ser electo en 2021 para tomar protesta l 1º de enero de 2022.

En febrero pasado, el PAN registró como su candidato a la presidencia municipal a Joaquín Guzmán, quien de ganar las elecciones del próximo domingo sustituiría a su hermano Jesús a partir del 1º de enero de 2026, y se quedaría en el poder hasta 2029.

El “camino de la constancia”

El municipio de Tantoyuca se ubica en el norte de Veracruz, cerca del estado de Hidalgo y en la región de la Huasteca, que corre desde San Luis Potosí hasta el norte veracruzano y el sur de Tamaulipas.

Con más de 100 mil habitantes, de los cuales 70 mil tienen credencial para votar, Tantoyuca es la cabecera del distrito 02 local y tiene una población indígena importante. Enfrenta problemas de marginación, pobreza y carencia de servicios básicos, atención a la salud y empleo.

“Creo que Tantoyuca va por un camino de constancia, creo que Tantoyuca merece seguir siendo uno de los municipios en la zona norte del estado de Veracruz donde se respira seguridad, tranquilidad y paz social; creo en los gobiernos anteriores y seguiré en la escuela que han forjado”, dice, en clara referencia a las administraciones que él y sus hermanos han encabezado en Tantoyuca.

El esposo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el doctor en ciencias, Jesús María Tarriba Unger, es físico con formación de matemático y reconocido experto en riesgos financieros, quien discretamente se ha mantenido alejado de las actividades y responsabilidades que desempeña su mujer como mandataria nacional.

Este sinaloense de 62 años, cuya tesis doctoral fue premiada y está respaldado por una experiencia de 30 años como analista financiero en diversas instituciones bancarias en España y México, ha respetado la investidura de su consorte, y ha limitado su participación a los actos protocolarios que corresponden al cónyuge de la Ejecutiva Federal, como su presencia en los festejos del día de la Independencia.

Desde 2017, antes de casarse con Sheinbaum -en noviembre del 2023-, se desempeña como responsable del “Desarrollo de Modelos de Valoración y Mediación de Riesgo Financiero” en el Banco de México. La información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia indica que tiene un sueldo mensual de 51 mil 560 pesos, una compensación quincenal de cinco mil 656 pesos, y su gratificación anual y primas en 2024 alcanzaron los 336 mil 500 pesos.

Como el esposo de la Presidenta Sheinbaum, en México los maridos de las gobernadoras y alcaldesas no tienen derecho a cargos, atribuciones, comisiones ni poder público, porque no son parte del equipo que gobierna.

El problema para los bajacalifornianos es que no todos tienen la sobriedad del doctor Tarriba, ni la prudencia -por lo menos en ese ámbito- de su mujer, la Presidenta de México.

Desde el año 2022, cuando la opinión pública fue informada de que la gobernadora Ávila había designado a su cónyuge, el abogado y político, Carlos Torres, ex panista convertido a Morena, como “Coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos”, y que tenía una oficina en el edificio del Poder Ejecutivo, donde utilizaba los salones del gobierno para sus reuniones, generó descontento social y opiniones en contra.

Cuestionada ante el nepotismo indirecto en conferencias de prensa, Marina Ávila defendió su decisión y la comisión de su marido, argumentado que la coordinación de esos proyectos con presupuestos millonarios y adjudicaciones directas, relacionados con la construcción de parques, temas de movilidad y rescate de edificios históricos, era un cargo honorífico, sin sueldo.

La señora gobernadora incluso reclamó violencia de género, preguntando por qué a los mandatarios masculinos no les han cuestionado si es nepotismo que sus esposas estén frente al DIF. “Ah pero como uno es mujer, entonces sí”, enfatizó.

Como si el trabajo de cabildeo, de atender a los empresarios que buscan hacer negocios y tener contratos con el gobierno encabezado por su mujer… fuera equiparable a la labor de encabezar el patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, integrado por particulares con el objetivo de recaudar recursos y bienes para fortalecer el patrimonio del DIF.

Por cierto, la función de las primeras damas o primeros caballeros frente a patronatos DIF sí está plasmada en reglamentos. Lo que, después de tres años en funciones, no sucede con el cargo del señor Torres.

En medio de esa oscuridad, el alcalde de Tijuana también quedó bien con la gobernadora, uniéndose a la cargada, y en octubre del 2024 designó a Torres -quien suspira por la candidatura a la alcaldía tijuanense con el cargo honorifico de “Coordinador de Proyectos Estratégicos”, en los que, oportunamente, algunos de sus cercanos han resultado beneficiados.

De hecho, el 14 de mayo, cuatro días después que la pareja estatal informara a través de redes sociales que el gobierno de Estados Unidos les habría revocado las visas -a ella de rebote, porque el non grato era su marido- para ingresar a su territorio, Ávila Olmeda no retrocedió.

Sin considerar la opacidad, los conflictos de intereses, sin importar las formas, decidió continuar beneficiando con sus actos de autoridad el tema del cabildeo de Carlos Torres, quien lleva tres años trabajando sin sueldo, por lo que resulta inevitable la duda de cómo se mantiene el cónyuge estatal.

Entrevistado al respecto, el senador panista Gustavo Sánchez dijo que, aunque es evidente que la pareja estatal le está sacando la vuelta a las Leyes contra del nepotismo y están faltando a la transparencia en el ejercicio de gobierno, no se les puede acusar de violar ninguna Ley existente, a menos que surjan documento firmados, un email, un video o una llamada grabada, con la pareja de la titular del ejecutivo estatal, ejerciendo actos jurídicos.

Entonces, para evitar casos como el de Torres, los Congresos estatales y el federal tendrían que abrirse para el análisis y debate de reformas que prohíban expresamente la participación, incluso honorífica, de las parejas de mandatarios en proyectos económicos y sociales, relacionados con los gobiernos encabezado por sus esposos y esposas.

Por lo pronto, se podría empezar por aplicar los recursos aún disponibles del agonizante Sistema de Transparencia aniquilado por los gobiernos de Morena, para recordarles a los Torres Ávila que cualquier persona física o moral que usa recursos públicos o tiene relación con su manejo, está obligada a transparentar sus acciones y resultados a través de páginas públicas. Al fin que él que nada debe, nada teme.

Entendiendo tanto a nivel federal como en los gobiernos locales, es frecuente que existan acciones de nepotismo y reelección que, más allá de un reconocimiento a la labor de los servidores públicos, han generado cacicazgos, como el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quien pretende competir en 2027 por la gubernatura de su Estado, cuando su hija es la actual mandataria local; o bien, la familia Monreal, que lleva varios años dirigiendo Zacatecas.

La reforma se aprobó, pero se condicionó a que tuviera vigencia a partir de 2030, lo que permite a muchos políticos aprovecharse para competir en cinco años de posibles elecciones.

En Baja California hemos visto la urgencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por mantenerse en ritmo con las acciones emprendidas por el Gobierno de México, pues cada vez que un proyecto federal se aprueba, mueve todo lo necesario para ser de los primeros estados en aprobarlo.

En la mañanera del viernes 7 de marzo, Ávila Olmeda anunció que, siguiendo con el planteamiento de Sheinbaum, en próximos días enviaría una iniciativa al Poder Legislativo para restringir el nepotismo electoral y la no reelección en Baja California, con el objetivo de que no se puedan utilizar estas prácticas para crear cacicazgos.

El ejemplo más reciente en BC es el del regidor Sergio Tamai, de Mexicali, que luego de ocupar dos veces el puesto de edil, en el mandato de Marina del Pilar como alcaldesa y posteriormente en el primer gobierno de Norma Bustamante, su madre, Beatriz García, ocupó el puesto en la lista, también como edil. Es decir, luego de seis años de ser regidor, su madre ocupó el mismo cargo.

Si bien, cualquier acusación de esta índole podría recaer en violencia de género, la realidad es que, con la nueva ley, su progenitora no habría podido ocupar el mismo cargo, pues estaría constitucionalmente impedida.

Una de las versiones más frecuentes tras la afiliación a Morena de Carlos Torres Torres, es que existe una intención del esposo de la mandataria bajacaliforniana de ocupar un cargo de elección popular en el próximo ejercicio electoral en 2027, luego de que se confirmara que el nepotismo electoral sólo aplica para la sucesión del mismo cargo. Es decir, Torres Torres no podría competir por la gubernatura de Baja California, pero sí por la alcaldía de Tijuana.

Aunque sólo son rumores y no existe certeza en ello, la realidad es que un verdadero compromiso contra el nepotismo electoral sería que las familias guarden distancia de los cargos públicos cuando se trata de espacios de poder, pues como es sabido, Morena se fundó en Baja California a través de familiares y amistades, de las cuales algunas ya cuentan con cargos públicos, como la diputada Alejandra Ang, quien está casada con el regidor César Castro Ponce; o bien, que funcionarios no coloquen a sus familiares en puestos de poder, lo cual ocurría también en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Habrá que ver cuándo envía Ávila Olmeda la propuesta, cuánto tardan en aprobarla y cuál será el compromiso por cumplir lo constitucional y estatutariamente dentro de Morena, pues es común evadir sus propios compromisos a través de sus aliados como el PVEM, quienes aceptan cualquier cosa con tal de permanecer en el poder.

Además, avalaron la propuesta de "nepotismo electoral”, que establece que en puestos antes mencionados no podrán ser ocupados de manera inmediata cuando exista un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado.

SIN CAMBIOS AL PERIODO DE ENTRADA EN VIGOR

Pese a que la mayoría de legisladores se mostraron a favor de la reforma, la discusión se centró en la entrada en vigor de la misma, ya que fue modificada en el Senado de la Republica por un acuerdo entre el PVEM y Morena para que inicie a partir de 2030 y no en 2027, como fue la propuesta original enviada por la titular del Ejecutivo.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez, hizo mención sobre la propuesta original, por lo que celebró que Morena busque hacer cambios en sus estatutos para no permitir que legisladores del mismo partido oficialista busquen contender en las elecciones del 2027, pese a que la reforma no lo prohíba.

“Es el momento de demostrar con hechos que nuestra prioridad es el pueblo, que nuestro compromiso es con la democracia y que en México el poder no se hereda se gana con el trabajo honesto y el respaldo popular.

“Sabemos que la reforma que hoy aprobaremos es un mandato popular y que en Morena seremos los primeros en garantizar que no haya nepotismo desde las próximas elecciones en este año en Durango y Veracruz, así como las elecciones de 2027”, resaltó.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, dijo que el nepotismo en México debe erradicarse desde ahora, por lo que apoyó la iniciativa original que envió la presidenta Claudia Sheinbaum de que sea en el 2027 la entrada en vigor de la reforma.

“Para la bancada naranja, el nepotismo en México debe de erradicarse ahora, sin tolerancias, ni plazos, a modo de ajustarse o determinarse de familias políticas. Por eso propusimos y reiteramos que su eliminación debe entrar en vigor desde la elección del 2027 y ampliarse a todos los niveles y a todos los órdenes de gobierno, porque también hay nepotismo en los gobiernos de los estados y los municipios, en el Congreso locales, los Poderes Judiciales, los federales y también los órganos autónomos.

“Ya basta de los cacicazgos estatales que se heredan de padres a hijos o hijas, como en Guerrero. Ya basta también de cacicazgos municipales que no generan desarrollo y solo se enriquecen entre la misma familia, lucrando con la pobreza y la necesidad de la gente en cada elección”, resaltó.

Luego de que la iniciativa fue aprobada en el Congreso de la Unión, al ser una reforma constitucional tendrá que ser aprobada en al menos 17 estados de la Republica para que la iniciativa de reforma sea elevada a rango constitucional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió la mañana de este lunes un mensaje contundente a quienes aspiran a suceder a algún pariente en el poder: "eso no". Para ella, las y los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación (4T) deben asumir que no se trata de "un asunto de ambición personal", sino de servir al pueblo.

La semana pasada, tras largas horas de debate y negociación, los senadores de Morena y sus aliados lograron un consenso para aprobar la reforma contra el nepotismo que envió Sheinbaum Pardo con el objetivo de poner fin a la práctica de favorecer a familiares y amigos para quedarse en puestos públicos, sin embargo, le dieron luz verde para que entre en vigor hasta el 2030.

La iniciativa de Sheinbaum, modificada en el Senado de la República, propone que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios de junio del 2027, cuando estarán en disputa 15 gubernaturas, entre ellas 11 en poder de Morena, dos administradas por el Partido Acción Nacional (PAN), una por Movimiento Ciudadano (MC) y otra por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Partido Verde propone mover reforma contra el nepotismo hasta 2030

Luego de un acuerdo con Morena y Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México anunció una reserva para que la reforma contra el nepotismo entre en vigor hasta 2030 y no en 2027 como propuso en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó la información y dijo que se sumarían legisladores morenistas.

“Van a presentar una iniciativa, tengo conocimiento, perdón una reserva, el Partido Verde Ecologista —van a acompañar algunos senadores de Morena—, para que se modifique el transitorio, quede establecido en el transitorio que ya entra… su propuesta es que sea a partir de la elección de 2030, para armonizarla con la no reelección o evitar la elección consecutiva”.

Tanto Mier como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, destacaron la intención de mantener la unidad dentro de la coalición conformada por Morena, Partido del trabajo y el Partido Verde. 

“Mantiene su alianza con el Partido Verde, eso es lo que hemos estado viendo desde la mañana el grupo parlamentario, escuchando todas las voces de nuestras compañeras y compañeros (…) Tan importante es la agenda legislativa de Morena para sacar adelante las reformas constitucionales a las que se han sumado tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde y otros senadores que se sumaron a nuestro movimiento, como la agenda que tiene tanto el Verde como el Partido del Trabajo”.

Previo al inicio de la sesión, sin dar detalles, Fernández Noroña aseguró que lograron librar las diferencias sobre la votación, que había mantenido su coalición desde el 5 de febrero cuando fue presentada la iniciativa. 

“El Verde la va a apoyar, ya verán ustedes las condiciones (…) De repente no se valora lo difícil que es construir la mayoría calificada, no es solo Morena, es PT y Verde la coalición y tenemos que mantenernos unidos en una sola línea y no se valora las contribuciones que pueden hacer personas que se van sumando”.

En tanto, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, explicó que su bancada siempre ha mantenido la postura de que entre en vigor la reforma hasta 2030.

“Creemos que la reforma debe ser aplicada en lo general en el 2030 y no creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie”, dijo al respecto.

Los beneficiados con la reforma

La reserva que ingresaron Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco abre la puerta a que la senadora Ruth González Silva, del PVEM, pueda suceder a su esposo Ricardo Gallardo Cardona en la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Aunque ambos habían dicho que apoyaban la iniciativa con la aplicación desde 2027, la reforma aprobada permitiría que Félix Salgado Macedonio pueda contender ese mismo año por el gobierno de Guerrero, que está a cargo de su hija Evelyn Salgado. Al respecto, el guerrerense dijo que hasta ahora no ha manifestado su intención de participar en ese proceso.

Otro legislador que podría continuar los pasos de sus hermanos Ricardo y David en la gubernatura de Zacatecas es Saúl Monreal.

La senadora Ruth González no rechazó su intención por buscar suplir a su esposo en la gubernatura y presumió que obtuvo 526 mil votos para llegar al Senado:

“El pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea el o la candidata, vamos a ganar”.

La reforma está dirigida para personas legisladores federales, gobernadoras, diputadas locales, presidentes municipales; personas regidoras o síndicas, así como alcaldesas o concejalas, que no podrán contender si en los últimos tres años anteriores al día de la elección tuvieron un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de es cargo.

La minuta contra la reelección consecutiva y el nepotismo, con la modificación del Senado, será enviada a la Cámara de Diputados.