Intercam Banco anunció a sus empleados un aumento salarial, también tendrían más dinero en los vales de despensa y, por lo tanto, una mayor cantidad de aguinaldo. Dos semanas después, el júbilo se esfumó cuando el Departamento de Estado reveló una investigación contra la firma mexicana por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El gobierno de Donald Trump también investigaba a CiBanco y a la casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Para Fitch Ratings, las acusaciones de narcolavado provenientes de autoridades estadunidenses contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa ya generaron un daño irreparable. La calificadora determinó que dejará de seguir evaluando a estas entidades, más allá de ser un tema comercial es que tendrán problemas de dinero. 

“El retiro de las calificaciones obedece a razones comerciales. A partir de esta fecha, Fitch dejará de dar seguimiento a las calificaciones de Vector CB, CIBanco, Intercam Banco y las afiliadas no bancarias de los dos últimos”, informó la agencia este 16 de julio, en un informe publicado por la mañana.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este martes que sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con una multa de 185 millones de pesos (mdp), luego de que hace unas semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara a dichas instituciones bancarias por presunto lavado de dinero.

Intercam recibió 16 multas por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) e Intercam Casa de Bolsa tuvo que pagar 47.5 mdp en 10 multas. CI Banco recibió 16 multas por 53.3 mdp y CI Casa de Bolsa deberá pagar 13.3 mdp. Vector, en cambio, recibió una multa de 26 millones de pesos, por un total de seis sanciones.

De acuerdo con la CNBV, las sanciones fueron clasificadas bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero e infracciones a la Ley de mercado de valores.

Publicamos las sanciones impuestas a las entidades y personas sujetas a supervisión.

En este caso corresponden al mes de junio.

Consúltalas en: https://t.co/pRMgmukEHI pic.twitter.com/Ab4cMMsYiI

— CNBV (@cnbvmx) July 15, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el plazo de la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, que prohíben envíos de fondos relacionados con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), se informó que tendrán ahora un periodo adicional de 45 días, es decir, hasta el 4 de septiembre de este año, para implementar las restricciones impuestas sobre la transferencia de fondos.

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés) acudió, en mayo de 2025, a la 88 Convención Bancaria, de la Asociación de Bancos de México (ABM), llevada a cabo el 8 y 9 de mayo del mismo año, en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, para advertir que el Gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, “quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, catalogados por EE. UU. como organizaciones terroristas”.

“El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en un encuentro privado y les dijo que EE. UU. no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas”, según reveló, el 3 de julio de 2025, la agencia estadounidense Bloomberg, especializada en negocios y finanzas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero del cártel. Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump, mediante un nuevo mecanismo legal que podía suponer un golpe letal”, destacó Bloomberg.

“El método busca aislar a los bancos sospechosos del sistema estadounidense, dejándolos prácticamente inoperantes sin pasar antes por una audiencia, sin pruebas ante un juez y sin derecho a apelación. Funcionarios estadounidenses defienden que se trata de una herramienta necesaria para combatir a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo que ha potenciado una epidemia en EE. UU. que ha causado cientos de miles de muertes”, comentó la agencia.

“Pero también forma parte del arsenal poco convencional de herramientas que el presidente ha utilizado para doblegar a sus enemigos, desde investigaciones sobre derechos civiles destinadas a castigar a las universidades de élite de EE. UU. y amenazas arancelarias contra países cuyos sistemas fiscales no le gustan, hasta persuadir a bufetes de abogados para que ofrezcan servicios pro bono a los conservadores”, dijo Bloomberg.

“EE. UU. también notificó a sus contrapartes mexicanas sobre su intención de actuar contra tres entidades financieras, lo que llevó a México a iniciar su propia auditoría en abril. En junio, la presidenta Claudia Sheinbaum [Pardo] fue informada de la situación y solicitó a Washington [D.C.] retrasar las medidas para ganar tiempo, según fuentes al tanto”, destacó la agencia.

“Pero las autoridades estadounidenses creían que podían actuar sin alterar la economía mexicana. En lugar de un anuncio conjunto, el Tesoro procedió de forma unilateral la semana pasada contra dos bancos y una casa de bolsa: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las tres niegan haber cometido irregularidades, mientras que Sheinbaum insiste que Washington no ha presentado pruebas suficientes para justificar medidas tan drásticas”, señaló Bloomberg.

“En el caso de las entidades sancionadas, autoridades mexicanas hallaron infracciones administrativas, pero no relacionadas con lavado de dinero. El regulador bancario impuso sanciones el mismo día del anuncio estadounidense, según personas con conocimiento de la decisión. Hacienda reportó multas por 134 millones de pesos, cuyos detalles se harán públicos a fin de mes”, subrayó la agencia.

“No obstante, la medida causó caos en mesas de operaciones y oficinas ejecutivas mexicanas. Mientras EE. UU. limitaba el contacto con las entidades, la comunidad financiera local las aisló masivamente, dijeron las personas. Bancos y casas de bolsa redujeron rápidamente su exposición”, abundó Bloomberg.

“Las tres empresas quedaron repentinamente sin acceso a fondos para cumplir sus obligaciones, con transferencias interrumpidas y clientes retirando sus depósitos, según una carta del regulador bancario a la que tuvo acceso Bloomberg News. El regulador consideró que la reacción fue excesiva, ya que no existía prohibición de operaciones locales”, agregó la agencia.

“Las consecuencias siguen: estudiantes en EE. UU. sin tarjetas de crédito, ahorradores preocupados por sus fondos, y una gran incógnita para el sistema financiero mexicano por el papel de CIBanco como fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del país. El mayor dolor de cabeza para el sistema financiero mexicano en su conjunto proviene del papel que desempeña CIBanco como fideicomisario de la mayor parte de las emisiones financieras del país, tales como certificados de capital privado y fondos de inversión inmobiliaria”, dijo Bloomberg.

“Es posible que CIBanco deba venderse o que se reasignen todos los fideicomisos, un proceso complejo. El plazo para cumplir con la normativa vence el 21 de julio, 21 días después de la publicación de la orden de la FinCEN en el Registro Federal de EE. UU.”, finalizó la agencia estadounidense.

Cuando el sábado 29 de marzo último Los Alegres del Barranco interpretaron “El del palenque” en el abarrotado auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, quizá sólo pretendían rendir tributo a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el violento cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La enorme fotografía de este capo aparecida en el escenario mientras sonaban los acordes del controvertido corrido fue su manera de decirle que también pueden cantar sus hazañas, aunque desde sus primeros éxitos hayan estado vinculados con sus acérrimos rivales, el Cártel de Sinaloa, mediante la familia encabezada por Liborio Núñez Aguirre, el Karateca, un prófugo de la justicia acusado de traficar drogas y, sobre todo, por lavar dinero para la facción de Los Chapitos. 

Los Alegres del Barranco entonaron corridos para el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes a partir de 2021, cuando Joaquín Chapo Guzmán ya tenía cuatro años en la prisión de máxima seguridad estadunidense ADX Florence, en espera del juicio que lo llevaría a pasar el resto de su vida bajo la sombra, y las riendas del Cártel de Sinaloa estaban en manos, justamente, de Los Chapitos y del Mayo Zambada, hasta antes de su captura el 25 de julio de 2024.

“Si no hay pruebas, no se puede actuar”, fue la primera expresión que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la identificación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a tres instituciones financieras con operación en México, como parte de una red de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides a través de los cárteles mexicanos.

Fue el notorio caso de las instituciones financieras CIBanco, Vector e Intercam anunciado apenas el miércoles 25 de junio por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, que trastocó especialmente a los usuarios de las tres instituciones en un mar de incertidumbre, dado que fueron puestos en una lista negra en el vecino país, pero protegidos, de alguna manera con la indiferencia inicial del Gobierno de la República, de la Secretaría de Hacienda, de su Unidad de Inteligencia Financiera y, por supuesto y no menos importante, de la Fiscalía General de la República. Tales dependencias mexicanas, son las que tienen las facultades para investigar la información que el Departamento de Estado hizo pública y legal con las sanciones del FinCEN.

En el corto plazo no resultó un caso menor, y tanto la Presidenta como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cambiaron la postura. La segunda, tomó la decisión ante la incertidumbre para los usuarios de las tres instituciones financieras, de intervenirlas de forma gerencial, es decir, hacerse cargo de las operaciones administrativas, para dar certeza a quienes manejan cuentas bancarias, inversiones o transacciones en cualquiera de ellas, al tiempo que la mandataria nacional, calificó la medida como “pertinente”, dejando atrás el discurso de “no hay pruebas”.

De acuerdo al Departamento del Tesoro de la Unión Americana, CIBanco maneja un total de siete billones de dólares en activos, mientras que Intercam lo sitúan con 4 billones de dólares y Vector con operaciones y activos por 11 billones de dólares, en esa dimensión, puntualizaron en su comunicado, “En conjunto, desempeñaron un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”. 

Posterior a la declaratoria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al desdén del Gobierno de México al no contar con “pruebas” sobre los señalamientos de las tres instituciones financieras, la Fiscal General de la Unión Americana, declaró en una conferencia de prensa que México había sido adherido a la lista de países adversarios a los Estados Unidos, sus palabras textuales fueron: “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del Presidente Trump. No sólo frente a Irán, sino también frente a Rusia, China y México. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente matarnos físicamente o mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas”.

La temeraria declaratoria de la Fiscal norteamericana Pam Bondi, contrasta con la ausente manifestación sobre el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o con la condescendiente actitud de la Secretaría de hacienda, desde donde junto con la presidencia solicitan que los Estados Unidos envíe las pruebas de su declaratoria y sanciones, para poder iniciar una indagación propia.

“Si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actúa, administrativamente, incluso penalmente”, dijo la Presidenta Sheinbaum para asegurar que no va a “cubrir a nadie, no hay impunidad”, pero evidentemente y por los resultados en declaraciones posteriores, esa arenga presidencial no fue suficiente para las autoridades del vecino país, especialmente cuando la declaratoria del departamento del Tesoro tiene como uno de sus objetivos, hacer un llamado a no establecer acuerdos, negociaciones o relaciones comerciales o financieras con las empresas y las personas incluidas en la lista negra. La única reacción de México fue a través de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano ciertamente público, pero desconcentrado del Gobierno federal. Donde también reaccionaron fue en las agencias privadas, como las casas certificadoras de valor crediticio, que han puesto notas negativas a las tres instituciones financieras por la incertidumbre que generan en los derechos de sus usuarios, los ahorros de los mismos, hecho por el cual la CNVB tomó la administración gerencial, Edgar Zamora, Secretario de Hacienda, lo había dicho así: "Hubo problemas de financiamiento en estas tres empresas. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el uno por ciento de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña…  (pero) no quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores, proteger a la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal se restituyeron las condiciones de confianza”.

El tema con México, especialmente con la Administración federal, cuando se trata de acusaciones en otros países, con frecuencia en especial y dada la cercanía de los Estados Unidos, no existe un tema de convivencia y coordinación vecinal internacional. Por lo menos en cuatro casos, dos recientes ya en el sexenio de la doctora Sheinbaum, dos durante el anterior Gobierno que encabezó López Obrador, la primera reacción oficial mexicana ha sido desestimar la información del vecino país, no investigar en territorio nacional, y con ello, mantener la impunidad ante la presunción de delitos.

Así sucedió en dos visibles casos de la Administración anterior, la aprehensión en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos, por presuntas ligas, conspiración y colaboración con organizaciones criminales mexicanas En el tiempo en que el general fue Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Bajo amenazas y advertencias públicas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró que el Gobierno de los Estados Unidos, al cual había tachado de actuar indebidamente al no informarle de la investigación sobre el militar, lo liberara, aun con el compromiso de hacer una investigación en México. Para la FGR las documentales aportadas, en este casi sí, por el Gobierno vecino, no fueron suficientes y no probaron la comisión de delitos, por lo que sólo tres meses después, decidieron no ejercer la acción penal contra el extitular castrense.

Unos años más tarde pero aún en la Administración de López Obrador, en julio de 2024 y también en un aeropuerto, pero este en Nuevo México y de pista privada, fue detenido por elementos de seguridad de la Unión Americana, el inatrapable e impune en México por cinco décadas, Ismael Zambada García. Pero la Presidencia de México no celebró la captura del capo, exigió información sobre el operativo de captura y de hecho la FGR inició una investigación contra Joaquín Guzmán López, por traición a la Patria, dado que él fue quien “secuestró” y entregó a Zambada con los estadounidenses.

Esa misma práctica, de exigir investigaciones ajenas en lugar de iniciar las propias, la ha continuado la Presidenta Claudia Sheinbaum. No sólo siguió, y de hecho continúa, solicitando información sobre la captura de Zambada García al Gobierno de los Estados Unidos, sino en dos casos que a ella le han tocado, ha actuado de igual forma. El 10 de mayo de 2025, la Gobernadora de Baja California, la morenista Marina Ávila Olmeda, dio conocer posterior a una publicación de su esposo Carlos Torres en redes sociales, que el Gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa de turista para entrar a ese país. Pero a pesar que fue un hecho que nunca antes había sucedido en México, la Presidenta lo minimizó, como también dejó pasar el tema de que el investigado, en dos países, es el esposo y el cuñado de la Gobernadora bajacaliforniana, una indagación que, de hecho, está en la FGR por huachicol, y de la cual no sólo el Fiscal Gertz tiene conocimiento, también el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Y tan reciente como el 25 de junio, la determinación de las sanciones del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre la participación de las tres instituciones financieras en el lavado de dinero de los cárteles y la adquisición de precursores para la elaboración de fentanilo.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en contra de Vector Casa de Bolsa y de su titular, Alfonso Romo.

El escrito presentado este miércoles acusa a la empresa de presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles de la droga.

La denuncia hace eco del señalamiento de lavado de dinero que hizo la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Señalamientos de la denuncia:

La FinCen acusó a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de presuntamente permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. La FinCen también concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ha sido determinante al procesar transferencias a empresas chinas identificadas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en china, incluidas las 3 que se destacan a continuación, se presume que remitieron precursores a México para actividades ilícitas.

FINCEN ha identificado además varias transacciones que involucran a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y a afiliados del Cártel De Sinaloa. Por ejemplo, de acuerdo con FINCEN, los registros indican que entre 2013 y 2016 una presunta “mula de dinero” del citado cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares estadounidenses a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Posteriormente, de 2019 a 2021, la misma persona realizó transferencias adicionales por más de $500,000 dólares a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a través de una empresa radicada en Estados Unidos. Asimismo, FINCEN concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., participó activamente durante varios años en operaciones que implicaron recursos derivados de presuntos sobornos pagados por el Cártel De Sinaloa a altos funcionarios del gobierno mexicano.

Esto deja en evidencia el patrón continuado y sistemático de operaciones financieras que posiblemente facilitan el “lavado” de activos, y el financiamiento directo y/o indirecto de actividades criminales y designadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Se ha documentado la intervención de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo la dirección de su titular ALFONSO CARLOS ROMO GARZA, en transferencias millonarias a favor de empresas posiblemente fachada vinculadas con el Cartel de Sinaloa y otros, así como pagos a proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo, salvo error de apreciación. Asimismo, se ha documentado que la Unidad de inteligencia Financiera conocía, al menos en parte, de este esquema desde 2024, sin que a la fecha exista imputación en contra de alguno de los sujetos activos o alguna medida cautelar o aseguramiento a fin de congelar los recursos involucrados.